El robo del petrolero venezolano en aguas del Caribe, ejecutado por Estados Unidos bajo el amparo de sanciones unilaterales, y asumido públicamente por Donald Trump como demostración de poder, no constituye un hecho aislado ni una excentricidad coyuntural, sino que se inscribe en una escalada que combina coerción económica, despliegue militar y apropiación directa de recursos estratégicos, reinstalando a la región en el centro de una disputa que desconoce el derecho internacional.

Ese episodio ocurre mientras el Caribe es rodeado por una arquitectura militar desproporcionada frente a hipocresía de objetivos oficialmente declarados, ya que el reiterado discurso del combate al narcotráfico contrasta con la selección de blancos económicos y políticos, revelando que la seguridad regional funciona más como coartada que como finalidad real, en un contexto donde el control energético y la subordinación geopolítica resultan determinantes.

La interceptación del buque con crudo venezolano introduce un hecho cualitativamente nuevo en la política de presión contra la República Bolivariana de Venezuela, porque desplaza la coerción desde el terreno financiero hacia la apropiación material de bienes estratégicos, avanzando más allá del congelamiento de activos o del bloqueo de transacciones para establecer el despojo directo como instrumento de presión política.

Ese paso se da en un contexto de creciente militarización del Caribe, donde la presencia naval y aérea estadounidense no guarda proporción con las amenazas invocadas, imponiéndose una lógica de control territorial y disuasión política más cercana a escenarios de confrontación que a operaciones de seguridad, reforzando la percepción del Caribe como espacio de maniobra imperial.

La gravedad del hecho no reside únicamente en la pérdida económica que supone para Venezuela, sino en la normalización de una práctica que sustituye el derecho multilateral por la voluntad unilateral, ya que la aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense sobre bienes de otro Estado erosiona principios básicos del orden internacional y convierte a la región en laboratorio de métodos replicables.

Piratería de Estado en el siglo XXI

La apropiación de un buque petrolero no puede presentarse como un acto administrativo ni como simple extensión del régimen de sanciones, porque implica el uso directo de la fuerza para despojar a un Estado soberano de un recurso estratégico, y al no existir guerra declarada ni mandato internacional, la acción se sitúa fuera de cualquier marco de legalidad reconocido.

Conviene subrayar que el corso, figura histórica utilizada para legitimar el saqueo en nombre de una corona, fue abolido hace más de un siglo, por lo que en el orden jurídico contemporáneo no existe la piratería legal, y cuando un Estado intercepta y confisca bienes ajenos fuera de su jurisdicción, sin respaldo multilateral, actúa deliberadamente por encima de la ley.

Lo más inquietante es la pretensión de legitimar ese comportamiento mediante el lenguaje, porque presentar el despojo como “aplicación de sanciones” busca habituar a la comunidad internacional a que la fuerza sustituya al derecho, convirtiendo la excepcionalidad en regla y consolidando una forma de piratería de Estado compatible con discursos oficiales de legalidad.

La comprensión de este momento exige mirar hacia atrás, ya que el Caribe fue desde temprano tratado como espacio donde la violencia podía imponerse sin restricciones, como ocurrió cuando Sir Francis Drake asaltó Santo Domingo en el siglo XVI, un hecho celebrado por Inglaterra como servicio imperial y vivido por los pueblos del Caribe como piratería abierta que reveló la fragilidad del orden colonial.

Esa lógica no se agotó en episodios aislados, sino que se reprodujo durante siglos bajo distintas formas, en la medida en que el filibusterismo, las expediciones punitivas y las intervenciones llamadas “preventivas” respondieron siempre a una misma necesidad estratégica orientada al control de rutas, recursos y territorios, legitimando el saqueo como civilización, castigo o defensa de intereses superiores.

Con el ascenso de Estados Unidos en el siglo XIX, esa práctica no desapareció, sino que se reorganizó bajo nuevas doctrinas, porque la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto ofrecieron un marco ideológico que justificó la intervención permanente en el Caribe, transformándolo en frontera avanzada de la expansión estadounidense.

Zona de paz y realidad imperial

La proclamación del Caribe como Zona de Paz, adoptada por la CELAC en 2014, expresó la voluntad de los pueblos de la región de romper con esa herencia de violencia e intervención, pero esa declaración convive con prácticas que la contradicen abiertamente, ya que mientras se invoca la paz como principio se mantienen mecanismos de coerción económica, presión diplomática y presencia militar.

Desde Sir Francis Drake hasta Donald Trump, el hilo que atraviesa la historia caribeña no es la excepción, sino la persistencia del saqueo bajo distintas formas, porque ayer con cañones y abordajes y hoy con sanciones, guardacostas y tribunales domésticos, el Caribe sigue siendo tratado como frontera disponible, aun cuando sus pueblos han proclamado, con plena conciencia histórica, su derecho a vivir en paz y soberanía.

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La historia mundial de los últimos cien años contiene como premisas que: a) Europa fue el principal escenario de los dos conflictos armados más devastadores; b) Rusia era la nación dominante en la desaparecida Unión Soviética y c) EE. UU. ha tenido un gran papel internacional desde 1898, cuando logró el control del archipiélago asiático de Las Filipinas y las islas de Puerto Rico en el Caribe y  Guam, en el Pacífico occidental.

Desde que comenzó la Guerra Fría (1945) hasta hoy ha habido una relación de ambivalencia entre Rusia (antigua URSS), EE. UU. y Europa. Esa etapa sólo es comparable con los dramáticos acontecimientos que ocurrían en la Grecia de Pericles, en la cual las confrontaciones ponían al desnudo los peores instintos humanos.

Épocas ha habido de colaboración militar y económica entre Europa y EE. UU., asemejando un barco con tripulación conjunta. Hoy la línea de flotación de esa nave luce confusa, con mensajes zigzagueantes desde poderosos despachos situados en la gran ciudad por donde pasa el río Potomac.

El ejemplo más impactante de lo anterior es la actitud de menosprecio del presidente Trump a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una entidad militar creada por muchos países europeos, EE.UU. y Canadá, el 4 de abril de 1949, para defender de manera conjunta a sus miembros. Esencialmente la OTAN debe su existencia a la aprensión de los países occidentales ante la expansión del entonces bloque soviético, que 6 años después creó como contraparte militar el Pacto de Varsovia (1955).

Desde su creación hasta hace menos de un año todos los gobernantes de EE.UU., con sus matices circunstanciales, apoyaron masivamente a la OTAN, por conveniencia de sus intereses como el país que con más poder emergió de la Segunda Guerra Mundial.

En esa cooperación fue importante el pensamiento de Henry Kissinger, uno de los más influyentes exponentes de la realpolitik del siglo XX, desde que en 1957, publicó su tesis doctoral titulada “Un mundo restaurado” y continuó hasta poco antes de morir. El eje central de su pensamiento fue que los puntos coincidentes de los países más poderosos eran los que determinaban la legitimidad del orden en la tierra.

En su libro llamado Diplomacia (1994) reforzó su creencia pétrea de que sólo los países poderosos tenían la razón. En dicha obra ese personaje controversial resta calidad legal a los pueblos que se independizaron con motivo del colapso de la Unión Soviética. Escribió que Rusia y Ucrania eran la misma cosa.

Dos años después que Rusia se anexó, con el imperio de la fuerza, la estratégica península ucraniana de Crimea, situada en el mar Negro, en el 2014, Kissinger expresó que “para Rusia, Ucrania nunca puede ser simplemente un país extranjero”; aventurándose a decir, con “enigma y acertijo”, que: “Hay que lidiar con Rusia cerrando sus opciones militares, pero de una manera que le conceda dignidad en relación con su propia historia”.

Eso era una afrenta “a los intereses de los Estados más pequeños o emergentes”, como bien señaló el recién fallecido analista de política internacional Janusz Bugajski. Ese desprecio es el que en el fondo prevalece hoy en la Casa Blanca, siendo la prueba más elocuente las humillaciones y el ninguneo que desde hace un año sufre Ucrania.

En el 2022 Kissinger varió su criterio. Al referirse a la guerra de Rusia y Ucrania lanzó el vaticinio de que aquella podía terminar “en un puesto de avanzada de Asia en la frontera europea”. En enero del 2023 (10 meses antes de morir) señaló textualmente que “la continua agresión rusa había cambiado su forma de pensar”, puntualizando que: “Antes de esta guerra me oponía a la adhesión de Ucrania a la OTAN porque temía que iniciara el mismo proceso que estamos presenciando ahora. Ahora que este proceso ha alcanzado este nivel, la idea de una Ucrania neutral en estas condiciones ya no tiene sentido”.

La suerte de frenesí que recorre poderosos despachos de Washington ha impedido que se analice la pertinencia de no debilitar el bloque de instituciones supranacionales de Europa y la importancia de evitar que Ucrania sea fagocitada por Rusia.

Es importante recordar que antes de la actual agresión militar contra Ucrania otro gran experto de la geopolítica, el polaco estadounidense Zbigniew Brzezinski, escribió sobre lo que calificó como “las ambiciones neoimperiales de Putin y de toda la actual dirigencia rusa”, puntualizando que ese comportamiento es “la característica sistémica del alma rusa”.

Cabe señalar que desde mucho antes del zar Iván IV, apodado el Terrible, en Rusia existe el criterio generalizado de supremacía frente a sus vecinos, y más allá. El pensamiento del pueblo ruso quedó negativamente marcado por la perestroika y la glasnost que, como cambios políticos-económicos y apertura, respectivamente, hizo Mijail Gorbachov en la segunda mitad de la década de los años 80 del siglo pasado.

Vladimir Putin sabe de sobra eso, y también está favorecido por el debilitamiento que la política trumpista les ocasiona a la Unión Europea y a Ucrania. Los actuales gobernantes rusos no aceptan la tesis de coexistencia pacífica con Europa que sostenía Nikita Jrushchov, a quien un controversial mandatario estadounidense consideraba como “…un dirigente poderoso, pero una fuerza peligrosa…la encarnación del diablo…un diablo dotado de extraordinario talento”. (Líderes. Editorial Planeta, 1983. P.13, 229, 316 y otras. Richard Nixon).

En estos momentos Europa y Ucrania están sufriendo la metáfora elevada a doctrina estatal conocida como “la Zanahoria y el Garrote”, que se resume en aquello de acepta lo que digo y vas de rositas o te acorralo y humillo. EE. UU. la usa como parte de su poderío mundial. Hoy en Washington hay una evidente animadversión hacia Europa y sus organismos colectivos, con un especialmente énfasis en el desmoronamiento de la OTAN.

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