“El ser humano es pacífico, bueno y empático, pero las estructuras sociales, la civilización y la propiedad privada fomentan la desigualdad, el egoísmo y la corrupción.” “El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe” (Contrato Social, Rousseau Jacques Jean, Siglo XVIII).

“Nada de lo que se hace desde la maldad, queda impune”. (Proverbios 11:21, la Biblia)

Muchas cuartillas, ensayos, artículos y textos se han escrito sobre el manoseado o recurrente tema de la corrupción, específicamente la administrativa.

Entendiéndose como tal, la acción cometida por un funcionario o colaborador del Estado al hacer uso de su cargo o puesto de trabajo para robar, desviar o malgastar dinero/recursos públicos. Abuso de poder en beneficio propio desde su escritorio.

Entre sus diferentes modalidades se encuentran: el desfalco/peculado, al tomar dinero del presupuesto y colocarlo en su cuenta, soborno/cohecho: cobrar el 10% a cambio de aprobar un contrato.

También, la concusión, cuando el funcionario exige dinero para hacer lo que por ley le corresponde hacer, fraude/falsificación, al crear empresas tú a tu, para ganar licitaciones y Negociación Incompatible, cuando un ministro aprueba un contrato para la empresa de un hermano o de su propiedad.

Desde las campañas electorales del hoy presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, el eje básico de sus programas de gobierno ha sido cero tolerancias a la corrupción.

Las tres banderas principales de la lucha denodada del presidente Abinader contra la corrupción, han sido, primero: independencia del Ministerio Público, segundo: Ley 1-21 del DNI, la cual le quitó el control político al Departamento Nacional de Investigación y, tercero: se pasó de puertas cerradas al portal transaccional de Compras y Contrataciones.

100% las compras del Estado deben subirse a Compras y Contrataciones, leyes 340-06 sustituida por la 47-25.

Como parte del combate contra la corrupción durante  la administración Abinader, se han llevado a cabo desde el Ministerio Público Independiente, las  siguientes operaciones: 12, Nido, Coral, Coral 5G, Calamar, Camaleón, entre otras.

La percepción internacional del país respecto al combate contra la corrupción ha mejorado. La nación dominicana subió 9 puestos en el Índice de Percepción contra la Corrupción, de la institución Transparencia Internacional, años 2020-2023. Del puesto 137/180 a 128/180.

Asimismo ha habido en los gobiernos del presidente Abinader cero escándalos en su entorno directo. Hasta el año 2026 no hay casos vinculados a familiares o funcionarios de primer nivel del gobierno del presidente.

Transparencia de compras. El 98% de las compras del año 2024, se hicieron por el portal, vs 67% en 2019, conforme la Dirección de Compras y Contrataciones.

Durante los gobiernos del presidente Abinader, se ha roto con el patrón de impunidad de gobiernos anteriores, rompió el control del Ejecutivo sobre el Ministerio Público y hay más procesos judiciales abiertos vs exfuncionarios que en los últimos 20 años juntos. Ahora hay más persecución judicial, más transparencia en compras y hay más espacio para seguir creciendo.

Entre los retos que se enfrentan actualmente, se encuentran pasar de procesos a más condenas firmes de los casos que se ventilan en los tribunales y, bajar la nación dominicana del top 128 de países con mayor percepción de corrupción.

Al compararse el presente gobierno de los 6 años cumplidos de la gestión gubernamental Abinader con las dos gestiones de gobiernos pasados, se puede señalar que los gobiernos de Abinader 2020-2026, se han recuperado, ya confirmado, más de RD$6,500 millones.

RD$3,500 millones recuperados por el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), RD$3,000 millones por casos de las EDE.

Actualmente, hay más de RD$130,000 millones en proceso de recuperación, conforme el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público.

De los casos Coral de RD$4,500 millones, de ellos se han recuperado RD$18.4 millones, más de 125 propiedades ocupadas. 2 empresas acordaron pagar RD$40 millones al Estado.

Se han detenido unas 517 compras irregulares evitándose fraude por RD$43,000 millones.

Los RD$6,500 millones recuperados, conforme el decreto núm. 22-21, Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, se establece que todo lo recuperado va directamente a la Tesorería Nacional, registrándose como parte del Presupuesto General del Estado.

Dichos fondos, han sido dirigidos al sector eléctrico a los fines de disminuir el déficit de las distribuidoras y pagar deudas. También se han destinados a gasto social y de capital.

Realmente, la lucha contra la corrupción es una cruzada que lleva a cabo el gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, lucha que no tiene tregua. No se debe bajar la guardia pues aunque no se elimine la corrupción totalmente hay que seguir luchando contra ella.

El presidente Abinader ha reiterado que hará frente a la corrupción y que su gobierno mantendrá una política de tolerancia cero frente a dicho flagelo y advirtió que cualquier irregularidad será enfrentada sin importar quién esté involucrado.

El primer mandatario destaca que lo que sus gobiernos y la presente generación muestran como diferencia respecto a otras administraciones, es la lucha contra la corrupción y preservar la democracia.

Que cada acto de corrupción se va a combatir y lo llevará ante la justicia, sea quien sea.

Asimismo afirma que las acciones contra las irregularidades deben abarcar desde las faltas aparentemente menores hasta los casos de mayor gravedad dentro de la administración pública.

Expresa que se debe ser inflexible desde el acto menos irrelevante hasta los mayores actos de corrupción. Enfatiza que hay que poner de moda la honestidad.

No es un secreto que la corrupción administrativa pública afecta directamente los servicios de: educación, salud, vivienda, en fin todos los servicios que por ley el Estado está obligado a ofrecer a todos los gobernados.

Es un crimen de lesa humanidad atentar contra el bienestar de los habitantes de una nación al hacer uso indebido de los recursos captados a través de impuestos, aranceles, préstamos, donaciones, transferencias, entre otros, que llegan a las arcas del Estado.

La lucha contra la corrupción no debe tener descanso, no debe tener tregua. La lucha debe ser interminable tanto la de una simple desviación de fondo hasta la corrupción encumbrada o de cuello blanco.

La lucha contra este flagelo, chupa sangre, no debe ser una contienda de poses o de simulaciones, debe ser una guerra sin cuartel, firme, decidida, sin dobleces, ni treguas, pues esta debe atacarse, atacarse y atacarse, que definitivamente este crimen será vencido tarde o temprano.

felix.felixsantana.santanagarc@gmail.com

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SANTO DOMINGO.- El aumento del Impuesto Sobre la Renta a 30% para empresas con ingresos superiores a RD$1,000 millones coloca a la República Dominicana entre las naciones con las tasas corporativas más altas del munco, advirtió el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenidas (CREES).

El economista Miguel Collado di Franco, vicepresidente ejecutivo del CREES, explicó que, de 162 países analizados, 122 aplican tasas inferiores a la que regirá en el país a partir de 2027. Esto significa que el 75% de las economías del mundo tiene una carga fiscal empresarial menor que la dominicana.

“Economías que compiten directamente por atraer inversión y capital, como Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Paraguay e Irlanda, mantienen tasas entre 8.5% y 12.5%. Esa diferencia nos deja en desventaja”, señaló Collado di Franco durante su participación en el programa D´AGENDA, que conduce Héctor Herrera Cabral y se transmite por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya.

Incertidumbre para la inversión

El economista indicó que, aunque el incremento se presenta como temporal, los cambios frecuentes en las reglas tributarias generan incertidumbre en las decisiones de inversión, sobre todo en proyectos de largo plazo.

“Con 27%, República Dominicana ya estaba por encima del 67% de los países más grandes del mundo. Con 30% a las empresas grandes, pasamos al 75%. Esto seguirá empujando inversiones hacia sectores con incentivos fiscales y crea distorsiones adicionales”, puntualizó.

Críticas al diseño de la Ley 30-26

Collado di Franco sostuvo que la Ley 30-26 establece dos tasas diferenciadas dentro del régimen ordinario: 27% para un grupo de contribuyentes y 30% para otro. Además, mantiene el esquema de anticipos, que calificó como “odioso” porque obliga a las empresas a adelantar al fisco recursos que podrían destinarse a actividades productivas.

“Esta ley tiene una vocación totalmente fiscalista. No corrige distorsiones ni reduce costos a la economía. El concepto de procrecimiento no es consistente con lo que establece la norma”, afirmó.

Recordó que el ISR corporativo subió a 29% con la reforma de 2009, bajó a 27% en 2013 y ahora se eleva a 30% hasta 2029, año en que se prevé una reforma tributaria estructural.

Ahorro prometido no se concretiza

El CREES también cuestionó el plan de austeridad anunciado por el gobierno en abril, que prometía contener RD$40,000 millones de gasto por la situación en Medio Oriente.

“No se le puso nombre y apellido a ese gasto ni se presentó un presupuesto reformulado. Los reportes semanales de la Dirección General de Presupuesto indican que el gasto sigue al mismo ritmo. No es casualidad que ahora se quiera recaudar un monto similar con la Ley 30-26”, dijo Collado.

Combustibles: pide reformar cálculo de precios

El vicepresidente del CREES propuso además reformar la metodología para fijar los precios de los combustibles y mejorar la información que se ofrece al consumidor.

“Los impuestos representan más de la tercera parte del precio final de un galón de gasolina premium. Hace falta una reforma importante en el cálculo. En países como Guatemala los precios son libres y reflejan mejor las variaciones internacionales”, explicó.

Collado abogó por un mercado con precios de referencia y mayor transparencia, sin márgenes fijados por normativa, para eliminar distorsiones y reducir la carga tributaria que hoy pesa sobre los combustibles.

SANTO DOMINGO. – Al cumplirse dos meses de la promulgación de la Ley 16-26 sin que se haya anunciado la integración de la comisión responsable de su ejecución, el Comité Institucional Codiano (CIC) informó que intimó formalmente al Ministerio de Hacienda y Economía y presentó el caso ante el Defensor del Pueblo y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

El vocero del CIC, ingeniero Miguel Liberato, explicó que el pasado 1 de junio la entidad solicitó al Ministerio de Hacienda y Economía información sobre la conformación de la comisión contemplada en la ley, encargada de validar, depurar, reconocer y viabilizar el pago de las acreencias históricas de contratistas de obras públicas.

Indicó que, al no recibir respuesta dentro del plazo establecido, el comité depositó una intimación formal para exigir el cumplimiento del deber legal de responder, conforme a los principios de la administración pública y al derecho ciudadano de obtener respuestas de las instituciones del Estado.

Asimismo, el CIC solicitó la intervención del Defensor del Pueblo para que, dentro de sus atribuciones, garantice la tutela de los derechos de los ciudadanos frente a la inactividad administrativa que, según afirma, retrasa la aplicación de una legislación vigente.

La organización también puso el caso en conocimiento de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el propósito de que determine si la falta de respuesta se ajusta a los principios de transparencia, buena administración, eficacia y respeto al ciudadano que deben regir la actuación de los organismos públicos.

Liberato aseguró que todas las gestiones realizadas por el comité se han desarrollado por las vías institucionales y dentro del marco del Estado de derecho.

«En una democracia, la defensa de los derechos ciudadanos debe ejercerse mediante los mecanismos que establecen la Constitución y las leyes. Ese ha sido nuestro proceder desde la promulgación de la Ley 16-26», expresó.

El CIC reiteró que su propósito no es confrontar a las autoridades, sino obtener información sobre la fecha en que será integrada oficialmente la comisión ejecutora y el cronograma de trabajo para poner en marcha la ley.

La entidad recordó que la legislación busca atender las acreencias pendientes de decenas de contratistas de obras públicas, muchas de ellas acumuladas durante décadas. Señaló que entre los afectados figuran personas de edad avanzada y familiares de profesionales fallecidos sin haber recibido el reconocimiento de los derechos derivados de trabajos ejecutados para el Estado.

«Cada día de retraso tiene consecuencias humanas. Hay contratistas que esperan cobrar en vida y familias que llevan años aguardando una respuesta. La integración de la comisión representa no solo el cumplimiento de la Ley 16-26, sino también un acto de justicia para quienes han esperado durante décadas el reconocimiento de sus acreencias», concluyó Liberato.

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