POR YANET GIRON

En nuestras calles se está normalizando una práctica tan irresponsable como peligrosa: conductores que utilizan bocinas o dispositivos que simulan sirenas de ambulancias o patrullas para abrirse paso en el tránsito. Lo que algunos asumen como una “viveza” es, en realidad, una acción ilegal que distorsiona el orden vial y pone en riesgo la vida de todos.

La dinámica del tránsito es clara: al escuchar una sirena, el conductor asume que hay una emergencia real. Por eso, se desplaza hacia la derecha para liberar el carril izquierdo y permitir el paso. No es un favor, es un deber ciudadano que responde a una lógica de vida o muerte en la vía pública.

Pero cuando esa señal es falsificada, se rompe un acuerdo esencial entre ciudadanos. Quien cede el paso lo hace con la convicción de estar facilitando una urgencia legítima. Convertir ese acto en un engaño no solo es irresponsable, es una forma de abuso que erosiona la confianza colectiva.

Las consecuencias son tan inmediatas como peligrosas. Un movimiento brusco para ceder el paso puede provocar colisiones, afectar a peatones o desestabilizar a motociclistas. A esto se suma la conducta del infractor, que aprovecha la apertura para acelerar sin control, como si la vía fuera un espacio sin reglas.

El daño más profundo, sin embargo, es el que no se ve de inmediato. La repetición de estas prácticas puede sembrar dudas en la ciudadanía. Y cuando la confianza se quiebra, una ambulancia real puede perder segundos vitales porque alguien dudó en apartarse.

Frente a esto, la respuesta no puede ser tibia. Las autoridades deben hacer cumplir la ley con firmeza, pero también es un asunto de conciencia individual. Conducir implica asumir responsabilidad sobre la vida propia y la de los demás; no es un terreno para imponer ventajas personales.

Porque falsificar una sirena no es ingenio, es una amenaza. Es jugar con la urgencia ajena, con el orden colectivo y con la seguridad de todos. Y una sociedad que permite ese tipo de conductas sin cuestionarlas, termina pagando un precio demasiado alto en vidas y en valores.

jpm-am

La Declaración de Bogotá, adoptada recientemente en la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, irrumpe con fuerza en un escenario de altísima fragmentación geopolítica global. El documento emite una advertencia diáfana frente a las pretensiones externas de tutela, estableciendo con determinación que la soberanía regional representa un valor supremo que bajo ninguna circunstancia resulta negociable para los países firmantes.

Este posicionamiento surge como respuesta institucional ante la intervención militar ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, un hecho que ha transformado el mapa de seguridad en todo el hemisferio occidental. Aunque el texto diplomático evita señalar de forma nominal al agresor, construye una arquitectura argumentativa basada en los principios fundamentales del derecho internacional y en los estatutos vigentes de la Carta de las Naciones Unidas.

En ese sentido, la declaración reafirma la vigencia del principio de no injerencia y la igualdad soberana de los Estados, respondiendo directamente al trauma causado por la operación del pasado 3 de enero. Aquella incursión militar culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Dilia Flores, un evento que ha obligado a la región a blindar nuevamente su condición de Zona de Paz.

El multilateralismo como escudo regional

Los mandatarios destacaron la plena vigencia de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, un compromiso que obliga a los Estados miembros de la CELAC a garantizar el respeto mutuo. Esta postura retoma los acuerdos de la II Cumbre celebrada en La Habana, subrayando que la estabilidad regional depende exclusivamente de la voluntad política de sus propios actores y no de agendas foráneas.

El texto abordó los temas más sensibles de la actual coyuntura internacional, enfatizando la urgencia de fortalecer los mecanismos de coordinación multilateral para contrarrestar las políticas de presión unilateral que socavan el orden democrático. Bajo esta premisa, los países reiteraron la necesidad de que una figura nacional de nuestra región asuma la Secretaría General de las Naciones Unidas con un criterio de equilibrio geográfico.

La búsqueda de este liderazgo global busca garantizar que las voces del sur global sean escuchadas con la misma relevancia que las de las potencias tradicionales en los foros de decisión internacionales. Esta estrategia de coordinación diplomática pretende evitar que se repitan episodios de judicialización extraterritorial de líderes políticos, asegurando que la justicia y el derecho internacional operen de manera equitativa y justa para todos.

La lectura política y el eco de la historia

Fuera del rigor del documento oficial, las palabras del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva han servido para amplificar la lectura política de este convulso momento que atraviesa la región.

«Nos quieren colonizar otra vez», afirmó el mandatario en Bogotá, conectando de manera directa las agresiones actuales contra Venezuela con las viejas prácticas imperialistas que marcaron el siglo pasado en América Latina.

La sentencia de Lula no representa un simple exceso de retórica política, sino que constituye una interpretación analítica que vincula la intervención militar con una estrategia diseñada para reinstalar relaciones de subordinación. En este contexto, el secuestro de un jefe de Estado y su traslado forzoso adquieren una dimensión que trasciende lo jurídico para inscribirse en la disputa por el control de los recursos estratégicos.

De este modo, la Declaración de Bogotá funciona como un muro de contención diplomático que, a pesar de las divergencias ideológicas internas, logra asentar una línea roja sobre la defensa del territorio. Lo que no se dice abiertamente en las cláusulas se lee claramente en el espíritu de la unidad regional, donde la advertencia sobre la neocolonización resuena como el telón de fondo de una nueva etapa.

jpm-am

Por EDWIN DE LA CRUZ

En un país donde el crecimiento económico suele medirse en cifras macroeconómicas, pocas veces se detiene la mirada en quienes, con sus manos, levantan las obras que sostienen ese desarrollo.

Los trabajadores de la construcción han sido históricamente protagonistas silenciosos del progreso nacional. Por eso, valorar el papel del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (FOPETCONS), en el marco de su 40 aniversario, no es un simple ejercicio institucional, sino un acto de justicia social.

A lo largo de estas cuatro décadas, el FOPETCONS ha logrado consolidarse como un instrumento real de protección para miles de trabajadores, garantizando pensiones y asistencia social a un sector históricamente vulnerable. Sin embargo, más allá de su base legal y su misión, hay un elemento que resulta determinante en su sostenibilidad: la estabilidad institucional.

En ese aspecto, merece destacarse la gestión de su director general, Faustino Santos, quien ha sabido imprimir una conducción firme, orientada al fortalecimiento interno, al cumplimiento riguroso de la ley y a la expansión de los beneficios hacia los afiliados. Su liderazgo ha estado marcado por una visión de continuidad, pero también de mejoras progresivas, en un contexto donde muchas instituciones enfrentan constantes vaivenes.

Bajo su dirección, el FOPETCONS no solo ha mantenido el ritmo de otorgamiento de pensiones, sino que ha impulsado iniciativas que amplían la cobertura social, fortalecen los servicios de salud y garantizan mayor acompañamiento a los beneficiarios.

Estas acciones no han sido aisladas, sino el resultado de un trabajo articulado con los honorables miembros del Consejo Directivo, cuya participación ha sido clave para la toma de decisiones estratégicas y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Igualmente, es justo reconocer el rol del equipo humano que sostiene la operatividad del fondo. Los colaboradores del FOPETCONS han sido pieza esencial en la ejecución de programas, en la atención a los pensionados y en la consolidación de una cultura de servicio que hoy distingue a la institución.

Este esfuerzo conjunto ha permitido no solo aumentar la cantidad de beneficiarios, sino también mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. Desde pensiones dignas hasta asistencia médica, ayudas económicas y programas sociales, el FOPETCONS ha evolucionado hacia un modelo de atención más integral, centrado en la persona.

Arribar a 40 años es, sin duda, un acontecimiento significativo. Pero más importante aún es la forma en que se ha llegado: con estabilidad, con compromiso institucional y con resultados que impactan directamente en la vida de miles de dominicanos.

jpm-am