Los diputados de ultramar no representan a nadie. Esa es la verdad incómoda que el Congreso se niega a enfrentar.

Desde 2012, la República Dominicana mantiene siete curules para legisladores electos por la diáspora. Trece años después, el experimento fracasó.

No los elige nadie

En 2024 votó menos del 20% del padrón en el exterior. En Europa, la participación no llegó al 15%.

Un diputado que llega al Congreso con 3,000 votos en una comunidad de 200,000 dominicanos no tiene mandato real. Es un delegado de su partido, no de la gente.

No viven donde dicen representar

La mayoría de estos legisladores reside en Santo Domingo. Aparecen en Nueva York o Madrid para la foto, prometen oficinas de enlace y desaparecen cuatro años.

La diáspora enfrenta problemas concretos: revalidación de títulos, pensiones, abusos consulares, remesas costosas. ¿Cuántos proyectos de ley han impulsado los diputados de ultramar para resolverlos? Casi ninguno.

Son un gasto sin retorno

Cada diputado cuesta al Estado más de RD$300,000 mensuales entre salario, viáticos, pasajes y asesores. Multiplícalo por siete. Son más de RD$25 millones al año para curules que no fiscalizan, no legislan y no rinden cuentas. Con ese dinero se podrían financiar 50 oficinas consulares con abogados y trabajadores sociales.

Debilitan la democracia

Estas curules son cuotas partidarias. Se reparten entre dirigentes que no ganaron en el territorio nacional. Así se premia la lealtad interna y se castiga al votante.

Mientras un diputado nacional necesita 50,000 votos, uno de ultramar se sienta con una fracción. Es una distorsión que abarata la representación.

La diáspora dominicana aporta más de US$10,000 millones al año en remesas, sostiene a miles de familias y estabiliza la economía. Merece respeto, no una simulación.

Si el Estado quiere vincularse con sus ciudadanos en el exterior, que fortalezca el servicio consular, facilite el voto y cree mecanismos reales de participación.

Dejemos el teatro, los diputados de ultramar no representan a la diáspora, representan a sus partidos. Y al país le salen muy caros. Es hora de eliminarlos.

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La República Dominicana aplica un protocolo que ningún otro país de la región usa: ficha, reseña y apresa a sus propios ciudadanos cuando llegan deportados desde Estados Unidos. La práctica se justifica en nombre de la seguridad.

El problema es que, en la realidad, huele a doble condena.

El procedimiento es claro. El avión aterriza, Migración recibe al deportado, lo registra, le toma fotos, huellas y lo envía a un centro de detención. Allí espera. ¿Cuánto? Depende. Horas, días. Hasta que se verifique si tiene cuentas pendientes con la justicia dominicana. Si no las tiene, queda libre. Si las tiene, se queda preso.

El Estado argumenta que necesita saber quién regresa, que muchos deportados cumplieron condena por delitos graves en Estados Unidos y que sería irresponsable soltarlos en el aeropuerto sin depuración.

Suena razonable. Ningún gobierno quiere que un prófugo camine libre por falta de chequeo. Pero hay un detalle que cambia todo: esas personas ya pagaron su deuda. Fueron juzgadas, condenadas y cumplieron pena en suelo estadounidense. Al pisar República Dominicana no son prófugos, son ciudadanos que regresan, con o sin vergüenza, con o sin familia esperándolos. Detenerlos de forma automática convierte la depuración en detención preventiva sin juez, sin cargos nuevos.

Otros países con alta migración hacia Estados Unidos, como México, El Salvador, Guatemala y Honduras, reciben a sus deportados, los registran y los dejan ir. Si hay alerta internacional o orden de captura local, entonces actúan. Pero no los meten presos por defecto. República Dominicana sí. Y presume culpabilidad hasta demostrar lo contrario.

El impacto humano es real. Hablamos de padres que llevan años sin ver a sus hijos y al bajar del avión terminan en una celda. De jóvenes que crecieron en Nueva York o Boston, que apenas hablan español, y su primera experiencia en el país de sus padres es un cuartel. Eso no es control migratorio. Eso es una bienvenida con esposas.

¿Hay solución? Sí, y no requiere debilitar la seguridad. Bastaría con modernizar el cruce de datos, que Migración tenga acceso en tiempo real a las órdenes de arresto vigentes antes de que el avión aterrice.

Si Juan Pérez tiene caso abierto en San Cristóbal, que lo espere una orden judicial al bajar. Si no la tiene, que lo deje ir a su casa. Ficharlo, sí. Reseñarlo, también. Apresarlo sin causa nueva, no.

En 2024, EE.UU. deportó a 3.847 dominicanos. No todos son criminales de alta peligrosidad. Muchos violaron leyes migratorias, otros cometieron delitos menores hace una década. Meterlos a todos en el mismo saco es costoso, ineficiente y, sobre todo, injusto.

La seguridad nacional no puede construirse sobre la sospecha permanente contra el propio ciudadano.

Si el Estado quiere protegernos, que persiga al que delinque aquí, con pruebas y debido proceso, pero que deje de tratar al deportado como delincuente por el solo hecho de haber sido devuelto.

Al final, la pregunta es simple: ¿somos el único país que encierra a los suyos al regresar porque somos más estrictos, o porque confundimos firmeza con abuso?