Por RAFAEL RAMIREZ MEDINA

El mundo ha cambiado y también la manera en que las sociedades conocen a sus posibles líderes. Las plataformas digitales han convertido a personas desconocidas en figuras con millones de seguidores.

Su capacidad para comunicar, conectar y generar conversación puede superar incluso a los medios tradicionales. En ese escenario, no resulta extraño preguntarse qué ocurriría si una de esas figuras decidiera aspirar al poder político.

La popularidad construida en internet podría convertirse, eventualmente, en una fuerza electoral. La pregunta ya no parece imposible, sino necesaria para comprender el futuro de la democracia. ¿Por qué una sociedad podría decidir votar por un influencer o por una figura nacida en las redes?

Una de las razones podría ser el cansancio frente a las estructuras políticas tradicionales y sus promesas repetidas. Para muchos ciudadanos, una persona cercana y accesible puede generar mayor confianza que un dirigente distante.

Las plataformas permiten además una comunicación directa, inmediata y emocional con millones de personas. Esa cercanía puede producir la sensación de que existe una relación personal entre el comunicador y su audiencia.

Cualidades diferentes

Sin embargo, popularidad y capacidad para gobernar son cualidades diferentes que no deberían confundirse. También existe un cambio profundo en la forma en que las nuevas generaciones consumen información y forman sus opiniones.

Hoy muchas personas descubren la realidad política a través de videos, transmisiones, comentarios y publicaciones breves. El mensaje que logra captar atención puede tener más alcance que un discurso cuidadosamente elaborado durante meses.

Los algoritmos favorecen determinados contenidos y pueden convertir una opinión en un fenómeno nacional en muy poco tiempo. Esto otorga a las plataformas un poder extraordinario para influir en las conversaciones públicas y en las prioridades sociales.

La democracia tendrá que aprender a convivir con esa nueva realidad sin renunciar al pensamiento crítico. El fenómeno también podría tener aspectos positivos si las plataformas sirven para acercar la política a la ciudadanía.

Una figura proveniente del mundo digital podría aportar nuevas ideas, lenguajes y formas de participación. Podría conseguir que personas tradicionalmente alejadas de la política vuelvan a interesarse por los asuntos públicos.

Pero esa oportunidad exige algo más que seguidores, reproducciones o capacidad para generar tendencias. Gobernar implica tomar decisiones complejas, administrar recursos, respetar las instituciones y responder ante toda la sociedad.

Mayor riesgo

Por eso, cualquier aspiración política debería ser evaluada por sus propuestas, preparación, integridad y capacidad de servicio. El mayor riesgo aparecería cuando la política comenzara a medirse únicamente por la cantidad de seguidores o por la viralidad. Un contenido atractivo puede ganar millones de visualizaciones sin necesariamente contener información suficiente o verdadera.

La emoción puede movilizar a una sociedad con mayor rapidez que un análisis responsable de los problemas nacionales. En ese contexto, la desinformación, la manipulación y las campañas basadas exclusivamente en popularidad podrían adquirir una dimensión preocupante.

El ciudadano tendría entonces la responsabilidad de mirar más allá de la pantalla y examinar cuidadosamente a quien pretende gobernar. La tecnología puede amplificar una voz, pero no debería sustituir el criterio de quienes depositan su voto en ella.

Si algún día una figura de las plataformas digitales lograra convertirse en una opción electoral de gran alcance, el país entraría en una nueva etapa.

Podría producirse una renovación importante de la comunicación política y una mayor competencia por conquistar a los ciudadanos. También podrían surgir tensiones entre la lógica inmediata de las redes y los tiempos necesarios para gobernar con responsabilidad.

Las instituciones, los medios, la sociedad civil y los propios ciudadanos tendrían que fortalecer sus mecanismos de análisis y vigilancia. No se trataría de rechazar a quienes vienen del mundo digital, sino de exigirles los mismos estándares que a cualquier aspirante al poder. La democracia debe estar abierta a nuevas voces, pero nunca debe cerrar los ojos ante sus responsabilidades.

En definitiva, que un influencer pueda llegar a convertirse en una opción política no debería sorprendernos, sino llevarnos a reflexionar. La verdadera cuestión no es de dónde proviene una persona, sino qué representa, qué propone y qué capacidad tiene para cumplirlo. Las redes sociales pueden ser una poderosa herramienta de participación, pero también pueden convertirse en un espacio de manipulación.

El futuro electoral dependerá, en buena medida, de ciudadanos capaces de no confundir la popularidad con el liderazgo, ni el liderazgo con la verdadera vocación de servicio. En una época en la que una pantalla puede convertir a cualquiera en una figura de enorme visibilidad, la ciudadanía tendrá que aprender a preguntarse no solo quién logra más seguidores, sino quién posee la capacidad, la integridad y el compromiso necesarios para gobernar.

Si la sociedad logra mantener esa diferencia clara, las nuevas plataformas podrían enriquecer la democracia en lugar de debilitarla. Porque, al final, el poder de decidir no pertenece al algoritmo ni a la pantalla, sino a la ciudadanía que ejerce su derecho al voto.

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Este artículo lo hacemos de manera didáctica, a los fines de que todos estemos enterados de las disposiciones del código penal y bajo el entendido de que aquí van a caer presos muchas personas hasta por no saber que dispone el nuevo código penal de la República Dominicana, por lo que deben prestarles atención a las disposiciones de los artículos 121, 122, 123, que castigan los insultos y las agresiones verbales, con penas desde 15 días hasta 10 años, artículo 309 (amenazas a un funcionario público con penas de 5 a 10 años), 310, 331 (ultrajes con insultos y amenazas), con penas de 2 a 3 años de prisión, artículos 312, 313 y 314 (que castigan la rebelión contra la autoridad), más aún cuando la rebelión venga acompañada de insultos y agresiones verbales y amenazas al agente de la Policía Nacional o Digeset y cualquier servidor público, con penas desde 1 hasta 10 años de prisión  y todas pueden aumentar frente a la nueva figura jurídica de la concurrencia de infracciones y del cúmulo de penas.

Por tal razón es importante que las personas sepan, ya que aunque es parte de la vida cotidiana normal de los ciudadanos pero ahora pueden caer presos, por insultar con diversas palabras obscenas (impublicables), agresiones verbales, amenazar, avergonzar, denigrar, asustar, humillar, entre otras cosas a otra persona sea de manera personal, como utilizando un medio de comunicación o un mensaje en las redes sociales, con penas iniciales desde 15 días hasta 10 años de prisión y hasta más.

Son frecuentes las discusiones e insultos por un parqueo, por un posible accidente de tránsito que nunca ocurrió, o por respuestas humillantes en las redes sociales y por múltiples causas que los ciudadanos deben tener muy en cuentas y que va a permitir llevar a prisión a esos guapetones, leones, irrespetuosos e incumplidores de las normas cívicas, cuando el afectado tenga las pruebas del insulto, las grabaciones, los textos, los testigos y cualquier otra prueba compatible, ya que el código penal en su artículo 121 establece lo siguiente:

«Artículo 121.- Hostigamiento. Comete hostigamiento quien intimide, insulte o incurra en burlas o agresiones verbales, fomente exclusión o aislamiento en el ámbito educativo, laboral, social o cualquier otro, con el objetivo de avergonzar, denigrar, asustar, humillar, manipular, aislar, generar inseguridad y entorpecer el normal desenvolvimiento de una persona o grupo.

 El hostigamiento será sancionado con 15 días a 1 año de prisión menor y multa de uno a dos salarios mínimos del sector público.

 En caso de reincidencia se sancionará con 1 a 2 años de prisión menor y multa de tres a seis salarios mínimos del sector público.»

Es importante que el ciudadano sepa que si el insulto se ejerce contra un menor de edad, una persona con discapacidad, en condiciones de vulnerabilidad,  la pena será de 4 a 10 años de prisión, según lo dispone el artículo 122 del código penal.

También es importante que sepan que si el insulto o las agresiones verbales contra una persona se cometen a través de cualquier medio de comunicación la pena será de 2 a 5 años de prisión, según lo dispone el artículo 123 del código penal.

«Artículo 123.- Acoso o hostigamiento cibernético. Comete acoso o hostigamiento cibernético quien, a través de cualquier medio o plataforma digital o electrónica, comparta o difunda información, mensajes, realice publicaciones emita comunicaciones con contenido amenazante, obsceno, insultante, o deshonroso degradación, o intimidatorio, para provocar humillación, intimidación o aislamiento y menoscabar la dignidad, integridad moral o el normal desenvolvimiento personal de la víctima.

 El acoso o hostigamiento cibernético será sancionado con dos a cinco años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público.

Párrafo.- No constituirá acoso o hostigamiento cibernético la difusión de información, opiniones, investigaciones, críticas, reportajes o sátiras realizadas por periodistas, medios de comunicación, comunicadores o ciudadanos en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información o el escrutinio social y político sobre asuntos de interés público o respecto a funcionarios del Estado, siempre que el material difundido guarde relación con el hecho de relevancia pública y tengan sustento en hechos ciertos y comprobables.»

Artículo 309.- Amenaza e intimidación contra funcionario público. Quien fe profiera amenazas o lleve a cabo cualquier acto de intimidación contra un funcionario o servidor público con el propósito de que este cumpla o se abstenga de ejecutar un acto consustancial con sus funciones, o para que este se prevalezca de sus atribuciones y así obtenga de otro funcionario o servidor público determinada ventaja o decisión a favor de un particular o de un tercero, será sancionado de 5 a 10 años de prisión mayor y multa de cuatro a diez veces el salario que perciba el funcionario o servidor público que fuera víctima de este hecho al momento de la comisión de la infracción.

Hay casos en donde los insultos, las agresiones verbales se ejercen también frente a una autoridad en el ejercicio de sus funciones

Artículo 312.- Rebelión. Comete rebelión quien oponga resistencia violenta contra un funcionario o servidor público que, actuando en el ejercicio de sus funciones, que se limita a cumplir con atribuciones legales inherentes a su cargo. La rebelión será sancionada con 1 a 2 años de prisión menor y multa de dos a tres veces el salario que perciba, al momento de la infracción, el funcionario o servidor público que ha sido su víctima.

Artículo 313.- Rebelión agravada. La rebelión agravada que ocurra con ocasión de una reunión o manifestación o con el uso de armas será sancionada con 5  a 10 años de prisión mayor y multa de cuatro a diez veces el salario que perciba, al momento de la infracción, el funcionario o servidor público que ha sido víctima. 

El autor de este artículo lo hace de manera didáctica, a los fines de que todos estemos enterados de las disposiciones del código penal.