Renovar la Suprema sin sombras ni improvisaciones

POR CARLOS SALCEDO

La renovación de la Suprema Corte de Justicia constituye uno de esos momentos en que el país debe mirar más allá de nombres y circunstancias coyunturales. No estamos únicamente ante la evaluación de jueces que aspiran a permanecer en sus cargos. Las decisiones de varios magistrados de no someterse al proceso han abierto vacantes que obligarán al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a evaluar y, además, a seleccionar nuevos integrantes del máximo tribunal del Poder Judicial.

Es, por tanto, una oportunidad institucional que debe ser asumida con serenidad, responsabilidad y visión de Estado.

La evaluación de quienes aspiran a continuar no puede convertirse en un juicio sobre el contenido de sus sentencias. Un juez no debe ser ratificado porque sus decisiones hayan complacido a determinados sectores, ni excluido porque hayan resultado incómodas. Lo que corresponde examinar es su trayectoria, independencia, integridad, capacidad jurídica, productividad y desempeño.

Pero igual trascendencia tiene la selección de quienes habrán de ocupar las vacantes. Allí reside una de las mayores responsabilidades del CNM: escoger personas cuya autoridad jurídica y moral contribuya a fortalecer la confianza en la justicia.

La legitimidad constitucional de la jurisdicción no se agota en su legitimidad de origen. Que un tribunal haya sido creado por la Constitución y que sus integrantes hayan sido designados conforme a ella es indispensable, pero no suficiente. La legitimidad se construye también en el ejercicio de la función: en la independencia con que se decide, en la calidad de la argumentación, en la coherencia de los precedentes, en el respeto a los derechos fundamentales y en la capacidad de hacer prevalecer la Constitución aun cuando ello resulte molesto.

Esto adquiere particular importancia en una Suprema que no solo resuelve conflictos concretos, sino que contribuye decisivamente a la construcción del Estado Constitucional y a la seguridad jurídica de la nación.

La renovación, pues, no debe ser entendida como ruptura. Debe conjugar continuidad y cambio; experiencia y renovación; memoria institucional y nuevas perspectivas.

El CNM tiene ante sí una responsabilidad que trasciende el período de los escogidos. De sus decisiones dependerá, en buena medida, la calidad jurídica y la autoridad institucional de la Suprema durante los próximos años.

No se trata simplemente de decidir quiénes entran y quiénes permanecen. Se trata de decidir qué justicia queremos fortalecer.

En un Estado constitucional, la única respuesta es una justicia independiente, íntegra y legítima ante la Constitución y ante la sociedad.