La pregunta se repite en cada elección y esta vez mi respuesta es distinta. ¿Por quién voté? No voté solo por mí. Voté por los inmigrantes que no pudieron hacerlo, por todos los que han sido abusados y maltratados por ICE.

Voté con la conciencia de que en Estados Unidos hay millones de personas que sostienen la economía, que pagan renta, que pagan impuestos, que crían hijos que son ciudadanos estadounidenses, pero que no tienen derecho a marcar una boleta. Son once millones de indocumentados según las estimaciones más conservadoras, y si se cuentan sus familias directas, el número se duplica.

Entrar a la cabina el pasado 3 de noviembre fue entender que el voto no es solo un derecho individual, es una responsabilidad colectiva, un voto prestado que carga con historias que no salen en televisión.

UN VOTO PRESTADO QUE CARGA CON HISTORIAS SILENCIADAS

Durante mucho tiempo se habló de la inmigración como una cifra, como un problema fronterizo. Pero la realidad de los últimos dos años ha cambiado el foco hacia el interior del país y hacia el funcionamiento de la propia agencia encargada de hacer cumplir la ley migratoria.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha sido objeto de una cascada de denuncias documentadas no por activistas, sino por el propio Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, por la Unión Americana de Libertades Civiles y por decenas de bufetes legales que llevan casos pro bono.

Hablamos de detenciones sin orden judicial en las que el detenido pasa horas sin saber por qué está esposado, sin acceso a un abogado y sin una llamada.

Hablamos de traslados nocturnos, una práctica cada vez más común, en la que una persona detenida en Nueva York amanece en un centro en Luisiana o Mississippi, lejos de su familia, lejos de su abogado, lejos de cualquier red de apoyo.

Hablamos de centros de detención privados que operan con contratos millonarios por cama ocupada, donde el incentivo es mantener a la gente encerrada el mayor tiempo posible. Allí se han reportado condiciones de hacinamiento extremo, falta de atención médica básica, uso del confinamiento solitario como castigo por quejarse, y mujeres que denuncian que no se les permite siquiera una toalla sanitaria digna.

EL MIEDO COMO HERRAMIENTA DE CONTROL

El caso más doloroso, y el que más se repite en los testimonios que he recogido en Washington Heights, en Providence y en Lawrence, es el miedo. El miedo que impide a una madre denunciar violencia doméstica porque le han dicho que ICE puede estar afuera de la corte. El miedo que hace que un padre no lleve a su hijo a la sala de emergencias. El miedo que hace que un trabajador no reclame salarios robados porque el patrón amenaza con llamar a inmigración.

Ese miedo no es un efecto secundario, es parte del sistema. Cuando un trabajador tiene miedo, acepta menos salario. Cuando una madre tiene miedo, no denuncia. Cuando una comunidad tiene miedo, no se organiza. Y eso termina beneficiando a quien quiere mano de obra barata y silenciosa.

EL ROSTRO DOMINICANO DE LA VULNERABILIDAD MIGRATORIA

Para la comunidad dominicana este tema no es abstracto. Somos una de las diásporas más grandes de Estados Unidos, con más de dos millones y medio de personas entre primera y segunda generación.

Según datos del Banco Central de la República Dominicana, solo en remesas enviamos más de 12 mil millones de dólares al año, sosteniendo a cientos de miles de familias en la isla. Pero al mismo tiempo somos una comunidad marcada por la vulnerabilidad migratoria.

Muchos dominicanos llegaron en los ochenta y noventa, regularizaron a parte de su familia y se quedaron con un hermano, un primo, un hijo en un limbo legal que se ha prolongado por décadas. Conozco bodegueros en el Alto Manhattan que tienen ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente) desde 2008, que han pagado impuestos religiosamente cada abril esperando que algún día ese historial cuente para algo, y que todavía no pueden votar por el concejal de su distrito.

Por eso el resultado de estas elecciones de medio término tiene un significado especial. No solo por el control demócrata de la Cámara de Representantes y del Senado, que cambia por completo la capacidad de fiscalización de la administración Trump, sino por lo que pasó a nivel local. Nueve candidatos de origen dominicano ganaron sus elecciones. Sabina Matos, nacida en República Dominicana, fue reelecta como vicegobernadora de Rhode Island con el 59.1 por ciento de los votos, 207,858 sufragios, frente a su rival republicano. Matos hizo historia en 2021 al ser la primera mujer dominicana en ocupar una vicegobernación estatal en Estados Unidos, y su reelección confirma algo que la comunidad lleva años construyendo a pulso: si no nos representan, nos presentamos nosotros mismos.

QUÉ PUEDE CAMBIAR AHORA CON EL NUEVO CONGRESO

Ahora viene la parte más difícil, que es convertir ese capital político en cambios concretos. Con un Congreso bajo control demócrata, tres temas que habían sido enterrados vuelven a tener posibilidad de ser debatidos.

El primero es una reforma migratoria que incluya una vía a la ciudadanía para quienes llevan más de diez años en el país, sin antecedentes criminales graves y con arraigo comprobable. No es una amnistía general como la caricaturizan sus opositores, es un reconocimiento de una realidad social y económica que ya existe.

El segundo es el fin del modelo de prisiones privadas para la detención migratoria. Hoy más del 70 por ciento de los detenidos por ICE están en instalaciones operadas por empresas privadas que cotizan en bolsa. Cada día que una persona pasa detenida es una ganancia para esas empresas. Ese conflicto de interés es insostenible en una democracia que se dice defensora de los derechos humanos.

El tercero es una supervisión real de ICE y de la Patrulla Fronteriza, con obligatoriedad de cámaras corporales, reportes públicos obligatorios cada vez que hay una muerte bajo custodia, y la restitución de la política de no realizar redadas en lugares sensibles como escuelas, iglesias y hospitales, una norma no escrita que se respetó por décadas y que se rompió en los últimos años.

VOTAR COMO ACTO DE MEMORIA Y JUSTICIA

Nada de esto sucederá solo porque cambió la mayoría en el Congreso. Los demócratas llegan con una agenda marcada por la economía, por el costo de la vida, por la promesa de frenar los recortes y por la regulación de la inteligencia artificial.

La comunidad migrante tendrá que pelear por su lugar en esa agenda, tendrá que recordarles a los que ahora tienen poder que llegaron allí también gracias a votos como el mío, votos que se emitieron pensando en otros.

Por eso cuando me preguntan por quién voté, pienso en nombres concretos. Voté por el muchacho de 19 años de Santiago que llegó a Estados Unidos a los seis, que creció hablando inglés con acento de Rhode Island, y que hoy está detenido en un centro en Luisiana esperando una audiencia que no sabe cuándo llegará, para ser deportado a un país que no recuerda.

Voté por la mujer de Baní que vivía en Queens y que no se atrevió a denunciar a su pareja que la golpeaba porque una vecina le dijo que había visto una camioneta de ICE afuera de la corte de familia. Voté por el bodeguero de la 181 que desde 2008 paga impuestos con su ITIN, que nunca ha recibido un centavo del gobierno, que pagó la pandemia de su bolsillo, y que nunca ha podido votar por el alcalde de la ciudad donde ha criado a tres hijos ciudadanos.

Si el sistema les dice a ellos que no tienen voz, entonces los que sí tenemos la ciudadanía y el derecho al voto tenemos la obligación moral de ser su micrófono. No es caridad, es justicia. No es política partidista, es memoria. Es recordar de dónde venimos, quién nos ayudó a llegar y quién se quedó en el camino.

Eso fue lo que hice el 3 de noviembre. No voté por un partido. Voté por los que no pudieron hacerlo.

jt-am