Hay acontecimientos que con el paso del tiempo dejan de ser simples noticias para convertirse en parte de la memoria política del país. Uno de ellos ocurrió en junio de 2005, cuando el entonces procurador fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, sorprendió al país al citar al expresidente Hipólito Mejía para ser interrogado dentro de la investigación del denominado Plan Renove, uno de los casos de mayor repercusión política de la época.

Aquel episodio alteró el ambiente nacional, pero hubo un lugar donde la tensión podía sentirse con mayor intensidad: el Palacio Nacional. Narre lo ocurrido aquel 14 de abril del 2005 en mi  columna En El Palacio publicada al otro día en el periódico Hoy.

Lo recuerdo bien porque ese día, como era habitual, me correspondía cubrir la fuente. Eran poco más de las once de la mañana y el presidente Leonel Fernández todavía no había llegado a su despacho. Nadie ofrecía explicaciones y las conjeturas comenzaban a multiplicarse entre los periodistas acreditados.

En medio de ese ambiente apareció el entonces secretario de la Presidencia, Danilo Medina. Caminaba hacia el salón del Consejo de Gobierno cuando varios reporteros intentamos acercarnos. Su reacción fue tan breve como inesperada: «No quiero prensa en el día de hoy».

Quienes conocían el trato afable y pausado de Medina entendieron de inmediato que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Bajó al primer piso, recorrió varios pasillos y regresó a sus oficinas sin ofrecer una palabra más.

Minutos después llegó el presidente Fernández y, casi al mismo tiempo, hizo su entrada al despacho presidencial Hernández Peguero. Caminó con rapidez por el pasillo lateral y permaneció allí durante varias horas. A esa reunión se incorporaron luego Danilo Medina, el consultor jurídico César Pina Toribio, el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, y el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier.

Para quienes seguíamos diariamente el movimiento del Palacio, aquella secuencia no parecía casual. Todo apuntaba a que la citación del expresidente Mejía dominaba la agenda de aquella mañana y que el Gobierno evaluaba sus posibles repercusiones políticas y de seguridad.

La espera se prolongó por casi tres horas. Al salir, Pérez Sánchez y Almeyda parecían decididos a abandonar el lugar sin hablar con la prensa, pero finalmente fueron abordados. El jefe policial cedió la palabra a Almeyda, quien aseguró que la reunión había tratado exclusivamente sobre el Plan de Seguridad Ciudadana y negó que el caso Hipólito Mejía hubiese sido mencionado.

Sin embargo, mientras esa explicación era ofrecida en el Palacio Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva ocurría algo completamente distinto.

José Manuel Hernández Peguero convocaba de manera sorpresiva a una rueda de prensa para anunciar la suspensión de la citación hecha apenas el día anterior al expresidente Mejía.

La coincidencia era demasiado evidente para pasar inadvertida.

Todavía más reveladora fue la respuesta del fiscal cuando un periodista le preguntó si el presidente Leonel Fernández y el entonces procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, habían sido informados previamente de la decisión de citar al exmandatario. —»Claro, de estas cosas siempre se informa antes».

Aquella breve respuesta terminó diciendo mucho más que cualquier comunicado oficial.

Han transcurrido más de veinte años desde aquella jornada. Muchos de sus protagonistas ya pertenecen a otra etapa de la vida política nacional, pero quienes estuvimos ese día recorriendo los pasillos del Palacio Nacional difícilmente olvidaremos el ambiente de incertidumbre, las reuniones reservadas, las salidas discretas y las explicaciones que nunca lograron disipar las dudas.

Fue una de esas mañanas en las que el poder pareció contener el aliento mientras se escribía un capítulo singular de la historia política dominicana. Como dice el viejo adagio jurídico, a confesión de parte, relevo de pruebas. Y como remataba Cervantes por boca de Don Quijote: «Cosas veredes, Sancho.»

Para determinar si el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se encamina hacia una consolidación de su institucionalidad o si, por el contrario, refuerza los mecanismos tradicionales de control centralizado, es preciso observar indicadores que trascienden el discurso formal y se centren en la praxis de poder.

A continuación, presento los ejes críticos que actúan como termómetro de esta volución:

1. El mecanismo de selección: ¿Excepción o regla?

La tensión entre primarias y encuestas(consensos) es, efectivamente, el punto de quiebre. El indicador determinante aquí no es el uso de una u otra modalidad, sino la predictibilidad y transparencia del método

Indicador de democratización: El establecimiento de criterios técnicos públicos y objetivos para decidir cuándo procede una encuesta, o un consenso, y cuándo una primaria. Si la elección del método se percibe como una herramienta discrecional para favorecer liderazgos específicos o evitar la competencia interna, la organización se mueve hacia el control centralizado.

La prueba de fuego: la capacidad de los precandidatos de desafiar los resultados de las encuestas mediante procesos de auditoría interna sin ser marginados políticamente.

2. Autonomía financiera y técnica de las estructuras territoriales.

La descentralización prometida en el estatuto (Art. 80) suele enfrentarse al «cuello de botella» presupuestario.

Indicador de profesionalización: La existencia de presupuestos ejecutables a nivel provincial y municipal con capacidad de decisión sobre sus propias agendas electorales.

El proceso a observar: si las direcciones territoriales solo funcionan como correas de transmisión para las directrices emanadas desde la capital, o si tienen autonomía para definir coaliciones locales, perfiles de candidatos y alianzas estratégicas que respondan a la realidad de sus demarcaciones.

3. Independencia de los órganos de control ético.

La institucionalidad se mide por la capacidad de los organismos internos de sancionar a sus propios cuadros sin que esto se interprete como una «purga» de facciones.

Indicador de fiscalización: La periodicidad y alcance de los informes de la Comisión de Ética y Disciplina, especialmente cuando los casos involucran a altos cargos o figuras cercanas a la cúpula.

El proceso a observar: la existencia de mecanismos de denuncia para la base militante que no dependan del filtro de la Dirección Ejecutiva.

Si las decisiones disciplinarias siguen un patrón de «lealtad política» en lugar de «apego a la norma», la institucionalización es puramente cosmética.

4. Institucionalización del relevo generacional y de género

Más allá de las cuotas de ley, la verdadera democratización se observa en el flujo de ascenso.

Indicador de movilidad: ¿Están los nuevos liderazgos ascendiendo a través de la meritocracia interna y el trabajo territorial, o a través de la cooptación y el nombramiento directo por parte de la jerarquía?

Amigos, nepotismo, compadres, todos sabemos quiénes son.Creo, los partidos políticos, terminan siendo controlado por una minoría dirigente que concentra el poder y toma las decisiones

El proceso a observar: la apertura de los espacios de toma de decisiones en el Comité Central o la Dirección Ejecutiva a figuras que no provienen necesariamente de la «vieja guardia» o de los sectores predominantes del partido.

Reflexión final: La cultura de la «cúpula» vs. la «base»

La paradoja que enfrenta el PRM —y gran parte del sistema de partidos dominicano— es que, a menudo, la «eficiencia electoral» es vista como incompatible con la «democracia interna».

Existe la creencia de que las primarias abiertas o competitivas exponen al partido a fracturas que benefician a la oposición.

Si el PRM logra institucionalizar mecanismos que garanticen que la disidencia interna no sea sinónimo de traición y que la meritocracia sea el principal motor de ascenso, se consolidará como una organización de sistema. De lo contrario, seguiremos viendo la alternancia de poder como el único indicador de éxito, mientras la estructura partidaria permanece como una arquitectura formal sobre una cultura de mando vertical.

¿Consideras que, en el contexto actual, el PRM posee la suficiente presión de sus bases para exigir esa institucionalidad, o el discurso electoral reciente ha generado una «paz» interna que, paradójicamente, desincentiva cualquier intento de reforma profunda?

El pueblo le gritará, igual que le hicieron a Balaguer: «Te cogemos la fundita y no somos reformista»

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Santo Domingo, 2 jul – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), haciéndose eco de un mensaje del papa León XIV, exhortó este jueves a los medios dominicanos a «rechazar toda forma de violencia comunicacional, evitando la difusión del odio, la difamación, el lenguaje ofensivo, la polarización y cualquier contenido que promueva la discriminación o degrade la dignidad humana».

La entidad exhortó a los comunicadores a «comprometerse a difundir contenidos que promuevan la verdad, la dignidad humana, el diálogo, la esperanza y el bien común, utilizando los medios de comunicación y las nuevas tecnologías como instrumentos para construir una cultura del encuentro, inspirada en el Evangelio y al servicio de toda la humanidad».

Así lo destacó el obispo de San Francisco de Macorís, monseñor Alfredo de la Cruz Baldera, en un encuentro con directores de medios y periodistas, tras ser elegido presidente de la Conferencia para el trienio 2026-2029.

Además, reiteró que la Conferencia está abierta a las inquietudes de los medios de comunicación: «cuenten con nosotros, estamos a la disposición», resaltó.

El obispo dijo que sus palabras «están inspiradas» en la reflexión sobre el mensaje del papa León XIV con motivo de la 60° Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y la encíclica ‘Magnificat Humanitas’.

Del encuentro participaron, entre otros, el director de Listín Diario, Miguel Franjul; de El Día, José Monegro; de RNN, Ricardo Rojas León; de El Zol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, y la productora del programa televisivo El Día, Edith Febles.

ELIGEN NUEVA JUNTA  DIRECTIVA 

Además de De la Cruz Baldera, los nuevos directivos de la Conferencia del Episcopado son el arzobispo coadjutor de Santiago, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, vicepresidente; monseñor José Amable Durán, secretario general; y los obispos Santiago Rodríguez y Andrés Napoleón Romero, miembros.

De la Cruz Baldera posee una amplia trayectoria pastoral, académica y de gestión universitaria. Es licenciado en Filosofía por la PUCMM y doctor en Teología por la Universidad Friedrich Wilhelm de Bonn, en Alemania. Además, fue rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la Universidad Católica Nordestana.

La nueva directiva asumirá el reto de fortalecer la presencia e incidencia de la Iglesia católica en temas de interés nacional, como educación, pobreza, migración, institucionalidad democrática y políticas sociales.

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