SAN JUAN, Puerto Rico. 8 de noviembre de 2026.- La seccional  aquí del Partido Fuerza del Pueblo (FP) expresó su firme repudio a la intimidación, uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y perfilamiento por color de piel, acento u  origen nacional, durante operativos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), particularmente de ICE, en zonas geográficas donde viven inmigrantes dominicanos.

En un documento púbico remitido a ALMOMENTO.NET, indicó que aunque reconoce la facultad federal de aplicar las leyes migratorias, es imprescindible que ello se haga “con  legalidad, proporcionalidad y pleno respeto a la dignidad humana, la igualdad y el debido proceso, sin distinción de nacionalidad o condición migratoria”.

Manifestó que las intervenciones en San Juan, Canóvanas, Bayamón, Cabo Rojo, Aguadilla, Guayama, Lajas y Toa Baja, incluida la parroquia San Antonio de Padua, de Rio Piedras, suscitan “graves preocupaciones por la presencia intimidante de agentes armados, amenazas a observadores y arrestos sin fundamento individualizado”.

» Exigimos una investigación  independiente, pronta y transparente» de estos casos, sostuvo la FP.

Indicó que sus reclamos se suman a los del Municipio de San Juan, el arzobispo de San Juan y la ACLU de Puerto Rico, sobre intimidación, perfilamiento racial,  separación familiar y obstáculos al ejercicio de derechos.

Recordó  que la Primera, Cuarta y Quinta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, protegen respectivamente la expresión y documentación pacífica de actos oficiales, frente a registros y detenciones irrazonables y el debido proceso.

El documento de la filial de la FP está firmado por su presidente Henry Rodríguez Sánchez así como por los también dirigentes  Álvaro R. Núñez Paulino, Ángel Michel Terrero, Viviana C. Díaz Saviñón.

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Por Dr. MIGUEL ESTRELLA

NUEVA YORK.— La recientemente electa Darializa Ávila Chevalier, quien representará al Distrito 13 de Nueva York en el Congreso, acaba de ofrecer una lección elemental de política estadounidense a quienes, por desconocimiento de sus fundamentos institucionales, insisten en interpretar la política neoyorquina desde una perspectiva exclusivamente dominicanista.

Resulta indispensable comprender que, dentro de la estructura constitucional de Estados Unidos, la representación política no se fundamenta en la nacionalidad de origen de los funcionarios electos, sino en la jurisdicción territorial y en las responsabilidades institucionales correspondientes a sus cargos.

REPRESENTACIÓN TERRITORIAL, NO NACIONAL

Aunque es legítimo celebrar los logros de ciudadanos de ascendencia dominicana, debemos entender que existen funcionarios de ese origen ocupando posiciones federales, estatales y municipales: congresistas, asambleístas y concejales.

Cada uno representa a los habitantes de su respectivo distrito, independientemente de su nacionalidad de origen, raza, religión o afiliación partidaria. Su responsabilidad institucional es servir dentro del sistema político estadounidense, no actuar como representante oficial de la República Dominicana.

Recuerdo, a propósito de esta confusión conceptual, un debate televisivo entre Adriano Espaillat y Charles Rangel, transmitido por NY1, durante el cual Rangel extrajo del bolsillo de su elegante traje un panfleto que, según denunció, promovía una campaña electoral de carácter dominicanista a favor de Espaillat.

Sorprendido por el señalamiento, Espaillat intentó explicar que desconocía aquella propaganda. Rangel, político experimentado y conocedor del sistema electoral estadounidense, aprovechó el episodio para cuestionar el mensaje de su adversario y obtener ventaja retórica durante el debate.

Aquella escena constituye un ejemplo de los riesgos políticos de confundir el legítimo orgullo por nuestras raíces nacionales con la responsabilidad de representar a una comunidad electoral diversa.

IDENTIDAD Y PLURALISMO CONSTITUCIONAL

En ese contexto adquieren particular relevancia las palabras atribuidas a Darializa Ávila durante la celebración de su victoria, cuando destacó su condición de mujer y su identidad religiosa musulmana como elementos históricos de su elección.

Para algunos, aquella manifestación constituyó una supuesta afrenta a la comunidad dominicana. Sin embargo, semejante interpretación revela una comprensión limitada de la naturaleza pluralista de la democracia estadounidense.

La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege tanto la libertad de expresión como el libre ejercicio de la religión. Por consiguiente, ningún funcionario electo tiene que ocultar sus convicciones religiosas ni renunciar a su identidad cultural para ejercer legítimamente una función pública.

De igual manera, identificarse como la primera mujer, la primera musulmana o la primera persona de determinada ascendencia en alcanzar una posición política constituye un reconocimiento histórico perfectamente legítimo.

La distinción fundamental no reside en mencionar el origen étnico, sino en comprender que ese origen no determina los límites de la representación política.

EL MANDATO DEL DISTRITO 13

Darializa Ávila no fue elegida para representar exclusivamente a los dominicanos, musulmanes, mujeres ni a ningún otro segmento particular de la población. Su responsabilidad congresional comprende a la totalidad de los habitantes del Distrito 13, sin distinciones de origen, raza, religión o preferencia partidaria.

Este distrito, que comprende sectores del Alto Manhattan y del Bronx, reúne una población cercana a los 750,000 habitantes y constituye un mosaico demográfico de extraordinaria diversidad cultural y étnica. Precisamente esa pluralidad exige una representación inclusiva, comprometida con los intereses generales de sus comunidades.

Pretender que un congresista de ascendencia dominicana debe orientar su ejercicio político exclusivamente hacia los dominicanos equivale a desconocer uno de los principios esenciales de la democracia representativa estadounidense: el mandato institucional trasciende la identidad personal de quien ocupa el cargo.

Esto no significa desconocer la importancia de la participación dominicana en la vida política de Nueva York. Por el contrario, constituye motivo de satisfacción que ciudadanos de nuestras raíces hayan alcanzado posiciones relevantes dentro de sus instituciones.

Pero una cosa es celebrar esos avances y otra, muy distinta, pretender convertir cargos públicos estadounidenses en espacios de representación nacional dominicana.

MADUREZ POLÍTICA

La participación política de nuestra comunidad alcanzará mayor madurez cuando comprendamos que el verdadero liderazgo no consiste en representar exclusivamente a quienes comparten nuestras raíces, sino en demostrar capacidad para servir a una sociedad diversa.

Darializa Ávila parece haber comprendido esa diferencia esencial que todavía escapa a muchos de quienes incursionan en la política sin conocer suficientemente sus fundamentos históricos, jurídicos e institucionales.

Su mensaje deja una enseñanza fundamental: el orgullo por nuestras raíces puede acompañarnos legítimamente en la vida pública, pero jamás debe confundirse con el alcance de nuestras responsabilidades institucionales.

Porque en Estados Unidos se puede llegar a una posición política siendo dominicano de origen, pero una vez allí se ejerce como representante de todos los habitantes del distrito para el cual se ha sido elegido.

jt-am