POR DEMI FELIX DOMINGUEZ

La palabra “corrupción”, proveniente del latín corruptio, significa literalmente “unirse para quebrantar”. No alude solo al daño, sino a la alianza que lo hace posible: una fractura deliberada —a veces silenciosa, a veces descarada— donde dos o más voluntades se confabulan para torcer el curso natural de las cosas. Pocas etimologías condensan con tanta exactitud la esencia de este fenómeno: la decisión conjunta de estropear o romper. En este 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, conviene detenernos a realizar algunas reflexiones.

Desde la doctrina, la corrupción se reconoce como un fenómeno multifacético, imposible de aprisionar en una definición rígida. Su complejidad radica en su capacidad de desplegarse en distintos niveles de la administración pública y privada, adoptando formas que van desde el peculado hasta el abuso de autoridad, pasando por complicidades soterradas que sostienen actos delictivos. La corrupción trasciende el mero abuso de poder para beneficio personal: es un fenómeno dinámico y adaptativo, cuyas manifestaciones se reconfiguran a medida que cambian los contextos sociales, políticos y económicos.

Quiebra

En esa dirección, Francesco Kjellberg sintetiza con claridad la amplitud del fenómeno al definir la corrupción pública como la quiebra de normas jurídicas o de normas éticas no escritas, motivada por la búsqueda de un beneficio directo o indirecto. Esa quiebra adopta diversas modalidades:

i. Quiebra legal con beneficio directo: aquí encajan el soborno y el cohecho —bustarella en italiano, pot-de-vin en francés, kickback en inglés—, como la adjudicación ilegal de un contrato a sabiendas de que habrá una recompensa ilícita.

ii. Quiebra legal con beneficio indirecto: el funcionario que utiliza su cargo para recaudar fondos destinados a su partido o estructura política, disfrazando de militancia lo que es trabajo sucio.

iii. Quiebra ética con beneficio directo: el uso de información privilegiada para favorecer a una empresa y obtener un retorno personal.

iv. Quiebra ética con beneficio indirecto: el diseño de normas o decisiones administrativas que, sin ser abiertamente ilegales, terminan favoreciendo a grupos o actores políticos afines.

Estos ejemplos ilustran no solo la variedad del fenómeno, sino también su habilidad para ocultarse en zonas grises donde la apariencia de legalidad dificulta su detección. Villoria Mendieta profundiza en la raíz del problema desde el institucionalismo económico: la corrupción emerge cuando el actor público realiza un cálculo frío entre el beneficio esperado y la probabilidad —y severidad— de la sanción. Si el riesgo es bajo y la ganancia es alta, la lógica instrumental empuja inevitablemente hacia el delito; terreno donde también conviene hablar de incentivos perversos.

En la misma línea, Vivas Roso advierte que los Estados con controles débiles, sanciones insuficientes o elevada impunidad generan inevitablemente más corrupción. Allí donde las instituciones no detectan ni previenen, la conducta corrupta se estimula. Y sus efectos no se limitan al plano administrativo: deterioran la calidad de la democracia, vacían de sustancia los principios éticos del servicio público y erosionan, en definitiva, el andamiaje institucional en su conjunto.

Desde una perspectiva más filológica, Irene Vallejo abre otra fisura de comprensión con una advertencia genial: “Si no lo creo, no lo veo”. Con esa mirada sutil sobre nuestros sesgos señala que, cuando los sospechosos pertenecen a “los nuestros”, la vista se vuelve indulgente y la crítica se desvanece. Nada nuevo bajo el sol: la historia repite, una y otra vez, la combinación letal de fachada respetable y cloaca interior. Por siglos han desfilado gobernantes, intelectuales y magnates con elevada opinión de sí mismos, frecuentemente absueltos por el imaginario colectivo. En palabras de la autora, a sus señorías siempre se les han perdonado las fechorías.

Esta imagen enlaza naturalmente con la parábola bíblica de los “sepulcros blanqueados”, utilizada por Jesús para denunciar la hipocresía de los escribas y fariseos: aparentaban rectitud y observancia de la ley, pero su interior estaba corrompido. La comparación subraya con fuerza la distancia entre la apariencia externa —pulcra, luminosa, atractiva— y el contenido interno, marcado por la descomposición y la falsedad. Es la metáfora perfecta del contraste entre lo que se exhibe y lo que realmente se es.

Pero la corrupción no avanza únicamente por astucia. También prospera por servilismo, obediencia irreflexiva e ignorancia. Dietrich Bonhoeffer lo expresó con especial lucidez: “No confundamos estupidez con maldad. La estupidez es mucho más peligrosa”. En esa misma línea, Hannah Arendt habló de la banalidad del mal: el daño masivo cometido por quienes renuncian a pensar. Y Raúl Hernández formuló, con ironía, una inquietud que resume el círculo vicioso: “No pueden ser tan malos; son brutos… no pueden ser tan brutos; son malos”.

En contraste con este panorama, nos atrevemos a afirmar —con convicción y sin reservas— que la honradez y la capacidad existen. Existen, y además deben ser defendidas, promovidas y reconocidas. La lucha contra la corrupción exige ambas; implica desenmascarar, diferenciar grados, desmontar prácticas arraigadas, fortalecer instituciones y aspirar a una vida pública honesta, donde el equilibrio entre poderes deje de ser una consigna y se convierta en una realidad efectiva.

También supone no convertir la búsqueda de la verdad en un ejercicio egoísta: nadie es su dueño exclusivo. La lucha contra la corrupción se fortalece cuando otros pueden servir, aportar, vigilar y corregir, teniendo siempre como principio que la evidencia sea la guía y no los sentimientos. Juntos hemos de procurar que la integridad no se desintegre.

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POR LUISANNA LORA PERELLO

En este país ya estamos cansados de escuchar la misma historia contada con diferentes nombres: un funcionario llega a una institución pública, administra recursos que no son suyos, toma decisiones que afectan directamente a los más vulnerables… y al final, cuando la marea sube, se descubre que detrás había un entramado que drenaba fondos como si se tratara de un negocio personal.

Hoy el nombre en el centro del huracán es Santiago Hazim, exdirector del SENASA, arrestado tras más de cinco horas de interrogatorio por su presunta vinculación en uno de los fraudes más graves cometidos contra el sistema de salud pública.

Pero este caso no empieza con el arresto. Empieza mucho antes, cuando desde distintos sectores comenzaron a surgir denuncias sobre cobros fraudulentos, procedimientos médicos inexistentes, afiliados usados sin su conocimiento y un manejo administrativo que, según la investigación, dejó brechas suficientes para que un grupo hiciera fiesta con el dinero destinado al bienestar sanitario de millones de dominicanos.

SENASA no es una institución cualquiera.

Es el seguro del pueblo: de la señora que madruga para dializarse, del envejeciente que lucha por acceder a sus medicamentos crónicos, del trabajador informal que jamás podría pagar una consulta privada.

Por eso duele más.

Porque en un país donde la salud es una batalla diaria, descubrir que desde dentro se estaba jugando con esos recursos es una falta que no cabe en ninguna justificación administrativa.

Y aquí entra el punto que no podemos seguir evadiendo: la responsabilidad de los funcionarios.
Cuando un servidor público acepta un cargo, no recibe una llave para operar como le convenga ni un cheque en blanco para mirar hacia otro lado mientras terceros se aprovechan. Dirigir una institución es entender que cada peso mal manejado es un servicio que no se dio, un medicamento que no llegó, una vida que se dejó desprotegida.

En medio del escándalo, el presidente Luis Abinader reaccionó y pidió que SENASA se constituya en actor civil “para recuperar hasta el último peso de lo robado”. Además, afirmó que en su gobierno “no hay espacio para la corrupción ni la impunidad”, recordando que ordenó la investigación desde el momento en que surgieron indicios de irregularidades.

Que el jefe de Estado asuma públicamente esta postura es importante, pero también abre una pregunta obligada: ¿por qué seguimos llegando tarde? ¿Por qué los sistemas de control internos no detectaron o no frenaron lo que hoy se expone como un fraude millonario?

Hazim fue apresado el pasado sábado en la noche, junto a otras siete personas, a solicitud del Ministerio Público, por su presunta participación en una estructura delictiva que habría malversado fondos del Senasa y comprometido la calidad de los servicios destinados a los afiliados.

Y la lista de detenidos no es menor: Eduardo Read Estrella, Germán Rafael Robel Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Todos señalados como parte del engranaje que, según las autoridades, convirtió recursos públicos en un festín privado.

El país ya conoce este guion cansado: funcionarios sorprendidos, equipos legales que se aferran a tecnicismos y expedientes que, cuando por fin se abren, exponen una cadena de irresponsabilidades que nada tiene que ver con el servicio público… y mucho con el descaro.

La indignación que muchos sentimos hoy no es únicamente contra un nombre, sino contra un sistema que durante décadas permitió que la salud se tratara como un botín repartible.
Este caso debe ser una advertencia contundente: los gobiernos no pueden seguir nombrando funcionarios por compromisos políticos, afinidades internas o cuotas partidarias. La salud de un país no puede caer en manos improvisadas, indiferentes o incapaces de controlar la institución que dirigen.

El caso SENASA será una prueba para el Ministerio Público, pero también para la capacidad del Estado de cuidarse de sí mismo.

Porque cuando un funcionario falla, no es él quien cae: cae la confianza pública, cae el servicio, cae el bienestar de la gente.

Y ya está bueno de caer.

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Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.

Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.

Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.

El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.

El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.

Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.

En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.

Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.

Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.

En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.

Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.

Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.

Despierta, RD!

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