Por: Rafael Ramírez Medina

La motocicleta es, sin duda, uno de los principales motores de la economía dominicana y el sustento de cientos de miles de familias. Sin embargo, las motocicletas ya representan el 57 % del parque vehicular nacional y resulta imposible ignorar cómo se han transformado en el instrumento predilecto para la delincuencia y en la mayor causa de muerte violenta en nuestras calles.

No se trata de una percepción, las estadísticas oficiales son devastadoras. Según los boletines de seguridad ciudadana del país, más del 70 % de los robos y atracos se cometen utilizando motocicletas, convirtiéndolas en el arma móvil de la impunidad urbana.

De forma paralela, el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) reportó que las motocicletas concentran 7 de cada 10 muertes por siniestros viales en el territorio nacional. Vivimos una epidemia de violencia y luto sobre dos ruedas.

Hasta ahora, el abordaje gubernamental se ha limitado a resoluciones tibias, operativos mediáticos de control y normativas que caen en el olvido por la falta de un verdadero régimen de consecuencias. El país está saturado, la ilegalidad reina en las vías y la ciudadanía ya no exige parches, sino decisiones de fondo, contundentes y estructurales.

Internacional

 Experiencias internacionales demuestran que, ante crisis severas de seguridad e hipertrofia vehicular, se necesitan medidas drásticas. Países de América Latina y Asia han tenido que aplicar intervenciones profundas que sirven de referencia.

Ciudades en China frenaron drásticamente la entrada de motocicletas a gasolina, estableciendo techos de circulación y control de importación e incentivando el transporte masivo para evitar la parálisis urbana y combatir el crimen.

Colombia y Honduras implementaron en sus momentos de mayor crisis la prohibición de transportar un segundo pasajero en zonas urbanas críticas. Esta sola medida redujo drásticamente los atracos y asesinatos por encargo bajo la modalidad de dobles tripulantes.

En varias metrópolis latinoamericanas se exigió por ley que el número de matrícula esté visible en tamaño legible en el casco y en chalecos reflectivos, identificando al conductor de inmediato.

Una propuesta de tres ejes para nuestro país, el primer paso contundente debe ser frenar temporalmente la importación de motocicletas. El parque sobre dos ruedas ha desbordado cualquier capacidad de fiscalización estatal; seguir importando sin control es equivalente a seguir echando agua a una bañera desbordada. Es momento de congelar el parque automotor, auditar el inventario existente y poner orden en lo que ya está en las calles

En segundo lugar, se debe establecer una diferenciación obligatoria y estricta según el uso del vehículo. No puede seguir transitando en el mismo limbo jurídico la moto de uso personal, el motoconcho, el servicio de delivery y la mensajería empresarial.

Medidas

Para ello, se proponen tres medidas:

1. Diferenciación visual y registro por categoría: Cada modalidad debe exigir una placa o rotulación distintiva, con colores específicos e identificación visible. La motocicleta debe responder a un propósito registrado y autorizado.

2. Prohibición de pasajero en uso privado y comercial: Las motocicletas destinadas a transporte personal (de la casa al trabajo), mensajería y delivery deben tener prohibido transitar con un acompañante. Si una moto de este tipo lleva a una segunda persona, debe ser causal inmediata de retención e inspección policial.

3. Formalización rigurosa del motoconcho: Los únicos autorizados para transportar pasajeros en dos ruedas deben ser los motoconchistas debidamente carnetizados, organizados en paradas fijas y provistos de chalecos que muestren su número de ficha y placa.

Pero para llevar esto a cabo se necesita voluntad política, nada de esto servirá si las instituciones encargadas de aplicar la ley no ejercen una fiscalización severa y sin contemplaciones. Las leyes no fallan por su redacción, sino por la falta de voluntad para hacerlas cumplir.

República Dominicana ya no necesita más llamados a la prudencia. Se requiere una política integral de mano firme.

Congelar la importación, clasificar el uso, eliminar el anonimato y sancionar con rigor al infractor. El trabajador honesto merece ejercer su labor sin ser confundido con un delincuente, pero la ciudadanía merece, por encima de todo, recuperar el derecho de caminar por las calles sin el constante temor al sonido de un motor.

jpm-am

La 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas está en pleno desarrollo, convertida nuevamente en escenario de posiciones divergentes entre más de 150 jefes de Estado y de Gobierno que han pasado por su tribuna. Guerras, comercio, inteligencia artificial, migración, cambio climático y seguridad internacional dominan una agenda particularmente complicada.

Pero entre tantos discursos hubo uno que merece especial atención desde América Latina y el Caribe. No solamente porque procediera del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino por el mensaje que dejó sobre la política que Washington pretende aplicar en nuestro hemisferio.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado cambios significativos en la relación estadounidense con la región. Aranceles, endurecimiento migratorio y una ofensiva mucho más agresiva contra el narcotráfico forman parte de esa nueva realidad.

La presencia militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico, los ataques contra embarcaciones señaladas como transportadoras de drogas y, especialmente, la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas y su traslado a una cárcel en Nueva York, representan manifestaciones concretas de hasta dónde Washington está dispuesto a llegar.

América Latina, históricamente considerada el “patio trasero” de Estados Unidos, nunca ha permanecido ajena a la influencia de Washington. La geografía, el comercio, las inversiones, la seguridad y la migración han construido una relación demasiado profunda para imaginarla de otra manera.

Millones de latinoamericanos han encontrado además en Estados Unidos una salida frente a las limitaciones económicas de sus países. Esa emigración ha servido como válvula de escape para sociedades incapaces de crear suficientes oportunidades y, paradójicamente, también ha provocado una fuga de profesionales indispensables para impulsar el desarrollo.

Lo novedoso ahora es la contundencia del mensaje.

Trump reivindicó ante Naciones Unidas una versión actualizada de la Doctrina Monroe, bautizada por él mismo como “Doctrina Donroe”, y aseguró que Estados Unidos utilizará, si lo considera necesario, su poderío militar para proteger sus intereses vitales en el hemisferio.

Y aquí aparece la pregunta inevitable: ¿cuáles intereses?

¿Hasta dónde termina la legítima preocupación estadounidense por el narcotráfico y dónde comienza el derecho de cada nación a ejercer plenamente su soberanía, administrar sus recursos naturales y desarrollar una política exterior propia?

No es una interrogante menor.

Especialmente porque la advertencia llegó acompañada casi inmediatamente por una demostración de alineamiento regional.

Horas después de su discurso, Trump encabezó en Nueva York una reunión del Escudo de las Américas, iniciativa liderada por Washington e integrada por 15 gobiernos. Allí se anunció una primera acción conjunta contra 24 organizaciones criminales, mediante sanciones, congelamiento de activos, restricciones de visados y otras medidas.

Combatir el narcotráfico y el crimen organizado constituye una obligación de cualquier Estado responsable. Nadie sensato puede defender organizaciones que asesinan, extorsionan, trafican drogas y desafían abiertamente a las instituciones.

El problema está en otra parte.

Todavía falta conocer con suficiente claridad cómo funcionará esa cooperación, qué participación operativa tendrá Estados Unidos dentro de los países miembros, cuáles serán sus límites y hasta dónde podrán desarrollarse acciones estadounidenses en territorios nacionales.

Son detalles demasiado importantes para dejarlos exclusivamente en manos de comunicados diplomáticos.

Trump incluso ofreció intervenir contra los carteles dentro de países aliados cuando esos gobiernos no puedan combatirlos por sí mismos.

Y sobre la mesa está el precedente venezolano.

El propio mandatario estadounidense presentó la captura de Maduro como prueba de que Washington posee tanto la capacidad como la voluntad de actuar cuando entiende amenazados sus intereses hemisféricos.

Por eso la discusión no debería reducirse a estar con Washington o contra Washington.

La verdadera cuestión es cómo enfrentar amenazas comunes sin convertir la cooperación en subordinación.

Por ahora, buena parte de América Latina parece alineada con la estrategia estadounidense. Pero la historia regional aconseja observar cuidadosamente cualquier doctrina que combine intereses nacionales de una gran potencia, despliegue militar y derecho unilateral de intervención.

La pregunta que queda después del discurso de Trump en Naciones Unidas es sencilla, aunque incómoda:

¿Estamos frente a una nueva política de cooperación hemisférica o ante el regreso, con otro nombre y métodos mucho más contundentes, de la vieja doctrina del patio trasero?