En los últimos años Venezuela había sido sometida a múltiples presiones del Gobierno estadounidense por no avenirse dócilmente a las directrices de Washington, sino más bien convertirse en un ente contestatario o abiertamente un segundo clavo en el zapato de la Administración.

Este fue el discurrir constante desde que Hugo Chávez asumió el poder en 1999, situación que se agravó sustancialmente tras la muerte del comandante bolivariano y la sucesión de Nicolás Maduro.

Como hemos de recordar, el primer tramo de la administración de Maduro fue más o menos tranquilo, situación que dio un vuelco brusco a partir del año 2018 cuando el sucesor de Chávez ganó unas elecciones que fueron desconocidas por Estados Unidos y se montó la pantomima aberrante del llamado “presidente encargado”.

La comedia de Guaidó generó, sin embargo, un masivo reconocimiento en cascada que siguió a la decisión de la Casa Blanca en el primer Gobierno de Donald Trump.

Ha sido una de las cosas más deleznables de las muchas que ha sufrido este continente, una situación que le produjo a Venezuela y a su población un sufrimiento terrible derivado de las privaciones provocadas por las llamadas sanciones, agravadas por la siguiente intromisión extranjera después de las últimas elecciones.

El punto culminante de las acciones punitivas contra Venezuela apareció el 3 de enero de 2026 con el bombardeo a Caracas y otras partes, y, sobre todo, el secuestro de Maduro y su encarcelamiento, junto a su esposa, en una cárcel estadounidense.

Sin embargo, el verdadero golpe contra Venezuela y los venezolanos cayó el miércoles 24 de junio con los dos terremotos sucesivos que destruyeron una masiva infraestructura en Caracas y La Guaira, causando—en lento conteo que permite la remoción de escombros—una cifra cercana a las 2,000 personas fallecidas, más de 4,000 heridos y miles de desaparecidos.

Esta tragedia inmensa ha puesto de manifiesto la solidaridad de los países de la región y de otras partes del planeta, cuyos dirigentes han puesto a un costado las cuestiones ideológicas o las querellas recientes, para acudir en auxilio de la nación bolivariana.

La masiva expresión de compromiso ha puesto de relieve que lo humano se superpone a las cuestiones secundarias, y que lo más importante en estos momentos de seria aflicción es acudir en auxilio.

Pero la solidaridad que se manifiesta ahora mismo es apenas una porción del enorme esfuerzo continental que se deberá emprender para ayudar a Venezuela a reponerse en el mediano plazo.

La afectación estructural que presenta el país bolivariano necesitará de una cooperación de gran calado para devolverle la normalidad, y eso representará miles de millones de dólares.

No quisiéramos, ni por asomo, que se repitiera la amarga experiencia de Haití luego de aquel devastador seísmos que causó la destrucción de gran parte de la infraestructura de su capital y la muerte de decenas de miles de personas.

A pesar de numerosas promesas de asistencia financiera, incluso con una cifra de 10,000 millones de dólares, fue muy poco lo que llegó a los haitianos.

¡Viva la solidaridad!

Nelsonencar10@gmail.com

POR CARLOS SALCEDO

Aclarando un error jurídico

La discusión suscitada en torno a una eventual prórroga del período de vacatio legis del nuevo Código Penal ha puesto de manifiesto una confusión jurídica que conviene despejar antes de continuar el debate. Se ha llegado a afirmar que, de ampliarse dicho plazo, se produciría un vacío normativo al quedar derogado el Código Penal vigente y las leyes especiales que el nuevo texto sustituye. Esa preocupación parte de una premisa incorrecta.

La vacatio legis no deroga leyes. Tampoco suspende su vigencia. Mucho menos crea vacíos jurídicos. Su función consiste, precisamente, en diferir la eficacia obligatoria de una ley ya promulgada y publicada, concediendo un tiempo razonable para que la sociedad, las instituciones y los operadores jurídicos puedan conocerla y prepararse para su aplicación.

Desde la teoría general del derecho, la promulgación, la publicación, la vigencia formal y la eficacia normativa constituyen momentos distintos en la vida de una ley. La vacatio legis separa la publicación de su exigibilidad. Mientras ese período no concluya, el ordenamiento jurídico vigente continúa produciendo plenamente sus efectos. En consecuencia, si el Congreso Nacional decidiera ampliar el plazo previsto para la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el Código actualmente vigente permanecería aplicándose con absoluta normalidad, al igual que las leyes especiales cuya derogación ha sido diferida hasta la entrada en vigencia del nuevo texto. No existe, pues, el temido vacío legal.

El verdadero debate

Pero esa precisión técnica, siendo importante, no es el verdadero centro del debate.

La discusión de fondo no debería girar alrededor de unas semanas o unos meses más de espera. El verdadero debate es de calidad, no de tiempo.

Los códigos penales no se aprueban para resolver la coyuntura de un período legislativo ni para satisfacer la urgencia de un momento político. Se aprueban con la vocación de regir durante varias décadas, regulando los bienes jurídicos más sensibles de una sociedad y definiendo los límites del poder punitivo del Estado. Precisamente por esa vocación de permanencia, su legitimidad no puede descansar en la prisa, sino en la coherencia, la técnica legislativa y la fidelidad a la Constitución.

Toda obra legislativa de semejante magnitud merece ser objeto del mayor escrutinio posible. No porque se pretenda impedir su entrada en vigor, sino porque la mejor garantía de estabilidad normativa consiste en que nazca correctamente concebida. Una diferencia de algunas semanas resulta jurídicamente insignificante frente al costo institucional de mantener durante años disposiciones técnicamente defectuosas o constitucionalmente cuestionables.

Una oportunidad institucional

En ese contexto, merece especial atención el trabajo que viene realizando la comisión técnica designada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Según ha trascendido, dicha comisión ha identificado diversas incongruencias normativas, problemas de técnica legislativa y posibles incompatibilidades constitucionales presentes en el nuevo Código. Muchas de esas observaciones coinciden con preocupaciones que diversos juristas habíamos expresado antes de la aprobación de la ley, lo que confirma que no se trataba de objeciones circunstanciales ni de posiciones políticas, sino de advertencias formuladas desde el análisis jurídico.

Naturalmente, toda propuesta de modificación debe construirse sobre amplios consensos técnicos y no sobre apreciaciones aisladas. Pero precisamente por ello resulta conveniente que ese esfuerzo sea escuchado y valorado con la seriedad que merece.

Conclusión

Si ese proceso de revisión condujera a una prórroga razonable de la vacatio legis, no existiría obstáculo jurídico alguno para ello. Y si, por el contrario, el nuevo Código entrara en vigor en la fecha prevista, también sería deseable que existiera desde ahora un compromiso claro del Congreso Nacional para introducir, con prontitud y rigor técnico, las correcciones que resulten necesarias durante los primeros meses de su aplicación.

Al final, la verdadera discusión nunca ha sido el calendario.

La verdadera discusión es la calidad de la ley que habrá de regir la política criminal de la República durante las próximas generaciones.

La seguridad jurídica no exige acelerar la entrada en vigor de un Código Penal. Exige, más bien, que cuando ese Código comience a regir, lo haga con la mayor solidez técnica, la mayor coherencia sistemática y el mayor respeto posible a los principios constitucionales que está llamado a servir.

Porque las leyes importantes no se distinguen por la rapidez con que fueron aprobadas, sino por la calidad que les permitió perdurar.