El ejercicio de la alta política y la aspiración a dirigir los destinos de una nación no pueden estar permeados por actos de improvisación ni cimentados en proyectos basados en la notoriedad coyuntural. Exigen estas aspiraciones un perfil moral, institucional y humano riguroso que la tradición clásica sintetiza en una tríada fundamental: Nomus, tractus et fama.

Aunque la aspiración presidencial es un derecho constitucional inherente a todo ciudadano y no existe un perfil sacramental formalmente codificado para la conducción del Estado, está claro que prevalecen normas y máximas no escritas que definen el filtro ético e insustituible que la sociedad debe demandar a quien aspire a ocupar el solio presidencial.

Es desde este cristal que entendemos que la idoneidad de un candidato presidencial se fundamenta, en primer lugar, en el Nomus: el respeto irrestricto a la ley, a la Constitución y a las reglas de la institucionalidad, idea que ya desde la filosofía de Platón y Aristóteles consagraba la primacía de la norma sobre el impulso de los hombres.

La entrada en vigencia de la ley 74-25 que crea el Nuevo Código Penal concretiza gramaticalmente numerosas conductas prohibidas que en la práctica eran designadas con nombres coloquiales por el común sin estar ubicada como delito (hoy infracción).

El libro segundo del Código Penal organiza las conductas penales que buscan proteger el bien jurídico de la vida, llamada también como infracciones contra las personas.

Dentro de las infracciones que protegen el desarrollo de la vida del individuo y de la sociedad que trae el nuevo código se encuentra el “ácido del diablo y la burundanga”. Ambas prohibiciones se encuentran tipificadas en los artículos 103 y 104 del CP.

El “ácido del diablo” en el viejo código penal se sancionaba como homicidio, heridas y golpes voluntarios, art. 309. Mientras que el uso de la “burundanga” en el viejo código penal no estaba penalizada. La novedad es que ya la “burundanga” como categoría penal, su uso afectivo tiene sanciones penales.

El “ácido del diablo y la burundanga” llamada así por la sociedad, el nuevo código denomina la primera con el nombre de “daños por sustancias químicas” y la segunda con el nombre de “daños por aplicación de sustancias químicas”.

El uso del “ácido del diablo”, art. 103, se materializa cuando una persona arroje a otra persona una sustancia tóxica, corrosiva, inflamable o de similar naturaleza, que le cause a la víctima alguna lesión, mutilación o desfiguración, sin importar que el estado de la sustancia sea líquido, sólido o gaseoso, será sancionado con pena de treinta años de prisión mayor y multa de treinta a cuarenta salarios mínimos del sector público.

Este hecho tiene una pena fija de hasta 40 años si se produce la muerte y si no hay daños o lesión a la victima la pena es de 5 a 10 años. En cualquier modalidad también hay multas altas.

En igual sentido, al autor de cometer de tirar “ácido del diablo” a una persona se le impondrá las penas complementarias señaladas en el artículo 30 por mandato del articulo 115 del CP. El articulo 30 establece un catálogo de penas complementarias que van desde el decomiso e incautaciones de bienes relacionados a la infracción, inhabilitación de licencias de armas, inhabilitación para ejercer funciones públicas o actividad profesional, inhabilitación para comprar al Estado, no podrá ser electo ni elegir, no podrá hacer peticiones ni formular denuncias por faltas cometidas por funcionarios públicos.

De igual forma el cierre de establecimiento comercial si esta tiene alguna relación con la infracción. Y de acuerdo al artículo 34 que agrega las anteriores, suma la pena de trabajo comunitarios y la revocación de cualquier licencia o título habilitante.

La “burundanga”, art. 104, esta categoría penal se cristaliza cuando un individuo El suministro o aplicación, bajo cualquier modalidad, de una sustancia que cause agitación, confusión, delirio, alteraciones en la percepción, alucinaciones, desorientación o amnesia mientras se encuentre bajo sus efectos, se sancionará con cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público.

Si la “burundanga” se aplica para que la víctima realice operaciones bancarias o comerciales en perjuicio de su patrimonio, o entrega de valores, prendas o efectos, será sancionado con diez a veinte años de prisión mayor y multa de veinte a treinta salarios mínimos del sector público.

Esta infracción también tiene las mismas penas del “ácido del diablo”. Es decir, al autor de usar “burundanga” contra una persona se le impondrá las penas complementarias según artículo 115. O sea, se agregan las penas indicadas por los artículos 30, 34 y 38 del CP.

El artículo 30 establece un catálogo de penas complementarias que van desde el decomiso e incautaciones de bienes relacionados a la infracción, inhabilitación de licencias de armas, inhabilitación para ejercer funciones públicas o actividad profesional, inhabilitación para comprar al Estado, no podrá ser electo ni elegir, no podrá hacer peticiones ni formular denuncias por faltas cometidas por funcionarios públicos.

De igual forma el cierre de establecimiento comercial si esta tiene alguna relación con la infracción. Y de acuerdo al artículo 34 que agrega las anteriores, suma la pena de trabajo comunitarios y la revocación de cualquier licencia o título habilitante. El articulo 38 contiene las anteriores penas.

La “burundanga” pertenece a la familia de las drogas alucinógenas, cuyo componente es extraído de alucinógenos naturales. Es decir, de plantas cuyas raíces, frutos, semillas o flores contienen los alcaloides atropina o escopolamina.

Plantas que han sido utilizadas por muchas culturas ancestrales, debido a sus efectos medicinales, adivinatorios o afrodisíacos. El tema podría generar un buen debate, pues, el código penal castiga el uso de sustancia química y resulta que la “burundanga” no es una sustancia química. Pero este será otro tema de otro trabajo.

Finalmente, el legislador en el Nuevo Código Penal conforme al artículo 116 ordena imponer al uso del “ácido del diablo y la burundanga” las sanciones establecidas en los artículos del 41 al 45. Estas sanciones se refieren prácticamente a las señaladas en los artículos 30, 34 y 38 del CP.

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El corruptor es la persona, grupo o entidad que inicia, ofrece o provoca un acto de corrupción. A diferencia del funcionario corrupto, que recibe el beneficio indebido, el corruptor es quien paga, presiona, convence o manipula para obtener una ventaja ilegal. El funcionario recibe el soborno.

La corrupción no nace sola: tiene un agente inicial, un corruptor que inocula el virus en las instituciones. No es únicamente el funcionario que cede, sino aquel que lo tienta, lo seduce y lo compra. El corruptor es el verdadero laboratorio del mal: diseña contratos amañados, ofrece sobornos disfrazados de favores, y convierte la administración pública en un mercado clandestino de privilegios.

La corrupción administrativa, es una toxina que carcome las instituciones desde dentro. No se trata solo de funcionarios que desvían fondos o manipulan contratos: es un sistema que normaliza la opacidad, la discrecionalidad y el clientelismo, hasta convertir el servicio público en botín privado; responsabilidad de todos los gobernantes, quienes está obligados a garantizar: Salud, educación, comunicación y seguridad ciudadana.

Como podemos observar, la corrupción afecta a múltiples sectores, porque implica el uso indebido del poder público para obtener beneficios privados; sin embargo, producto de ese virus, todos esos servicios, se facturan a sobre precio y con materiales de mala calidad. Esos fondos terminan en cuentas personales o en proyectos fantasmas.

La corrupción, así entendida, es una pandemia que amenaza la salud democrática. Como todo virus, muta y se adapta, resistiendo los antibióticos de las leyes y burlando los controles institucionales. Su expansión se mide en hospitales con sobreprecio, escuelas con materiales de mala calidad, carreteras que se desmoronan antes de inaugurarse.

El corruptor, en su afán de obtener pingües beneficios, convierte el bien común en botín privado. Se le puede comparar con los sistemas de botín en la Roma tardía o con el clientelismo decimonónico, mostrando cómo las sociedades que no enfrentan este mal terminan debilitadas y vulnerables.

La vacuna necesaria

Frente a este virus, la sociedad necesita una vacuna elaborada con componentes éticos y deontológicos: Principios Morales: la convicción de que el servicio público es un deber, no un negocio. Que, la ética deontológica comercial, obliga a la transparencia en cada transacción, desde la licitación hasta la ejecución. Que, la responsabilidad de las auditorías independientes, sanciones de manera efectiva a aquellos que rompan el pacto de impunidad. Que, la inmunidad ciudadana: educación cívica y vigilancia social que rechacen la normalización del robo y la mentira.

La vacuna contra la corrupción no puede ser un decreto aislado ni una campaña pasajera. Debe ser un tratamiento permanente, aplicado en cada nivel de gobierno y empresa. La historia nos recuerda que sociedades que toleran el botín —como la Roma tardía o el clientelismo decimonónico— terminan debilitadas y vulnerables.

Conclusión

El corruptor es el verdadero portador de la pandemia que transmite el virus al funcionario. Identificarlo, sancionar y neutralizarlo es el primer paso. Pero la inmunidad sólo será duradera si la ciudadanía asume que la vacuna está en sus manos: en la ética cotidiana, en la exigencia de transparencia y en la resistencia al silencio cómplice.

La corrupción ya tiene rasgos pandémicos, pero no es inevitable que se convierta en una enfermedad social universal. La clave está en la cultura cívica, la participación ciudadana y la transparencia institucional, más que en leyes aisladas.

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POR JOSE ARMANDO TORIBIO

En 1857 la República Dominicana vivió una situación muy particular: hubo dos gobiernos que se disputaban el poder, producto de la llamada Revolución de 1857, iniciada en el Cibao.

¿Quiénes eran los dos presidentes?

Buenaventura Báez era el presidente constitucional y gobernaba desde Santo Domingo.

José Desiderio Valverde fue proclamado presidente por el movimiento revolucionario del Cibao, estableciendo un gobierno con sede en Santiago de los Caballeros.

¿Por qué ocurrió esto?

La revolución comenzó principalmente por el descontento contra el gobierno de Báez, especialmente entre comerciantes y productores del Cibao. Existían fuertes críticas por la situación económica y el manejo de la moneda y las finanzas públicas.

Los revolucionarios tomaron gran parte del norte del país y organizaron un gobierno provisional en Santiago, mientras Báez mantenía su gobierno en Santo Domingo.

Un dato histórico muy importante

Durante este período, Santiago tuvo una importancia política extraordinaria. La Constitución de Moca de 1858, considerada una de las más liberales y democráticas de la historia dominicana, surgió como resultado de este movimiento político.

En resumen:

Gobierno constitucional Buenaventura Báez. Santo Domingo

Gobierno revolucionario José Desiderio Valverde. Santiago

Sin embargo, la situación posteriormente cambió y Pedro Santana aprovechó la crisis política para regresar al poder.

Si quieres, también puedo explicarte paso por paso cómo comenzó la Revolución de 1857 en Santiago y cómo terminó con el ascenso de Pedro Santana. Es una de las etapas más interesantes de nuestra historia.

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