La majestuosa estructura de la Presa de Monte Grande se erige hoy sobre el cauce del río Yaque del Sur como un símbolo ambivalente de progreso técnico frente al estancamiento humano más profundo, y aunque los muros de contención ya retienen millones de metros cúbicos de agua, la realidad cotidiana para miles de familias suroestanas permanece marcada por promesas incumplidas y una espera que parece no tener un final cercano en el horizonte dominicano.

El proyecto, vendido durante décadas como la solución definitiva para el desarrollo agroindustrial de la región Suroeste, presenta actualmente gran brecha que impide su aprovechamiento real por parte de las comunidades locales, porque mientras el embalse se llena paulatinamente, los canales de riego necesarios para transformar las tierras áridas en zonas productivas brillan por su ausencia, dejando a los agricultores de Barahona, Bahoruco e Independencia en un estado de incertidumbre total, y en una espera que aguardan con optimismo.

Esta deuda social se manifiesta con especial crudeza en los asentamientos humanos que fueron desplazados para dar paso a la infraestructura, donde la falta de servicios básicos contradice el discurso oficial de modernidad, en tanto la frustración colectiva crece proporcionalmente al volumen de agua almacenada, pues los beneficios económicos prometidos siguen siendo una ilusión distante para quienes sacrificaron su entorno natural con la esperanza de alcanzar una vida digna y próspera en su propia tierra.

Promesas diluidas en el tiempo

Mi estimado colega y comprovinciano Tomas Aquino Méndez, un activista social y comunitario, como el suscrito, en su columna dominical que publica en un prestigioso medio, informó del «cumpleaños» que organizan las fuerzas vivas de la región Enriquillo, lo que pone de relieve la profunda decepción que actualmente atraviesa el Suroeste. Esta festividad satírica no busca celebrar un logro, sino denunciar que han transcurrido dos años desde que el presidente Luis Abinader prometió iniciar las licitaciones para las obras complementarias indispensables para el funcionamiento real del complejo.

Dos años después de aquel enero del 2024, la esperanza sembrada en los residentes de la subregión Enriquillo parecen sepultadas, o ahogadas en las aguas del embalse debido a que la funcionalidad operativa de esta estructura no cumple su cometido con la construcción del embalse, ni mucho menos garantiza el desarrollo humano esperado, pues la ausencia de canales de riego mantiene improductivas unas setecientas mil tareas de tierra que esperan por el preciado líquido.

Los dirigentes campesinos y sociales cuestionan con vehemencia por qué el proceso de contratación para estas infraestructuras vitales se ha convertido en la licitación más larga de la presente gestión gubernamental, mientras los equipos para generar energía hidroeléctrica siguen ausentes, los residentes de la cuenca baja del río Yaque del Sur ven cómo el agua se acumula sin transformar su precaria realidad económica, social y productiva de forma tangible.

Un ciclo histórico de postergaciones

La construcción de este megaproyecto hidráulico constituye una odisea que ha sobrevivido a cuatro administraciones gubernamentales, acumulando retrasos técnicos y financieros que han puesto a prueba la paciencia del pueblo, que desde aquel primer picazo simbólico del presidente Leonel Fernández en el 2010, la obra ha enfrentado crisis de financiamiento internacional y constantes reestructuraciones contractuales que elevaron su presupuesto inicial de forma considerable y sumamente alarmante para el erario.

Monte Grande se proyecta como la infraestructura hídrica más importante del Caribe, y la región la ha bautizado como el anhelado «Metro del Sur», que sigue siendo una meta incompleta que requiere mucho más que la inauguración formal de un muro de contención de cincuenta y cinco metros de altura, en tanto la deuda histórica con las provincias de Barahona, Bahoruco e Independencia no inicia su proceso de saldo hasta que el agua almacenada llegue a los hogares y a las parcelas que hoy se ven desérticas.

La redención del Suroeste

La convocatoria la singular celebración de «dos años de atraso» representa el último recurso de una sociedad civil que se niega a permitir que el proyecto muera en la desidia, por lo que los suroestanos esperan que esta presión social logre sensibilizar a las autoridades competentes, y se transforme en el anuncio oficial de la licitación tan esperada por todos los sectores de la región Enriquillo.

El futuro de la región Enriquillo depende directamente de que Monte Grande cumpla su función multipropósito, integrando la generación de trece megavatios de energía limpia y el suministro de agua potable garantizado. Solo mediante la integración de estos componentes técnicos se podrá hablar de una verdadera soberanía hídrica que supere el ciclo de pobreza endémica, y migración forzada que ha desangrado históricamente las provincias fronterizas.

A pesar de los vacíos y las frustraciones acumuladas durante décadas de espera, la esperanza se mantiene viva entre los hombres y mujeres que labran la tierra bajo el sol sureño. La conclusión definitiva de estas obras complementarias marcará el inicio de una nueva era de prosperidad, donde el agua del Yaque del Sur deje de ser un motivo de angustia para convertirse en el motor del progreso regional.

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Hay un cansancio que no aparece en las encuestas ni se mide en reacciones. Se percibe cuando la gente baja la voz al hablar de política, evita el tema en la mesa familiar y tantos jóvenes miran hacia fuera porque aquí ya no esperan nada. No es apatía: es desgaste. Y ese desgaste es, quizá, la victoria más silenciosa de un sistema que ha aprendido a sobrevivir alimentándose de la resignación.

Cuando la ciudadanía se acostumbra a no esperar nada, el problema deja de ser electoral y pasa a ser moral.

Si el problema es estructural, la pregunta es inevitable: ¿cómo se sale de un sistema político capturado sin caer en el caos, el autoritarismo o la repetición de lo mismo con otros nombres? La respuesta no es cómoda, pero es clara: no se sale disputando el poder primero; se sale construyendo un proyecto de nación antes.

El error recurrente ha sido confundir cambio con alternancia. Se sustituyen rostros, colores y consignas, pero se conserva el mismo patrón: poder sin límites reales, controles débiles y responsabilidades diluidas. El resultado es frustración acumulada. Entonces el ciudadano concluye —con razón— que “todo da lo mismo”. Y cuando “todo da lo mismo”, lo que muere no es una preferencia política: muere la esperanza cívica.

Por eso el punto de partida no puede ser electoral. Un proyecto de nación precede al poder: fija principios, límites y objetivos que ningún gobierno debería violar sin consecuencias. Si el poder llega antes que el proyecto, lo secuestra; si el proyecto llega antes, el poder queda obligado a servirlo.

Un proyecto de nación no es un programa partidario ni un catálogo de promesas. Es un acuerdo ético y constitucional mínimo sobre el país que queremos ser y sobre las reglas que no estamos dispuestos a negociar, gobierne quien gobierne. En el caso dominicano, ese punto de referencia no es abstracto: está en la Constitución, en el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho que ella consagra.

Hablar de Estado Social y Democrático de Derecho no es retórica jurídica. Significa poder limitado, ley aplicada a todos, derechos que no dependen del favor político y ciudadanía con mecanismos reales de control. En términos simples: un país no progresa cuando el privilegio es la regla y la justicia la excepción.

Conviene decirlo con claridad, porque la salida empieza por la verdad: “sistema capturado” no es una consigna. Es la normalidad de instituciones subordinadas a intereses particulares, contrapesos debilitados, clientelismo que convierte derechos en favores e impunidad selectiva. La captura no siempre se presenta como un golpe; muchas veces se disfraza de rutina.

Ese modelo constitucional no se traiciona por falta de normas, sino por falta de voluntad y, sobre todo, por ausencia de presión cívica organizada. Cuando se fragmenta a la sociedad, se desacredita la verdad y la política se convierte en espectáculo, cualquier intento de transformación queda aislado. Se empuja a la gente a elegir entre apatía y fanatismo; entre “no me meto” y “sígueme a mí”.

De ahí la tarea central no sea buscar salvadores ni vengadores, sino reconstruir el tejido cívico: formar ciudadanía, elevar conciencia crítica, crear espacios de deliberación y articular voluntades alrededor de mínimos compartidos. Un país no se rescata con un hombre fuerte; se rescata con una sociedad firme.

Para que un proyecto de nación sea auténtico debe cumplir condiciones claras: debe ser constitucional y no ideológico; incluyente y no tribal; anterior al poder y no rehén de calendarios electorales; y, sobre todo, verificable. Lo verificable exige metas públicas, indicadores y auditoría social: transparencia como método, rendición de cuentas como obligación y mérito como regla.

Este enfoque no promete resultados inmediatos, y precisamente por eso es creíble. Las salidas rápidas suelen ser las más peligrosas: en nombre del orden se sacrifican libertades; en nombre de la eficacia se sacrifica justicia. El país no necesita atajos emocionales ni liderazgos mesiánicos; necesita dirección moral y disciplina cívica.

La alternativa es más exigente, pero también más segura: conciencia antes que movilización, proyecto antes que poder, principios antes que líderes. Solo así la indignación legítima no degenera en nihilismo ni en autoritarismo. Solo así la unidad deja de ser miedo compartido y se convierte en convicción compartida.

En este contexto, las organizaciones cívicas no sustituyen a la política: la obligan a elevar su estándar. Iniciativas como el Foro y Frente Cívico y Social asumen esa responsabilidad al trabajar en el territorio, promover debate informado y articular ciudadanía, devolviéndole dignidad a la conversación pública.

La historia demuestra que los sistemas capturados no colapsan por sí solos. Cambian cuando una masa crítica deja de normalizar el abuso y decide organizarse alrededor de una idea clara de país. Ese proceso no siempre regala victorias inmediatas, pero evita derrotas irreversibles.

Por eso, el desafío no es solo resistir un sistema agotado, sino imaginar y construir, con paciencia y firmeza, el país que debe reemplazarlo. Cuando el proyecto de nación precede al poder, el poder deja de ser botín y vuelve a ser lo que nunca debió dejar de ser: un mandato temporal al servicio de la República.

Y cuando una sociedad recupera esa idea —que el Estado no se hereda, no se reparte ni se usa; se administra y se sirve— comienza, de verdad, el camino de la liberación.

Despierta, RD

jpm-am

Venezuela se ha convertido en algo más que un país en crisis: es hoy un territorio donde se cruzan ambiciones energéticas, tensiones geopolíticas y la disputa silenciosa por el futuro monetario del hemisferio. Su colapso institucional, sumado a sus vastas reservas de petróleo y minerales críticos, la coloca en el centro de una hipótesis que circula en ciertos análisis estratégicos: tras la salida del presidente de facto, Nicolás Maduro Moro, Estados Unidos podría colocar al país bajo un fideicomiso internacional.

Con la aplicación de una reinterpretación de la Doctrina Monroe —que algunos llaman “Doctrina Trump‑Monroe”— ese fideicomiso administraría la venta de los recursos naturales venezolanos con el fin de fortalecer el dólar, una moneda que enfrenta presiones crecientes. Déficits fiscales persistentes, tensiones geopolíticas y el avance del BRICS —que promueve acuerdos comerciales en monedas locales y alternativas al sistema dominado por Washington— han erosionado parte de su hegemonía. En este contexto, Venezuela aparece como un activo geoeconómico clave.

América Latina, según esta lectura, se vería empujada a reconfigurar sus reservas internacionales, un proceso que recuerda el tránsito que vivió el sistema financiero global tras la ruptura de Bretton Woods en los años setenta. La idea sería avanzar hacia un esquema donde el dólar no solo funcione como moneda de reserva, sino también como moneda de circulación nacional en buena parte del continente.

Aquí surge una ironía histórica: el término “peso” proviene del antiguo peso de plata del Imperio español, cuyo famoso “real de a ocho” fue una de las primeras monedas internacionales y antecedente directo del dólar estadounidense. La región que alguna vez exportó su moneda al mundo podría terminar adoptando la moneda que hoy ordena el comercio global.

Bajo esta lógica, y con Estados Unidos como fideicomisario, los países que aún utilizan el “peso” —México, Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana y Cuba— serían presionados a sustituirlo por el dólar. Con una dolarización generalizada, Washington consolidaría su esfera monetaria y limitaría la influencia financiera del BRICS en el hemisferio. Si antes la disputa era ideológica, hoy es monetaria. Y Venezuela, por su posición estratégica, se convierte en la llave de un posible reordenamiento hemisférico.

Una vez materializado este plan, ya no podría afirmarse que el dólar carece de respaldo: contaría indirectamente con los activos de los países latinoamericanos, administrados bajo la supervisión estadounidense. Esto permitiría a Estados Unidos seguir financiando su deuda soberana mediante la emisión monetaria, mientras los países industrializados continúan exigiendo garantías más sólidas como el oro.

Al final, lo que está en juego no es solo el destino de una moneda, sino el mapa del poder en el hemisferio. Si Venezuela se convierte en la puerta de entrada a una dolarización continental, América Latina podría despertar en un orden financiero donde la estabilidad se compra al precio de la autonomía. Ese es el dilema que nadie quiere nombrar: la región puede ganar calma monetaria, pero perder la capacidad de decidir su propio futuro.

En un mundo donde las potencias reescriben las reglas a su conveniencia, la pregunta ya no es quién controla el dólar, sino quién controla a quienes lo usan. Y esa respuesta definirá el siglo para este lado del continente.

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