Por RAFAEL RAMIREZ MEDINA

La inestabilidad en regiones estratégicas como el estrecho de Ormuz no es solo un conflicto lejano, sino una señal de alerta sobre nuestra vulnerabilidad. Depender excesivamente de importaciones energéticas nos deja a merced de precios internacionales que no podemos controlar, desestabilizando nuestra paz económica y la estabilidad del costo de vida.

Debemos reconocer que ser una economía pequeña implica riesgos sistémicos que requieren un blindaje inteligente, priorizando la seguridad nacional antes de que las crisis externas golpeen nuestra capacidad de consumo diario.

Es urgente realizar un levantamiento técnico de los productos esenciales que garantizan nuestro desarrollo y bienestar cotidiano.

No podemos seguir siendo espectadores pasivos ante los conflictos globales; necesitamos diseñar un «Plan B» que fomente alternativas productivas locales y diversifique nuestras fuentes de suministro. La dependencia excesiva es una debilidad estructural que debemos corregir con políticas públicas que incentiven la producción interna, disminuyendo así nuestra exposición a la volatilidad de los mercados internacionales que dictan gran parte de nuestro bienestar.

La solución ante estos desafíos globales no puede ser, una vez más, la imposición de mayores cargas fiscales sobre los hombros de la ciudadanía. Sostengo que el país cuenta con recursos suficientes, pero el problema radica en la falta de eficiencia en la gestión de las recaudaciones existentes. Antes de buscar más ingresos, el Estado está obligado a demostrar una administración pública ejemplar, donde cada centavo sea gestionado con rigor, transparencia absoluta y una visión estratégica centrada en el crecimiento de largo plazo.

El control estricto del gasto público debe ser la columna vertebral de cualquier política económica seria en nuestra nación. No podemos permitir que la ineficiencia administrativa sea financiada por el contribuyente; es necesario implementar una política de «cero tolerancia» frente a cualquier indicio de corrupción. El establecimiento de un régimen de consecuencias real es fundamental, pues la impunidad desmoraliza al sector productivo y desperdicia recursos que deberían estar destinados a mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos.

Existe un debate frecuente sobre la aplicación de impuestos progresivos bajo la premisa de que quienes más ganan deben pagar más. Sin embargo, en nuestra realidad, quienes ostentan el poder económico suelen trasladar estos costos adicionales al precio final de los productos y servicios que consumen las familias. Al final del día, es el ciudadano de menores ingresos quien termina pagando la carga indirecta, lo que inevitablemente genera mayor pobreza en lugar de cerrar las brechas sociales que tanto nos afectan.

La verdadera prosperidad de una nación no se construye empobreciendo a su gente mediante reformas fiscales agresivas, sino promoviendo un entorno donde la industria pueda prosperar. Un país se desarrolla cuando apuesta decididamente por la educación de calidad, la creación masiva de fuentes de trabajo dignas y una infraestructura hospitalaria eficiente. Necesitamos un modelo económico que fomente la inversión, estimule la innovación y garantice que el progreso sea el resultado de nuestra capacidad productiva, no del incremento constante de los impuestos.

En conclusión, debemos cambiar la narrativa del «más impuestos» por la de «mejor administración y mayor competitividad». El blindaje ante crisis internacionales y el desarrollo de una industria fuerte son los pilares sobre los cuales debemos edificar nuestro futuro. Invito a los tomadores de decisiones a mirar más allá de la caja de recaudación y enfocarse en la eficiencia pública, el respeto al dinero de los contribuyentes y la creación de oportunidades reales que nos permitan alcanzar un desarrollo sostenible, justo y verdaderamente equitativo.

POR LUIS M. GUZMAN

La aprobación de la Ley 30-26 ocurrió casi con la velocidad con que suelen aprobarse las cosas cuando el Gobierno tiene mayoría y urgencia. En pocas horas pasó por el Congreso y esa misma noche fue promulgada. Eso no la convierte automáticamente en una mala ley, pero sí deja una sensación inevitable, el debate público empezó cuando el proceso legislativo prácticamente había terminado. Y cuando una reforma toca impuestos, cobros y defensa del contribuyente, el tiempo también importa.

El contexto tampoco debe ignorarse. La presión del petróleo, la incertidumbre internacional y el costo creciente de sostener subsidios son problemas reales. República Dominicana importa energía y cada aumento del barril termina filtrándose hacia transporte, electricidad, alimentos y gasto público. Pretender que el Gobierno no reaccionara sería poco serio. La discusión no está en si debía hacer algo. La discusión empieza cuando se pregunta qué decidió hacer… y qué decidió dejar intacto.

La ley tiene medidas que probablemente encuentren respaldo incluso entre sectores críticos. Hay alivios para microempresas, ajustes parciales al impuesto sobre la renta y señales para facilitar formalización. Sería injusto ignorarlo. Pero las reformas tributarias no se recuerdan por sus partes más simpáticas; se recuerdan por cómo redistribuyen cargas y por la relación que terminan construyendo entre el Estado y quien paga.

Uno de los cambios menos comentados y posiblemente más sensibles está en el aumento de retenciones para profesionales independientes. Sobre el papel parece pequeño. En la práctica, no necesariamente lo es. Un diseñador, un abogado que factura por servicios, un creador de contenido o un pequeño consultor puede terminar adelantando más recursos al Estado antes incluso de haber cubierto gastos, cobrado completamente o estabilizado ingresos que muchas veces son irregulares.

Pero el punto que más preguntas está dejando no tiene que ver con una tasa, sino con el procedimiento. La preocupación expresada por antiguos funcionarios tributarios y juristas gira alrededor de algo más delicado, si cuando la DGII determina una deuda, el contribuyente queda empujado a pagar primero para evitar embargos o consecuencias mientras discute el caso. Ahí la conversación deja de ser tributaria y entra directamente al terreno del acceso efectivo a la justicia.

La diferencia parece técnica, pero no lo es. Una gran empresa puede inmovilizar recursos y litigar durante meses. Un negocio pequeño o un profesional independiente muchas veces no. Para unos, depositar mientras pelean puede ser incómodo. Para otros puede convertirse en una presión financiera suficiente para aceptar una deuda aunque crean que está equivocada. Y cuando defenderse depende del tamaño de la cuenta bancaria, aparece una pregunta incómoda sobre igualdad real.

Eso no significa que el Estado no tenga derecho a proteger la recaudación. Lo tiene. También es cierto que cualquier administración tributaria teme que los recursos judiciales se conviertan en una estrategia para retrasar pagos indefinidamente. El problema aparece cuando la balanza empieza a inclinarse demasiado. Entre impedir abusos del contribuyente y crear barreras para defenderse hay una línea fina que vale la pena cuidar.

Curiosamente, esta discusión termina conectando con algo más grande. La ley nace bajo el discurso de enfrentar una crisis internacional, pero muchas de las preguntas internas siguen siendo las mismas de siempre. ¿Por qué cuando aparece presión fiscal se habla tan rápido de recaudar y tan lentamente de revisar estructuras permanentes del gasto? ¿Por qué la eficiencia suele empezar por el contribuyente y rara vez por el tamaño del propio Estado?

No se trata de repetir la consigna fácil de reducir nómina o cerrar instituciones. Esas decisiones tienen costos y consecuencias. Pero sí llama la atención que, una vez más, los ajustes visibles aparezcan antes que una conversación seria sobre crecimiento del gasto corriente, duplicidades, subsidios acumulados o mecanismos para medir si determinados programas siguen produciendo el resultado que justificó crearlos.

Algo parecido ocurre con la publicidad y la comunicación pública. En momentos de normalidad pueden defenderse como herramientas legítimas. Pero cuando el país entra en etapa de nuevos ingresos, contención y llamados al esfuerzo compartido, es razonable preguntar si todas las partidas conservan el mismo nivel de necesidad. La austeridad suele ser más creíble cuando empieza por donde el ciudadano puede percibir señales claras desde arriba.

Quizá por eso algunas críticas han encontrado eco incluso entre personas que no rechazan la ley completa. No necesariamente porque se opongan a recaudar más, sino porque sienten que el orden de las decisiones vuelve a ser el mismo, primero asegurar ingresos, después prometer eficiencia. Ese patrón no empezó con este gobierno ni terminará con él, pero cada vez genera menos paciencia entre quienes sienten que siempre les toca primero.

La Ley 30-26 probablemente produzca recursos, alivie presiones y ayude a atravesar un momento internacional complejo. Eso puede ocurrir y aun así quedar preguntas abiertas. Lo más importante no es cuánto más recauda el Estado. Es si esta vez aprovechará el momento para revisar también sus propias inercias. Porque cuando una crisis pasa y todo vuelve exactamente al punto de partida, lo que se ganó no fue una reforma. Fue tiempo.

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