Ignoro si la ministra de Interior fue la que primero informó que el director de la Policía dispuso la suspensión de los agentes que ultimaron a cinco hombres en Santiago, o si fue la procuradora general, Yeni Berenice, que ordenó investigar esa matanza perpetrada el miércoles en el sector La Barranquita, de Santiago.

La primera información sobre ese suceso fue ofrecida por el coronel Diego Pesqueira, quien dijo que los agentes actuantes enfrentaron a miembros de una banda de delincuentes, que al menos dos de los occisos tenían antecedentes penales y que un miembro de la institución fue herido en la balacera.

Es posible que los agentes de la Dirección Centran de Investigaciones (Dicrim)  enfrentaran a supuestos miembros de una banda de sicarios o narcotraficantes, pero al menos se sabe que José Vladimir Valerio Estevez fue acribillado a balazos cuando iniciaba su jornada laboral como barbero.

La ministra Raful ha prometido que no habrá impunidad ante ese suceso que se quiso cerrar con la tradicional versión de que las victimas formaban parte de una peligrosa banda que enfrentó a las autoridades con un arsenal, sin establecer si pudo tratarse de otra ejecución extrajudicial.

En lo que va de año la prensa ha contado 170 personas ultimadas por patrullas policiales en alegados intercambios de disparos, a los que se agrega los cinco abatidos en una plaza comercial de Santiago. Donde la policía pone el ojo, pone la bala.

Se reconoce el especial interés que el presidente Luis Abinader ha puesto en el proyecto de transformación de la Policía, cuyo avance revisa cada lunes, pero aun la ciudadanía no percibe de manera significativa el cambio que experimenta la institución.

El narcotráfico, sicariato, terrorismo, extorsión y trata de personas se erigen en grandes multinacionales del crimen que perturba la seguridad ciudadana y la gobernanza política en América Latina, con tanto poder y dinero que llegan a penetrar hasta el tuétano de las instituciones   encargada de combatirlo.

En República Dominicana se han decomisado desde el 2020 más de 224 toneladas de drogas, pero se da por seguro que otros muchos cargamentos de narcóticos llegan desde aquí a su destino final de Estados Unidos y Europa, pero también es mucha la droga que se queda para mercadeo y consumo, lo que promueve una economía de subsuelo que alienta al crimen.

El Ministerio Público esta compelido a investigar las circunstancias en que cinco personas fueron abatidas a tiros por agentes policiales en Santiago, un episodio que no puede ser coronado por la impunidad porque sería como darle aquiescencia a que delincuentes maten a delincuentes.

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La nueva ley penitenciaria, ley No.113-21, la cual sustituye a la ley 224-84, ambas leyes adoptaron el sistema progresivo como medio de reinserción del interno. El sistema progresivo es reconocido también en Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos o reglas de Nelson Mandela como también se le denomino en honor a dicho personaje, quien estuvo preso por 27 años.

Estas reglas constituyen los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad dictadas por la ONU.

El sistema progresivo para ser materializado debe ser llevado a cabo por instituciones penitenciariaS que permitan su desarrollo. Una de esas instituciones es el medio libre, la cual  se crea bajo la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales con la finalidad de contribuir a la reinserción social de las personas egresadas de los centros de corrección y rehabilitación en el periodo de prueba, así como la gestión de las medidas alternativas a la prisión.

El objetivo del medio libre es ayudar con la seguridad pública mediante la reinserción laboral, en un trabajo remunerado, de personas condenadas, aplicando medidas alternativas a la reclusión, incluyendo la capacitación y la colocación laboral, independiente o dependiente.

El medio libre tuvo como antecedente desde el punto de vista de su desarrollo reglamentario la Resolución No.00040 dictada por la Procuraduría General de La República en el año 2012. Por ello la ley 113-21 la recoge en su artículo 147.

El medio libre como la institución del sistema penitenciario tiene como función pproponer a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales los planes y programas a ejecutar para el medio libre, previamente aprobados por el Procurador General de la República.

Las reformas a la justicia penal ocurridas en América Latina recientemente generaron un escenario jurídico penal donde la “alternatividad penal” es el centro como nueva alternativa al proceso tradicional.

Esta alternatividad trajo nuevos modos para la resolución del conflicto y cumplimiento de las penas. Es por ello, que el Código Procesal Penal adopta numerosas instituciones que constituyen modos de alternativas a la prisión.

Figura como los criterios para la determinación de la pena (art. 339 cpp); condiciones especiales de cumplimiento de la pena (art. 342 cpp); el perdón judicial (art. 340 cpp); la suspensión condicional de la pena (art. 341 cpp); las soluciones alternativas al juicio: (conciliación, resarcimiento integral del daño y la suspensión condicional del procedimiento arts. 37, 40 y 44.9 del cpp); así como el perdón condicional de la pena ( ley 223) y la libertad condicional (ley 164) constituyen un arsenal amplio de instituciones del derecho penitenciario para que por mandato del artículo 169 constitucional y articulo 2 del cpp (que establece el principio de ultima ratio- derecho penal mínimo) se concretice verdaderas salidas alternativas a la prisión y se solucionen los conflictos diferente a la imposición de una pena.

Entre 2022 al 2025 se emitieron 9,449 salidas de medio libre. Estas salidas es el resultado de la participación de numerosos departamentos e instituciones del orden judicial que involucran al Poder Judicial, juez de ejecución de la pena, Ministerio Público, departamentos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, abogados, médicos, Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, Constitución, leyes y por supuesto el interno.

Ignorancia

Negar y cuestionar estas salidas alternativas a la prisión que constituyen nuevas formas de ejercicio del derecho penitenciario-penal es evidenciar ignorancia del orden jurídico, una manera de medir la democracia y el nivel de pensamiento humano.

El inmenso y gigante Nelson Mándela dijo que suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada.

Las salidas alternativas a la prisión no son una impunidad, un indulto o una amnistía. Son formas de cumplimento de las penas basada en el sistema progresivo que adoptó el Estado dominicano para su sistema penitenciario.

Si queremos un sistema penitenciario sin cárcel hacinadas, en malas condiciones e indignas deberíamos respetar las salidas alternativas a la prisión.

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Un dicho reza: «Cada cabeza es un mundo». Eso es una realidad que el hombre vive hoy, que podríamos decir que se debe a que Dios creó al ser humano con albedrío; es decir, con la capacidad de hacer su libre  decisión y elección. Todo esto niega en lo que muchas veces se cree, el llamado sentido común, lo cual es la manera en que se espera que todos pensemos y actuemos.

En realidad el mundo vive una locura, aprueba lo bueno y hace lo malo. Por eso se dice: «Llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno». Sin duda, que todo ser humano consciente de la realidad que vive el mundo, debe tener la misma preocupación que tienen los demás.  Sin embargo, se sabe que no todos comparten el mismo pensamiento ni las mismas decisiones, y es esto que complica la convivencia humana.

Una situación que debemos confrontar es que se defina correctamente lo que es bueno y lo que es malo. Mas se sabe que no hay manera de hacer tal  confrontamiento, ya que hay demasiados indicadores que lo impiden, como son las culturas, los grados de conocimientos, los valores, las creencias y las conveniencias, entre otras. Sin embargo, es necesario que cada ser humano este dispuesto a colaborar con la convivencia humana.

Las religiones son ende de división social, en el sentido de que las normas de regulación de la conducta humana, están definidas en ese libro que se llama la Biblia, para los cristianos. Empero, las otras religiones, también tienen sus definiciones del comportamiento social, conforme al libro sagrado de cada una de ellas. En consecuencia, no existe una religión única, que unifique la humanidad.

Esa verdad en las religiones la vamos  a encontrar en todas las actividad social, económica, política, científica, deportiva, recreativas, entre otras. Todo esto está enmarcado en el enfoque que cada uno le da a sus cosas.

Esto causa grandes perturbaciones , traumas y sobre todo distorsiones que conllevan al fracaso humano.. Salomón, hijo de David, escribió: «Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte» Prov. 14: 12.

Jesucristo, es la única persona que ha vivido en la tierra que puede servirnos como un ejemplo unificador y reconciliador de la humanidad, si tan solo pusiéramos la mirada y fe en él y sus enseñanzas. El no es culpable de lo que han hechos los creyentes en él, dividiéndose cada día más. por los benditos intereses y las malas interpretaciones de sus enseñanzas, de su misión y de su persona..

Jesús a pesar de que el celo de su Padre, por las cosas sacras, le consumía, no personalizó  como forma de ataque a ningún ser humano, sino que se enfocó en enseñar las palabras de su Padre, haciendo la voluntad de Este.

Toda su meta, era buscar y salvar a los perdidos. El mundo en su mayoría está perdido, en relación a la doctrina y visón de Cristo. El dijo: «Venid a mí  todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar» Mt. 11:28.

La actitud correcta de todo ser humano debiera  estar orientado en lo siguientes:  lo dicho por Benito Juárez, «el respeto al derecho ajeno es la Paz» y lo que escribió Pablo, apóstol de Jesucristo: «No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres» Rom 12:17, 18.

Enderecemos nuestro andar, por medio de tomar los dos principios sociales más importantes, que oídos humanos hayan oído, dicho por Jesucristo: «Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas» y «Amarás a tu prójimo como a ti mismo» Mt. 7:12; 22:37, 39 respectivamente.

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POR LUIS M GUZMAN

La sostenibilidad fiscal de República Dominicana no se explica solo por el nivel de endeudamiento, aunque este ya sobrepasa los 75,000 millones de dólares en 2024. La raíz del problema es más profunda: una estructura estatal ineficiente y redundante, junto a una nómina pública sobredimensionada, que absorbe recursos que deberían dirigirse a inversión social y productiva en beneficio ciudadano.

En el país operan más de 350 instituciones estatales, muchas con funciones similares. Durante décadas se han creado ministerios, direcciones e institutos que se solapan, generando burocracia excesiva y gasto corriente injustificado.

La propia Dirección de Presupuesto ha reconocido que múltiples entidades podrían ser eliminadas o fusionadas, lo que daría lugar a ahorros considerables en el corto plazo.

Ejemplos abundan: el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) convive con el Ministerio de la Vivienda (MIVED); la OMSA y el INTRANT comparten competencias en transporte; mientras que el CEA y el IAD gestionan tierras estatales con funciones parecidas. Estos cruces generan duplicidad administrativa, conflictos de atribuciones y mayores costos para el Estado sin beneficio proporcional para la población.

El caso más emblemático es el del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper). Luis Abinader lo definió como una “fuente de corrupción” y prometió eliminarlo en 2020. Sin embargo, cinco años después sigue operando con un presupuesto superior al de entidades esenciales. Vinculado al caso Antipulpo, Fonper refleja cómo promesas de racionalización se diluyen frente a inercias políticas y resistencias dentro del aparato estatal.

Si bien se eliminaron instituciones menores como la Caja de Ahorros para Obreros o se fusionaron programas como ADESS con Supérate, los ahorros han sido marginales. Expertos estiman que la racionalización de entidades podría liberar más de 25,000 millones de pesos anuales. Sin embargo, esos recursos suelen destinarse a cubrir déficits corrientes en lugar de fortalecer la inversión pública en áreas críticas como salud o educación.

Agravamiento

El crecimiento de la nómina pública agrava el problema. De unos 500,000 empleados en 2010, se pasó a más de 720,000 en 2024. Esto representa alrededor del 2% del PIB y más del 27% del gasto corriente.

El fenómeno responde menos a necesidades técnicas que a prácticas clientelares, lo que genera plazas duplicadas y frena la profesionalización de la administración pública dominicana.

A pesar de estos niveles de gasto en salarios, la población percibe servicios deficientes. Escuelas sin cupo suficiente, hospitales desabastecidos y sistemas de transporte colapsados son parte de la realidad. Esto evidencia que no es la magnitud del gasto lo que importa, sino su baja eficiencia. República Dominicana gasta más que países vecinos en remuneraciones, pero ofrece menos resultados a sus ciudadanos.

Paralelamente, el endeudamiento público se disparó. En 2020 rondaba los 44,600 millones de dólares y para 2023 superaba los 68,000 millones. En 2024 ya rebasa los 75,000 millones, lo que supone un incremento superior a 30,000 millones en cuatro años.

Esta dinámica coloca a la deuda en torno al 65% del PIB y compromete la capacidad del Estado de sostener su estabilidad fiscal en el mediano plazo.

El peso de la deuda se refleja en el Presupuesto Nacional. Los pagos de intereses y amortizaciones consumen más del 24% de los recursos anuales, rivalizando con la nómina pública como principal gasto corriente.

Con un presupuesto tan comprometido, la inversión de capital apenas representa un 17%, muy por debajo de lo requerido para transformar la infraestructura y los servicios esenciales del país.

Intentos de modernización, como el programa Burocracia Cero o la Ley de Responsabilidad Fiscal (35-24), buscan controlar el gasto y aumentar la eficiencia. La digitalización de procesos ha reducido algunos trámites, pero mientras instituciones redundantes sigan operando, los ahorros serán marginales frente a un aparato estatal que continúa creciendo y demandando mayores niveles de endeudamiento externo.

La ciudadanía enfrenta las consecuencias en carne propia: largas filas en hospitales, aulas abarrotadas y sistemas de agua insuficientes, mientras los impuestos financian nóminas infladas y entidades cuestionadas como Fonper.

Esta disonancia entre gasto público y calidad de servicios erosiona la confianza en el Estado y alimenta la percepción de que la política responde más a intereses particulares que al bien común.

En conclusión, la verdadera carga del Estado dominicano no es solo la deuda creciente, sino la combinación de duplicidad institucional, nómina abultada y gasto corriente improductivo. Sin una reforma integral que simplifique la administración, profesionalice el empleo público y priorice la inversión social y productiva, el país seguirá atrapado en un ciclo donde se gasta mucho, pero se transforma poco.

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