POR CARLOS SALCEDO

La reciente designación de nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura no es un simple relevo institucional. Es, en sentido estricto, una prueba de estrés para el sistema judicial dominicano, porque ocurre en un contexto particularmente exigente: salen magistrados cuya producción jurisprudencial elevó la vara técnica y doctrinal del alto tribunal, y entran nuevos integrantes llamados no solo a ocupar sillas, sino a sostener -y ojalá superar- un estándar de calidad que ya no admite regresiones.

El primer gran reto es, precisamente, estar a la altura de quienes se fueron. No por nostalgia, sino por rigor. En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia había comenzado a consolidar una línea más cuidada de razonamiento jurídico, con decisiones que -sin ser perfectas- mostraban mayor conciencia del deber de motivar, de dialogar con la doctrina, de articular principios y reglas, y de comprender su rol como tribunal de cierre del sistema ordinario. Sustituir jueces técnicamente solventes por perfiles débiles o complacientes tendría un costo institucional inmediato: la pérdida de autoridad moral y jurídica de la corte de casación.

Decisiones motivadas

El segundo reto, quizás el más decisivo, es la calidad de la motivación de las sentencias. No basta con decidir; hay que explicar. No basta con citar artículos; hay que razonar. La motivación no es un adorno retórico ni una formalidad burocrática, es la esencia del Estado constitucional de derecho. Una sentencia mal motivada es una sentencia arbitraria, aunque el resultado sea correcto. Y una Suprema Corte de Justicia que se conforme con motivaciones aparentes -esas que repiten fórmulas vacías o transcriben normas sin interpretarlas- traiciona su función más elemental.

Aquí la exigencia es doble. Por un lado, profundidad jurídica, entendida como capacidad de ir más allá del silogismo tradicional y enfrentar los problemas reales del derecho contemporáneo, como lo son la colisión de derechos fundamentales, los límites del ius puniendi, el control de la discrecionalidad judicial, proporcionalidad, razonabilidad, coherencia sistémica. Por otro lado, honestidad argumentativa, esto es, decir por qué se adopta una posición y no otra, incluso cuando ello implique apartarse de precedentes o de soluciones cómodas, para adoptar decisiones de principio.

Manejo responsable del precedente

Un tercer reto es el manejo responsable del precedente. La Suprema Corte de Justicia tiene el debe de superar mucho más el fetichismo del precedente acrítico y el voluntarismo que lo desconoce sin explicación. La seguridad jurídica, la previsibilidad, exige estabilidad, pero la justicia exige evolución. El nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia está llamado a construir una jurisprudencia coherente, previsible y, al mismo tiempo, abierta a la corrección racional. Esto requiere jueces con formación sólida, carácter intelectual y respeto por el derecho como sistema, no como instrumento coyuntural. Teniéndolos, no caben las excusas.

Resistir presiones de todo tipo 

El cuarto reto es resistir las presiones externas, visibles e invisibles. La Suprema Corte de Justicia opera en un entorno político, mediático y social cada vez más polarizado, donde se exige rapidez, mano dura o decisiones “populares”. El juez supremo debe recordar que no administra aplausos, sino razones. La independencia judicial no se prueba en los casos fáciles, sino en los difíciles, en aquellos donde decidir conforme a la Constitución tiene un costo político o mediático. Los nuevos integrantes deberán demostrar que su legitimidad proviene del derecho, no de la expectativa de quien los designó.

Liderazgo interno

Un quinto reto, no menor, es el liderazgo interno. La Suprema Corte de Justicia no es una suma de individualidades brillantes, sino un órgano colegiado que necesita dirección intelectual, coherencia y visión institucional. Los nuevos jueces deben integrarse a una cultura deliberativa real, donde se discuta con rigor, se disienta con respeto y se decida con responsabilidad. La mediocridad colegiada es tan dañina como el autoritarismo togado.

Reconectar la alta corte con la ciudadanía

Finalmente, está el reto de reconectar la Suprema Corte de Justicia con la ciudadanía, no a través del populismo judicial, sino mediante sentencias claras, comprensibles y bien estructuradas. La legitimidad del juez en una democracia constitucional no se construye con discursos grandilocuentes, sino con decisiones que puedan ser leídas, entendidas y controladas por la sociedad, por la academia y la comunidad jurídica en general.

La Suprema Corte de Justicia entra, pues, en una etapa decisiva. Los nuevos integrantes no heredan solo cargos; heredan una responsabilidad histórica. De ahí que deben demostrar que el máximo tribunal ordinario del país puede ser un verdadero espacio de racionalidad jurídica, y no una estación de paso de intereses, improvisaciones o silencios elocuentes. Si fallan, no será un fracaso personal. Será un retroceso institucional que el país no puede permitirse.

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La historia atribuye a Luis XIV (rey de Francia desde 1643 hasta su muerte en 1715) -el Rey Sol- la célebre sentencia “El Estado soy Yo” (L’État, c’est moi). No importa si la pronunció o no, la frase sobrevivió porque captura la esencia de un modelo político donde la voluntad del gobernante se confunde con la del Estado. Allí no hay contrapesos, ni frenos, ni límites: solo un poder que se mira a sí mismo como fuente de toda legalidad.

Esa sombra absolutista, que creíamos confinada a los libros de historia, vuelve a proyectarse en ciertos estilos contemporáneos de ejercer el poder. No porque existan monarcas, sino porque algunos líderes actúan como si su criterio personal bastará para definir la política, reinterpretar la ley o desautorizar a las instituciones. El absolutismo, en su versión moderna, no necesita coronas: le basta con la convicción de que el Estado es una extensión de la propia voluntad.

La Doctrina Monroe: de escudo defensivo a instrumento de hegemonía

En 1823, el presidente James Monroe proclamó ante el Congreso una doctrina que buscaba impedir la re-colonización europea en América. Era un mensaje de advertencia: el hemisferio occidental no debía ser campo de disputa entre imperios. Pero con el tiempo, aquella declaración se transformó en algo muy distinto. Bajo Theodore Roosevelt, la Doctrina Monroe mutó en la llamada “diplomacia del garrote”: intervención militar, imposición de gobiernos afines y la tutela política sobre países soberanos.

El lema “habla suavemente y lleva un gran garrote”. Sintetizaba una política exterior que, en nombre del orden, terminó sembrando inestabilidad. América Latina fue laboratorio de esa hegemonía: presidentes impuestos, dictaduras sostenidas, pueblos sometidos.”O porta bien o porta aviones”. Como toda presión excesiva, genera su propia respuesta: Cuba en 1959, República Dominicana en 1965, Nicaragua en 1980. La historia demostró que el garrote no estabiliza; incendia.

 El retorno de un cadáver político

Hoy, ciertos gestos de la administración estadounidense evocan el intento de resucitar aquella doctrina que ya había sido enterrada por la historia. No se trata de un regreso formal —nadie lo anunciaría así— sino de una lógica: la idea de que el hemisferio es un tablero donde Washington puede mover piezas a voluntad: “Lo quiero todo a las buenas o a las malas”. Las señales han sido múltiples: presiones diplomáticas, despliegues militares en el Caribe, intentos de redefinir territorios o símbolos, decisiones unilaterales en política exterior y el uso intensivo de órdenes ejecutivas para sortear contrapesos internos.

Ese modo de gobernar —por decreto, por impulso, por confrontación— recuerda la lógica absolutista: el gobernante como fuente de verdad, la prensa como adversario, las instituciones como obstáculos y la crítica como traición; no es que el presidente diga “el Estado soy yo”. Es que actúa como si no necesitara al Estado para gobernar, como si la institucionalidad fuera un accesorio prescindible. El se siente que está por encima de la constitución.

Resulta casi poético —si no fuera trágico— que tres siglos después de que los juristas franceses intentan domesticar el absolutismo del Rey Sol mediante el droit public, tengamos que recordar que en una república moderna el poder no se hereda ni se improvisa por decreto; y es que, las democracias no se rompen de un día para otro. Se erosionan cuando el poder personal empieza a desplazar al poder institucional; cuando la voluntad del líder pretende sustituir a la ley; cuando la crítica se convierte en enemigo; cuando el Estado deja de ser un conjunto de reglas y se convierte en un reflejo del gobernante.

Los constitucionalistas de Filadelfia, que conocían bien los excesos de las coronas europeas, diseñaron un sistema de frenos y contrapesos precisamente para evitar que algún gobernante confunda la Casa Blanca con Versalles. Sin embargo, cada vez que un presidente pretende gobernar por impulso, desautoriza a la prensa como si fuera un bufón de corte o trata a los otros poderes como simples ornamentos, revive —con una ironía que la historia no merece— la vieja tentación monárquica que los padres fundadores creyeron haber enterrado para siempre.

Por eso, el paralelismo con Luis XIV no es un capricho retórico. Es una advertencia histórica.
El absolutismo no regresa con coronas, sino con discursos que desprecian los límites, con decisiones que ignoran los contrapesos, con líderes que confunden su voz con la voz del país; es que el Estado soy Yo.

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El doctor Namphi Rodríguez estaba supuesto a ingresar como juez del Tribunal Constitucional en la reciente selección de integrantes de esta corte llevada a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura en diciembre de 2023.

Sin embargo, situaciones de último minuto, surgidas al margen del propio Consejo y de las deliberaciones, impidieron que el buen amigo Namphi ingresara a la matrícula de la corte que tiene la palabra final en materia de constitucionalidad.

Quienes desde las gradas siguen estos procesos pero que no tienen informaciones de primera mano, ignorarán qué sucedió que el laborioso y prolífico jurista quedó fuera del Constitucional. Muchos sí lo sabemos.

Pasados dos años de aquella aspiración frustrada, el Consejo, encabezado por el presidente Luis Abinader, escoge a Namphi como juez de la Suprema Corte de Justicia, una designación que ha llenado de mucha satisfacción a quienes nos consideramos sus amigos.

La elección de Hamphi ha sido una buena decisión del Consejo de la Magistratura, pues su trayectoria en el ejercicio y en la academia representará un aporte significativo a la Suprema, pues su acervo jurídico le convierten en uno de los juristas de este tiempo mejor formado.

Namphi, quien también es periodista, se ha dedicado en los últimos años a la producción de textos en varios ámbitos del Derecho, aporte que enriquece la bibliografía jurídica.

Sus textos sirven de consulta para abogados y estudiantes, quienes tienen en esta bibliografía materiales excepcionales en materia constitucional y administrativa.

No dudo en afirmar que la selección de Namphi ha sido uno de los pasos más acertados del Consejo Nacional de la Magistratura en los últimos años, lo que podremos documentar con el seguimiento al trabajo que acaba de iniciar.

Debemos reconocer, en honor a la verdad, que la actual composición de la Suprema Corte tiene también un justo y bien ganado prestigio, lo cual podemos sustentar en el hecho de que no se ha visto envuelta en ningún tipo de cuestionamiento, en un país donde los maledicentes, perversos y malandrines de redes, plataformas y medios digitales están siempre prestos a dañar reputaciones.

En ese ambiente de productividad que ha dirigido el magistrado Luis Henry Molina, la llegada de Hamphi—y también de los demás jueces seleccionados—sería un refuerzo vital para afianzar un trabajo que beneficia a todos.

Nelsonencar10@gmail.com