POR MERCEDES PERALTA CUEVAS

El concepto de justicia ha sido una constante en la historia de la humanidad. La Biblia lo menciona en 558 ocasiones, y uno de sus pasajes más emblemáticos lo recoge en el Evangelio de Mateo: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados” (Mt 5:6).

En la República Dominicana, la Constitución consagra la justicia y la dignidad humana como pilares fundamentales. Bajo el título de Derechos, Garantías y Deberes Fundamentales, el artículo 38 establece: “La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”1.

El Poder Judicial y la tutela de la dignidad

Sobre estos principios, el Poder Judicial ha asumido la responsabilidad de tutelar la dignidad humana. Entre sus esfuerzos destacan la reducción de la mora judicial y la garantía de respuestas oportunas, con la obligación de justificar las excepciones. Asimismo, sus voceros buscan interpretar las decisiones en favor de la ciudadanía, especialmente en conflictos que generan incertidumbre o tensión social.

La dignidad, sin embargo, no es un valor exclusivo de las instituciones públicas: debe ser protegida en todos los ámbitos de la vida social, tanto públicos como privados.

En este sentido, el Poder Judicial está llamado a predicar con el ejemplo, garantizando primero la dignidad de sus propios miembros. No resulta creíble ofrecer aquello que no se practica internamente. La cooperación y coordinación entre las instituciones del Estado es clave para fortalecer esa tutela, pues el respeto a la norma genera confianza, seguridad y estabilidad.

Una mirada histórica: la crisis de 1995

El desempeño del Poder Judicial ha sido objeto de críticas en distintos momentos de la historia reciente. En 1995, la revista Rumbo publicó una serie de artículos que cuestionaban severamente la actuación de la Suprema Corte de Justicia. En su edición del 2 al 8 de agosto, Sandy Lockward firmó el texto “La Suprema Corte bajo sospecha”, donde se denunciaba tráfico de influencias y deficiencias en las decisiones penales.

Juristas como Welinton Ramos y Wilson Gómez expresaron públicamente su preocupación. Una encuesta citada en el artículo reveló que el 92 % de los encuestados rechazaba la candidatura del entonces presidente de la Suprema Corte.

Estas críticas, sumadas a las de reconocidos intelectuales como Pedro Delgado Malagón, Frank Moya Pons, Adriano Miguel Tejada, Eduardo Jorge Prats, Juan Bolívar Díaz, Delia Blanco, Juan Daniel Balcácer y Marcio Veloz Maggiolo, generaron un impacto mediático que desembocó en reformas constitucionales y cambios en la composición del Poder Judicial.

La reforma de 1996, conocida como la Constitución de las reformas, otorgó mayor autoridad y legitimidad a los jueces de la Suprema Corte, quienes pasaron a ser elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a lo dispuesto en la reforma de 1994.

La dignidad como valor inherente

La dignidad humana es un valor inherente al ser humano. Implica respeto y valoración de cada individuo como ente único dentro de la sociedad, reconociendo sus particularidades y protegiendo sus derechos.

La tutela de la dignidad no es solo un mandato constitucional, sino una exigencia ética que debe guiar la actuación de las instituciones y de la ciudadanía en su conjunto.

jpm-am

En la República Dominicana se ha generado un importante debate jurídico y constitucional en torno al Decreto Presidencial No. 6-19, que regula la expedición de licencias de conducir. Esta disposición establece que las personas mayores de 65 años deben renovar su licencia cada dos años, mientras que el resto de los ciudadanos lo hace cada cuatro años. Esta diferencia ha sido ampliamente cuestionada por constituir una posible violación al principio de igualdad y a la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico dominicano.

El principio de jerarquía normativa es claro: la Constitución se encuentra en la cúspide del sistema legal, seguida por las leyes, y posteriormente por los reglamentos o decretos. En este sentido, un decreto presidencial no puede modificar ni contradecir una ley aprobada por el Congreso Nacional.

La Ley 63-17, sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, establece en su artículo 201 que la vigencia de las licencias de conducir es de cuatro años, sin hacer distinción alguna por edad. Por tanto, el Decreto 6-19 introduce una limitación que no está contemplada en la ley, incurriendo en un exceso de su facultad reglamentaria.

Desde el punto de vista constitucional, la medida también presenta serias objeciones. El artículo 39 de la Constitución consagra el derecho a la igualdad, prohibiendo cualquier trato discriminatorio que no esté debidamente justificado. En este caso, la reducción del período de vigencia de la licencia se basa únicamente en la edad cronológica del ciudadano, sin considerar su condición física o mental individual. Esto ha llevado a muchos juristas a calificar la medida como discriminatoria, al tratar a los adultos mayores como ciudadanos de segunda categoría.

El Tribunal Constitucional ha abordado previamente situaciones similares. En la sentencia TC/0005/20, se estableció que fijar límites o restricciones basadas exclusivamente en la edad puede resultar inconstitucional si no existe una justificación razonable y proporcional. Este precedente refuerza la idea de que el Estado debe evaluar la capacidad de conducción de manera individual, mediante exámenes médicos u otras pruebas objetivas, en lugar de aplicar restricciones generales basadas en la edad.

Ante esta situación, diversos sectores han interpuesto acciones legales ante el Tribunal Superior Administrativo y el propio Tribunal Constitucional, solicitando la nulidad del referido decreto por violar tanto la Constitución como la ley. Asimismo, se han presentado recursos de amparo y denuncias públicas por la persistencia de la aplicación de esta norma, incluso después de anuncios oficiales que prometían su eliminación.

En octubre de 2024, el gobierno dominicano reconoció la problemática y anunció la eliminación de esta disposición discriminatoria. Sin embargo, persisten denuncias de que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre continúa aplicando el reglamento en sus sistemas, lo que genera incertidumbre jurídica y afecta directamente a miles de ciudadanos.

En conclusión, el Decreto 6-19 constituye un claro ejemplo de conflicto normativo y posible violación de derechos fundamentales. La igualdad ante la ley no debe ser una aspiración, sino una garantía efectiva para todos los ciudadanos, independientemente de su edad. Corregir esta situación no solo es una obligación legal, sino también un acto de justicia social.

JPM

POR YANET GIRON

En nuestras calles se está normalizando una práctica tan irresponsable como peligrosa: conductores que utilizan bocinas o dispositivos que simulan sirenas de ambulancias o patrullas para abrirse paso en el tránsito. Lo que algunos asumen como una “viveza” es, en realidad, una acción ilegal que distorsiona el orden vial y pone en riesgo la vida de todos.

La dinámica del tránsito es clara: al escuchar una sirena, el conductor asume que hay una emergencia real. Por eso, se desplaza hacia la derecha para liberar el carril izquierdo y permitir el paso. No es un favor, es un deber ciudadano que responde a una lógica de vida o muerte en la vía pública.

Pero cuando esa señal es falsificada, se rompe un acuerdo esencial entre ciudadanos. Quien cede el paso lo hace con la convicción de estar facilitando una urgencia legítima. Convertir ese acto en un engaño no solo es irresponsable, es una forma de abuso que erosiona la confianza colectiva.

Las consecuencias son tan inmediatas como peligrosas. Un movimiento brusco para ceder el paso puede provocar colisiones, afectar a peatones o desestabilizar a motociclistas. A esto se suma la conducta del infractor, que aprovecha la apertura para acelerar sin control, como si la vía fuera un espacio sin reglas.

El daño más profundo, sin embargo, es el que no se ve de inmediato. La repetición de estas prácticas puede sembrar dudas en la ciudadanía. Y cuando la confianza se quiebra, una ambulancia real puede perder segundos vitales porque alguien dudó en apartarse.

Frente a esto, la respuesta no puede ser tibia. Las autoridades deben hacer cumplir la ley con firmeza, pero también es un asunto de conciencia individual. Conducir implica asumir responsabilidad sobre la vida propia y la de los demás; no es un terreno para imponer ventajas personales.

Porque falsificar una sirena no es ingenio, es una amenaza. Es jugar con la urgencia ajena, con el orden colectivo y con la seguridad de todos. Y una sociedad que permite ese tipo de conductas sin cuestionarlas, termina pagando un precio demasiado alto en vidas y en valores.

jpm-am

La Declaración de Bogotá, adoptada recientemente en la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, irrumpe con fuerza en un escenario de altísima fragmentación geopolítica global. El documento emite una advertencia diáfana frente a las pretensiones externas de tutela, estableciendo con determinación que la soberanía regional representa un valor supremo que bajo ninguna circunstancia resulta negociable para los países firmantes.

Este posicionamiento surge como respuesta institucional ante la intervención militar ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, un hecho que ha transformado el mapa de seguridad en todo el hemisferio occidental. Aunque el texto diplomático evita señalar de forma nominal al agresor, construye una arquitectura argumentativa basada en los principios fundamentales del derecho internacional y en los estatutos vigentes de la Carta de las Naciones Unidas.

En ese sentido, la declaración reafirma la vigencia del principio de no injerencia y la igualdad soberana de los Estados, respondiendo directamente al trauma causado por la operación del pasado 3 de enero. Aquella incursión militar culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Dilia Flores, un evento que ha obligado a la región a blindar nuevamente su condición de Zona de Paz.

El multilateralismo como escudo regional

Los mandatarios destacaron la plena vigencia de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, un compromiso que obliga a los Estados miembros de la CELAC a garantizar el respeto mutuo. Esta postura retoma los acuerdos de la II Cumbre celebrada en La Habana, subrayando que la estabilidad regional depende exclusivamente de la voluntad política de sus propios actores y no de agendas foráneas.

El texto abordó los temas más sensibles de la actual coyuntura internacional, enfatizando la urgencia de fortalecer los mecanismos de coordinación multilateral para contrarrestar las políticas de presión unilateral que socavan el orden democrático. Bajo esta premisa, los países reiteraron la necesidad de que una figura nacional de nuestra región asuma la Secretaría General de las Naciones Unidas con un criterio de equilibrio geográfico.

La búsqueda de este liderazgo global busca garantizar que las voces del sur global sean escuchadas con la misma relevancia que las de las potencias tradicionales en los foros de decisión internacionales. Esta estrategia de coordinación diplomática pretende evitar que se repitan episodios de judicialización extraterritorial de líderes políticos, asegurando que la justicia y el derecho internacional operen de manera equitativa y justa para todos.

La lectura política y el eco de la historia

Fuera del rigor del documento oficial, las palabras del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva han servido para amplificar la lectura política de este convulso momento que atraviesa la región.

«Nos quieren colonizar otra vez», afirmó el mandatario en Bogotá, conectando de manera directa las agresiones actuales contra Venezuela con las viejas prácticas imperialistas que marcaron el siglo pasado en América Latina.

La sentencia de Lula no representa un simple exceso de retórica política, sino que constituye una interpretación analítica que vincula la intervención militar con una estrategia diseñada para reinstalar relaciones de subordinación. En este contexto, el secuestro de un jefe de Estado y su traslado forzoso adquieren una dimensión que trasciende lo jurídico para inscribirse en la disputa por el control de los recursos estratégicos.

De este modo, la Declaración de Bogotá funciona como un muro de contención diplomático que, a pesar de las divergencias ideológicas internas, logra asentar una línea roja sobre la defensa del territorio. Lo que no se dice abiertamente en las cláusulas se lee claramente en el espíritu de la unidad regional, donde la advertencia sobre la neocolonización resuena como el telón de fondo de una nueva etapa.

jpm-am