POR ALEJANDRO SANTOS

Resulta bastante notorio el número de disposiciones legislativas, decretos, resoluciones y medidas institucionales adoptadas por los distintos gobiernos con carácter temporal que, con el paso del tiempo, terminan quedándose como permanentes.

Puede incluso colegirse que la práctica de dejar fijas medidas concebidas originalmente como pasajeras forma parte de un comportamiento político ventajoso, o de una estrategia deliberadamente sostenida para mantenerlas cuando resultan favorables a la administración del Estado dominicano.

Algunas leyes generaron en su momento el rechazo de diversos sectores, a los que se les prometieron modificaciones que nunca llegaron. Lo mismo ocurre con comisiones, gabinetes e instituciones creadas para atender situaciones extraordinarias que, una vez superadas las circunstancias que les dieron origen, permanecen en funcionamiento, engrosando la burocracia estatal y multiplicando la duplicidad de funciones.

Llama especialmente la atención que los partidos en la oposición reconozcan esta realidad, prometan soluciones, pero que una vez llegan al poder, cambien de parecer y esas medidas, lejos de corregirse, continúen perpetuándose.

Patrón

Existe un patrón dominicano en ese sentido: surge una crisis, se aprueba una medida temporal, desaparece la crisis que la justificó, pero la medida permanece.

Varios ejemplos ilustran cómo opera este fenómeno en nuestro país.Vamos a recordar algunos de ellos, que nos confirman lo planteado en los párrafos anteriores.

La Ley 87-01 sobre Seguridad Social, aprobada en el año 2001, fue objeto de cuestionamientos por parte de médicos, sindicatos, trabajadores y empresarios. Desde hace años se habla de una reforma integral del sistema, pero veinticinco años después esa transformación profunda aún no se ha producido.

Otro caso relevante es la Ley 253-12 de Reforma Fiscal, aprobada en noviembre del 2012. Fue presentada por el gobierno de entonces como un conjunto de sacrificios necesarios para enfrentar una situación fiscal extraordinaria, y su narrativa pública descansaba en la idea de que varias de las cargas tributarias serían transitorias o graduales mientras se estabilizaban las finanzas públicas. Sin embargo, muchas de esas medidas terminaron integrándose de forma permanente al sistema tributario dominicano.

Así ocurrió con algunas de las disposiciones más conocidas de esa reforma. El aumento del ITBIS del 16 % al 18 % fue presentado como una medida temporal para los años 2013 y 2014, pero nunca retornó a su nivel anterior. También se planteó la eliminación gradual del impuesto sobre los activos, la cual no se produjo ni en la forma ni en los plazos originalmente establecidos. Del mismo modo, varios gravámenes aplicados gradualmente a determinados productos terminaron incorporándose de manera permanente al esquema tributario.

Una de las medidas más emblemáticas de este fenómeno es el anticipo del Impuesto Sobre la Renta. Su objetivo original era cobrar por adelantado una parte del impuesto que las empresas y contribuyentes liquidarían al cierre del ejercicio fiscal.

La justificación era garantizar flujo de caja al Gobierno y reducir la evasión fiscal. Sin embargo, con el paso de los años, el anticipo dejó de percibirse como un simple adelanto y pasó a convertirse, en la práctica, en una obligación permanente para miles de empresas. Lo mismo ocurrió con el impuesto del 0.15 % a los cheques y transferencias bancarias, concebido inicialmente como una medida extraordinaria y que, con el tiempo, se consolidó como una carga permanente.

La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, aprobada en 2017, creó el INTRANT con el propósito de enfrentar el histórico caos del transporte dominicano. No obstante, la aplicación de multas, las amplias facultades regulatorias otorgadas a la nueva institución y otros aspectos de la ley generaron un amplio rechazo. Se habló reiteradamente de reformarla, pero esas modificaciones nunca llegaron.

De igual manera, la Ley 1-24 que creó la nueva Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) provocó una fuerte reacción de sectores de la comunicación, juristas y organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno prometió introducir modificaciones para corregir los aspectos más cuestionados, pero estas nunca fueron aprobadas. Finalmente, el Tribunal Constitucional declaró la ley inconstitucional y, al día de hoy, persisten incertidumbres sobre el futuro marco legal de los organismos de inteligencia del Estado.

Otras piezas legislativas, como la Ley 340-22 sobre Extinción de Dominio, la Ley 47-20 sobre Alianzas Público-Privadas y el propio Código Procesal Penal, también nacieron rodeadas de cuestionamientos, dudas y promesas de futuras mejoras que, en la mayoría de los casos, quedaron relegadas por nuevas prioridades políticas y terminaron perdiéndose en el tiempo.

La experiencia dominicana demuestra que nada parece más permanente que una medida temporal. Lo que nace como solución provisional para enfrentar una crisis, recaudar más recursos o responder a una coyuntura específica, suele terminar incorporándose de manera definitiva al aparato estatal.

Quizás por eso una de las grandes preguntas pendientes de la democracia dominicana no sea qué nuevas leyes o instituciones crear, sino cuáles de las ya existentes han cumplido su propósito y deberían ser revisadas, reformadas o, incluso, eliminadas.

Pensemos que esta práctica de convertir en permanente lo que nació como temporal bien podría extrapolarse como un rasgo de la cultura dominicana en sentido más amplio, según refleja aquel dicho popular: «lo que se le deja al tiempo, el tiempo se queda con ello».

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POR FRANCISCO M. ORTEGA

Para escribir de Roberto Santana Sánchez es preciso citar que es una vida que no se limitó a la protesta, sino que evolucionó hacia la construcción real de soluciones.

Desde sus inicios en la Federación de Estudiantes Dominicanos, su pensamiento siempre estuvo del lado de las causas sociales. Pero a diferencia de muchos, no se quedó en la teoría: decidió intervenir el sistema.

Aquí es donde su historia adquiere profundidad.

Porque para poder construir y edificar un modelo distinto en el proyecto penitenciario de Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, Santana no partió de la comodidad académica, sino de la experiencia cruda.

Su paso por la Cárcel de La Victoria no fue un episodio aislado: fue una lección de vida. Allí conoció de cerca el colapso del sistema, la ausencia de dignidad y la realidad que viven miles de internos. No desde informes vacíos de personas que jamás han sentido el peso del encierro ni el olor de las ergástulas… sino desde dentro.

Esa experiencia no lo quebró: lo marcó. Le permitió comprender que detrás de cada reja existe una deuda social, un sistema abandonado y seres humanos olvidados por el Estado y por la sociedad. Fue en ese infierno donde nació la convicción de luchar por un modelo penitenciario más humano, más justo y más orientado a la rehabilitación que al castigo brutal.

Muchos hombres estudian las cárceles desde escritorios… y hay otros que cargan en la memoria el eco de sus barrotes. Roberto Santana pertenece a estos últimos.

Y esa vivencia marcó el rumbo.

Aquel que ha visto el problema en su forma más descarnada, no construye desde la teoría desde un escritorio o su oficina suntuosa , construye desde la urgencia. Y el haber convivido en las penurias de las ergástulas

Esa experiencia se convirtió en base para impulsar el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, iniciado en 2003, una transformación que cambió la visión del sistema carcelario dominicano hacia un enfoque de reinserción, respeto y derechos humanos.

Más adelante, su visión continuó proyectándose en iniciativas como la consolidación de estructuras modernas, entre ellas Las Parras, concebido no como un simple recinto, sino como parte de una nueva lógica penitenciaria.

Roberto Santana entendió algo que muchos aún no comprenden:

No se puede reformar un sistema sin haber sentido sus fallas.

Su trayectoria académica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su trabajo con la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, y su rol en la transformación penitenciaria regional, no son más que extensiones de una misma raíz: la experiencia convertida en acción.

En su caso, la lucha no fue simbólica. Fue vivida… entendida… y luego transformada.

Aquí es donde radica su mayor legado: Haber convertido una realidad dolorosa en un proyecto de cambio estructural

Y ya no se trata solo de lo que logró… se trata de cómo lo logró.

De un adolescente que entendió temprano que la lucha no era una opción, sino un deber. De un joven que no se acomodó, que no negoció sus principios, que no cambió de discurso con el tiempo.

De un hombre que convirtió cada etapa de su vida en un escalón hacia algo mayor.

Roberto santana nos hace ver que las verdaderas luchas no se improvisan… estas se siembran desde temprano.

Cuando esas luchas nacen con convicción, crecen con sacrificio y maduran con coherencia, terminan dando frutos que trascienden generaciones.

Hoy, lo que Roberto Santana Sánchez construye moldea y defiende no es casualidad. Es el resultado de una vida entera empujando en una misma dirección.

Una dirección clara. Una causa firme. Un propósito que no se detuvo.

En el proceso de una nación existen hombres que pasan por la historia… y hay otros que la enfrentan, la moldean y la transforman.

Y esa diferencia comienza desde la adolescencia… cuando se decide de qué lado de la vida se va a luchar.

jpm-am

El Colegio Dominicano de Periodistas guarda silencio. Y ese silencio pesa más que cualquier editorial.

Mientras el Congreso discute una “Ley Mordaza” que mete la mano en la libertad de expresión, la entidad que debería gritar primero mira para otro lado. No hay pronunciamiento firme. No hay movilización. No hay defensa pública de la prensa. Solo comunicados tibios y reuniones a puerta cerrada.

¿CUAL ES LA LEY MORDAZA?

Le llamamos así porque eso es. Un proyecto que criminaliza la opinión, que castiga con cárcel la difamación y la injuria, que pone al periodista a prueba ante un juez cada vez que publique algo incómodo para el poder.

Bajo esa ley, investigar corrupción es riesgo. Denunciar abuso es riesgo. Preguntar en una rueda de prensa es riesgo. El periodismo deja de ser contrapeso y pasa a ser delito.

No es un rumor. Está en discusión. Tiene artículos, tiene penas, tiene consecuencias. Y el Colegio lo sabe.

UN SILENCIO QUE NO SE ENTIENDE

El CDP nació para defender al periodista. Para eso están sus estatutos, para eso cobra cuotas, para eso existe. Cuando Trujillo callaba a la prensa, los periodistas enfrentaron. Cuando Balaguer cerraba periódicos, los periodistas protestaron. Hoy, con democracia, con redes, con Constitución, el Colegio susurra.

¿Miedo? ¿Cálculo político? ¿División interna? Ninguna excusa justifica el mutismo. Si el Colegio no defiende la libertad de expresión ahora, ¿cuándo lo hará? Cuando ya entre en vigencia la ley y los periodistas estén en tribunales.

Un gremio que calla ante una amenaza directa a su razón de ser, pierde autoridad moral. Pierde respeto. Pierde futuro.

LO QUE ESTA EN JUEGO

No es solo el periodista de periódico o de TV. Es el youtuber que denuncia. Es el comunitario que graba con el celular. Es la madre que se queja en Facebook. Es todo ciudadano que opina.La Ley Mordaza no distingue carnet. Distingue poder. Y castiga al que molesta.

Si el CDP no marca línea, otros lo harán por él. El gobierno dirá que “los periodistas no se opusieron”. Los legisladores dirán que “no hubo rechazo del sector”. Y la ley pasará con sello de indiferencia.

¿QUE DEBE HACER EL COLEGIO?

Lo que hizo siempre cuando la democracia tembló: hablar duro, claro y a tiempo.

-Pronunciamiento público y contundente. Sin eufemismos. “Rechazamos la Ley Mordaza porque atenta contra el artículo 49 de la Constitución”.

-Movilización. Rueda de prensa, cadenas humanas, luto informativo. Que el país vea que la prensa está en alerta.

-Alianza. Juntarse con abogados, universidades, sociedad civil, influencers. Esta lucha no es solo de periodistas con carnet.

-Presión legislativa. Ir al Congreso, reunirse con bancadas, explicar artículo por artículo por qué esa ley es inconstitucional.

El CDP no está para mediar entre el poder y el periodista. Está para defender al periodista del poder.

EL RIESGO DE CALLAR 

Callar hoy es legitimar mañana. Es decirle al legislador: “sigan, que no pasa nada”. Es decirle al periodista joven: “arréglate solo cuando te demanden”. Y es decirle a la sociedad: “la libertad de expresión no es tan importante”.

Un Colegio sin voz es solo una oficina con membrete. Un periodismo sin gremio que lo respalde es periodismo a la intemperie.

La Ley Mordaza avanza porque el silencio la deja avanzar. Romper ese silencio es responsabilidad del CDP. Si no lo hace, la historia le pasará factura. Porque cuando aprueben la ley y toquen a un colega, será tarde para pronunciamientos. Tarde para comunicados. Tarde para defender lo que hoy se niegan a defender.

El periodismo dominicano necesita un Colegio que grite, no que explique su silencio después.