POSICIONES

La decisión del Tribunal Constitucional que respalda la inclusión abierta de personas homosexuales en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha sido celebrada como un triunfo de los derechos fundamentales.

Sin embargo, desde una mirada crítica, la sentencia evidencia una desconexión preocupante con la realidad operativa y cultural de estas instituciones.

Garantizar derechos es innegociable, pero aplicarlos sin un plan estratégico de implementación puede transformar un avance legal en un riesgo para la cohesión y la disciplina.

No se trata de cuestionar la orientación sexual de nadie, sino de cuestionar la forma y el momento de introducir un cambio profundo en organismos cuya eficacia depende de jerarquía, disciplina y cohesión interna.

Las fuerzas armadas y la policía no son espacios para experimentos simbólicos; alterarlas sin preparación y capacitación pone en riesgo la moral, la operatividad y la autoridad de los mandos.

La medida se anuncia sin diagnósticos internos, sin evaluaciones de tolerancia cultural y sin protocolos claros para prevenir conflictos. Los mandos medios, columna vertebral de la disciplina diaria, quedan al margen, y con ello se siembra resistencia pasiva y tensiones internas que podrían tardar años en resolverse.

Mientras se celebra la foto política, los problemas reales permanecen. Se prioriza lo simbólico sobre lo esencial, dejando en evidencia que la política avanza más rápido que la estrategia.

La inclusión puede ser legítima, pero forzarla sin planificación transforma un derecho en un riesgo institucional. Lo que hoy se anuncia como modernización podría ser mañana una grieta en la cohesión de quienes sostienen la seguridad del país.

El Tribunal Constitucional garantiza derechos; la política los implementa sin brújula. El resultado: titulares que impresionan, pero instituciones que pagan el costo de la improvisación.

Lo planteado en esta reflexión no obedece a ningún anacronismo, tampoco resistencia al cambio, Dios me libre; eso sería colocarse en una posición anti dialéctica.

A lo que sí nos oponemos es a una obediencia ciega al cumplimiento de una agenda internacional que nos quieren imponer a como dé lugar sin importar las consecuencias para esta media isla insular.

jpm-am

En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?

La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.

No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.

Primero derechos; después privilegios.

La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.

Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.

Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.

Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:

• ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?

• ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?

• ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?

Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.

Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.

A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.

Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.

Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.

La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.

¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?

¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?

En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.

Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.

En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.

Despierta RD.

jpm-am

POR YANET GIRON

Cada diciembre, la ciudad se convierte en un laberinto de vehículos, bocinas y personas que salen a comprar, decorar o participar en actividades sociales. Nada de esto es nuevo, pero cada año sentimos que el caos supera el anterior. Sin embargo, reducir el problema a la Navidad sería una excusa cómoda. La verdad es que el tránsito dominicano vive en crisis permanente.

Moverse dentro de Santo Domingo se ha transformado en una prueba de paciencia. Lo que antes tomaba 15 minutos ahora puede extenderse hasta 40 o más. Este desgaste afecta la economía, los horarios de trabajo, la salud emocional y hasta la convivencia entre ciudadanos. Hemos normalizado un problema que impacta la vida de todos.

El crecimiento del parque vehicular explica parte de la situación. En un solo hogar pueden coexistir tres o cuatro automóviles, y es común que los padres compren vehículos adicionales para evitar el caos escolar. Cada familia busca comodidad, pero el resultado colectivo es una ciudad saturada que ya no puede absorber más.

A esa presión se suma la expansión desordenada de motocicletas, que circulan sin ningún control y ocupan espacios donde la movilidad debería fluir. Las calles no están diseñadas para esta carga, y las infraestructuras viales tampoco han recibido las transformaciones que exige la modernidad urbana.

Es cierto que las autoridades realizan operativos, pero estos no pasan de ser medidas temporales. Cuando termina la Navidad, el caos sigue igual. No hay una planificación profunda, ni políticas firmes para regular el estacionamiento irregular, ni estrategias efectivas para descongestionar intersecciones críticas. Sumado a penalidades risibles.

El país necesita asumir que la solución no es improvisar. Se requiere un rediseño urbano que amplíe vías esenciales, cree rutas alternas funcionales y fortalezca un transporte público digno y eficiente. Mientras dependamos casi por obligación del vehículo privado, la congestión será inevitable.

También es urgente promover una educación vial que deje de ser un simple eslogan. El respeto por las normas, la disciplina en las calles y la responsabilidad ciudadana deben convertirse en una cultura, no en una excepción.

La Navidad solo agrava lo que vivimos todo el año. Y si queremos una ciudad que funcione, debemos empezar por reconocer que la movilidad no es un lujo: es una necesidad básica. Sin un tránsito ordenado, ningún proyecto de desarrollo será sostenible.

El país está a tiempo de cambiar, pero el cambio exige decisión, planificación y voluntad real. La pregunta es ¿seguiremos aceptando el caos como costumbre? o finalmente daremos el paso hacia una movilidad moderna, humana y verdaderamente eficiente.

jpm-am