El Estado dominicano es el único que cuenta con tres órganos superiores de control con rango constitucional (artículo 246 Constitucional). Ellos -Congreso Nacional,  Cámara de Cuentas y Contraloria General de la República- tienen como tareas fiscalizar el patrimonio, el ingreso, el gasto y, por demás, el uso por destino de los fondos públicos.

Si bien cierto y harto evidente la dispersión institucional cada vez mayor, no es menos cierto que es notaria la ausencia de un régimen de sanciones sobre los cuentandantes que incurren en actos reñidos con la ética en el manejo de los fondos públicos.

Están pendientes de aprobación los Reglamentos que el marco jurídico del sistema nacional del control ordena, lo que deja abierta las compuertas al dispendio y a las desviaciones de los fondos públicos. Algo peor, los órganos de control carecen de sendos regímenes de sanciones.

Urge realizar una reingeniería integral a la función contralora, al marco administrativo y jurídico en el marco de los objetivos que cumplen hoy día el Estado moderno.

La dispersión atenta contra la eficacia, eficiencia, economicidad y el uso por destino de los fondos públicos, dando paso a la generalizada corrupción e impunidad en todos los estamentos del Estado, los poderes públicos, del gobierno y sus instituciones.

Es pertinente, relevante, y oportuno (hoy más que ayer), fusionar la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, las Superintendencias, erigir y dar rango constitucional al Poder Contralor y delegar, asignar, a éste, las tareas de fiscalizar el patrimonio, el ingreso, el gasto y el uso por destino de los fondos públicos.

¿A cuánto asciende el patrimonio público? ¿Cuáles bienes integran el patrimonio público? ¿Conoce la administración pública los hechos que graba el sistema tributario?  ¿En ocasión, alguna, se ha podido cualificar y/o cuantificar el uso por destino de los fondos púbicos?

La Contraloría General debe dar respuestas a estas y otras interrogantes.

La función de control es el eje transversal del paradigma del proceso administrativo y la herramienta idónea para lograr una gestión pública eficaz, eficiente, y económica.

 miganseverino@yahoo.com

JPM

El proyecto de nuevo código penal establece penas de prisión para los funcionarios que no acaten una sentencia o el mandato de la ley.

El funcionario que obstaculice o impida la ejecución de una ley o sentencia será sancionado con penas de prisión de dos a tres años y de siete a nueve veces el salario mínimo del sector público. Es decir, se le impondrá una multa de más de 50 mil pesos.

Este nuevo delito se denomina en el proyecto como “sanción por obstáculos de ejecución de una ley o sentencia”, ubicado en el libro cuarto del proyecto, y pertenece al capítulo de la infracciones contra la administración pública cometidas por personas que ejercen una función pública. Es decir, que esta infracción es una conducta contra la administración pública. El proyecto de código lo establece en el artículo 299 y se expresa:

“Artículo 299. Sanción por obstáculo de ejecución de una ley o sentencia. El funcionario o servidor público que, en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de sus funciones, obstaculice o impida la ejecución de una ley o una sentencia o decisión pronunciada por un tribunal nacional con autoridad legal para ser ejecutada será sancionado con dos a tres años de prisión menor y multa de siete a nueve veces el salario mínimo del sector público que perciba el imputado al momento de la comisión de la infracción.”

Los delitos contra la administración pública protegen el bien jurídico viene a ser el normal y recto funcionamiento de la Administración Pública. “es el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, institución fundamental para la convivencia social y desarrollo de las libertades y otros principios democráticos de cualquier país” afirma la doctrina comparada.

Este delito ha sido una reclamación por abogados y el resto de la sociedad, toda vez, que en el ejercicio del derecho, los abogados enfrentamos a diario muchas dificultades para ejecutar lo decidido por los tribunales de la república o el no acatamiento de la ley.

La Constitución en su artículo 159 pone a cargo de ejecutar las sentencias al Poder Judicial, pero históricamente este poder, no ha cumplido con este mandato constitucional. Ha sido poco diligente en el ejercicio de dicha regla.

“Artículo 149.- Poder Judicial. La justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por esta Constitución y por las leyes. Párrafo I.- La función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. ..”

Se prevé con esta regla penal muchos funcionarios presos. Miles de sentencias no se acatan en la RD. Es un gran dolor de cabeza para el ejercicio de los abogados y el usuario de la justicia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una línea jurisprudencial de responsabilidad internacional contra Estados por no ejecutar una sentencia. Y ha dicho que él no cumplimento de una sentencia es una violación al acceso a la justicia.

Ya lo dijo la corte IDH: El Estado violó la Protección Judicial y el Acceso a la Justicia. La responsabilidad del Estado no termina con la sentencia, termina con la ejecución de la sentencia. “La corte ha señalado, en virtud del artículo 25.2.c de la convención, que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten una decisión o sentencia, sino que requiere además que el Estado garantice los medios para ejecutar las decisiones definitivas, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados.” Corte IDH. Cuscul Pivaral y otros. Vs. Guatemala. Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359 (69).

hngarrido@yahoo.es