Sobre los resultados electorales colombianos se cierne la sombra de Israel en toda latinoamerica y de las maniobras para desestabilizar a los gobiernos progresistas.

En el fondo se perfila el escándalo internacional del llamado Hondurasgate, con las revelaciones de 29 grabaciones difundidas por una red de periodistas hondureños y por Diario Red, que involucran a los poderes fácticos del país centroamericano, a Netanyahu y a los lobbies sionistas en Estados Unidos y, naturalmente, a la propia Washington.

Una vez más, la realidad supera con creces a la ficción. La trama es intrincada y vale la pena desentrañarla.

Es menester considerar que, círculos israelíes, con el inevitable apoyo estadounidense, preparan el terreno para el segundo mandato del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, ya condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por el tráfico de 450 toneladas de cocaína, lo cual no es precisamente poca cosa.

Pero tras unos meses de prisión, el fiduciario israelí Hernández es indultado por sorpresa por Donald Trump, dos días antes de las elecciones amañadas en Honduras, que devuelven al gobierno a la derecha de Nasry Asfura, del mismo Partido Nacional de Hernández.

Sus declaraciones gozan de singularidad: «Hoy estoy aquí, con la mano de Dios que me sostiene, con la esperanza y la convicción de que lo lograremos. Y hoy debo decirlo con gran claridad: he sido víctima de una conspiración de la izquierda radical, no solo de Honduras, sino también de otros países, así como de funcionarios del gobierno de Biden».

La pura verdad es, más que a un milagro divino, Hernández debe su indulto a la intervención de una «junta de rabinos», es decir, el Consejo de Rabinos de las Américas, dirigido por Yosef Carmona.

Hace tiempo, el mismo Carmona había escrito una carta a Trump en defensa del expresidente, condenando el «trato inhumano y degradante» sufrido por Hernández. No podía faltar la acusación de antisemitismo contra el entonces gobierno progresista hondureño de Xiomara Castro, que lo había extraditado a Estados Unidos.

En las grabaciones interceptadas, el expresidente reprende a sus compañeros de partido por no haber hecho lo suficiente para liberarlo, ya que «el dinero del indulto ni siquiera salió de ustedes», sino «de un consejo de rabinos y de gente que apoya a Israel». Así, iluminado en el camino a Tel Aviv, Trump se convence de liberarlo, porque «buenos amigos en los que confío me han explicado que ha sido tratado de manera severa e injusta».

Una vez en libertad, Hernández se pone manos a la obra tanto para saldar su deuda con sus benefactores, como para erradicar el castro-comunismo y «la izquierda radical» del continente. En cuanto al primer aspecto, el expresidente promete una nueva base militar a los Estados Unidos. Pero también generosas ganancias para las empresas israelíes, con el restablecimiento de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), el equivalente a las Zonas Francas en República Dominicana, auténticas ciudades privadas, fuera de la jurisdicción estatal, sin reglas ni derechos, declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Honduras y, por lo tanto, abolidas por el anterior gobierno progresista de Xiomara Castro.

Como recuerda un periódico italiano: “Tel Aviv está preocupada por la ZEDE «Prospera», una ciudad-estado gestionada por Prospera Honduras Inc. Allí hay inversiones israelíes como el controvertido proyecto de longevidad Vitalia, que lleva a cabo terapias experimentales no aprobadas por la FDA y apunta abiertamente a la inmortalidad. 

Para Israel, la ZEDE es un paraíso de la biotecnología, que también alberga sus startups de ciberseguridad e IA, como «Irregular» y «Utila»”.

Hernández vuelve «a paso de vencedores» y ¡a la carga! con Prospera, en la que también habían invertido Peter Thiel y otras figuras de Silicon Valley. Además de estas promesas, también están en juego 200 millones de dólares en compras de armamento israelí, 500 millones en turismo y otras inversiones.

Siguen vastos…

Para combatir el comunismo y «la izquierda radical», propone crear una «agencia periodística digital» para difundir noticias falsas, «que no tenga su sede en Honduras, porque si no nos descubrirían enseguida, sino aquí, en Estados Unidos». Una verdadera máquina de desprestigio, para atacar y desestabilizar a los gobiernos progresistas de América. Entre las prioridades, menciona a Colombia y al México de Claudia Sheinbaum.

Para esta noble iniciativa se necesitan dólares, pero el Hernández revela en los audios que el presidente argentino Javier Milei, ya ha desembolsado 350 mil dólares, junto con otros generosos donantes anónimos.

En otras palabras, se trata de una triangulación entre Estados Unidos, Israel y Argentina, por un lado, para volver a poner en el poder al fiel escudero encargado de velar por los intereses israelíes en Honduras. Y, por otro lado, para impedir que la izquierda se mantenga en el gobierno, hoy en Colombia, mañana en México y, probablemente, pasado mañana en Brasil.

Dicho y hecho…

Tras el fraude y las elecciones amañadas en Honduras, en Colombia el candidato de Trump, Abelardo de la Espriella, encabeza «milagrosamente» la primera vuelta electoral. Hasta ayer, como abogado se dedicaba principalmente a defender a narcotraficantes y sanguinarios paramilitares, pero era un perfecto desconocido en la política.

Sin embargo, gracias a una campaña mediática martilleante en las redes sociales, a noticias falsas a montones, a cuentas fantasma activadas para la ocasión, a miles de «bots and trolls», ése candidato salta al primer lugar.

En el centro de su campaña, con el eslogan «Firme por la Patria», está la lucha contra «la izquierda radical», la promesa de «mano dura contra los delincuentes y los corruptos» y la construcción de nuevas megacárceles (al estilo de Bukele en El Salvador), para «una Colombia libre, unida y libre de tiranos». Sus mítines abarrotados están a medio camino entre Javier Milei y Bukele.

La suerte está echada, el domingo vencerá el poder del dólar del tío Sam y el sionismo desemascarado, que son las manos que mecen la cuna de la ultraderecha colombiana su candidato. Ésas mismas manos que llevaron al partido del expresidente Álvaro Uribe Velez, cuya candidata alcanzó un lejano tercer lugar a pactar de cara al segundo balotaje con el candidato que quedó en primer lugar. Definitivamente «todo se ha consumado» en Colombia, tal como expresó Jesucristo.

of-am

Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.

La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.

Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo. La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central.

Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía. Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.

La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes. Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos. La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo.

En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.

La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral. También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria.

Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa. En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa.

Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios. Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.

of-am