Enero suele presentarse como un mes de naturaleza introspectiva y compleja. Durante sus jornadas inaugurales —si no antes—, el individuo experimenta la pulsión de trazar los objetivos que habrán de signar el año que comienza. Estas metas, por lo general, se orientan hacia la conquista o el refinamiento del ámbito material; no obstante, en ocasiones, también abrazan aspiraciones académicas, imperativos éticos e inquietudes de orden espiritual.

El conflicto subyacente reside en que, conforme el almanaque avanza, el entusiasmo languidece. Las personas tienden a postergar sus propósitos, relegándolos al terreno de lo accesorio.

Existe, incluso, la falacia de creer que el éxito es un subproducto del azar; la idea de que el simple anhelo posee la fuerza suficiente para concatenar circunstancias providenciales que faciliten la victoria. Si bien la fortuna puede intervenir de forma azarosa, tal evento constituye la excepción y no la norma; ni siquiera representa el escenario más loable.

Quien aspire genuinamente a materializar sus visiones debe asumir un rol protagónico en su propia conquista. Este proceso exige una amalgama de esfuerzo, voluntad y una constancia inquebrantable. A menudo, el camino demanda sacrificios significativos y periodos de fecundo aislamiento.

Un paradigma de esta disciplina lo hallamos en la escritora chilena Isabel Allende, quien ha revelado que cada primero de enero inicia la escritura de un nuevo libro. En ocasiones, se ha enfrentado a la página en blanco sin un tema predefinido; sin embargo, es la firmeza de su propósito la que permite que emerjan obras memorables.

Un ejemplo elocuente es Paula, una obra donde la autora convierte la incertidumbre inicial en una narrativa humana y exquisita. Ante la ausencia de una trama deliberada, Allende se sumerge en la crónica de su linaje, las heridas de su patria tras el quiebre democrático y el doloroso exilio, todo bajo el manto de la enfermedad de su hija.

Si la autora no hubiese honrado su compromiso de sentarse a escribir, incluso sin una brújula temática clara, el mundo se habría visto privado de un testimonio tan desgarrador como sublime. Fue su determinación técnica la que venció al vacío. Este rigor personal es, precisamente, el escollo donde naufragan quienes no han cultivado el hábito de la disciplina.

Existen también aquellos que inician la marcha con un fervor aparente, pero cuya motivación carece de raíces profundas. Se fatigan ante la primera pendiente y abandonan sus sueños cuando la meta aún no se vislumbra en el horizonte. En otros casos, el error reside en la génesis del plan: se diseñan metas quiméricas, más cercanas al pensamiento mágico que a la realidad.

Por ello, resulta imperativo que, al proyectar el año, exista una conciencia plena sobre la viabilidad de los objetivos. Deben ser metas tangibles, despojadas de toda naturaleza ilusoria. La clave no reside en la espera pasiva de un milagro, sino en la participación activa del sujeto.

En definitiva, la fórmula del éxito es tan austera como exigente: es preciso definir objetivos claros y alcanzables, emprender con denuedo las acciones necesarias y mantener una disciplina espartana hasta el final. No basta con inscribirse en la carrera; es la constancia la que otorga el derecho a reclamar la corona.

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POR VICTOR GARRIDO PERALTA

En medicina existe un principio irrefutable: no basta con que una estructura exista; debe cumplir una función fisiológica y aportar un beneficio medible al organismo. Cuando un órgano deja de hacerlo, pero continúa consumiendo recursos y generando riesgos, el diagnóstico es claro: órgano vestigial. El apéndice es el ejemplo clásico: un remanente evolutivo que hoy no aporta nada y, cuando se inflama, exige una extirpación inmediata.

El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) cumple, punto por punto, con ese diagnóstico para la República Dominicana: una estructura política obsoleta que drena recursos públicos sin aportar beneficio democrático, económico ni institucional alguno.

Historia clínica: un órgano que nunca funcionó

El PARLACEN fue creado en 1991 como parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), con la aspiración de promover la integración política, la cooperación regional y el desarrollo común. La República Dominicana ingresó como observador en 1998 y como miembro pleno en 2010.

Treinta años después, la evidencia es concluyente: el PARLACEN no ha prevenido conflictos, no ha armonizado políticas públicas ni ha generado resultados tangibles para la población dominicana. No legisla —sus resoluciones no son vinculantes—, no fiscaliza, no ejecuta programas ni responde a las urgencias geopolíticas del país. Lo único que hace con eficiencia es consumir presupuesto.

Diagnóstico económico: hemorragia sin retorno

El costo anual para la República Dominicana supera los RD$365 millones, considerando cuotas internacionales, salarios, dietas, viáticos y gastos operativos de los 20 diputados titulares. Cada uno devenga alrededor de US$4,200 mensuales, sin relación alguna con productividad, resultados o impacto nacional.

En términos clínicos, estamos sosteniendo un órgano parasitario mientras el cuerpo social sufre anemia severa en salud, educación, justicia y seguridad. Ese monto equivale al presupuesto anual de varios hospitales provinciales o a decenas de escuelas rurales.

Patología institucional: inmunidad y nepotismo

El problema no es solo presupuestario. El PARLACEN se ha convertido en un refugio patológico. Su inmunidad parlamentaria regional ha servido como escudo para exfuncionarios señalados por corrupción, creando una zona de impunidad transnacional que debilita el Estado de derecho.

A esto se suma el nepotismo estructural. Las curules se han transformado en herencias políticas: padres, hijos, esposas y parientes directos rotan en listas cerradas. En elecciones recientes, una proporción significativa de las candidaturas dominicanas presentaban vínculos familiares directos. No es integración regional; es patrimonialización del erario.

Igualdad formal, injusticia real

El PARLACEN asigna 20 diputados a cada país, sin importar población, tamaño económico ni aporte fiscal. Guatemala (18 millones de habitantes), República Dominicana (10 millones) y Panamá (4.5 millones) tienen la misma representación.

Esta falsa igualdad viola cualquier principio moderno de proporcionalidad democrática y convierte al organismo en una estructura rígida, injusta e ineficiente.

No es casualidad que Costa Rica nunca haya ingresado y que El Salvador se haya retirado, calificándolo de costoso e inútil. La República Dominicana, además, no es Centroamérica: su identidad es caribeña y sus prioridades —como la crisis haitiana— jamás han encontrado respuestas útiles en este foro.

Baja efectividad, alto riesgo ético

En el lenguaje técnico de políticas públicas, el PARLACEN exhibe baja efectividad institucional: altos costos, nulos resultados verificables y riesgos éticos evidentes. Carece de facultades vinculantes, no tiene mecanismos robustos de rendición de cuentas y opera como un club político sin consecuencias prácticas para el desarrollo regional.

Comparado con parlamentos regionales funcionales —como el Parlamento Europeo—, la diferencia es abismal. Allí hay legislación vinculante, fiscalización real y retorno tangible. Aquí, solo retórica.

Tratamiento indicado: no hay terapia conservadora

En medicina, cuando un órgano no cumple función y representa riesgo, no se le medica: se extirpa. El PARLACEN no requiere ajustes cosméticos ni reformas graduales; requiere una apendicectomía política.

Las opciones técnicas son claras:

– Suspensión inmediata de fondos públicos, redirigiendo los recursos a salud, educación y justicia.

– Auditoría externa independiente, para documentar el costo real y la ausencia de beneficios.

– Denuncia del tratado constitutivo, invocando la Convención de Viena por incumplimiento de objetivos.

– Reforma constitucional, siguiendo precedentes regionales, para eliminar la representación dominicana.

Conclusión: liderazgo es saber cortar

El liderazgo no se demuestra asistiendo a foros estériles en Guatemala ni protegiendo privilegios heredados. Se demuestra protegiendo el erario, priorizando el bienestar ciudadano y tomando decisiones impopulares pero correctas.

La inacción es una metástasis fiscal.
El PARLACEN no necesita terapia ni ajustes.
Necesita ser removido.

La República Dominicana no puede seguir alimentando órganos políticos sin función vital. El bisturí está sobre la mesa. La ética del estadista exige usarlo.

Retiremos al país del PARLACEN. Ya.

Nos enseñaron que la democracia nació hace veinticinco siglos en Grecia y que su etimología —demos (pueblo) + kratos (gobierno)— explicaba la esencia del sistema. En Gettysburg, Abraham Lincoln completó esa definición con una fórmula que parecía “aterrizar” el concepto: “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Era una forma elegante de recordar que el poder debía responder, en último término, a la ciudadanía.

Lo interesante es que, en aquel mundo antiguo, la democracia era literal. El demos deliberaba y decidía sin intermediarios. Cabe recordar que el modelo excluía mujeres, esclavos y extranjeros, pero tenía una virtud política que hoy suena radical: el poder no se ocultaba. Era visible, en la plaza pública, sometido al escrutinio directo de quienes participaban en él.

Con el paso de los siglos vinieron las mutaciones. La Revolución Francesa instala la arquitectura moderna: derechos, libertades, representación y el célebre tríptico de “libertad, igualdad y fraternidad”. Luego llega la democracia representativa: el pueblo ya no gobierna directamente, sino a través de procedimientos, instituciones y delegaciones. La política gana estabilidad, pero pierde raíz y esencia; la deliberación se vuelve mediada y profesionalizada.

A mediados del siglo XX se añade otro apellido: democracia participativa. Inspirada en Rousseau y en los movimientos por derechos civiles, el nuevo lenguaje pone el foco en la ciudadanía activa: presupuestos participativos, consejos de vecinos, referendos locales y mecanismos que intentan sacar el poder de los despachos para devolverlo a la calle. Algunos países, como Portugal tras su Constitución de 1976, llegaron a inscribir esa participación en la gestión de los asuntos públicos.

Hasta aquí, la historia es una sucesión de capas: cada nueva versión conserva elementos de la anterior y añade otros. Pero el giro más drástico no proviene de un parlamento ni de una revolución, sino de un ecosistema tecnológico: plataformas que ordenan la conversación política mediante sistemas algorítmicos que ni deliberan ni rinden cuentas.

La democracia nació en la plaza, se institucionalizó en el parlamento y hoy se disputa en un tablero donde lo decisivo no es la razón pública, sino la capacidad de generar atención, reacción y polarización. Ya no se persuade, se activa. Ya no se argumenta, se segmenta. La ciudadanía deja de compartir un espacio común de debate y se fragmenta en audiencias emocionalmente administradas.

Esa fragmentación tiene consecuencias visibles. Los gobernantes asumen que ya no necesitan construir consensos normativos para avanzar decisiones que afectan a todos: les basta activar sus propios segmentos. El arbitraje institucional —interno y externo— se debilita. Acuerdos multilaterales, estándares internacionales y reglas compartidas pierden capacidad de freno.

Ahora se impone, con naturalidad preocupante, la autoridad que no negocia; la que actúa antes de explicar; la que interpreta la legitimidad como un repertorio de poder y no como el resultado de una deliberación.

¿Sigue siendo de verdad esto que llamamos democracia? ¿Puede sobrevivir un sistema que necesita una esfera pública común cuando la conversación se ha vuelto una suma de burbujas? ¿O estamos ante otra mutación, todavía sin nombre, en la que la democracia funciona sin deliberación y sin plaza pública?

Quizás la pregunta no sea si la democracia sirve, sino cuáles condiciones culturales, tecnológicas e institucionales hacen posible que sirva. Porque, al final, lo que está en juego no es la etiqueta, sino el modo en que decidimos cómo queremos convivir.

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