Falta poco más de un mes para que entre en vigencia la Ley 74-25, que instituye el nuevo
Código Penal dominicano, y de repente pareciera que el país acaba de descubrir su contenido.
Abogados, gremios profesionales, iglesias, organizaciones sociales y hasta ciudadanos
comunes expresan sorpresa por disposiciones que establecen penas severas para numerosos
delitos. Otros anticipan que acudirán al Tribunal Constitucional para intentar frenar o
modificar algunos de sus artículos, mientras el Congreso deja claro que no tiene intención de
revisar la legislación antes de su entrada en vigor, prevista para el próximo 3 de agosto.
La situación deja una sensación inevitable: estamos asistiendo, una vez más, a una vieja
costumbre dominicana. Dejamos que los asuntos importantes duerman durante años y solo
reaccionamos cuando el reloj marca los últimos minutos. Es la cultura del "después vemos", de
mirar hacia otro lado mientras el problema se acerca, hasta que finalmente nos alcanza.
Pero conviene hacerse una pregunta incómoda. Después de tanto escándalo y de tantas
preocupaciones expresadas en los últimos días, ¿dónde estaban todos esos sectores cuando el
Código Penal permaneció casi veinte años transitando por los pasillos del Congreso Nacional?
Durante dos décadas hubo tiempo suficiente para estudiar cada artículo, advertir sus posibles
consecuencias y presentar propuestas de modificación. Sin embargo, la impresión que queda
es que muchos despertaron cuando la ley prácticamente tiene un pie en la puerta.
Resulta llamativo observar cómo algunas instituciones parecen enterarse ahora del alcance de
determinadas disposiciones. El Colegio Médico Dominicano, por ejemplo, ha expresado
preocupación porque determinados casos de mala práctica médica podrían acarrear penas de
hasta veinte años de prisión.
Del mismo modo, algunos abogados han iniciado una especie de revisión pública, artículo por
artículo, advirtiendo sobre conductas que podrían ser castigadas severamente, incluso
acciones tan cotidianas como divulgar sin autorización mensajes privados enviados por
aplicaciones de mensajería.
Más recientemente, escuchaba la reflexión de un reconocido jurista que planteaba un aspecto
poco discutido del nuevo Código. Recordaba que una de las finalidades de la pena es procurar
la reinserción social del condenado.
Es decir, que quien delinque pueda regresar algún día a la sociedad convertido en un mejor
ciudadano. Pero se preguntaba qué sentido práctico tendría ese principio cuando una persona
recibe condenas acumuladas de cuarenta o sesenta años de prisión.
Si un joven de veinte años es condenado a sesenta años de cárcel, recuperaría su libertad a los
ochenta. ¿Cuál sería entonces el verdadero propósito de la rehabilitación? En esos casos, la
prisión deja de ser un espacio para reconstruir una vida y se convierte, sencillamente, en el
lugar donde transcurrirá prácticamente toda su existencia.
Este debate conduce a otra realidad ampliamente estudiada en criminología: el aumento de
las penas, por sí solo, no elimina el delito. La experiencia internacional ofrece numerosos
ejemplos. Existen países donde se aplica la pena de muerte y, aun así, continúan ocurriendo
homicidios. En otros, la corrupción pública se castiga con extrema severidad, incluso con
fusilamientos, y los escándalos siguen apareciendo. También hay naciones donde
determinadas conductas son castigadas públicamente con azotes y, pese a ello, la violencia
persiste.
La República Dominicana tampoco escapa a esa realidad. En los últimos años se han
endurecido las penas para diversos delitos, particularmente los feminicidios y la violencia de
género.
Sin embargo, las estadísticas continúan mostrando que decenas de mujeres siguen perdiendo
la vida cada año a manos de sus parejas o exparejas. Eso demuestra que combatir la
criminalidad requiere mucho más que aumentar años de prisión. Se necesita prevención,
educación, instituciones fuertes, investigaciones eficaces y un sistema judicial que actúe con
rapidez y certeza.
Nada de esto significa que el nuevo Código Penal no represente un avance en muchos
aspectos. Después de más de un siglo con una legislación desactualizada, era evidente la
necesidad de modernizar el derecho penal dominicano.
Sin embargo, precisamente por la trascendencia de esta reforma, el debate debió producirse
mucho antes y con una participación más amplia de todos los sectores involucrados.
Ahora el escenario parece trasladarse al Tribunal Constitucional, donde probablemente serán
impugnadas varias de sus disposiciones. Ojalá ese proceso contribuya a fortalecer la seguridad
jurídica y no ocurra lo que ha sucedido con otras leyes importantes que, después de múltiples
recursos, modificaciones y remiendos, terminaron perdiendo coherencia y eficacia.
Basta recordar la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, cuya constante
judicialización ha dejado disposiciones prácticamente inoperantes.
of-am
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