El alto número de análisis que hacen los juristas alrededor del caso Jet Set con el propósito de determinar su tipicidad es suficiente para certificar que esa tragedia no constituye un delito. Cuando un hecho no se subsume en la normativa penal confirma una negación al principio de legalidad, por cierto, es el principio más importante en materia penal, pues los demás están detrás de este principio.

El solo hecho de que existan tantos análisis para descubrir su tipicidad (el dolo se verifica en la tipicidad según el finalismo o en la culpabilidad según el casualismo) es suficiente para afirmar que dicha tragedia no tiene bien claro en que descripción (tipicidad) se puede encajar o subsumir.

Si no hay una tipicidad clara no hay delito. Tanto la Corte IDH como el TC y la SCJ en sus diálogos jurisprudencial o en sus sentencias dialógicas coinciden en que se viola el principio de legalidad cuando la conducta descripta no es clara ni precisa. Para el principio de legalidad penal, es prioritario sostener que las conductas antijurídicas y las sanciones deben estar previamente tipificadas de manera expresa, clara y precisa en una norma con rango de ley, como condición indispensable para la validez del ejercicio de la potestad sancionadora, según orienta la máxima sede constitucional, TC/0129/26.

La Sala Penal represiva de la SCJ agrega a la discusión que la legalidad debe ser cierta, previa, estricta y escrita con la cual se busca impedir la indeterminación de los tipos penales y la creación de leyes difusas que no pongan claramente de manifiesto cuál es la consecuencia penal imputada (SCJ-SS-23-1160).

En cuanto a la tipicidad la corporación constitucional ha dicho que del mismo se desprende la exigencia de certeza o exhaustividad suficiente en la descripción de aquellas conductas sancionables constitutivas de las infracciones y que debe prevalecer una interdicción de la interpretación por analogía, TC/0129/26. Para la Corte IDH la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales.

Si hay muchos análisis diversos y diferentes de juristas, jueces y fiscales como al efecto los hay, es porque nadie comprende donde se puede subsumir dicho evento. En consecución, si no hay una ley penal clara y precisa que describa la conducta que se pretende juzgar la repuesta es simple: no hay delito y punto.

Por otro lado, como el dolo se analiza en el tipo penal (finalismo) no en la culpabilidad, (casualismo) es posible verificar dolo eventual en los conceptos torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos (presupuestos del 319). Torpeza es falta de habilidad; imprudencia es la ausencia de prudencia, cautela o precaución al actuar (es hacer de mas); inadvertencia es cuando hay distracción, no se tiene atención o cuidado; negligencia falta de cuidado, vigilancia o diligencia (hacer de menos o dejar de actuar) e inobservancia de los reglamentos significa el incumplimiento de las normas, pero de cuales normas. Cuales reglamentos.

Variación jurídica es ilegal. Violó precedente constitucional.

Recientemente los hechos de la tragedia jet set, un tribunal dijo que se deben subsumir en el artículo 295 del código penal anterior. Una variación que ya había sido rechazada en la etapa preliminar y de acuerdo al artículo 327 del CPP la variación jurídica tiene como presupuesto procesal que no haya sido considerada.

La nueva tipificación legal, articulo 295 implica un elemento subjetivo de intención para materializar el elemento objetivo de dicha normativa. Al hilo de lo anterior y con esta nueva apreciación legal, nos debemos preguntar si los imputados tenían el designio de matar y, por cierto, uno de los imputados fue víctima de dicha tragedia. Entonces esa imputada obró para matarse.

Proceso Jet Set es un cuasidelito civil. No representa un hecho penal.

Inocultable es que el artículo 319 dispone una remisión en blanco a supuestos reglamentos que afecta la seguridad jurídica, y por desgracia, cuando se hurga en los reglamentos estatales se evidencia que la responsabilidad jurídica recae en los funcionarios que deben vigilar el entorno y mantenimiento del inmueble. Estos reglamentos no retienen responsabilidad penal a particulares sino responsabilidad patrimonial a funcionarios.

El legislador del Nuevo Código Penal en aras de conjurar el yerro de redacción del actual Código Penal describió un artículo que procura relativa precisión para subsumir una conducta como la que se enseñorea por medio de la tragedia Shakesperiana del Caso Jet Set: transcribió de manera clara y cierta en el párrafo ll del artículo 112 una redacción que enerva dudas, aunque retiene el carácter complementario con otra normativa aun no desconocidas.

El vacío de un tipo penal que permita subsumir el Caso Jet Set en una normativa penal, lo resuelve el código civil. Este código determina con claridad una categórica responsabilidad civil por la cosa inanimada establecida en el artículo 1386 del Código civil, que preceptúa que el dueño de un edificio es responsable del daño que cause su ruina; unida a la responsabilidad patrimonial estatal del artículo 148 constitucional, aplicable para las instituciones y sus funcionarios cuando estos por omisión o acción antijurídica provocan daños y perjuicios.

No hay un artículo del Código Penal o de una ley especial que describa perfectamente, que lo acontecido en el Caso Jet Set se pueda subsumir en un tipo penal. Existe una falta de tipicidad, hay atipicidad porque la conducta imputada no se adecua exactamente a la descripción del 319. En el proceso Jet Set no hay delito penal. Lo que hay es un cuasi delito civil y mucha responsabilidad patrimonial contra el Estado y sus funcionarios.

La búsqueda desesperada e incesantes de respuestas para ubicar Caso Jet Set en un tipo penal que encaje es muestra inequívoca que no hay una descripción penal clara, precisa y determinada. Si no hay un tipo penal preciso, no hay delito. Aquí lo que hay es un cuasidelito al tenor de una descripción precisa del código civil en el artículo 1386.

Según los datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), entre 2016 y 2024, durante nueve años consecutivos, con la salvedad de la interpretación especial que exige 2020, los ingresos públicos crecieron más rápidamente que el PIB nominal. Esto significaba que, durante ese período, la administración tributaria captaba una proporción creciente del crecimiento económico.

Sin embargo, en 2025 se produjo una ruptura extraordinariamente marcada. Los ingresos aumentaron apenas 2.7%, frente a un crecimiento del PIB nominal cercano al 7.2%. En consecuencia, la relación entre ambas tasas de crecimiento cayó hasta aproximadamente 0.38. Digepres reporta ingresos por RD$1.246 billones, equivalentes al 15.8% del PIB.

El primero es el techo administrativo. Durante años, la DGII y Aduanas han fortalecido las recaudaciones mediante facturación electrónica, cruces de información, fiscalización, digitalización y otras mejoras de gestión. Sin embargo, estos instrumentos pueden presentar rendimientos decrecientes.

No es posible elevar indefinidamente la presión tributaria mediante una mejor administración de los mismos impuestos.

El segundo es el techo estructural. Probablemente aquí radique el problema fundamental. Nuestro sistema combina tasas relativamente elevadas con bases estrechas, numerosas exenciones, tratamientos especiales, informalidad y evasión. El Ministerio de Hacienda y Economía estimó el gasto tributario de 2025, es decir, los ingresos a los que renuncia el Estado, en RD$383,566 millones, equivalentes al 4.73% del PIB. Para 2026, la reestimación alcanza RD$441,445 millones, un 5.06% del PIB. El Estado deja de percibir una suma cercana a un tercio de lo recaudado; esa renuncia, concentrada en exenciones del ITBIS y de renta que favorecen especialmente a los deciles superiores, aumenta más rápidamente que la recaudación efectiva.

El tercero es el techo económico. La elevada informalidad restringe la capacidad recaudatoria. Mientras una parte importante de la actividad económica permanezca fuera de los circuitos formales, aumentar las tasas a quienes ya cumplen puede generar ingresos adicionales cada vez menores, además de mayores distorsiones.

Conviene subrayar que dos años no bastan para demostrar definitivamente un cambio estructural. Sin embargo, sí pueden constituir una advertencia suficientemente seria de que la capacidad de obtener recursos adicionales con la estructura vigente y mediante simples mejoras administrativas podría estar acercándose a sus límites.

La señal que envía el desempeño tributario es preocupante: al Gobierno le resultará cada vez más difícil financiar sus gastos apoyándose en un crecimiento de los ingresos que ya no acompaña al PIB nominal, mientras todavía no define una alternativa clara. Un régimen fiscal sostenido por la inercia puede perdurar años. El problema es que, cuando llega el ajuste, no siempre ocurre cuando lo deciden las autoridades, sino cuando lo imponen los mercados.

La respuesta no debería reducirse a la consigna de que «hay que subir impuestos». Si la estructura actual se aproxima a su límite de rendimiento, elevar las tasas sobre las mismas bases podría ser, precisamente, una decisión equivocada.

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