PUERTO PRÍNCIPE, Haití, 19 de octubre 2026.- Cinco soldados salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés) están desaparecidos luego de haber sido emboscados este domingo en las afueras de Puerto Príncipe, informaron medios locales.

El ataque tuvo lugar en la zona de Santo, perteneciente a Croix-des-Bouquets, una comuna del departamento del Oeste, a unos doce kilómetros de la capital haitiana, señaló por su parte la GSF en un comunicado en el que confirmó la emboscada pero no hace referencia a militares desaparecidos.

«Un vehículo que transportaba a personal de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) fue atacado hoy por presuntos miembros de pandillas en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, dentro del área metropolitana de Puerto Príncipe», indicó la información oficial.

La GSF añadió que, según informes preliminares, «individuos armados abrieron fuego contra el vehículo, lo que desencadenó un intercambio de disparos» en el que el personal «respondió conforme a las reglas establecidas» y contó «con apoyo aéreo de helicópteros de la propia Fuerza».

«Las operaciones de seguridad continúan en la zona, mientras la GSF mantiene sus esfuerzos para desarticular la actividad de las pandillas armadas y ejercer presión sobre los grupos criminales que operan en la región», agregó la información, que tampoco indica el origen del ataque.

Sin embargo, algunas fuentes locales atribuyen la emboscada a la coalición criminal Viv Ansanm, liderada por el expolicía Jimmy Chérizier, alias Barbecue, el más notorio de los jefes de las bandas haitianas, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares.

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En la República Dominicana hay temas sagrados. El arroz es uno de ellos. No es solo un cereal. Es la base de la bandera, de la dieta diaria, de la economía de 21 provincias y del sustento de más de 300 mil familias. Atacar el arroz es atacar la estabilidad social del país.

Por eso es tan peligroso lo que está ocurriendo. Desde hace meses, un poderoso lobby empresarial, mediático y oenegista ha construido una narrativa perversa, presentada como sentido común, pero que esconde una agenda migratoria muy clara: para proteger el arroz dominicano, hay que legalizar a los trabajadores haitianos que lo producen.

A primera vista suena lógico, humano y hasta patriótico. En el fondo es un chantaje. Una falsa dicotomía. Y una trampa mortal para el futuro de la política migratoria y agrícola dominicana.

Este artículo pretende desmontar esa trampa.

LA FALSA DICOTOMÍA QUE NOS QUIEREN IMPONER

La estrategia de comunicación es impecable. Se toman dos verdades innegables y se unen con pegamento ideológico.

Verdad 1: El sector arrocero está en peligro. Con la desgravación total del DR-CAFTA desde febrero de 2025, entran miles de toneladas de arroz estadounidense altamente subsidiado que puede quebrar a nuestros productores.

Verdad 2: El trabajo en el arroz, sobre todo en la siembra, el trasplante y el control de malezas, es duro, bajo sol, en lodo, y cada vez menos dominicanos quieren hacerlo por el salario que se paga. Existe una presencia mayoritaria de mano de obra haitiana, gran parte en condición irregular.

Hasta ahí, todos de acuerdo. El salto lógico fraudulento viene después: luego, la única forma de salvar el arroz es regularizar masivamente a esos haitianos.

Eso es mentira. Es como decir que para salvar el turismo hay que legalizar a todo el que trabaje en hoteles sin papeles, o para salvar la construcción hay que dar residencia a todo el que pegue block sin documentos. Se confunde a propósito la solución a un problema económico con la rendición de la política migratoria.

Proteger el arroz y controlar la inmigración ilegal no son objetivos contradictorios. Son obligaciones complementarias del mismo Estado.

MODELO DE NEGOCIO BASADO EN ILEGALIDAD

Aquí está el punto que nadie quiere tocar.

Si la competitividad del arroz dominicano depende estructuralmente de pagar salarios por debajo del mínimo, sin seguro de riesgos laborales, sin TSS y utilizando trabajadores indocumentados que pueden ser explotados y desechados, entonces no tenemos un sector competitivo. Tenemos un sector subsidiado por la ilegalidad.

Y legalizar esa ilegalidad no lo hace competitivo. Lo blanquea.

Lo que se está pidiendo no es un programa moderno de trabajadores temporales agrícolas, como tiene Canadá o Estados Unidos con la visa H-2A, donde el trabajador viene con contrato, con fecha de entrada y fecha de salida, con alojamiento regulado y retorno obligatorio a su país. Eso sería discutible y ordenado.

Lo que se está pidiendo, en el lenguaje edulcorado de algunos gremios, es una regularización general, una amnistía laboral. Papeles para los que ya están aquí de forma irregular, sin control de quiénes son, sin saber si tienen antecedentes, y sin garantía alguna de que regresen.

Eso no es una política agrícola. Es premiar a quien violó la ley migratoria y castigar al productor que sí intentó mecanizarse y formalizarse. Crea el peor de los incentivos: mientras más ilegales contrates, más poder de presión tendrás para que el Estado te los legalice en la próxima cosecha.

Hoy es el arroz. Mañana será el banano, el cacao, la construcción y el turismo. El argumento será siempre el mismo.

EL VERDADERO PLAN QUE NADIE QUIERE FINANCIAR

Los países que han defendido con éxito su arroz no lo hicieron con mano de obra barata extranjera. Lo hicieron con tecnología, capital y voluntad política.

Japón protege su arroz con una mecanización del 98 por ciento. Corea del Sur con cooperativas fuertes. Vietnam pasó de importador a primer exportador mundial invirtiendo en semillas y riego, no en regularizaciones.

La República Dominicana hace exactamente lo contrario. Tenemos uno de los índices de mecanización más bajos del Caribe en siembra y cosecha. Seguimos dependiendo del trasplante manual en lodo. Tenemos un sistema de pignoración obsoleto, crédito caro y un Instituto Nacional del Arroz sin recursos para investigación genética.

Si el Estado dominicano tiene que gastar capital político para salvar el arroz, que lo gaste en lo que importa: mecanización total con financiamiento a tasa cero para cosechadoras, tractores, nivelación láser y drones fumigadores; semillas de alto rendimiento que reduzcan la necesidad de mano de obra intensiva; un seguro agrícola real que no quiebre al productor cuando hay una inundación; y una Bolsa Nacional de Empleo Agrícola que conecte, con incentivos, transporte y salario digno, al dominicano desempleado de San Juan, Elías Piña y Bahoruco con las fincas del Bajo Yuna y La Vega.

Regularizar no reduce un peso el costo de producción. Mecanizar sí.

SOBERANÍA ALIMENTARIA SOBRE BASES DE BARRO MIGRATORIO

Hay una contradicción de soberanía que es insostenible.

¿Cómo podemos hablar de soberanía alimentaria cuando nuestra principal fuente de alimento depende de la inestabilidad del país vecino? ¿Qué pasa si mañana Haití entra en un cierre total de frontera, como ya ha ocurrido? ¿Nos quedamos sin arroz?

Construir la seguridad alimentaria de 11 millones de dominicanos sobre la base de mano de obra irregular haitiana es construir una casa sobre arena. Nos hace chantajeables. Le entrega a las mafias de tráfico humano en la frontera la llave de nuestra producción alimentaria.

Además, destruye cualquier esfuerzo serio de control fronterizo. ¿Qué mensaje le envía el Estado a un soldado del CESFronT que decomisa un camión de ilegales en Dajabón si a la semana siguiente el Ministerio de Interior anuncia que va a legalizar a esos mismos trabajadores porque el sector arrocero los necesita? Es esquizofrenia estatal.

No se puede cerrar la frontera en la mañana y abrir la regularización en la tarde con la excusa del arroz.

EL NEGOCIO REDONDO

Detrás del discurso humanitario hay un negocio muy claro que hay que exponer.

Para una parte del empresariado agrícola, el trabajador haitiano indocumentado es el trabajador ideal: no reclama, no va a la justicia laboral, no exige horas extras, acepta vivir en condiciones infrahumanas y puede ser sustituido al día siguiente. Su irregularidad es su mayor valor productivo.

Legalizarlo, para ellos, no es un acto de justicia. Es formalizar ese costo laboral deprimido, pero ahora con el aval del Estado, evitando el riesgo de multas del Ministerio de Trabajo y asegurándose el suministro continuo a través de la frontera.

Y para un sector de ONGs y organismos internacionales, el arroz es la excusa perfecta para reabrir la puerta de la regularización masiva que la sentencia 168-13 y la Ley 169-14 intentaron cerrar ordenadamente. Saben que el dominicano no aceptará una regularización porque sí, pero sí podría aceptarla si se la presentan como la única forma de salvar su comida.

Usan lo más sagrado, el arroz, como armamento para lo más polémico, la legalización.

SÍ AL ARROZ, SÍ A LA LEY, NO AL CHANTAJE

Defender el arroz dominicano es una obligación patriótica y de Estado. Hay que defenderlo con aranceles, con salvaguardas, con tecnología y con financiamiento. Sin complejos.

Pero defender el arroz no puede convertirse en la coartada moral para desmantelar la política migratoria dominicana.

La República Dominicana puede y debe tener un programa de trabajadores temporales agrícolas, ordenado, estricto, con cuotas por sector, con contrato, con retorno y con control biométrico. Como lo tienen los países serios.

Lo que no puede tener es una nueva amnistía masiva, general y sin retorno, vendida como protección al productor.

Porque si hoy aceptamos que para proteger el arroz hay que legalizar la ilegalidad, mañana tendremos que aceptar que para proteger cualquier sector hay que borrar la frontera.

Y un país que borra su frontera para poder comer, termina sin frontera y sin comida.

 

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