La ausencia de una pensión mínima universal, la falta de mecanismos de solidaridad intergeneracional y la inexistencia de alternativas para los trabajadores que cotizaron y se fueron dejando 14 años de primas, hacen del sistema dominicano uno de los más regresivos de América Latina.

Es insostenible seguir justificando un modelo que castiga a los trabajadores, enriquece a las AFP y deja en la incertidumbre a millones de personas que cotizan durante parte de su vida sin garantías de una vejez digna.

El modelo dominicano de capitalización individual no solo es inequitativo: es abusivo. Y lo es aún más si lo comparamos con los avances que han dado otros países de América Latina.

Desde que fue instaurado en 2003, el sistema dominicano ha obligado a los trabajadores formales a cotizar un porcentaje de su salario a cuentas individuales administradas por AFP privadas.

Estas entidades, sin asumir riesgo alguno, cobran comisiones anuales, aunque el rendimiento de los fondos sea bajo o incluso negativo. Mientras tanto, los trabajadores enfrentan condiciones estrictas para poder pensionarse: deben haber cumplido la edad legal (60 o 65 años) y haber cotizado durante al menos 360 meses.

De lo contrario, no acceden a una pensión vitalicia, sino a un retiro único de sus fondos acumulados, si es que existe un saldo suficiente.

Llama la atención que, frente a esta situación, el propio superintendente de pensiones, Francisco Torres, se comporte más como un vocero de las AFP que como un árbitro justo en un sistema en crisis.

Sus declaraciones y posicionamientos públicos suelen estar alineados con los intereses de las administradoras privadas, en lugar de cuestionar sus excesivas ganancias o exigir mecanismos que protejan a los trabajadores.

En todo caso, el rol de la Superintendencia debería estar en el centro del debate, o incluso más cerca de quienes aportan y no de quienes se benefician del capital acumulado. Esa parcialidad institucional no solo es peligrosa, sino también inaceptable en un país que clama por mayor equidad.

Pagos pensionales para diáspora

Tendrán derecho a recibir pensión  los afiliados que con anterioridad a su ingreso al régimen de ahorro individual con solidaridad o ex empleados con 14 años de servicio, cumplan alguno de los siguientes requisitos:

a)  Que hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales o las cajas o fondos de previsión del sector público SAVICA;

b) Que hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades descentralizadas como servidores públicos.

c) Que estén vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones.

d) Que hubiesen estado afiliados a cajas previsionales del sector privado que tuvieren a su cargo exclusivo el reconocimiento y pago de pensiones.

Los afiliados de que trata el literal a) del presente artículo que al momento del traslado hubiesen cotizado menos de ciento cincuenta (150) semanas no tendrán derecho a bono compensación

En ningún caso se considerarán válidas aquellas vinculaciones laborales que sirvieron de base para el reconocimiento de una pensión, indemnización sustitutiva o para la expedición de un bono pensional vigente.

Tampoco se tendrá en cuenta para el cálculo de un bono tipo A, el tiempo de cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales efectuadas por un empleador con miras a compartir la pensión con dicho Instituto.

Para efectos de este título, se tiene como caja o fondo de previsión aquella entidad a la cual el trabajador o el empleador aportaban, tuviera o no personería jurídica diferente a la del empleador.

En los últimos años la proliferación de canales de televisión, emisoras plataformas digitales y otros recursos que permiten abrir el abanico de la comunicación a todos los espacios de la sociedad, los ciudadanos ocupados, los hombres y mujeres de trabajo, han sido sometidos al peor de los riesgos morales y de reputación por inconscientes e inescrupulosos pseudos comunicadores, cuyo objetivo ulterior es, por lo general, dañar.

Todo el que no tiene nada que hacer, fracasado en su ejercicio o sin probabilidades de nombradía en base a capacidad y sacrificio, busca la forma de obtener una plataforma que le permita promoverse, pero al mismo tiempo chantajear, dañar honras, crear falsas verdades y, sobre todo, procurar ganancias económicas basadas en extorsión.

República Dominicana es el único país donde cualquiera falta el respeto al Presidente de la República sin consecuencias, a funcionarios, empresarios, emprendedores y profesionales que han alcanzado mérito a base de sacrificio y de total entrega a su ejercicio, por los llamados comunicadores que de comunicar no saben nada.

Utilizan los medios que pagan, porque la comunicación con el nacer del siglo se convirtió en un negocio, el periodismo comenzó a perder su esencia y cualquiera que le falta el respeto al micrófono se llama comunicador en un franco irrespeto a una ciencia tan hermosa del conjunto de las humanidades.

Un comunicador es una persona culta, dueño de amplio y rico léxico, con valores éticos y morales por encima del promedio, con apego verdadero a la deontología, no cualquier “boca de burro” que usa un medio para decir tonterías, dañar reputación y hacer riqueza en base a la extorción y el chantaje.

Retomar el control de los medios, investigar a los falsos apóstoles del periodismo y la comunicación como ciencia, ha de ser una tarea de persecución de oficio, para poner fin al relajo de las llamadas redes sociales (Fakes News).

El Ministerio Público, las leyes adjetivas afines y la conciencia ciudadana que anhelan una sociedad pacífica, deben frenar las incursiones con patrocinios espurios, de malquerencias políticas y de antisociales con trajes de profetas.

La Ley es para todos y quien cause voluntariamente un daño a otro, debe pagar por sus hechos. Aunque la venda de la Justicia está rota, el cristal de la conciencia está presente. No al chantaje, caiga quien caiga y respeto a los verdaderos profesionales del ejercicio. ¡Basta ya!

aquinorubio@gmail.com

Moverse por el Gran Santo Domingo se ha convertido en una experiencia cada vez más difícil y desgastante. Los tapones son parte del paisaje urbano y afectan directamente la productividad, la salud mental y la calidad de vida de quienes habitan en la capital y sus municipios aledaños.

Para la clase media, especialmente, el tránsito se ha vuelto un obstáculo cotidiano para cumplir con las responsabilidades laborales y familiares.

La verdad es que uno de los principales factores que agravan la congestión es la enorme cantidad de vehículos en circulación. Según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), más del 50% del parque vehicular del país tiene más de 15 años de antigüedad, y una parte considerable de estos se encuentra circulando precisamente en el Gran Santo Domingo.

La falta de inspecciones técnicas efectivas ha permitido que muchos de estos vehículos antiguos, en condiciones deficientes, sigan operando. Estos autos no solo generan más emisiones contaminantes, sino que, al sufrir frecuentes desperfectos, se convierten en obstáculos en la vía, agravando los tapones.

Además, el bajo costo de adquisición de vehículos usados importados ha estimulado su entrada masiva al país, sin un acompañamiento de políticas de renovación ni de control del volumen vehicular en áreas congestionadas.

Es cierto que a esta situación se suma el crecimiento descontrolado del parque de motocicletas, que ya supera los 2.5 millones de unidades en todo el país, con una gran concentración en la capital. Aunque las motos representan una alternativa económica y rápida para muchos trabajadores, también son protagonistas del caos urbano.

En Santo Domingo, miles de motociclistas circulan sin respetar señales de tránsito, sin casco, en vías contrarias, sobre aceras o entre vehículos detenidos, generando situaciones de peligro constante tanto para peatones como para conductores. Su alta siniestralidad, sumada al desorden que provocan en intersecciones y corredores viales, empeora la fluidez del tránsito.

La falta de regulación, fiscalización y educación vial entre los motoconchistas y repartidores ha convertido a las motocicletas en un factor de deterioro de la movilidad urbana y del orden público. Cualquier política de tránsito que no contemple soluciones específicas para este sector está condenada al fracaso.

Debo señalar que Programas como “RD se mueve” y los corredores de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) son pasos en la dirección correcta. Buscan racionalizar el uso de las avenidas y fomentar el transporte colectivo. Sin embargo, estos esfuerzos deben enmarcarse dentro de una visión de sistema integrado de transporte que incluya metro, teleférico, autobuses, ciclovías y soluciones peatonales.

Pero la infraestructura, por sí sola, no basta. Mientras no se adopten medidas más drásticas como: un plan de chatarrización de vehículos obsoletos, un control riguroso de emisiones, restricciones al uso de vehículos privados en ciertas zonas y horarios y la mejora radical del transporte público, el caos seguirá imperando.

Un ejemplo evidente del uso inadecuado del espacio vial se observa en avenidas como la Rómulo Betancourt y la Sarasota, donde uno de los dos carriles suele estar ocupado por vehículos estacionados o puestos a la venta, reduciendo la capacidad de circulación y agravando los tapones.

A esto se suma el impacto de los colegios privados, particularmente en sectores céntricos como Naco, Piantini y Bella Vista. Muchas de estas instituciones han abandonado el uso del transporte escolar colectivo, lo que ha provocado que cientos de padres recurran al traslado individual en automóvil, saturando aún más las vías en las horas pico de entrada y salida escolar.

Este cambio ha tenido un efecto desastroso en el tránsito: calles colapsadas a la hora de entrada y salida escolar, doble y triple filas, vehículos estacionados en aceras y esquinas. Se requiere que el Ministerio de Educación y el Ayuntamiento del Distrito Nacional promuevan o incluso regulen el retorno del transporte escolar institucional como una forma de descongestionar la ciudad.

Si no se enfrentan las causas estructurales de la congestión, el crecimiento desordenado del parque vehicular, el auge desregulado de motocicletas, la falta de transporte público eficiente y el desuso del transporte colectivo privado,  la ciudad colapsará. No es una exageración. Ya lo estamos viviendo.

El Gran Santo Domingo necesita un plan de movilidad urbana sostenible, con incentivos para el uso de transporte público, regulaciones para vehículos viejos, control del parque de motocicletas y una visión metropolitana que articule a todos los municipios del Gran Santo Domingo.

La capital no puede seguir creciendo sobre ruedas que ya no giran bien.