POR MIGUEL ALBERTO VALOY RAMIREZ 

La modificación de los reglamentos del Registro de Títulos y Mensuras Catastrales ha sido un paso decisivo para actualizar los procedimientos técnicos y administrativos en la República Dominicana.

Estas reformas mejoran la precisión en mensuras, fortalecen la seguridad jurídica de los títulos y agilizan la resolución de conflictos de límites de propiedad, fortaleciendo la confianza ciudadana en el sistema inmobiliario.

La Ley No. 1542 de 1947 constituyó la base técnica del sistema, estableciendo procedimientos claros para la inscripción de títulos y mensuras. No obstante, su implementación se vio limitada por recursos escasos y discrecionalidad administrativa, lo que afectó la eficiencia y cobertura del registro territorial.

La Ley No. 108-05 buscó modernizar el sistema mediante la creación de la Jurisdicción Inmobiliaria y los Tribunales de Tierras. Aunque su intención técnica era mejorar el registro, en la práctica funcionó como un parche legal para corregir vacíos generados por actos administrativos previos sin respaldo constitucional, llegando a denominarla como una ley marco , cosa nunca antes vista ,consolidando decisiones vulnerables que aún afectan la seguridad jurídica y la morosidad de los tribunales.

Antes de la Ley 108-05, Piky Lora y Cecilio Santana elaboraron un borrador que respetaba la Constitución y la base técnica de la Ley 1542, proponiendo mejoras en la inscripción de títulos y los procedimientos de mensura, con un enfoque técnico sólido y legalmente fundamentado.

Lamentablemente, ese proyecto fue olvidado y reemplazado por soluciones administrativas que, aunque buscaban modernizar el sistema, no respetaban plenamente los límites constitucionales, permitiendo que se consolidara un vacío legal que la Ley 108-05 intentó cubrir de manera parcial.

La transferencia operativa del Registro de Títulos y Mensuras Catastrales al Poder Judicial carecía de respaldo constitucional, pues el Ejecutivo no puede ceder funciones sin autorización del Congreso. Cualquier ciudadano afectado puede impugnar estas decisiones, especialmente frente a la congestión de los Tribunales de Tierras.

La regularización parcelaria recibió un impulso técnico con la Resolución No. 2454-2018, que estableció el Reglamento General de Mensuras Catastrales. Este resultado fue fruto de la colaboración entre Andrés Rosario, Director de Mensuras Catastrales en esa época, ASODAGRIM, CODIA y el Consejo del Poder Judicial presidido por Mariano Germán Mejía, buscando eficiencia, transparencia y claridad normativa en los procesos registrales.

La administración del Registro debería estar centralizada por El Catastro Nacional, Mensuras Catastrales y Registro de Títulos en un órgano autónomo y profesional bajo la tutela del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Hacienda.

Esto permitiría evitar conflictos de interés, garantizar autonomía técnica y presupuestaria, reducir morosidad y errores administrativos, y liberar al Poder Judicial para funciones estrictamente jurisdiccionales.

Actualmente, el Poder Judicial cobra tasas por servicios registrales, como inscripción de títulos y trámites de mensura. Esta práctica genera lo que podría interpretarse como doble tributación y, a la vez, implica que el Ejecutivo renuncia a su función recaudadora, afectando directamente el presupuesto judicial y aumentando la presión sobre recursos limitados destinados a infraestructura, tecnología y personal especializado.

Además, el edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria luce arrabalizado, compartido con tribunales de delincuencia común, lo que dificulta la eficiencia operativa y la percepción ciudadana.

El intento de modernización a finales de los años 90, aunque impulsado por resultados visibles, ignoró límites constitucionales, evidenciando la vulnerabilidad del sistema cuando decisiones administrativas no respetan la legalidad constitucional. La morosidad de los tribunales constituye un freno al desarrollo económico e inmobiliario del país.

La profesionalización de los agrimensores y la creación de la Licenciatura en Agrimensura por la UASD permiten que estos profesionales ocupen posiciones superiores, dirijan procesos registrales con criterio técnico y jurídico, contribuyan a la modernización institucional y reduzcan errores administrativos, liberando al Poder Judicial para funciones jurisdiccionales.

Asimismo, estarán capacitados para ocupar cargos altos tanto en el sector público como en el privado.

Esta formación garantiza que la gestión catastral y registral pueda operar en el futuro con eficiencia, transparencia y profesionalismo, fortaleciendo la seguridad jurídica, evitando la repetición de errores del pasado y consolidando un ciclo de modernización.

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En la Guerra de Restauración hubo cientos de enfrentamientos armados entre patriotas dominicanos y los anexionistas. La batalla librada en el lugar conocido como Arroyo Bermejo, cerca de Don Juan, fue una de las más importantes.

Los restauradores triunfaron con el general Gregorio Luperón a la cabeza. De ella surgieron hechos positivos para la soberanía nacional.

Lo que ocurrió allí elevó el espíritu revolucionario de los combatientes que buscaban liberar el país del yugo español. 48 años después un poeta seibano lo explicó así: “El sacro pabellón dominicano/es la condensación del patriotismo, y no puede morir porque en sí mismo/lleva el alma de un pueblo soberano”. (Poema 16 de Agosto. Emilio A. Morel, 1911).

La derrota sufrida en ese sitio por los anexionistas profundizó el caos entre los perdedores y colocó en una situación difícil al general Pedro Santana, que era su jefe en el teatro de los combates. Fue humillado por el mando supremo de los españoles, como consta en una carta de justificación que le dirigió al general español José de la Gándara.

A Santana lo acusaron de “indisciplina y subversión”. No cumplió la orden que le dio en septiembre de 1863 el capitán general Felipe Ribero para que evacuara las tropas anexionistas que operaban en la zona de Monte Plata, dentro de la cual está Arroyo Bermejo. Alegó que desobedeció para “asegurar la futura prosperidad de este desgraciado suelo tan devastado ya por la presente guerra civil”. (Carta de contestación del general Santana al general La Gándara).

Contrario a las tribulaciones de Santana, para entonces la figura de Luperón incrementó su prestigio, a pesar de que se ha sostenido que la decisión del gobierno provisional restaurador de enviarlo a esa parte del país se debió a motivaciones más políticas que militares.

Uno de sus biógrafos señala que al llegar Luperón a Santiago solicitó permiso para ir a Jamao, donde radicaba su familia, pero lo que hicieron sus superiores fue pedirle que saliera de inmediato a reforzar los combatientes revolucionarios desparramados por pueblos y aldeas del Cibao, el este y el sur.

“En el fondo, esta orden estaba dictada por profundas, aunque infundadas, suspicacias: no se quería ver a un jefe del prestigio de Luperón sin destino fijo, es decir, sin control estricto. Su intención de partir hacia Jamao levantó sospechas y temores, sobre todo en el sentido de que Luperón, defensor intransigente de la restauración nacional, pudiera hacer camino solo, pero camino franco, junto a las aspiraciones populares”. (Gregorio Luperón. Biografía política. Editora Alfa y Omega. Tercera edición, 1981.P.102. Hugo Tolentino Dipp).

Vale decir que el 14 de septiembre de 1863 el gobierno provisional restaurador declaró traidor a Santana. El artículo primero del histórico decreto referido señalaba que: “El dicho general Pedro Santana queda puesto fuera de la Ley; y por consiguiente todo jefe de tropa que le apresare le hará pasar por las armas, reconocida que sea la identidad de su persona”.

Días después el general Luperón, en su condición de jefe de operaciones de los restauradores, distribuyó en diferentes puntos claves de la geografía nacional a tropas encabezadas por oficiales de alta graduación que habían demostrado su pericia en los escenarios bélicos en que ya se habían enfrentado con los anexionistas.

Fue así como por la ruta del desfiladero del Sillón de la Viuda llegaron a pelear a Arroyo Bermejo el coronel Dionisio Troncoso, el capitán Olegario Tenares, el comandante Santiago Mota y el capitán Pedro Faustino Royer, dirigiendo cientos de combatientes con armas livianas y una sola pieza de artillería.

Los combates armados se desarrollaron en varias jornadas en los últimos días de septiembre de referido año. Los insumisos dominicanos demostraron su voluntad inquebrantable de lucha. Esa inesperada victoria continuaría con otros triunfos marciales durante los meses siguientes en la ciudad de Santo Domingo y varios puntos de las regiones este y sur.

Sin embargo, algunos publicistas de la Guerra de Restauración, por los motivos que fueran, han tratado de soslayo la Batalla de Arroyo Bermejo, una de las más significativas de la epopeya restauradora, en la cual se puso en alto la dignidad nacional, a pesar de que los patriotas dominicanos enfrentaron al enemigo con desventaja de tropas, avituallamiento y de armamentos.

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