Por LUIS M. GUZMAN

Hay palabras que funcionan como anestesia. “Subterránea” es una de ellas. Se pronuncia y parece que el peligro desaparece bajo la tierra, como si una mina sin cráter visible dejara de tocar ríos, suelos, bosques y comunidades. Pero la verdad es más dura, el daño minero no depende solo del hueco que se ve, sino de la química que se despierta, del agua que se mueve y de los residuos que quedan esperando su hora, lejos de las cámaras y de los discursos oficiales.

Una mina de oro bajo tierra puede ser menos escandalosa para la mirada, pero no necesariamente menos peligrosa para la vida. El túnel sustituye al tajo, no al riesgo. La roca se perfora, se rompe, se ventila, se drena y se procesa. Si contiene sulfuros, puede producir drenaje ácido; si arrastra metales, puede cargar el agua con arsénico, plomo, cobre o zinc. No hay magia técnica que convierta una cordillera en laboratorio sin consecuencias ni cicatrices.

Por eso el argumento de “no será a cielo abierto” debe ser tratado como lo que es: una defensa incompleta. Sirve para bajar la presión pública, no para cerrar el debate. El país no debe preguntar solo si habrá un cráter; debe preguntar dónde estarán los relaves, cuánta agua se usará, qué pasará con los túneles después del cierre, quién vigilará la calidad del agua y quién pagará durante treinta, cincuenta o cien años si la promesa falla. Y debe exigir respuestas antes de que la maquinaria llegue.

GoldQuest no habla desde la derrota, habla desde el interés. Su comunicado de compromiso “responsable y transparente” no es un acto de caridad ambiental; es la defensa de un activo que se desplomó en valor cuando el poder político puso freno al proyecto Romero. Una empresa minera no insiste porque ama las montañas de San Juan; insiste porque debajo de esas montañas hay una expectativa financiera que ya cotiza, sube, cae, presiona y no duerme. Esa es la lógica real detrás del lenguaje pulido.

San Juan no está discutiendo un simple permiso técnico. Está discutiendo si una provincia agrícola, hídrica y empobrecida debe entregar su subsuelo a una promesa de riqueza que otros suelen contabilizar antes que la comunidad. El oro puede aparecer en los balances como salvación, pero el agua no tiene sustituto bursátil. Cuando una mina fracasa, la acción cae en Canadá; cuando una cuenca se contamina, el campesino no puede suspender la sed. Esa diferencia lo cambia todo.

Los ejemplos sobran

La mina Gold King, en Colorado, era subterránea y abandonada; en 2015 liberó unos tres millones de galones de agua ácida hacia el río Animas, cargada de metales como cobre, zinc, aluminio, plomo, hierro y arsénico. Aquello no fue un cráter moderno a cielo abierto, fue una herida vieja, escondida en la montaña, que mostró cómo el pasado minero puede seguir respirando veneno décadas después del último turno de trabajo. La montaña cerrada seguía hablando por el río.

En Canadá, la antigua mina Giant, cerca de Yellowknife, dejó bajo tierra un legado estremecedor, enormes cantidades de polvo de trióxido de arsénico almacenadas en cámaras subterráneas. El remedio ha sido casi una sentencia perpetua, congelar y vigilar ese veneno durante generaciones. Ese caso destruye la fantasía de que lo subterráneo desaparece. A veces lo subterráneo no desaparece; queda enterrado como una deuda custodiada por los nietos. Y esa vigilancia no la paga la poesía, sino el Estado y la sociedad.

También está Soma, en Turquía, una mina subterránea de carbón donde murieron 301 trabajadores en 2014 por incendio y envenenamiento con monóxido de carbono. No era oro ni era San Juan, pero enseña otra verdad, bajo tierra, la vida humana depende de ventilación, seguridad, inspección, disciplina empresarial y Estado fuerte. Cuando uno de esos eslabones se pudre, la mina deja de ser industria y se convierte en tumba colectiva. Esa lección también cuenta para cualquier país débil en inspección.

El problema dominicano es que el Gobierno suele llegar tarde, tarde para ordenar el territorio, tarde para explicar, tarde para imponer límites y tarde para escuchar. Primero entrega exploraciones; después descubre que la gente tiene miedo; luego promete que no habrá explotación; finalmente, cuando la empresa ya invirtió y la comunidad ya desconfía, pretende resolver con comunicados lo que debió decidirse con mapas hídricos, leyes claras y consulta real.

Exploración no es explotación, dicen. Jurídicamente es cierto; políticamente es ingenuo. Nadie explora una cordillera por curiosidad escolar. Se explora para encontrar mineral, valorarlo, vender expectativa y pedir el siguiente permiso.

Por eso Cobre El Hoyazo II, Lluvia de Oro, Monte Hoyazo y Romero pertenecen a una misma conversación nacional, qué montañas deben quedar fuera del mercado porque sostienen el agua de regiones enteras. Esa es la frontera que el gobierno de Luis Abinader aún no quiere trazar.

El discurso de la minería responsable solo merece respeto cuando acepta límites. Si todo puede negociarse, si toda loma puede perforarse, si toda cuenca puede ponerse en “evaluación”, entonces no estamos ante responsabilidad, sino ante mercadeo.

Un país serio debe declarar zonas intocables antes de que aparezcan las acciones, los abogados, las promesas de empleo y la presión diplomática. Hay territorios donde decir no, no es atraso, es supervivencia.

La República Dominicana debe escoger entre dos riquezas, una que se extrae, se exporta y se agota; otra que baja de las montañas, riega los campos y sostiene la vida. El oro puede pagar campañas, titulares y discursos; el agua paga cada día la existencia silenciosa de un país.

Si una cordillera produce agua, no se mide en onzas. Se defiende como patria. Porque una mina puede cerrarse; una fuente destruida no siempre vuelve. Ese es el punto moral de esta discusión.

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