Es evidente que el caos que se ve a cada día en las calles del país en medio de tránsito vehicular sólo tiene un culpable es la autoridad encargada de regular ese renglón.

Motoristas que violan todas las leyes, reglas y normas del tránsito.

Guagüeros que no respetan a nadie mucho menos a las autoridades de Digesett o Intrant con los cuales parece que existe un pacto de coexistencia pacífica de que no se no se respete nada y que no haya multas por esas violaciones.

Pero mucho  más que eso las paradas de motoristas se convierten cada día en puntos de ejercicio de violencia y de grandes negocios entre los supuestos dueños de esos lugares.

Un permiso de motoconchar en una parada cuesta hasta un millón de pesos, aunque el dinero no se sabe quien lo recibe.

Agregar que Intrant ha prohibido paradas en avenidas como la Winston Churchill y como perros por sus casas los motoristas tienen cruces de montar pasajeros en medio de las mismas vías públicas obstaculizando el tránsito como si nada pasara.

No vale la pena mencionar el gran negocio de las rutas de vehículos conchos o guaguas llamadas voladoras por la velocidad a que transitan por las vías de las ciudades llevándose a todo el que encuentran en el medio.

Pero en medio de este caos y negocios económicos que deja el tránsito público, los sectores privados pagamos las consecuencias de la falta de autoridad en ese medio.

Incluso existen ordenes desde arriba de que los motoristas no sean molestados aunque no lleven placas que de hecho son pocos los que tienen licencia, seguro o marbete.

Es pura delincuencia lo que se ve en las calles de todo el territorio nacional.

Por demás ya los ciudadanos no respetan a policías, guardias o Digesett porque cuando intentan imponer las leyes son agredidos por cualquiera que ande en las calles en motores o vehículos.

Los fines de semana, especialmente los domingos decenas de motoristas sin cascos protectores o algún papel legal cruzan los peajes, ha porque además no pagan ese impuesto, para irse a los ríos o playas tomando cervezas o algún licor y tienen paso libre.

En las propias ciudades usted los ve en túneles, elevados, no respetan semáforos o sencillamente son invisibles antes cualquier autoridad.

No ha habido un  sólo gobierno que intente poner el orden en el país.

Es como si el desarrollo económico y social sólo se queda en plazas o bancos comerciales.

Las calles son para los perros dirán los del gobierno porque al fin y al cabo un roce, choque o discusión se salda con muertos y heridos que no son los que están en el poder.

Entiendo que para aplicar la ley de tránsito no hay que abusar sino tener autoridad al respecto.

Mientras los agentes de Digesett o policía estén para cogerles golpes a los delincuentes este pedazo de isla no llegará a ningún lado.

Candidatos tras candidatos esperan las elecciones para proponer cualquier cosa que se les ocurra menos aplicar las leyes de manera responsable e integra.

Mientras eso no suceda lo demás será pura demagogia política o electoral.

Madagascar está navegando ahora un nuevo capítulo en su compleja y a menudo rencorosa historia política. Esto ocurre días después de que los militares intervinieran para poner fin a la protesta que llevó a la muerte de diecinueve civiles, quienes fueron abatidos por la policía nacional en la capital, Antananarivo.

El 14 de octubre de 2025, el ejército de Madagascar, liderado por el coronel Michael Randrianirina, tomó el control del poder en su país.

Cualesquiera que sean las motivaciones o intenciones de los militares de Madagascar, repugnan al espíritu de patriotismo; solo los africanos de ese país, cuyas vidas han sido arruinadas por la pobreza, la exclusión, la injusticia, la falta y la represión extranjera, están mejor calificados para juzgar las acciones de los militares de su país.

Compartimos la frustración del pueblo de Madagascar de que tuvieran que perder a 19 compatriotas para restaurar su dignidad perdida, que fue vendida por una vida de opulencia e inmoralidad.

La Nueva Carta Africana Internacional (NACI) apoya plenamente al pueblo de Madagascar en la búsqueda de sus demandas legítimas y aspiraciones de desarrollo económico. En ese sentido, la comunidad internacional bebería hacer un llamado al nuevo gobierno de Madagascar para que dé la máxima prioridad a las aspiraciones del pueblo malgache, al tomar decisiones y formular políticas y estrategias para la preservación de la soberanía, la integridad territorial y la dignidad de la nación malgache.

Habiendo declarado lo anterior, la Nueva Carta Africana Internacional (NACI) se une a los miembros del movimiento panafricanista para condenar la mentalidad de injerencia de Francia en los asuntos de Madagascar y otros países africanos. Los internacionalistas debemos sentimos obligados a recordar a los líderes gubernamentales que deben actuar con responsabilidad y nunca hacer nada que socave la paz, la estabilidad y la nueva libertad y dignidad de Madagascar.

Los intentos de Francia de dictar la posición de la Unión Africana (UA) sobre la situación actual en Madagascar son un movimiento político peligroso, que solo puede degenerar en violencia y conflictos costosos en la nación del este de África.

Hemos de esperamos e instamos a la Unión Africana y a los bloques regionales del continente a que se comprometan de manera constructiva con el nuevo gobierno de Madagascar en lugar de hacer comentarios peligrosos que no benefician a nadie y que ignoran flagrantemente las demandas y aspiraciones del pueblo malgache.

Madagascar es una nación soberana e independiente y su integridad territorial debe ser respetada y no amenazada por ninguna fuerza. Es lamentable que la Unión Africana haya sido coaccionada para seguir las directrices de París, solo para abandonar al mismo pueblo de Madagascar que supuestamente debía defender y proteger contra la represión, la pobreza, la exclusión, la degradación y la deshumanización, así como contra la represión extranjera. Basado en esto, la UA debe hacer una revisión cuidadosa e introspección con el fin de rescindir su decisión de suspender la membresía de Madagascar en sus actividades.
Los pueblos latinoamericanos se deberían unir a quienes instan a Francia y sus aliados a abstenerse de hacer amenazas incondicionales, que constituyen erróneamente una violación ilegal de la soberanía territorial de Madagascar.

Instamos a la Unión Africana a trabajar hacia la desescalada de la crisis en la nación del este de África y a trabajar incansablemente por la resolución pacífica y digna de esta situación, de acuerdo con los principios establecidos del Pan-Africanismo.

Los informes sobre la pérdida de vidas, el sufrimiento y la destrucción durante la protesta en Madagascar pesan mucho en el corazon de la humanidad. Latinoamerica debe solidarizarse con los  malgaches en su dolor, y ofrecemos sus oraciones y apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos, hogares y medios de vida. Frente a esta crisis política, reafirmar su compromiso con la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad en África.

Así como los organismos internacionales abogan por la paz, la justicia, los derechos humanos, la libertad y la dignidad en África, instamos a la comunidad global civilizada a unirse en la condena de aquellos que piden sanciones contra Madagascar. Las sanciones son una de las guerras espurias, diabólicas y económicas diseñadas y ejecutadas clínicamente por potencias extranjeras para destruir la economía nacional y evitar que esta se recupere.

La conciencia africana exige que la Unión Africana sirva a los africanos y no solo proteja los intereses egoístas de las potencias extranjeras.

El continente africano debe ser permitido permanecer y ser respetado como una región de paz, estabilidad política y desarrollo. Los efectos en cadena de cualquier nueva escalada de la crisis en Madagascar se sentirán en todo el continente africano. Esta debería ser la posición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la crisis actual en Madagascar.

POR E. MARGARITA EVE

UNICEF revela una realidad alarmante que urge transformar desde la escuela, el hogar y la cultura.

Tres de cada cuatro niñas dominicanas han sufrido violencia antes de cumplir 18 años, según UNICEF. Más allá del número, esta cifra revela un problema profundo: hogares, escuelas y espacios públicos continúan siendo inseguros. Cada caso refleja una infancia marcada por vulnerabilidad y riesgo constante.

Este fenómeno no surge de la nada. Desde 2007, cuando la Oficina Nacional de Estadística comenzó a registrar homicidios y violencia intrafamiliar, se ha configurado un patrón preocupante.

Con los años, el Estado dominicano ha reunido evidencia suficiente para mostrar que la violencia infantil es un problema estructural que exige atención urgente y sostenida.

Los estudios lo confirman. En 2014, más del 30 % de las mujeres reportó haber sufrido violencia desde la adolescencia. La ENESIM 2018 y la encuesta ENHOGAR-MICS 2019 consolidaron un hallazgo alarmante: la violencia psicológica y de pareja contra niñas y adolescentes está profundamente arraigada en la sociedad dominicana.

El informe SitAn 2021 de UNICEF añadió mayor gravedad: dos de cada tres adolescentes han enfrentado violencia psicológica o sexual en algún momento de sus vidas. En 2024, el CONANI registró más de 40,000 casos de violencia de género en apenas ocho meses, incluyendo 65 feminicidios. Las cifras de 2025 confirman la magnitud de una crisis que no retrocede.

No se trata de hechos aislados. La violencia responde a un fenómeno estructural con raíces en la desigualdad de género, la doble vulnerabilidad de ser niña y mujer y, las debilidades institucionales. La falta de coordinación entre organismos y un sistema judicial incapaz de garantizar justicia oportuna agravan aún más la situación.

Los factores socioeconómicos intensifican el problema. La pobreza, la exclusión y la precariedad en comunidades marginadas exponen a las niñas a entornos inseguros, generando un círculo de desigualdad difícil de romper. En estas condiciones, el acceso a educación y protección se reduce, mientras aumentan los riesgos de explotación y maltrato.

El silencio perpetúa la crisis 

La mayoría de los casos no se denuncian por miedo, estigma o desconfianza en las instituciones. Esta falta de denuncias alimenta el subregistro y convierte el 76 % reportado en apenas la punta de un iceberg mucho más doloroso y profundo.

Los riesgos trascienden el maltrato directo. Uniones tempranas, embarazos forzados, explotación laboral y sexual e incluso la trata con fines turísticos multiplican la vulnerabilidad de las niñas y comprometen su desarrollo, truncando proyectos de vida antes de alcanzar la adultez.

En un artículo anterior, publicado bajo el título Escuela Nacional de Igualdad Magaly Pineda: educación y justicia real, denuncié cómo la misoginia y las estructuras sociales y políticas refuerzan la desigualdad de género.

Este nuevo dato confirma que la violencia contra las niñas no es casual, sino consecuencia de un entramado social y político que la ha normalizado por demasiado tiempo.

El poeta dominicano Miguel Solano ha señalado que la poesía, incorporada de manera sistemática en las escuelas, puede convertirse en una herramienta eficaz para contrarrestar el maltrato desde la niñez. Educar en sensibilidad, empatía y respeto a través de la palabra poética abre un espacio distinto en la formación de los estudiantes.

La poesía, entendida como vehículo de conciencia y humanización, fomenta ciudadanos capaces de valorar al otro como un ser humano digno, no como objeto de sometimiento. Desde el hogar, además, recuperar el respeto hacia la mujer como práctica cotidiana es clave para transformar la sociedad y superar los alarmantes porcentajes de violencia.

emargaritaeve@gmail.com

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