POR JULIO CESAR GARCIA

SAN CRISTOBAL.- Abandonado, arrabalizado, haitianizado, dejado a su suerte —que es poca—, así se encuentra el llamado Mercado Modelo de San Cristóbal. Lo que en su momento fue concebido como una obra moderna para la comercialización de productos, hoy luce arropado por el desorden, la indiferencia y la falta de planificación.

Los espacios que rodean este mercado recuerdan más a los mercados callejeros en Haití: calles y aceras tomadas, conversaciones en creole, y vendedores que apenas entienden lo que se les pregunta. El ambiente transmite inseguridad: miradas que invitan a la cautela, voces que se alzan con frases como “¡Tú no va complá, quítate de ahí!”, cuando alguien intenta indagar sobre los artículos en venta.

Lo que hace unos años fue embellecido por administraciones edilicias locales, hoy es foco de contaminación y desorden, sin autoridad alguna que asuma la responsabilidad.

Una obra paralizada por rencillas políticas

La remodelación del mercado parece ser un capítulo olvidado por las actuales autoridades. Prefieren que se pierda el dinero del pueblo antes que concluir una obra iniciada por otra gestión. Las malas querencias internas entre perremeístas pesan más que el bienestar de la comunidad, y el resultado es un proyecto inconcluso que degrada la vida urbana.

La Asociación del Mercado Modelo de San Cristóbal entregó al presidente Luis Rodolfo Abinader una carta que describe, como un grito desesperado, la necesidad de terminar la construcción. Los comerciantes explican que llevan cuatro años enfrentando pérdidas económicas, con negocios y casetas expuestos a la intemperie, y múltiples vicisitudes que afectan su sustento.

No es el próximo año, ni en los próximos meses, el momento de actuar es ahora. El ayuntamiento municipal está obligado a ejercer su rol de autoridad y el alcalde debe demostrar que es un verdadero ciudadano de este municipio. San Cristóbal merece un mercado digno, ordenado y seguro, no un símbolo de abandono y disputa política.

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Un debate reciente entre amigos sobre Santiago Rodríguez —si era más urgente promocionar el territorio o reparar los caminos— resume una discusión que se repite en muchos lugares del país. La tensión entre “mostrar” y “mejorar” aparece una y otra vez. Sin embargo, es un falso dilema: el desafío no es elegir, sino alinear.

Santiago Rodríguez, con su riqueza natural y cultural pero también con dificultades de accesibilidad y organización, ilustra lo que varios especialistas han señalado: una marca territorial no puede construirse sobre carencias estructurales ni imponerse desde arriba sin participación comunitaria.

La investigadora brasileña Giovana Goretti Feijó de Almeida (2022) sostiene que la marca territorial es inseparable de la identidad, la gobernanza y las capacidades reales del territorio. No es un logo ni un eslogan, sino una construcción colectiva.

Entre narrativa y realidad

Santiago Rodríguez no es la única provincia que intenta posicionarse como destino ecoturístico mientras enfrenta caminos deteriorados, escasa articulación institucional y debilidades en la formación de quienes ofrecen servicios. Esta brecha entre aspiración y realidad se repite en otros territorios del país.

Feijó de Almeida advierte tres riesgos principales cuando un territorio promueve una imagen que no se corresponde con lo que ofrece.

Primero, pérdida de legitimidad interna. Cuando la narrativa oficial retrata un territorio eficiente o preparado, pero la comunidad convive con fallas básicas, la marca se percibe como un artificio. La población no se reconoce en ella y disminuye la disposición a colaborar.

Segundo, reputación débil hacia afuera. Promocionar un territorio como “verde”, “auténtico” o “de montaña” mientras la infraestructura es insuficiente provoca decepción. Es clave recordar que vivimos en esa etapa en la que cualquiera dice, mucha gente le cree y hasta le ayuda a difundir. Las plataformas de mapas, reseñas y redes sociales amplifican cualquier disonancia entre lo prometido y lo vivido.

Y tercero, riesgo de acentuar la desigualdad territorial. Las marcas impuestas suelen concentrarse en zonas accesibles o “fotogénicas”, dejando rezagadas a las comunidades rurales o más distantes. En provincias como Santiago Rodríguez, esto puede significar inversiones en el casco urbano o donde hay gente influyente mientras la Sierra y los parajes alejados siguen relegados.

Y entonces, ¿infraestructura o promoción?

El debate suele presentarse como una elección excluyente: o se invierte en caminos o se invierte en comunicación. Pero ambas dimensiones deben avanzar de manera coherente. La infraestructura es la base de la credibilidad de la marca. Mientras que la promoción es el vehículo para expresar identidad y atraer oportunidades.

Almeida y Casaroto (2019) han documentado cómo, en varios países latinoamericanos, han aplicado modelos de “place branding” sin resolver antes la gobernanza ni la participación local. Cuentan que así han generado marcas vistosas pero desconectadas de la realidad. La República Dominicana enfrenta un riesgo similar cuando confunde promoción con desarrollo.

Lecciones desde Santiago Rodríguez

De estas reflexiones pueden extraerse cinco claves para cualquier territorio que aspire a fortalecer su marca sin perder autenticidad:

Uno, diagnóstico participativo. Ninguna narrativa territorial funciona si no se construye con la gente que vive allí. Guías, productores, juntas de vecinos y asociaciones culturales y ambientales deben ser actores centrales.

Dos, infraestructura antes que narrativa. Caminos transitables, adecuada señalización, organización básica y seguridad no son detalles operativos: son cimientos estratégicos. Un destino ecoturístico depende de la accesibilidad real.

Tres, identidad desde dentro. La marca no puede inventarse en un despacho; debe reconocer lo que el territorio es. La autenticidad pesa más que la aspiración.

Cuatro, proceso gradual. Se puede comunicar desde el principio, pero ajustando expectativas: primero el público local, luego el nacional y, solo cuando haya condiciones, el internacional.

Y cinco, gobernanza articulada. Alcaldías, ministerios, sector privado, organizaciones comunitarias y academia deben coordinarse. Una marca territorial sostenible es un proyecto colectivo.

En síntesis, Santiago Rodríguez recuerda que las marcas territoriales exitosas no son atajos al desarrollo, sino frutos de procesos coherentes. Promocionar un territorio sin prepararlo es como invitar a alguien a una casa que aún no está lista; pero preparar la casa sin contarlo también es perder oportunidades. La clave está en la coherencia y, sobre todo, en la autenticidad.

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Los informes sobre la violencia en la sociedad provienen del Código de Hammurabi, que data de 1730 a. C. Lleva en sí la primera huella de la ley del talión, que pretendía frenar la violencia y que consistía en aplicar al criminal la justa reciprocidad del delito cometido.

La violencia también estuvo omnipresente en la Edad Media. Se asegura que en la Edad Media “la violencia forma parte del medo de vida” los campesinos y los aldeanos. Los hombres son descritos como coléricos, impulsivos y peleones. No dudan en luchar y tomar las armas ante la menor provocación o incluso tomar la justicia en sus manos.

Este período también estuvo marcado por la aparición de numerosas bandas de bandidos que saquearon y arrasaron las casas de los habitantes. La Edad Media es un período conocido por la violencia de sus costumbres y prácticas. Los señores reinan supremos sobre sus dominios y compiten entre sí. La vida humana, especialmente la de siervos y campesinos, prácticamente no tenía valor.

Para ser un varón poderoso, era necesario poseer un vasto territorio y vasallos para reunir rápidamente un ejército. Esta violencia se ejemplificaba, en particular, con el derecho de proscripción o las guerras entre señores. La violencia feudal no es más que una cuestión de dominación de los más poderosos sobre los más humildes.

También se revela como una forma de regulación social y política entre los nobles. Los señores libran guerras por territorio, mujeres, derechos u honor. Sin embargo, estos conflictos se consideran legítimos y a menudo sinónimo de venganza. El derecho de prohibición es el derecho a mandar, obligar y castigar. Los habitantes no tienen derechos sobre la tierra del señor guerrero que los protege.

La prohibición es el poder de mando que posee el señor. Puede decidir imponer impuestos, quehaceres, castigar a cada vasallo o campesino El derecho de prohibición permite imponer numerosas restricciones a los habitantes. Se trata, por tanto, de una forma de violencia social ejercida sobre campesinos y siervos.

Después de un extenso trabajo realizado sobre archivos, historiadores lograron estimar que la tasa de homicidios en Inglaterra en el siglo XII era de alrededor de 20 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2010 era de 2,2 por cada 100.000 habitantes. Entre 1300 y 2000 hubo un largo período de descenso de la tasa de homicidios en Inglaterra. Esta tendencia también se observó en otros países europeos, incluida Francia, donde la tasa de homicidios alcanzó su mínimo histórico en 2010.

Los campesinos, pero también las iglesias y los monasterios, suelen ser las primeras víctimas de las bandas de comerciantes (las Grandes Compañías) o de bandidos. Viven con el temor de incursiones o ataques, de ahí la protección que les otorgan los señores en ciudades cada vez más fortificadas.

Los caminos no son seguros. Los salteadores de caminos gobiernan allí, robando a comerciantes, peregrinos y campesinos, y una población marginada, rechazada de la ciudad o desterrada del mundo rural, deambula, contribuyendo así a la sensación de inseguridad. Es por otra parte porque, al día siguiente de la guerra de Cien Años, la seguridad de las carreteras se convierte en un problema importante.

Para las autoridades reales. La pacificación del territorio, por tanto, comienza con el de las vías de circulación. Así, En la Edad Media, la violencia es considerada como banal, y a veces hasta estimulada por los colegas, en vista de “producir una ética viril en los campesinos, y sobre todo en los nobles, que tienen vocación a convertirse implacables guerreros “, como lo señala Robert Muchembled y así de formar hombres capaces de defenderse y de proteger los otros.

Aunque ritualizada, justificada por un código de honor y a menudo poco perseguida, esta violencia, que es esencialmente el asunto de los «jóvenes que se van a casar», será progresivamente enmarcada, canalizada y, en última instancia, menos tolerada, en el marco de un proceso de civilización de las costumbres, según Norbert Elias, pero también con la llegada de los regidores y sus juicios, según Robert Muchembled, del desarrollo del aparato represivo policial, según Maurice Cusson, sin olvidar el papel pacificador de la Iglesia o la aplicación de los castigos corporales públicos en el siglo XVI.

El declive de la violencia física se debe principalmente a la progresiva consolidación del Estado y a la transición de la justicia privada a un sistema judicial público, con el corolario de confiar al poder público el monopolio de la violencia legítima. Entre los siglos XVI y XIX, el poder abolir los ejércitos privados, adoptó leyes escritas, creó tribunales que hicieron la justicia cada vez más accesible y desarrolló organizaciones policiales y prisiones.

Los ciudadanos comenzaron a sentir la necesidad de buscar justicia. Con el tiempo, el Estado se convirtió en el único organismo con derecho a usar la fuerza. Así, el Estado, la autoridad pública, ha desempeñado un papel esencial en la pacificación de la moral. Además, actualmente, a pesar del revuelo en torno a la violencia, vivimos en el período menos violento de la historia. La violencia sigue presente, pero ahora es obra de una minoría de individuos.

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