En un escenario político de fricciones, la figura del presidente Luis Abinader emerge con una ambigüedad estratégica. A simple vista, la proliferación de más de “quince precandidatos” presidenciales dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) podría interpretarse como señal de desorden o ausencia de liderazgo firme.

Al observar con ojos de cirujano, es posible interpretar esta pluralidad no como una debilidad, sino como una sofisticada maniobra de control: una arquitectura diseñada para garantizar que, gane quien gane, el verdadero poder siga orbitando en torno a su figura.

En este artículo procuro suponer que Abinader no está jugando una partida para seguir en el poder directamente, sino para mantenerse en el centro del tablero político más allá del 2028, incluso sin la posibilidad de ser candidato, por ahora. Esta estrategia, que mezcla distanciamiento discursivo con intervención táctica, abre una nueva lectura sobre la naturaleza del liderazgo político en las democracias contemporáneas.

Fragmentación deliberada

El PRM atraviesa una etapa inédita: al menos “veinte figuras” con aspiraciones presidenciales emergen, cada una buscando espacio, respaldo y estructura. Pero esta diversidad de liderazgos podría estar ocurriendo bajo el consentimiento —e incluso el auspicio— de Abinader. Al permitir una división controlada, el presidente consigue: 1)-Dispersar las ambiciones que podrían consolidarse en una figura que lo desafíe.

2)-Mantenerse como árbitro imprescindible dentro del partido.
3)-Proteger su legado, evitando que un solo bloque defina el futuro del PRM sin su influencia.
Y 4)-En términos tácticos, es una forma de evitar la “hiperconcentración de poder” en terceros, y de garantizar que todos —desde los más radicales hasta los más moderados— necesiten su mediación para avanzar.

¿Y si “su candidato” no gana?

La posibilidad de que el precandidato que reciba su bendición, “si es que lo hace”, no resulte electo no representa necesariamente una derrota para Abinader. Al contrario, en ese escenario se activa un nuevo modo de poder: el de referente indispensable. Si su “delfín” pierde, puede adoptar el papel de figura moderadora, custodio del orden interno, e incluso convertirse en el garante de unidad frente a una eventual crisis post-convención

Además, si el PRM pierde el poder en 2028, Abinader podría convertirse en el nuevo líder opositor natural, sin el desgaste de la campaña ni las contradicciones del ejercicio directo del poder. Es, en esencia, un juego donde incluso la derrota puede generar capital político si se administra con inteligencia.

Liderazgo residual y permanencia

En teoría política se conoce como liderazgo residual a aquel que, aun sin ocupar una función oficial, conserva el poder institucional o mediador para seguir influyendo en las decisiones políticas.

Para que eso ocurra, Abinader necesita: Mantener su aprobación pública por encima del promedio.
Evitar escándalos o errores graves en el tramo final de su gobierno.
Consolidar una narrativa de estadista que privilegió la estabilidad y las instituciones por encima del ego y la ambición.

Este tipo de liderazgo, más frecuente en sistemas parlamentarios, ha sido replicado con éxito en América Latina por figuras como Lula da Silva o Michelle Bachelet. En ambos casos, se mantuvieron como faro ideológico y político de sus partidos incluso después de dejar la presidencia.

Una segunda reforma constitucional

Luis Abinader ya reformó la Constitución, con el propósito de fortalecer la institucionalidad y garantizar la independencia del Ministerio Público. Ese acto, celebrado por muchos sectores como muestra de madurez política, ahora lo condiciona.

Modificarla nuevamente para habilitar una reelección para el 2028 sería un giro que no solo lo enfrentaría a sus propias palabras, sino que podría fracturar su imagen de líder ético. En ese sentido, cualquier movimiento hacia la continuidad debe considerar: 1) El costo discursivo de contradecirse públicamente; 2) La reacción de la sociedad y múltiples sectores de influencia civil y los organismos internacionales; 3) La erosión de su capital simbólico acumulado.

En este punto, el dilema es profundo: ¿vale más una nueva gestión o un legado sin manchas?

¿Una jugada audaz o una retirada estratégica que lo mantenga como figura reverenciada y disponible para escenarios futuros?

Según la Biblia: “Todo es posible para el que cree”.

La modificación constitucional la puede hacer otro.

De árbitro a patriarca político

Lo que parece estar construyendo Abinader ya ha sido ensayado en otros contextos: Lula en Brasil logró sostener su influencia durante más de una década sin ocupar el cargo.
Álvaro Uribe en Colombia mantuvo control sobre su partido incluso después de que su delfín Santos rompiera con él. Y las fricciones posteriores que permitieron el triunfo de Petro.

Macron en Francia, pese a perder el control legislativo, siguió siendo el centro de gravedad de su movimiento político.

En todos estos casos, el verdadero liderazgo no residía en el cargo, sino en la capacidad de influir, ordenar, negociar y representar una identidad más allá de las coyunturas.

El juego largo de Abinader

El presidente Luis Abinader podría estar jugando una de las partidas más inteligentes de la política contemporánea del país. Al permitir múltiples precandidaturas en su partido, al evitar posturas cerradas sobre su futuro, y al mantenerse como figura moderada y modernizadora.

Se puede inquirir que Abinader está tejiendo una red de influencia que podría proteger su legado, garantizar su vigencia y permitirle rea-parecer —si el país lo requiere— en una nueva coyuntura, como garante de estabilidad o como constructor de consenso.

No se trata de una derrota planificada, sino de una transición meticulosamente administrada, en la que la figura presidencial no desaparece con el mandato, sino que se transforma en símbolo, referencia y árbitro de la política dominicana.

La síntesis de todo el discurso: “El que fue llamado una vez, puede ser llamado otra, si su tiempo aún no ha terminado.”

jpm-am

En ese sentido, el destacado jurista francés considera el órgano del Estado como la instancia mediante la cual la voluntad de la persona jurídica Estado se manifiesta en actos concretos. Por tanto, no es el individuo en sí mismo quien actúa, sino el Estado a través de él. Siendo así, el órgano constituye la “boca” del Estado, su medio de expresión, lo que permite que una entidad abstracta y colectiva se haga presente en la realidad.

Sin embargo, en este aspecto, el autor establece un claro distanciamiento entre el funcionario como persona física y el órgano como función institucional, lo que conduce a que el poder no reside en el individuo, sino en la institución que lo habilita a hablar en nombre del Estado.

Lo anterior deja claramente establecido que, a pesar de que los órganos estén compuestos por personas físicas, sus decisiones no se deben confundir con la esfera privada de quienes las emiten. En sintonía con este criterio está el ejemplo de un juez cuando dicta sentencia, el cual no lo hace en nombre propio sino en nombre del Poder Judicial, y por extensión, del Estado mismo. Otro ejemplo es el de un legislador al aprobar una ley o de un presidente al promulgarla. La voluntad estatal se construye y exterioriza a través de órganos que cumplen funciones delimitadas, sujetas a normas y procedimientos.

Como se puede apreciar, el aporte de Malberg no se limita a su precisión técnica, sino que refleja su relevancia práctica para reflexionar sobre los límites del poder. Concebir al órgano como instrumento del Estado, impidiendo la personalización de las funciones públicas. Es un antídoto efectivo contra el riesgo de que los funcionarios se apropien del poder y lo ejerzan como si fuera patrimonio personal.

Sin duda, Carré de Malberg marcó el punto de partida del órgano, cuando lo describió como el medio a través del cual el Estado exterioriza su voluntad, seguido por juristas de la talla de Hans Kelsen, quien, en su Teoría Pura del Derecho, retomó la idea del órgano, pero la vinculó directamente con la norma.

Para Kelsen un órgano es aquel sujeto o conjunto de sujetos cuya conducta se entiende jurídicamente como la manifestación de un acto del Estado.

De su lado, Norberto Bobbio, desde una mirada más politológica y filosófica, consideró al órgano del Estado como un instrumento esencial de la división del poder. En su conocida obra, Teoría General de la Política, este sostiene que los órganos cumplen una función decisiva en la distribución de competencias dentro del Estado, lo que asegura la limitación recíproca entre poderes.

Por su lado, Peter Häberle, con una perspectiva más contemporánea y constitucional, sostiene que los órganos del Estado deben entenderse como espacios de concreción del principio democrático.

Finalmente, se debe recordar que, como dice Malberg, el poder, para ser legítimo, debe pertenecer siempre a la institución y nunca al individuo.

jpm-am