Aunque no se dispone de una serie pública continua de precios minoristas para los distintos tipos de carnes y cereales entre 2020 y 2025, es posible construir una aproximación robusta a partir de los precios observados y de las variaciones acumuladas reportadas por el Banco Central y otras instituciones especializadas.

A partir de esas estimaciones, puede establecerse que durante el período señalado el precio de la carne de pollo fresco aumentó entre un 40% y un 55%; la carne de cerdo entre un 45% y un 65%; y la carne de res entre un 40% y un 55%. Sobre los cereales, el precio del maíz registró incrementos de entre un 50% y un 70%, mientras que la harina de trigo experimentó aumentos de entre un 45% y un 60%.

Conviene anotar que entre 2020 y 2025 la inflación acumulada en la República Dominicana se situó alrededor del 30%. Esto significa que los precios de los bienes alimentarios referidos crecieron significativamente más que el promedio general de precios de la economía.

Conjuntamente, las importaciones de estos alimentos registraron una expansión extraordinaria. Entre 2020 y 2025 las importaciones de carnes pasaron de US$204 a US$673 millones, mientras que las de cereales aumentaron de US$423 a US$666 millones.

Este comportamiento sugiere que el fenómeno inflacionario no puede explicarse por un exceso de demanda. Más bien, parece reflejar una combinación de factores estructurales: la dependencia de insumos importados, el aumento de los precios internacionales de los granos, el encarecimiento de los costos de producción pecuaria y un crecimiento insuficiente de la oferta nacional para responder al aumento de la demanda.

Precisamente ahí radica la explicación de por qué el incremento masivo de las importaciones de carnes y cereales no se tradujo en una reducción de precios ni en una contención efectiva de estos. Lo que se observa es una agricultura y una ganadería cada vez más dependientes de insumos cuyos precios se determinan fuera de nuestras fronteras.

Si bien esa afirmación puede ser técnicamente correcta bajo determinados criterios de medición, debe analizarse con cautela. Los datos sobre importaciones revelan una realidad mucho más compleja: el país produce una parte importante de los alimentos que consume, pero depende cada vez más del exterior para sostener esa producción.

Detrás de una libra de pollo, una libra de carne de cerdo o una docena de huevos producidos localmente existe una larga cadena de insumos importados: maíz, soya, trigo, fertilizantes, combustibles, medicamentos veterinarios, equipos y tecnologías. Por tanto, una cosa es la autosuficiencia aparente y otra muy distinta la seguridad alimentaria real.

Por ello, aunque una parte significativa de los alimentos se produzca localmente, la seguridad alimentaria nacional es considerablemente más vulnerable de lo que sugieren las cifras oficiales de autosuficiencia.

La principal conclusión es clara: hoy la República Dominicana depende más de los mercados internacionales para alimentar a su población que hace cinco años. El país continúa produciendo una parte importante de sus alimentos, pero cada vez necesita importar más insumos para hacerlo.

En definitiva, el debate no debería centrarse únicamente en cuánto produce el país, sino en cuánto depende del exterior para producirlo. Ahí radica la diferencia entre una autosuficiencia aparente y una seguridad alimentaria verdaderamente sostenible.

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Los dos terremotos de gran intensidad y los centenares de réplicas sísmicas que devastaron el centro-norte de Venezuela han despertado inusitada solidaridad global lo que reafirma el gran aprecio, respeto y admiración que la comunidad internacional profesa a la Patria de Bolívar y a su noble e intrépido pueblo.

La crisis económica, política e institucional que abate a Venezuela se agrava aún más con la ocurrencia de sendos sismos de magnitud 7.2 y 7.5, que con epicentros diferentes se produjeron con escaso intervalo de 39 segundos,  lo que produjo solo en la ciudad costera de La Guaira el derrumbe de 120 torres.

Aunque al viernes se contaron 920 y 3,360 heridos, el Servicio Geológico de Estados Unidos, por la magnitud de los sismos y por la superficialidad de sus epicentros, proyecta que el número de víctimas podría sobrepasar los diez mil y mucho más.

Se estima también que las pérdidas económicas que sufriría Venezuela a causa de este evento sísmico estarían en un rango del 1% al 7% del Producto Interno Bruto (PIB) y que el proceso de reconstrucción tardaría años, aun con desembolsos rápidos de donaciones o créditos por parte de organismos internacionales.

Porque los dos terremotos han sido muy superficiales, el segundo liberó  tres veces más energía que el primero y porque las construcciones en las zonas afectadas son de estructura y materiales débiles, se pronostica una cantidad mayor de muertos y heridos, pese a los  esfuerzos por rescatar sobrevivientes.

Se resalta la rápida presencia en el teatro de la tragedia de personal y equipos   de rescate, procedentes de España, República Dominicana, Francia, Alemania, Reino Unido, Colombia, El Salvador,  Estados Unidos y de muchas otras naciones, que a pesar de desapegos ideológicos asumen su compromiso de solidaridad.

Estados Unidos movilizó hacia Venezuela buques anfibio y de combate, aviones de transporte, de reconocimiento y helicóptero, pero esta vez no en términos bélicos, sino para evaluar danos, localizar heridos y entregar ayuda, además de liberar US$150 millones en asistencia directa.

Los dominicanos tenemos deudas históricas de gratitud con Venezuela, por lo que la tragedia que abate hoy a ese pueblo, representa una oportunidad para que el gentilicio nacional extienda su mano solidaria hacia los hermanos venezolanos.

No olvidemos que Venezuela acogió a Juan Pablo Duarte en un nostálgico exilio que se prolongó hasta su muerte, que alentó la lucha contra la tiranía de Trujillo, por lo cual el presidente Rómulo Betancourt sufrió un atentado ordenado por el sátrapa y que el programa Petrocaribe nos ayudó a sobrellevar la crisis petrolera. Son nuestros hermanos.

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En términos generales, puede sostenerse que la policía constituye un cuerpo civil armado del Estado, debido a que su función principal es garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la aplicación de las leyes, sin formar parte de las fuerzas militares ni estar destinada a la defensa nacional. En la mayoría de los Estados democráticos, las policías dependen de ministerios o instituciones civiles y están sujetas a autoridades políticas civiles, no militares.

Aunque las policías utilizan armas, uniformes, rangos y una estructura jerárquica similar a la militar, ello no las convierte automáticamente en instituciones castrenses. Tales elementos responden a necesidades organizativas y operativas. En nuestro país, la Policía Nacional está adscrita al Ministerio de Interior y Policía y es dirigida por un director general, lo que evidencia su carácter esencialmente civil.

Como consecuencia de la globalización y del incremento de los flujos migratorios, las sociedades contemporáneas enfrentan nuevos desafíos en materia de seguridad ciudadana. La movilidad humana, sumada a profundas diferencias culturales y sociales, ha generado fenómenos complejos que obligan a los Estados a ampliar, profesionalizar y tecnificar sus cuerpos policiales para enfrentar eficazmente las distintas modalidades delictivas previstas en las legislaciones penales.

Al no depender de ningún órgano militar, los miembros de la Policía Nacional no están jurídicamente obligados a rendir honores o saludos protocolares a oficiales pertenecientes a otras instituciones armadas. Sin embargo, en nuestro país subsisten prácticas heredadas de épocas autoritarias, especialmente del régimen trujillista, que han perpetuado la costumbre de que agentes policiales se coloquen en posición de atención frente a oficiales de otras fuerzas, incluso cuando estos se encuentran retirados.

Más preocupante aún es que, en determinadas circunstancias, algunos miembros de instituciones castrenses, activos o retirados, pretendan hacer valer su rango para evadir la aplicación de las leyes o recibir un trato privilegiado durante una actuación policial. Tal conducta contradice el principio constitucional de igualdad ante la ley y debilita la institucionalidad democrática. Essas demandas de militares tanto activos como retirados, son los promotores de las violaciones a la ley, y por ende, la delincuencias, la corrupción, lavado de activos y narco tráfico, como se ha estado reseñando en todos los medios.

Ningún rango militar o policial debe constituirse en un privilegio que coloque a una persona por encima de la ley. Por el contrario, quienes ostentan grados dentro de las instituciones armadas y policiales están llamados a ser ejemplo de respeto al ordenamiento jurídico. La lucha contra la delincuencia, la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico exige que la ley se aplique con el mismo rigor a todos los ciudadanos, sin excepciones ni privilegios.

Paradójicamente, una parte importante de nuestra sociedad rechaza los privilegios y las prerrogativas de origen militar, al tiempo que manifiesta un profundo malestar cuando se le recuerdan las prácticas autoritarias heredadas de la dictadura trujillista. Sin embargo, muchas de esas costumbres continúan reproduciéndose cotidianamente, ya sea por tradición, temor, conveniencia o simple inercia cultural.

Esta contradicción revela que, pese a los avances democráticos, aún subsisten en el imaginario colectivo rasgos de una cultura política que privilegia las jerarquías personales por encima de la supremacía de la ley.

Mientras persistan privilegios informales sustentados en rangos o influencias personales, la igualdad ante la ley seguirá siendo una aspiración más que una realidad. La consolidación del Estado de derecho exige que civiles, militares y policías respondan por igual ante la ley, sin distinciones ni prerrogativas ajenas al orden constitucional.

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