Sin lugar a dudas, uno de los mayores problemas que afronta ahora la sociedad dominicana y el gran dolor de cabeza para el gobierno de turno, lo constituye el grave desorden que arropa al transporte urbano, tanto por las violaciones constantes a la Ley, como por la falta de autoridad.

La Ley 63-17, es clara, precisa y establece las normativas necesarias para un sistema de transporte equilibrado, organizado y digno, que opere como ocurre en las sociedades modernas o verdaderamente en vía de desarrollo.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección Nacional de Tránsito Terrestre (DIGESETT), no cumplen su rol, la Ley siempre será letra muerta, razón por la cual, los motoristas, organizados, en desorden, indocumentados y delincuentes que se valen de las motocicletas para cometer sus fechorías, pescarán cómodamente en río revuelto.

De igual manera, los scutters, triciclos y unidades electrónicas que se desplazan sin control ni respeto alguno, seguirán como chivos sin Ley violando todas las normativas ante la mirada indiferente de los agentes que solo dedican el tiempo a poner multas a los hombres y mujeres de trabajo que, generalmente cumplen con el mandato de la Ley.

Lo mismo que pasa con los indocumentados que los repatrian hoy con grandes gastos del gobierno por cumplir la ley, pero que al otro día regresan por la complicidad de empresarios desaprensivos, militares corruptos y políticos indiferentes, para quienes pesan más sus intereses que la soberanía y la sobrevivencia de la patria.

Las inversiones del gobierno en líneas del metro, corredores especiales, monorrieles, elevados, pasos a desnivel y teleféricos, entre otras modalidades, nunca serán suficientes para que el país pueda contar con un sistema de transporte que dignifique, que garantice la inversión, el turismo y el desarrollo que en poco tiempo ha exhibido la nación, si esto no se corrige.

Mano fuerte sin temores, decisión de la autoridad coercitiva y ejecutoria de los funcionarios escogidos o designados para ejecutar la Ley, es lo que precisa o de lo contrario, seremos irremediablemente solo un pueblo de salvajes. Es tiempo de apretar el mango, usar la macana y aplicar la justicia, para propiciar una sociedad vivible y una convivencia social equilibrada. ¡Basta ya!

aquinorubio@gmail.com 

Ponemos sobre el tapete algo que estimo trascendente. Se trata de un atisbo que ha sido pospuesto por mucho tiempo (¿procastinación o alevosía?).

Se trata de la permanente posposición de los planes de desarrollo del suroeste, lo cual ha llevado en el tiempo carencia, sufrimiento y dolor a millones de seres humanos que han esperado por años que ocurra la redención social y económica que merece la región.

Se hace necesario, por tanto, que esta vez el gobierno del presidente Luis Abinader inicie, desde ahora y hasta su terminación, la planificación del progreso de la población de los pueblos de la región suroeste.

La iniciativa debe darse a partir de una afortunada, providencial combinación de dos acontecimientos que creemos son únicos en el suroeste. Nos referimos a la terminación del proyecto múltiple Presa de Monte Grande y el desarrollo definitivo del potencial turístico de esta bendecida, pero aún no aprovechada zona del país.

La realización de ambos proyectos sería “una tabla de salvación” para la región, y, por ende, para el país. De hecho, se vislumbra desde ya en la región, un aura adornada de esperanza y un ansia de superar sus ancestrales limitaciones socio-económicas.

¿Más que turismo? 

En ese sentido, sugerimos que, a la vez que se impulsan proyectos turísticos en las costas circundantes de Pedernales, Barahona, Baní y Azua como alternativa de desarrollo, el gobierno disponga la realización de un estudio profundo, científico, sociológico y socioeconómico, sobre el impacto que tendrá la terminación del proyecto múltiple Presa de Monte Grande en esa región.

Y que sea a partir de esas investigaciones, dirigidas a definir y aplicar políticas orientadas a explotar iniciativas que irreductiblemente sirvan para reducir la pobreza, las autoridades diseñen un Plan Maestro, el cual la inserte, no solo en el desarrollo turístico, sino también en el progreso agropecuario e industrial.

Aparte, además, trazar estrategias con instrumentos de seguimiento que eviten que los pueblos sacados de la pobreza mediante la aplicación de planes específicos de desarrollo vuelvan a caer en ese estatus en la región. 

Que lluevan los reclamos

Al respecto, nos adherimos a los reclamos de sectores, entre ellos prelados católicos y connotados comunicadores de la región, en el sentido de que el presidente Abinader asigne los recursos necesarios que permitan continuar la terminación de las obras de generación hidroeléctrica y los canales de riego del proyecto presa de Monte Grande.

Ha trascendido la lamentable información, sin desmentir aún, de que luego de inaugurado el embalse de la presa, el gobierno no ha asignado ninguna partida presupuestaria para continuar el megaproyecto. Las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) no han hecho ninguna aclaración al respecto.

El embalse de esta presa fue inaugurado el 25 de enero de 2024 y entonces fue denominada “la mayor obra hidráulica del Caribe” y el “metro del sur”. Esta presa, “con una inversión superior a los US$588 millones, busca mitigar inundaciones, suministrar agua potable y potenciar la agricultura en la región Enriquillo”.

 En tanto, para engrandecer la misma, es necesario hacer una sugerencia adicional a diputados y senadores de las provincias Barahona, Bahoruco, Azua y Baní, a los fines de que, de manera conjunta y con un equipo técnico, se aboquen a elaborar y adelantar un anteproyecto de Ley de Cuota Parte 2.0, mediante el cual se identifique y trace las herramientas que permitan aprovechar al máximo los recursos de tierra y agua que serán impactados con la terminación de la presa.

Ley Cuota Parte 2.0

La nueva Ley sustituirá o tenderá a superar la actual Ley de Cuota Parte número 126-80, la cual sustituyó la ley No. 134 sobre el Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas, del 21 de mayo de 1971.

En dicha Ley se “establece que los propietarios de tierras beneficiadas por obras de riego construidas por el Estado deben ceder una parte proporcional de sus terrenos (cuota parte) al Instituto Agrario Dominicano (IAD)” para los fines de realizar una reforma agraria.

Este texto data de más de 40 años y luce estancado, se desconoce hoy día de su aplicación en los campos del país. Por tal razón, creemos imperativo a la luz de la realidad actual, que el mismo sea retomado y reconvertido en un proyecto de Ley de Cuota Parte 2.0 más avanzado, que sirva de soporte para el aprovechamiento de los terrenos que serán beneficiados con las aguas de la presa de Monte Grande.

La nueva Ley de Cuota Parte 2.0 será la base, asimismo, para la realización de una revolución agraria en el suroeste, logrando de esa manera que un proyecto como el de la presa de Monte Grande no pase a la historia “sin pena ni gloria” y con el único mérito de evitar que el río Yaque del Sur siga continúe inundando las poblaciones ubicadas aguas abajo en cada temporada lluviosa.

¿Por qué 2.0?

Porque el nuevo texto legal no se aclimatará solo a “financiar infraestructuras hídricas y fomentar la reforma agraria”, sino que iría más lejos. Deberá constituirse en la herramienta fundamental para impulsar el desarrollo agropecuario y agroindustrial en la región.

Se habla de entre 300 mil y 700 mil tareas que se estima serían irrigadas por las aguas acumuladas en el embalse de la presa.

¿Por qué entonces no comenzar a tomar desde ahora las medidas que contribuyan a aprovechar al máximo ese filón de progreso regional y que el colega Tomás Aquino Méndez ha bautizado como “el metro de la región Sur”?

El gobierno del presidente Abinader, el INDRHI, el IAD y los legisladores de la región tienen la pelota en su cancha. Lo próximo sería ponerse de acuerdo y trabajar de manera planificada en la elaboración de un Máster Plan que definitivamente saque al suroeste de su pobreza sempiterna.