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SANTO DOMINGO.- El presidente emérito del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, advirtió de «consecuencias terribles» para la República Dominicana, en caso de un descalabro del Poder Judicial, por lo que se mantiene en oración para que eso no suceda.
«Lo peor que le puede pasar al país es que no se escoja a un jurista de la vida civil para encabezar la ola de reforma que necesita el Poder Judicial», indicó el destacado jurista en el programa D’AGENDA, que se transmite por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos,
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral explicó que hay muchas quejas en ese poder del Estado, como las que se manifiestan en las jurisdicciones inmobiliaria y penal, y hasta en la propia estructura, a pesar de los avances registrados.
CALIFICA FALACIA EXIGIR JUEZ DE CARRERA PARA SCJ
Calificó como una falacia el argumento de que ahora se tiene que elegir un juez de carrera como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Puso como ejemplo el caso de Estados Unidos, cuyo sistema de justicia goza de alta credibilidad.
«De los 17 presidentes que ha tenido la Corte Suprema de los Estados Unidos, nueve no han provenido de la carrera judicial. Hay una persona que fue presidente de los Estados Unidos y luego presidente de la Suprema Corte; John Marshall, quien fue Secretario de Estado, luego fue presidente de la Suprema Corte, donde permaneció por 34 años», sentenció.
Recordó que en República Dominicana el presidente de la Suprema Corte de Justicia también preside el Poder Judicial, donde están la representación de la propia Suprema, de los jueces de Apelación, Primera Instancia y de los jueces de Paz, lo que implica que, además de conocimiento y solvencia moral, se necesita capacidad gerencial.
PERFIL PARA PRESIDIR LA SUPREMA
Sostuvo que en este momento lo que conviene al país es que se continúe el proceso de reforma de ese poder del Estado, para lo cual se necesita un presidente de la Suprema y del Poder Judicial que sea abanderado de la reforma, dialogante, honrado, trabajador y con liderazgo, frente a una estructura que sufrió una conmoción muy fuerte, con una huelga de jueces que fue casi total.
«Tiene que ser una persona con esas condiciones, no del establishment judicial. Tiene que ser un ciudadano honrado y que venga del ejercicio profesional, con capacidad de diálogo, que tenga el altruismo de renunciar a su oficina privada y fajarse a trabajar por el bien común», señaló.
Citó como ejemplo al abogado Fernando Langa. Añadió que no se le puede juzgar por haber trabajado con abogados destacados del país ni excluirlo por haber tenido una relación laboral con una persona cercana al presidente Abinader.
«La responsabilidad penal y administrativa es personal; no se puede cercenar el derecho de Fernando Langa, porque hay sectores que lo piden y él ha aceptado esa petición, porque haya trabajado con una personalidad distinguida del país; si eso ocurriese, es una violación a los derechos fundamentales», apuntó.
Agregó que lo conoce en el ámbito del deporte y puede atestiguar que tiene organización, disciplina y capacidad para buscar soluciones a los enfrentamientos.
EL ESTADO QUE INCUMPLE SENTENCIAS SE CONVIERTE EN DELINCUENTE
El expresidente del Tribunal Constitucional advirtió que el desacato a las sentencias que dicta esa alta corte, por parte de instituciones del Estado, constituye una violación al Estado de Derecho.
«La administración se coloca por encima de la ley cuando no cumple una sentencia; esa es una violación al Estado de Derecho. Eso no es difícil de cumplir; se trata de un asunto de voluntad administrativa», criticó.
Agregó que cuando un Estado viola una sola sentencia de un tribunal, como está sucediendo con las dictadas por el Tribunal Constitucional, se convierte en un Estado delincuente.
Recordó que junto al equipo de jueces que le acompañó en su gestión al frente del Tribunal Constitucional hizo de todo para lograr el cumplimiento de las sentencias, incluyendo dos diplomados para la Policía Nacional.
Reveló que en varias ocasiones desde el Ministerio de Defensa le decían que no tenían presupuesto para cumplir con esas sentencias y él les respondía que debían conversar con su comandante en jefe, porque estaban en la obligación de cumplir.
NUEVO CÓDIGO PENAL HA SIDO LA MEJOR OBRA DEL GOBIERNO
Sostuvo que la mejor obra de gobierno del presidente Luis Abinader es haber impulsado la aprobación e implementación del nuevo Código Penal.
«Después de la ley de Seguridad Social, el instrumento más importante para asegurar la convivencia en la República Dominicana, para mantener el orden público y la paz social, es ese nuevo Código Penal; porque la evolución de la delincuencia y de tantos tipos penales, hacían urgente contar con una normativa que sancionara esos crímenes y delitos», aseguró.
Dijo que un dato importante es que el 80 por ciento de los dominicanos apoya el nuevo Código Penal, aunque un 30 por ciento dice que no lo conoce, por lo que la Comisión que preside tiene como mandato dar a conocer la nueva normativa.
Aseguró que el 70 por ciento del contenido del Código conserva la tradición jurídico-francesa, razón por la cual los operadores del sistema de justicia no deben albergar inquietud sobre su aplicación, y criticó la narrativa que se ha propalado en su contra.
Reveló que pensó que en el país se haría un gran acto cuando se promulgó la pieza, porque se trata de un hecho trascendente, que el país duró 30 años tratando de reformar la vieja normativa penal y no lo pudo conseguir hasta ahora.
