No podemos negar que la República Dominicana ha avanzado institucionalmente durante las últimas décadas. Además de sostener principios democráticos elementales, como el derecho a elegir y ser elegido, contamos con órganos colegiados llamados a preservar el orden constitucional y el equilibrio entre los poderes públicos.

Las altas cortes, la Junta Central Electoral y el Consejo Nacional de la Magistratura forman parte de ese entramado institucional construido con grandes esfuerzos y no pocas dificultades.

El Consejo Nacional de la Magistratura se encuentra nuevamente ante una de sus responsabilidades más importantes: evaluar a siete jueces de la Suprema Corte de Justicia y cubrir las vacantes dejadas por cuatro magistrados que decidieron no someterse al proceso de evaluación.

En medio de este proceso han comenzado a escucharse voces que reclaman al CNM seleccionar a un juez de carrera para presidir ese alto tribunal de justicia.

El planteamiento puede ser legítimo y hasta conveniente para determinados sectores, pero no debe presentarse como una obligación constitucional ni como la única fórmula capaz de garantizar la independencia del Poder Judicial.

La Constitución no establece que la presidencia de la Suprema deba recaer necesariamente sobre un juez de carrera. Su artículo 180 dispone que las tres cuartas partes de los integrantes de esa alta corte deben ser escogidas entre jueces pertenecientes al sistema de carrera judicial. La cuarta parte restante puede proceder del ejercicio profesional del derecho, la academia o el Ministerio Público.

La misma disposición constitucional entrega al CNM la facultad de decidir cuál de los jueces escogidos ocupará la presidencia y quiénes serán su primer y segundo sustitutos. No establece ninguna condición adicional que reserve esos cargos a los jueces de carrera.

Por consiguiente, tan constitucional sería escoger a un magistrado proveniente de la carrera judicial como designar a un abogado del ejercicio profesional o de la academia, siempre que posea la preparación, la experiencia, la independencia y las condiciones éticas necesarias para dirigir el Poder Judicial.

Hasta la reforma constitucional de 1994, los jueces de la Suprema Corte eran seleccionados por el Senado. En aquel procedimiento resultaba evidente la influencia de los partidos políticos, especialmente de la organización que controlaba la mayoría congresual.

Desde entonces, los distintos presidentes de la República han procurado influir, orientar o sugerir a quien consideran con mejores condiciones para encabezar el alto tribunal. El verdadero desafío consiste en impedir que esa influencia se convierta en subordinación partidaria o en control de las decisiones judiciales.

Tampoco resulta razonable sostener que la sola condición de juez de carrera garantiza una mejor conducción institucional o que quien procede del ejercicio profesional llegará necesariamente comprometido con intereses políticos.

Lo verdaderamente importante no es exclusivamente de dónde viene una persona, sino cuáles son sus valores, su preparación, su carácter y su compromiso con la independencia judicial.

En definitiva, el CNM no está obligado a ceder ante las presiones que pretenden convertir la presidencia de la Suprema en una posición reservada exclusivamente a los jueces de carrera.

La carrera judicial merece respeto y reconocimiento. El país cuenta con magistrados de gran capacidad que podrían desempeñar dignamente esa función. Sin embargo, la presidencia de la Suprema Corte no constituye un ascenso automático ni la última estación de un escalafón profesional.

Se trata de una responsabilidad constitucional cuya elección corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura. Si la persona mejor preparada pertenece a la carrera judicial, debe ser escogida. Pero si otro jurista reúne mayores condiciones para dirigir la institución, nada impide constitucionalmente su designación.

Al final, el país no necesita un presidente de la Suprema definido únicamente por su procedencia. Necesita una persona competente y capaz de colocar la justicia por encima del Gobierno, los partidos políticos y los intereses particulares.

POR CARLOS SALCEDO

La renovación de la Suprema Corte de Justicia constituye uno de esos momentos en que el país debe mirar más allá de nombres y circunstancias coyunturales. No estamos únicamente ante la evaluación de jueces que aspiran a permanecer en sus cargos. Las decisiones de varios magistrados de no someterse al proceso han abierto vacantes que obligarán al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a evaluar y, además, a seleccionar nuevos integrantes del máximo tribunal del Poder Judicial.

Es, por tanto, una oportunidad institucional que debe ser asumida con serenidad, responsabilidad y visión de Estado.

La evaluación de quienes aspiran a continuar no puede convertirse en un juicio sobre el contenido de sus sentencias. Un juez no debe ser ratificado porque sus decisiones hayan complacido a determinados sectores, ni excluido porque hayan resultado incómodas. Lo que corresponde examinar es su trayectoria, independencia, integridad, capacidad jurídica, productividad y desempeño.

Pero igual trascendencia tiene la selección de quienes habrán de ocupar las vacantes. Allí reside una de las mayores responsabilidades del CNM: escoger personas cuya autoridad jurídica y moral contribuya a fortalecer la confianza en la justicia.

La legitimidad constitucional de la jurisdicción no se agota en su legitimidad de origen. Que un tribunal haya sido creado por la Constitución y que sus integrantes hayan sido designados conforme a ella es indispensable, pero no suficiente. La legitimidad se construye también en el ejercicio de la función: en la independencia con que se decide, en la calidad de la argumentación, en la coherencia de los precedentes, en el respeto a los derechos fundamentales y en la capacidad de hacer prevalecer la Constitución aun cuando ello resulte molesto.

Esto adquiere particular importancia en una Suprema que no solo resuelve conflictos concretos, sino que contribuye decisivamente a la construcción del Estado Constitucional y a la seguridad jurídica de la nación.

La renovación, pues, no debe ser entendida como ruptura. Debe conjugar continuidad y cambio; experiencia y renovación; memoria institucional y nuevas perspectivas.

El CNM tiene ante sí una responsabilidad que trasciende el período de los escogidos. De sus decisiones dependerá, en buena medida, la calidad jurídica y la autoridad institucional de la Suprema durante los próximos años.

No se trata simplemente de decidir quiénes entran y quiénes permanecen. Se trata de decidir qué justicia queremos fortalecer.

En un Estado constitucional, la única respuesta es una justicia independiente, íntegra y legítima ante la Constitución y ante la sociedad.

POR TEODULO ANTONIO MERCEDES

Cuando los precios de la onza troy de oro se cotiza 4,400 USD, la plata se sitúa cerca de los 65 USD por onza troy y el cobre cotiza alrededor de los 6.50 USD por libra, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ordenó en mayo del presente la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el Proyecto Romero de la minera GoldQuest Mining Corp. en San Juan de la Maguana, tras masivas protestas sociales en contra del desarrollo del mismo.

La paralización provocó una fuerte caída en el valor bursátil de la empresa canadiense y de otras firmas del sector en los mercados. Mientras, la GoldQuest dominicana ha defendido la viabilidad técnica de la mina —asegurando que sería subterránea y sin uso de cianuro—, pero enfrenta cuestionamientos y denuncias sobre posibles conflictos de intereses institucionales, al detectarse que miembros de su junta directiva eran funcionario del Ministerio de Energía y Minas .

Solamente estas actividades realizaron las paralizaciones de solicitud de permisos mineros los cuales se estaban desarrollando como nunca en nuestro suelo, por ser dicho proyecto el ultimo descubrimiento minero con real posibilidad de desarrollo descubierto en terreno virgen de la cordillera central

Aunque es cuestionable la forma que se ha manejado las relaciones públicas de la empresa, no menos cierto es que las argumentaciones de los ambientalistas que se oponen al desarrollo del proyecto  no presentan los argumentos técnicos posibles que determinen su inviabilidad.

Con este problema minero el cual el Estado hasta hoy , no encuentra solución, se agrega

La decisión adoptada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) , presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía, junto a los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026, donde se cancela los contratos de concesión minera suscritos entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana, S.A, poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.

El fallo responde a una acción interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fon-per), en representación del Estado dominicano, luego de que fueran identificados incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, entre otras, además de la presentación de los informes técnicos requeridos por la legislación minera.

Como se puede observar, dichas medidas no se toman por violaciones ambientales , sino por otras violaciones que nada tienen que ver por lo habitual, pues unas de las empresa minera que con el correr del tiempo ha cumplido con las normas ambientales vigentes ha sido Falconbridge Dominicana, que convirtió estos requerimientos : La restauración de la biodiversidad., Conservación y protección de la Fauna y Flora, Control de emisiones atmosféricas, Manejo integral del agua: Calidad y Protección., Gestión de residuos. Calidad ambiental, Humedal para tratamiento de efluentes en las instalaciones. en normas generales para el entorno minero.

Para el TSA, estos incumplimientos afectan obligaciones esenciales vinculadas directamente con la finalidad de la con-cesión: la explotación efectiva de los recursos mineros otor-gados por el Estado y la obligación de mantener informadas a

las autoridades sobre su desarrollo, esto último, son actividades normales de las compañías nacionales, las cuales son renuentes a dar informaciones al Estado, olvidando así  que dicha institución es el dueño total de los minerales que permiten su trabajo.

la cancelación de la concesión minera a Falconbridge dominicana conlleva la finalización de una de las empresas multinacional más vieja en nuestro suelo, pues sus actividades comenzaron el año 1956 con 22,000 hectáreas ubicada entre La Vega y Monseñor Nouel, permaneciendo sin actividad desde noviembre de 2023. Dicha decisión ha generado una fuerte expectativa entre las comunidades y sectores económicos de la zona, pues dicha región y zona obtuvo su desarrollo a la sombra de la creciente actividad minera

A raíz de la paralización de actividades extractiva, la provincia Monseñor Nouel experimentó una disminución en la circulación de efectivo y en la generación de empleos directos e indirectos, pues 900 trabajadores fueron desvinculados en 2024 y recibieron sus prestaciones a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y las obligaciones pendientes con proveedores y contratistas superan los 100 millones de dólares, según estimaciones de acreedores.

Todavía el Estado vía el ministerio de Energía y Minas no ha emitido su parecer sobre esta situación, pues existe mineral suficiente para varios años de operaciones mineras y al mineral existen en los terrenos de la concesión, se pueden anexar lateritas niquelíferas descubiertas en Maimón y las existen en parte de los terrenos de Loma Miranda, las cuales si se suman Darian varias décadas de minado sin inconvenientes.

JPM