SANTO DOMINGO.- El Gobierno afirmó que la economía dominicana mantiene durante 2026 un ritmo de crecimiento acorde con las expectativas, pese a la crisis derivada de las nuevas políticas comerciales de Estados Unidos y la volatilidad de los precios del petróleo asociada al conflicto bélico entre este país e Irán.
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, informó que la economía ha crecido 4.5 %, mientras que la inflación se ha moderado hasta situarse en torno al 5 %, tras una reducción significativa en agosto.
El funcionario habló periodistas luego de una reunión del Consejo de Gobierno en la que fue aprobado el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, cuyo monto superará por primera vez los RD$2 billones.
Destacó que, pese al contexto internacional, varios indicadores de la economía dominicana mantienen un comportamiento favorable.
INDICADORES EXTERNOS SE MANTIENEN FAVORABLES
“Yo creo que es un mensaje importante que la economía, a pesar de eso, ha ido avanzando”, manifestó el funcionario, al señalar que las reservas internacionales del Banco Central rondan los US$15,000 millones.
Agregó que las remesas, el flujo de turistas y las exportaciones mantienen una trayectoria de crecimiento, mientras el sistema financiero permanece estable, factores que, a su juicio, reflejan la capacidad de la economía dominicana para enfrentar escenarios externos adversos.
El Ministro proyectó que en 2027 la tasa de cambio del dólar podría ubicarse entre RD$60 y RD$61, al tiempo que expresó su expectativa de que los precios del petróleo recuperen estabilidad una vez se resuelva el conflicto bélico.
PRESUPUESTO 2027 SUPERARÁ LOS RD$2 BILLONES
El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, sostuvo que la capacidad de proyectar un incremento del gasto público, pese a las dificultades económicas registradas durante 2026, constituye una muestra de la fortaleza de la economía nacional.
“Una de las bondades de este presupuesto es que, a pesar de la crisis y de la incertidumbre, nosotros somos capaces de proyectar un gasto de capital por encima de la media de toda Latinoamérica”, afirmó.
Las autoridades sostienen que el desempeño de los principales indicadores económicos permitirá mantener las inversiones públicas y las políticas sociales, pese a los desafíos derivados del entorno internacional.
Santo Domingo, 19 sep (EFE).- Las autoridades destruyeron más de dos toneladas de cocaína y marihuana incautadas en tres operaciones contra el narcotráfico en las provincias Peravia y Azua, informó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
En total fueron destruidos 2,365.20 kilogramos de drogas y sustancias controladas, la quema se realizó en las instalaciones del Campamento Militar 16 de Agosto, en Santo Domingo, indicó este sábado el Ministerio Público citando al Inacif.
De la cantidad destruida, 1,399.110 kg (el 59.16 %) eran de clorhidrato de cocaína, mientras que 965.910 kg (el 40.84 %) eran de marihuana.
Además, fueron eliminados 13 kg de sustancias no controladas (casos negativos).
El peso global de ambas sustancias, positivas y negativas, asciende a 2,378.20 kg, que fueron incautadas en tres casos en Peravia y Azua.
Con esa cantidad han sido destruidos un total de 34,409.822 kilogramos de drogas entre el 8 de enero y el 18 de septiembre de este año.
Los narcóticos fueron incautados por miembros del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con la colaboración de otros órganos de seguridad del Estado.
SANTO DOMINGO.- El Consejo de Ministros aprobó este jueves el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2027, por un monto de RD$2,036,844.2 millones, con énfasis en la inversión pública, el desarrollo social, la productividad y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La reunión, correspondiente al sexagésimo Consejo de Ministros, fue encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.
Los detalles fueron ofrecidos por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, y el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.
GASTO DE CAPITAL CRECERÁ 19.7 %
Díaz explicó que el proyecto fue formulado bajo un escenario de crecimiento económico real de 4.75 % e inflación promedio de 4.5 %.
La iniciativa contempla ingresos por RD$1,510,574.5 millones, equivalentes al 15.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras que el techo de gasto se sitúa en RD$1,837,856 millones, equivalente al 19.2 % del PIB.
De acuerdo con Rijo Presbot, el gasto de capital aumentará 19.7 % respecto al presupuesto inicial de 2026, mientras que el gasto corriente crecerá 12.3 %, con el propósito de otorgar mayor prioridad a la inversión pública.
El presupuesto mantiene como áreas prioritarias la educación, salud, protección social, infraestructura, productividad e institucionalidad, en consonancia con las 10 metas priorizadas del Gobierno y los objetivos de Meta RD 2036.
SALUD, EDUCACIÓN E INFRAESTRUCTURA
En salud y protección social se contemplan recursos para continuar y concluir hospitales estratégicos, fortalecer las Unidades de Atención Primaria, ampliar la Red Nacional de Emergencias y mantener los programas sociales dirigidos a sectores vulnerables.
En educación se mantiene la asignación equivalente al 4 % del PIB, con recursos orientados al Plan Decenal de Educación Horizonte 2034, la formación técnico-profesional y la expansión del transporte escolar.
En materia de infraestructura, el proyecto contempla inversiones en autopistas, sistemas de transporte integrado, agua potable, saneamiento y mejoramiento de viviendas.
Entre las obras señaladas figuran la construcción del Monorriel de Santiago de los Caballeros, proyectos de saneamiento universal en localidades turísticas y costeras y la ampliación de la capacidad de transporte de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.
También se prevén mayores recursos para el Poder Judicial, así como inversiones en seguridad ciudadana y fronteriza y en el sistema penitenciario.
El Gobierno informó que el proyecto será remitido al Congreso Nacional antes del primero de octubre, conforme al procedimiento establecido para su conocimiento y aprobación.
SANTO DOMINGO.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) junto a agentes policiales, ocuparon 27,836 gramos de sustancias narcóticas y detuvieron a 61 personas durante operativos simultáneos en el Gran Santo Domingo.
El organismo informó que fueron realizados 14 allanamientos y 387 intervenciones en barrios y sectores identificados como puntos estratégicos para el combate al microtráfico de sustancias controladas.
Durante los operativos fueron confiscadas 2,203 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso de 25,196.7 gramos; 640 envoltorios de posible marihuana, que alcanzaron 1,903.3 gramos, y 200 dosis de un material rocoso, presumiblemente crack, con un peso de 736 gramos.
ARMAS, DINERO Y EQUIPOS
Además de las sustancias, las autoridades ocuparon 18 balanzas digitales, 20 teléfonos celulares, ocho radios de comunicación, dos motocicletas y dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera.
También fueron incautadas seis armas blancas, un fusil de hidrogel, una computadora portátil y un chaleco antibalas.
EVIDENCIAS BAJO CUSTODIA
Las evidencias ocupadas fueron entregadas al Ministerio Público de las respectivas demarcaciones para los procedimientos legales correspondientes.
Mientras, las sustancias decomisadas fueron remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde serán sometidas a los análisis técnicos para determinar su naturaleza y composición.
Las autoridades indicaron que estas intervenciones forman parte de las acciones conjuntas contra el narcotráfico y el microtráfico en el Gran Santo Domingo.
Las acciones fueron ejecutadas bajo la coordinación del Ministerio Público y en el marco de la Fuerza de Tarea Conjunta, como parte de las labores dirigidas a combatir la venta y distribución de drogas en distintos sectores de esas demarcaciones.
SANTO DOMINGO.- Las remesas recibidas por República Dominicana alcanzaron los US$8,432.7 millones entre enero y agosto de 2026, un incremento de US$511.7 millones, equivalente a 6.5 %, respecto al mismo período de 2025, informó este jueves el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
Solo en agosto ingresaron al país US$1,116.3 millones por concepto de remesas, cifra superior en US$69.7 millones, un 6.7 %, a los US$1,046.6 millones registrados en agosto del año pasado. Asimismo, el monto representó un aumento de US$19.2 millones, equivalente a 1.8 %, frente a julio de 2026.
Con el resultado de agosto, las remesas superaron por sexta ocasión en lo que va de 2026 el umbral de US$1,000 millones mensuales.
ESTADOS UNIDOS CONCENTRA LA MAYOR PARTE
El BCRD explicó que el comportamiento de las remesas responde principalmente a las transferencias realizadas por los dominicanos residentes en Estados Unidos, país de donde procedió el 80.8 % de los recursos formales recibidos en agosto, equivalente a US$805.6 millones.
La institución vinculó este desempeño con la evolución de la economía estadounidense. En agosto, el índice de gestores de compras (PMI) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) se situó en 55.4, reflejando una expansión del sector servicios, donde trabaja una parte importante de la población dominicana residente en ese país.
La tasa de desempleo estadounidense se mantuvo en 4.1 % en agosto, el mismo nivel de julio, mientras se registró un aumento de 162,000 empleos.
España se mantuvo como la segunda fuente de remesas, con US$66.6 millones, equivalentes al 6.7 % del total. Le siguieron Italia, con 1.4 %; Haití, 1.2 %, y Suiza, 1.1 %. El resto provino de países como Francia, Canadá y Alemania.
DISTRITO NACIONAL RECIBE 50.7 %
En cuanto a la distribución territorial, el Distrito Nacional concentró el 50.7 % de las remesas recibidas en agosto, seguido por Santiago, con 9.5 %, y Santo Domingo, con 6.8 %.
En conjunto, las zonas metropolitanas concentraron el 67 % del total de los recursos recibidos durante el mes.
El Banco Central destacó que estos flujos de divisas han contribuido a la estabilidad relativa del tipo de cambio. Al 31 de agosto de 2026, el peso dominicano registraba una apreciación de 7.6 % frente al dólar respecto a diciembre de 2025.
Las reservas internacionales también se mantuvieron en niveles elevados, al situarse en US$15,434.2 millones al cierre de agosto, equivalentes al 10.6 % del PIB y suficientes para cubrir aproximadamente 5.6 meses de importaciones, según el BCRD.
BCRD PROYECTA MÁS DE US$50,700 MILLONES EN DIVISAS
Para el cierre de 2026, el BCRD proyecta que las remesas alcancen alrededor de US$12,600 millones, mientras los ingresos por turismo superarían los US$12,200 millones.
Asimismo, estima que las exportaciones totales superarán los US$17,200 millones y que la inversión extranjera directa sobrepasará los US$5,300 millones.
El organismo prevé que estos flujos, junto con aproximadamente US$3,300 millones provenientes de otros servicios exportados, permitirán al país superar los US$50,700 millones en ingresos de divisas durante 2026.
Santo Domingo, 18 sep.- El salario mínimo de las grandes empresas en República Dominicana apenas supera hoy el costo de la canasta básica del primer quintil, que corresponde al 20 por ciento de los hogares de menores ingresos.
Datos del Banco Central sitúa en 29 mil 756,89 pesos mensuales (unos 503 dólares) el costo de esa canasta, mientras el sueldo mínimo para los trabajadores de las empresas de mayor tamaño asciende a 29 mil 988 pesos (507 dólares).
La diferencia de poco más de 200 pesos (3.38 dólares) se reduce aún más al considerar las deducciones aplicadas a los ingresos y otros gastos asociados con la actividad laboral, entre ellos el transporte. El costo de los desplazamientos representa una carga significativa para los empleados, particularmente para quienes reciben las remuneraciones más bajas.
Analistas coinciden en señalar que la presión sobre los ingresos se extiende a personal con salarios superiores.
REMUNERACION MENSUAL LLEGA A 48 MIL PESOS
Una remuneración mensual de 55 mil pesos (929 dólares), descontadas las aportaciones correspondientes a la seguridad social y con unos tres mil 520 pesos (unos 60 dólares) destinados al traslado, deja un monto cercano a 48 mil 180 pesos (814 dólares).
Esa cantidad resulta inferior al costo promedio nacional de la canasta familiar, calculado por el Banco Central en 49 mil 802,94 pesos (841 dólares).
El organismo establece diferencias importantes según la zona del país. En la Región Metropolitana, donde se encuentra Santo Domingo, el costo promedio de los bienes y servicios esenciales alcanza 57 mil 220 pesos mensuales (alrededor de 966 dólares), mientras que en la zona Sur llega a 42 mil 182 pesos (712 dólares).
Tales cifras muestran que el monto destinado a cubrir las necesidades básicas varía territorialmente, al tiempo que los trabajadores deben afrontar cargas económicas adicionales vinculadas con transporte, vivienda, alimentación, vestimenta, salud y otros servicios.
El comportamiento de los ingresos frente al costo de vida también condiciona la capacidad de los hogares para generar ahorro y disponer de recursos ante gastos imprevistos.
SANTO DOMINGO.- La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, reunió este jueves en su residencia a egresados del Programa de Visitantes Líderes Internacionales (IVLP) y a representantes de los sectores público, académico y privado, en una recepción orientada a fortalecer vínculos y promover nuevas oportunidades de colaboración en tecnología, innovación y semiconductores.
Asistieron participantes de dos cohortes del programa IVLP On Demand, quienes visitaron Estados Unidos en 2026 y agotaron agendas enfocadas en áreas estratégicas para el desarrollo del ecosistema tecnológico y de innovación de la República Dominicana.
La primera cohorte realizó su visita en febrero y conoció la experiencia estadounidense en materia de tecnologías confiables e innovación. La segunda participó en junio y observó las mejores prácticas de los centros estadounidenses de investigación, desarrollo e innovación en semiconductores.
INTERCAMBIO Y REDES PROFESIONALES
Durante la recepción, los participantes intercambiaron experiencias y conocimientos, establecieron nuevos contactos y exploraron oportunidades de colaboración entre el Gobierno, la academia y el sector privado, actores fundamentales para el desarrollo de un ecosistema sólido de innovación y tecnologías emergentes.
La actividad forma parte de los esfuerzos de la Embajada de Estados Unidos por fortalecer las redes profesionales creadas a través de sus programas de intercambio y promover espacios que conecten a líderes y profesionales vinculados con la tecnología, la investigación, la innovación y el desarrollo económico.
La Embajada indicó que continuará promoviendo iniciativas que fortalezcan los vínculos entre Estados Unidos y la República Dominicana e impulsen la colaboración en áreas de interés estratégico, entre ellas la tecnología, la innovación y las tecnologías emergentes.
Santo Domingo, 18 sep (Prensa Latina) República Dominicana busca avanzar de la extracción de recursos minerales hacia su procesamiento y transformación para generar mayor valor agregado, impulsar la industria y ampliar las exportaciones, informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.
Durante la conferencia magistral «De la minería a los mercados globales: el camino de la minería dominicana», Santos destacó el crecimiento experimentado por la actividad durante 2026 y su aporte a la economía nacional.
El ministro señaló que el sector registró una expansión interanual de 18,1 por ciento en el primer semestre del año y un incremento acumulado de 11,3 por ciento en igual período.
INVERSION EXTRAJERA EN MINERIA 420.6 MILLONES DE DOLARES
Agregó que la inversión extranjera directa destinada a la minería alcanzó los 420,6 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, lo que, según explicó, mantiene a la actividad entre las que captan una mayor proporción del capital foráneo.
Santos consideró que la minería constituye una base estratégica para la economía y las exportaciones dominicanas, por su generación de divisas, aportes fiscales y empleos, además de su contribución a la estabilidad de otras actividades económicas.
En materia laboral, indicó que el salario promedio del sector ronda los 78 mil pesos dominicanos mensuales (unos mil 323 dólares), aproximadamente el doble de la media nacional, estimada en 39 mil pesos (661 dólares), de acuerdo con datos de la Tesorería.
A su juicio, estos niveles de remuneración reflejan el valor agregado de la actividad y una creciente incorporación de trabajadores dominicanos especializados.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y RELACIÓN COMUNIDADES
El funcionario explicó que la estrategia gubernamental para el sector contempla la sostenibilidad ambiental, la relación con las comunidades, la fiscalización de la industria y la seguridad, aspectos en los que, afirmó, existe una responsabilidad compartida entre las empresas y el Estado.
Santos también se refirió al proceso de exploración de tierras raras en la Reserva Fiscal Minera Ávila, ubicada en la provincia de Pedernales, en el suroeste del país.
El encuentro reunió a representantes de los sectores público y privado y formó parte de la agenda de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) para promover el diálogo sobre actividades estratégicas y su vinculación con los mercados internacionales.
lam/mpv
SANTO DOMINGO.- La Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (FEDEFARMA) realizó su primer Annual Summit 2026, un encuentro regional que reunió a autoridades de salud y seguridad social, reguladores, academia, organizaciones de pacientes, sociedades médicas, expertos y representantes de la industria farmacéutica de innovación.
El encuentro abordó uno de los principales desafíos de los sistemas sanitarios de la región: reducir el tiempo entre los avances científicos y su llegada efectiva a los pacientes, mediante sistemas sostenibles, eficientes y preparados para los cambios tecnológicos.
ACCESO A LA INNOVACIÓN
Durante la jornada fue presentado el W.A.I.T. Indicator 2026, estudio que analiza el acceso a medicamentos innovadores en América Latina y aporta datos sobre las brechas existentes. También se desarrolló un panel regional sobre mecanismos para acelerar la disponibilidad de estas terapias.
“Hoy el desafío ya no es solamente que exista innovación. El verdadero desafío es cuánto tiempo tarda esa innovación en llegar al paciente”, afirmó Fernando Vizquerra, director ejecutivo de FEDEFARMA.
El análisis incluyó además el Biopharmaceutical Competitiveness & Investment (BCI), que incorpora la investigación clínica como motor de innovación, desarrollo y acceso.
Ministro de Salud Pública, Dr. Víctor Atallah, Vanessa Vértiz, presidenta de FEDEFARMA y Fernando Vizquerra, director ejecutivo de FEDEFARMA.
REGULACIÓN, ÉTICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE
La agenda también examinó políticas públicas, investigación clínica, competitividad y buenas prácticas regulatorias como elementos necesarios para fortalecer sistemas sanitarios más sólidos y resilientes.
Representantes de distintos países analizaron el papel de las agencias regulatorias y la necesidad de contar con marcos modernos que garanticen calidad y seguridad y, al mismo tiempo, favorezcan la innovación.
FEDEFARMA presentó su Código de Ética y Cumplimiento y lanzó oficialmente el Sello FEDEFARMA de Ética y Transparencia.
El encuentro también abordó la lucha regional contra los medicamentos ilícitos y experiencias de coordinación en República Dominicana.
La organización destacó que acceso, regulación, investigación clínica y competitividad deben avanzar de manera articulada para convertir los avances científicos en mejores resultados de salud para los pacientes.
La corrupción administrativa no apareció en la República Dominicana al finalizar el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco en 1986. Tampoco desapareció con el proceso judicial que se le siguió ni puede atribuirse exclusivamente a un partido político o a una determinada etapa de nuestra historia.
El tema se debatió durante los doce años del presidente Joaquín Balaguer, entre 1966 y 1978; durante los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano, desde 1978 hasta 1986; nuevamente bajo Balaguer, entre 1986 y 1996, y en todas las administraciones posteriores.
La corrupción ha sido denunciada bajo gobiernos reformistas, perredeístas y peledeístas. Ha cambiado de métodos, protagonistas y dimensiones, pero continúa siendo uno de los grandes problemas de la administración pública dominicana.
Jorge Blanco
Por eso, al recordar el proceso seguido contra el doctor Jorge Blanco, debemos evitar la tentación de presentar aquel episodio como si hubiera sido el comienzo de la lucha dominicana por la moralidad pública.
Jorge Blanco gobernó desde el 16 de agosto de 1982 hasta el 16 de agosto de 1986. Durante su administración, el país atravesó una severa crisis económica, las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las dolorosas protestas populares de abril de 1984.
Cuando Joaquín Balaguer regresó al poder en agosto de 1986, distintos sectores comenzaron a reclamar investigaciones contra antiguos funcionarios. La principal acusación se relacionaba con operaciones de compras realizadas por las Fuerzas Armadas y con la supuesta adquisición de alimentos, uniformes y otros suministros a precios sobrevaluados.
El 7 de octubre de 1986, un grupo de abogados encabezado por el doctor Marino Vinicio Castillo presentó formalmente una denuncia-querella contra el expresidente Salvador Jorge Blanco, el exsecretario de las Fuerzas Armadas, general Manuel Antonio Cuervo Gómez, y otros antiguos funcionarios y particulares.
Aquella querella debe distinguirse del denominado Comité para la Moralidad Pública.
El comité fue promovido principalmente por el prestigioso jurista Jottín Cury Elías, antiguo amigo de Jorge Blanco que había roto políticamente con él. Su actuación pertenecía al terreno de la denuncia cívica, la presión moral y la formación de opinión pública.
El Comité para la Moralidad Pública no era un tribunal ni una dependencia del Estado. Tampoco fue el organismo que instruyó el expediente, ordenó la prisión o dictó sentencia contra el expresidente. Esas actuaciones correspondieron a los abogados querellantes, al Ministerio Público y a los tribunales.
Debo hacer aquí una precisión personal: yo no pertenecí al Comité para la Moralidad Pública ni participé en la querella judicial contra Salvador Jorge Blanco.
El gran debate del 30 de octubre de 1986
Sí tuve, sin embargo, una participación directa en otro acontecimiento importante de aquella época.
El jueves 30 de octubre de 1986, apenas 23 días después de la presentación de la querella, el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana organizó en el Hotel Sheraton de Santo Domingo el encuentro-panel titulado: “Corrupción gubernamental: posibilidades de control”.
Fui el moderador de ese debate.
En la fotografía del encuentro aparezco junto con varias de las personalidades participantes. Entre ellas se encontraban Jottín Cury y Marino Vinicio Castillo. También tuvieron intervenciones destacadas el expresidente Juan Bosch y don Rafael Herrera, director del periódico Listín Diario.
30 de octubre de 1986
Aquel panel no fue una reunión del Comité para la Moralidad Pública ni una etapa del proceso contra Jorge Blanco. Fue un debate público, plural y profesional sobre las causas de la corrupción y los mecanismos necesarios para prevenirla, descubrirla y sancionarla.
Su propósito trascendía el expediente judicial que comenzaba a desarrollarse. El problema planteado no era solamente si determinados funcionarios del gobierno anterior habían cometido irregularidades. La verdadera pregunta era cómo impedir que la corrupción continuara reproduciéndose dentro del Estado dominicano.
Don Rafael Herrera explicó entonces que la corrupción gubernamental casi siempre tiene una contraparte en el sector privado.
El funcionario que recibe un soborno necesita a alguien dispuesto a pagarlo. El que concede ilegalmente un contrato, una exoneración o un privilegio actúa en beneficio de una persona, una empresa o un grupo de intereses. Por consiguiente, no se puede combatir la corrupción mirando solamente al funcionario público y dejando fuera al particular que la promueve, la financia o se beneficia de ella.
Herrera también amplió el concepto de prevaricación. No es necesario que un funcionario sustraiga directamente fondos del Estado. También puede prevaricar cuando presta un servicio de favor contrario a la ley, incumple deliberadamente las obligaciones de su cargo u omite actuar para proteger determinados intereses.
La corrupción no siempre se manifiesta mediante el robo material de dinero. Puede expresarse en el incumplimiento de la ley, el tráfico de influencias, el favoritismo, el encubrimiento y la utilización del poder público para beneficiar intereses particulares.
Juan Bosch, por su parte, relacionó el problema con el deterioro del sistema educativo dominicano.
Recordó que en 1954 había sido desmantelada la escuela hostosiana, en la cual se procuraba formar ciudadanos considerados, disciplinados, serios y honestos. Para Bosch, el abandono de esa formación moral había contribuido a que el país llegara a una etapa alarmante de corrupción.
En aquel encuentro de 1986 se miraba la corrupción con los dos ojos: uno dirigido al sector público y otro a su contraparte privada.
El proceso contra Jorge Blanco
El proceso judicial siguió su propio curso.
Salvador Jorge Blanco
En diciembre de 1986 se le prohibió a Jorge Blanco salir del país. En abril de 1987 fue interrogado y se dictó una orden de prisión en su contra. Posteriormente intentó obtener asilo en la Embajada de Venezuela, pero el gobierno del presidente Jaime Lusinchi no aceptó su solicitud.
En mayo de 1987, después de sufrir una afección cardíaca, Jorge Blanco fue autorizado a viajar a Estados Unidos para recibir tratamiento médico en Atlanta.
Mientras permanecía fuera del país, el expediente continuó. En noviembre de 1988 fue condenado en contumacia a veinte años de prisión y al pago de una elevada multa.
El 30 de noviembre de ese mismo año regresó voluntariamente a la República Dominicana, se presentó ante las autoridades y fue recluido en la cárcel preventiva de La Fe. Su presentación le permitió interponer un recurso de oposición contra la sentencia dictada en ausencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinó una reclamación de sus representantes, quienes alegaban violaciones al debido proceso. La Comisión la declaró inadmisible en abril de 1989 porque todavía no se habían agotado los recursos de la jurisdicción dominicana.
Después de un nuevo y prolongado juicio, el 8 de agosto de 1991 Jorge Blanco fue condenado nuevamente a veinte años de prisión y al pago de aproximadamente 73 millones de pesos. Permaneció encarcelado durante un período relativamente breve y posteriormente obtuvo su libertad por razones de salud.
En mayo de 2001, la Suprema Corte de Justicia anuló la sentencia condenatoria. Meses después, durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía, el Estado desistió de continuar la acusación.
Jorge Blanco sostuvo siempre que había sido víctima de una persecución política organizada por Joaquín Balaguer.
La historia debe registrar ambos aspectos: existieron graves acusaciones que dieron origen a un proceso judicial sin precedentes contra un expresidente dominicano, pero la condena fue finalmente anulada y nunca adquirió la condición de una decisión irrevocable.
La corrupción continuó bajo Balaguer
El sometimiento de Jorge Blanco no significó que el problema hubiera quedado resuelto.
Durante el gobierno de Balaguer iniciado en 1986 continuaron las denuncias, las sospechas y los debates sobre el manejo de los recursos públicos. Lo mismo había ocurrido durante sus doce años anteriores y volvería a suceder en las administraciones siguientes.
En ese contexto, el propio presidente Balaguer promulgó el 13 de septiembre de 1993 el Decreto número 246-93, publicado en la Gaceta Oficial número 9866.
El decreto encargaba a la Contraloría General de la República adoptar las medidas necesarias para que las irregularidades descubiertas mediante auditorías no solamente fueran conocidas y sancionadas por las autoridades competentes, sino que también fueran comunicadas a la opinión pública nacional.
Era un mandato inequívoco de transparencia.
Sin embargo, aquel decreto no fue ejecutado con la amplitud requerida. Las auditorías continuaron prácticamente encerradas dentro de la Contraloría. Pasaron diferentes titulares por la institución, pero no se estableció un sistema efectivo para dar a conocer sus resultados y hacer realidad lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.
El país tenía auditorías, pero no necesariamente conocía sus conclusiones. Existían controles escritos, pero no siempre controles efectivos. Había disposiciones legales, pero persistía una enorme distancia entre el mandato formal y su aplicación.
Mi designación como contralor
A finales de enero de 1996, el presidente Joaquín Balaguer me solicitó que acudiera a su despacho en el Palacio Nacional.
Durante aquella conversación me propuso ocupar el cargo de contralor general de la República.
Acepté la responsabilidad y el lunes 5 de febrero de 1996 fui juramentado. Permanecí al frente de la Contraloría hasta el 19 de agosto de ese mismo año, cuando terminó el gobierno de Balaguer y comenzó el del presidente Leonel Fernández.
Llegué a la Contraloría diez años después de haber moderado el encuentro-panel del Hotel Sheraton.
Marino Vinicio Castillo
No se trataba, por tanto, de un tema nuevo para mí. Durante años había participado, como periodista, escritor y ciudadano, en las discusiones nacionales sobre la corrupción, el control de los recursos públicos y la responsabilidad moral de los funcionarios.
Mi llegada a la institución representaba la oportunidad de trasladar aquellas preocupaciones del debate público a la acción administrativa.
Encontré una Contraloría que necesitaba recuperar su capacidad de fiscalización, organizar sus auditorías, fortalecer la supervisión permanente de los organismos del Estado y cumplir el Decreto 246-93.
También defendí la necesidad de crear una Fiscalía Especial contra la Corrupción Administrativa, porque la Contraloría podía investigar y documentar irregularidades, pero el sometimiento penal correspondía al Ministerio Público y a los tribunales.
La función de la Contraloría era ejercer el control interno del Poder Ejecutivo. No debía confundirse con la Cámara de Cuentas, responsable del control externo de los recursos públicos.
Durante mi gestión procuré que la institución no permaneciera silenciosa ante los resultados de sus propias investigaciones.
En la Contraloría
Lo que realicé como contralor general está documentado en mi libro En la Contraloría, publicado formalmente en Santo Domingo en 1999 e impreso por la Editora Católica Amigo del Hogar.
El volumen tiene 320 páginas y un prólogo del doctor Julio Hazim.
No se trata de recuerdos reconstruidos muchos años después. El libro contiene documentos, auditorías, comunicaciones oficiales, declaraciones públicas y testimonios correspondientes a mi paso por la institución.
Allí expuse las condiciones en que encontré la Contraloría, las investigaciones emprendidas, las irregularidades detectadas y las medidas que procuré aplicar para fortalecer el control interno del Estado.
También reproduje el Decreto 246-93 del 13 de septiembre de 1993, que debía servir como fundamento para abrir a la opinión pública los resultados de las auditorías.
Julio Hazim señaló en el prólogo que el libro abría las puertas de los archivos de mi gestión. Añadió que no solamente ofrecía detalles sobre escándalos de corrupción pública, sino que también describía los objetivos, las funciones y las tareas pendientes de la institución.
Mi gestión fue breve: desde el 5 de febrero hasta el 19 de agosto de 1996. Pero quedó respaldada por documentos publicados. En la Contraloría constituye, por eso, una fuente primaria para estudiar aquel período y la evolución del control interno en la República Dominicana.
Un problema del sistema
El mayor error sería utilizar la corrupción únicamente como arma contra el adversario político.
Cuando se encuentra en la oposición, cada partido denuncia los abusos del gobierno. Cuando llega al poder, tiende a olvidar parte de sus antiguas denuncias o a considerar que las críticas responden a una conspiración de sus enemigos.
Así se ha repetido el ciclo durante décadas.
La corrupción dominicana no puede explicarse solamente por la falta de leyes. Hemos tenido decretos, auditorías, comisiones, debates, sometimientos y promesas de transparencia.
El problema ha sido la aplicación desigual de las normas, la debilidad de los controles, la dependencia política de las instituciones y la facilidad con que las auditorías pueden archivarse cuando afectan intereses poderosos.
Tampoco puede combatirse persiguiendo exclusivamente al funcionario público. Es necesario investigar a los particulares, empresarios, intermediarios y beneficiarios que participan en la operación corrupta.
La lección del debate celebrado el 30 de octubre de 1986 conserva plena vigencia: la corrupción gubernamental posee una contraparte privada y debe ser enfrentada con instituciones capaces de mirar en ambas direcciones.
Entre aquel panel, el Decreto 246-93, mi gestión de 1996 y la publicación de En la Contraloría existe una misma línea de continuidad.
La corrupción siempre se ha debatido en la República Dominicana. Lo que ha faltado, con demasiada frecuencia, es convertir el debate, las auditorías y los mandatos legales en consecuencias efectivas.
Porque la verdadera transparencia no consiste en anunciar investigaciones.
Consiste en terminarlas, publicar sus resultados, garantizar el derecho de defensa y aplicar la ley sin importar el partido, el apellido, la posición económica o la cercanía con el poder.
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