POR CARLOS SALCEDO

El desapoderamiento del abogado por parte de su cliente es uno de los momentos más críticos, complejos y desprovistos de romanticismo en la praxis jurídica contemporánea. Encierra una ruptura de confianza que fractura de inmediato el contrato de mandato.

Sin embargo, en el foro local suele emerger una peligrosa patología procesal: el profesional del derecho que, invocando deudas de gastos avanzados, honorarios devengados o la falta de resultados esperados, pretende mantener vivo el litigio de fondo o perpetuar su actuación a espaldas, o incluso en franca oposición, de la voluntad de quien fuera su mandante.

Semejante osadía no solo adolece de un insalvable defecto técnico, sino que desnaturaliza la arquitectura dogmática de la representación procesal. En el derecho dominicano, la respuesta a si un abogado desapoderado puede continuar la acción en el interés de fondo del cliente es un no rotundo, absoluto e intransigente.

La situación adquiere un tinte de extrema gravedad institucional cuando el proceso en cuestión arranca de una denuncia penal por supuestos actos de corrupción pública. Existen togados que, tras sufrir la pérdida de confianza de su cliente y la consecuente revocación del poder, pretenden transmutar su condición de mandatarios privados en una suerte de fiscales paralelos o guardianes de la moralidad del Estado. Invocando un presunto interés público o la necesidad social de que los hechos sean investigados, continúan impulsando la acción penal a título personal. Esta pirueta jurídica, lejos de constituir un acto de heroísmo civil, representa una flagrante transgresión a las reglas del debido proceso.

La extinción irreversible del mandato y la quiebra de la calidad

El vínculo que une al togado con su justiciable es, por definición de nuestra tradición civilista, un contrato de mandato. El artículo 2004 del Código Civil consagra una prerrogativa omnímoda a favor del mandante: la facultad de revocar el poder cuando le parezca oportuno. No existe el mandato irrevocable en la postulación judicial ordinaria; la confianza es el oxígeno del proceso y, una vez retirada, el cordón umbilical de la representación queda cortado quirúrgicamente.

Desde el instante en que el cliente notifica la revocación, opera una metamorfosis jurídica inmediata: el abogado pierde de pleno derecho la calidad para actuar en el proceso. En la mecánica de la Ley núm. 834-78, la calidad es una condición de orden público para la admisibilidad de cualquier acto. Si el profesional desapoderado somete una instancia, interpone un recurso o sube al estrado pretendiendo impulsar el fondo del litigio, su actuación deviene en una usurpación representativa. La contraparte, con afilado rigor estratégico, estará provista del arsenal necesario para articular un medio de inadmisibilidad por falta de calidad o poder, conforme al artículo 44 de la referida norma, obligando al Ministerio Público y al juzgador a decretar la impertinencia de la acción sin siquiera asomarse a ponderar los méritos del fondo.

La coartada del interés público y el monopolio de la acción penal

Pretender que la persecución de la corrupción autoriza al abogado desapoderado a perpetuarse en el proceso penal es una aberración conceptual. En nuestro ordenamiento constitucional, la representación del interés público y el monopolio de la acción penal pública corresponden de manera exclusiva y excluyente al Ministerio Público, en virtud del artículo 169 de la Constitución. Un abogado privado no es el Estado, no es la sociedad organizada y no ostenta la personificación del interés general.

Si el ciudadano que interpuso la denuncia decide retirar su confianza al abogado o apartarse del proceso, el profesional del derecho no puede apropiarse de la acción penal. El canal para que la corrupción sea investigada sigue abierto a través de los órganos persecutores oficiales; el abogado desapoderado carece de legitimación activa para suplantar la voluntad del denunciante original y, simultáneamente, la función constitucional del fiscal. Utilizar la bandera de la transparencia para justificar una postulación sin poder es un ejercicio de mesianismo jurídico que lesiona gravemente la seguridad jurídica.

El abismo de la responsabilidad civil y el cobro legítimo

El error conceptual de aquellos abogados que insisten en secuestrar el expediente radica en confundir el accesorio con el principal. El derecho a percibir honorarios y el reembolso de los gastos es un crédito legítimo, pero jamás otorga una suerte de copropiedad sobre la acción penal de fondo. El litigio le pertenece única y exclusivamente al justiciable.

El ordenamiento dominicano no deja desamparado al profesional, pero le traza fronteras claras. El camino idóneo y técnico es el procedimiento de liquidación de honorarios instituido por la Ley sobre Honorarios de Abogados, núm. 302. A través de esta vía, el abogado se desviste de la toga de representante y asume su única y verdadera condición, a partir de ese momento, la de un acreedor que persigue el cobro de pesos frente a su deudor (su excliente). Podrá demandar el cumplimiento contractual o accionar por los daños derivados de una revocación intempestiva y de mala fe, pero nunca arrebatarle el timón de la causa principal.

Persistir en la postulación inconsulta y haciendo malabarismos de supuesta representación de la sociedad tras el desapoderamiento, solapando el mero interés económico de su actuación destemplada, no es solo un yerro procesal; es una temeridad que sitúa al abogado en la antesala de la responsabilidad civil y disciplinaria, tipificada por el Tribunal Disciplinario como una violación flagrante a los deberes de lealtad, probidad y moderación.

Para ser un verdadero estratega del derecho y un guardián de la institucionalidad del foro, es imperativo entender que nuestra misión concluye donde la voluntad del cliente traza la línea. Los honorarios se reclaman con el mazo del derecho de crédito (si existiera, cosa que en los casos que he visto ni siquiera existe) en los escenarios correspondientes; el fondo del proceso, en cambio, se respeta como un templo sagrado que pertenece exclusivamente al ciudadano.

JPM

“Yo le voy a demostrar a usted lo que es morir con dignidad”.

Con esa energía patria se pronuncia el coronel Francisco Alberto Caamaño ante la prepotencia del embajador de EE.UU. en la Guerra de abril de 1965, en la República Dominicana, cuando el diplomático imperial lo emplazaba a que terminen el “desorden. Mi país no puede permitir ese desorden”.

Ya en el primer escenario de combate, el coronel  Caamaño le dijo al coronel Jorge Gerardo Marte Hernández: “Bollo, ¿yo no te he dicho que somos hombres muertos? Pues date por muerto, coño, y vamos para el puente a pelear”. Esa frase completa el sentido del momento: Caamaño ya no actuaba como un oficial sorprendido por los acontecimientos, sino como un jefe militar y político que había asumido su destino.

El 27 de abril de 1965, Santo Domingo ardía bajo el fuego de los bombardeos, mientras militares constitucionalistas y civiles armados resistían en las calles la ofensiva de las fuerzas que pretendían aplastar la Revolución de Abril de 1965, con lo que el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, citado por el embajador de Estados Unidos William Tapley Bennett a la sede de la misión diplomática, pero se encontró con la prepotencia imperial, quien no actuó como mediador, sino como representante de una potencia acostumbrada a ordenar el destino político del Caribe y del mundo.

En aquella escena, el embajador pretendió tratar la insurrección constitucionalista como un simple “desorden” callejero, ordenando que se detuviera lo que en realidad era una rebelión nacional contra el golpe de Estado que había derrocado al profesor Juan Bosch, el 25 de septiembre de 1963, y fue entonces cuando Caamaño, indignado ante la humillación del diplomático, respondido con una frase que lo colocó para siempre ante la historia: “Yo le voy a demostrar a usted lo que es morir con dignidad”.

La dignidad frente al despacho imperial

No era una frase de arrebato, sino una definición moral, porque Caamaño no estaba respondiendo solamente a un embajador, sino a una lógica imperial que pretendía reducir la soberanía dominicana a una orden impartida desde una sede diplomática extranjera, con lo que aquel “coño” que la memoria testimonial asocia al episodio no era vulgaridad gratuita, sino estallido de dignidad frente al intento de convertir la causa constitucionalista en una rendición vergonzosa.

La grandeza de ese momento está en que Caamaño pudo escoger el refugio, la prudencia personal o el cálculo de supervivencia, pero eligió el camino más arduo, difícil y lleno de desafíos: salir de la embajada, asumir que la suerte estaba echada y marchar hacia donde la muerte no era posibilidad remota, sino presencia inmediata, porque en el puente Duarte se libraba la batalla decisiva entre el pueblo armado y las fuerzas militares que buscaban retomar Santo Domingo.

Entonces aparece otra frase lapidaria, casi brutal, que completa el retrato del hombre que había decidido cruzar la línea entre la vida y la inmortalidad. Caamaño le dijo al coronel Jorge Gerardo Marte Hernández, conocido como Bollo: “Bollo, ¿yo no te he dicho que somos hombres muertos? Pues date por muerto, coño, y vamos para el puente a pelear”. Esa sentencia revela que Caamaño ya no actuaba como un oficial sorprendido por los acontecimientos, sino como un jefe militar y político que había asumido su destino.

Del puente Duarte a la inmortalidad

En el puente Duarte no se libraba una batalla sangrienta que definió el curso de la Revolución de Abril, porque allí las tropas terrestres que avanzaban desde San Isidro, apoyadas por tanques y por una aviación que bombardeaba de manera despiadada, encontraron la resistencia de militares constitucionalistas, comandos civiles, hombres del pueblo y mujeres que, desde el dolor de madres, reclamaban a los pilotos que no masacraran a su propia gente que depusieran el genocidio, en ese  27 de abril, cuando aviones de la Fuerza Aérea bombardearon el puente Duarte y Radio Televisión Dominicana para debilitar a los constitucionalistas.

La llegada de Caamaño y de otros oficiales al puente cambió el ánimo de los combatientes, porque allí no llegó un jefe a dar órdenes desde lejos, sino un hombre que venía de desafiar al embajador estadounidense, como representante imperial,  y que se colocaba en la línea de fuego con la convicción de que una revolución popular solo se salva cuando sus dirigentes están dispuestos a correr la misma suerte que el pueblo que combate.

La batalla del puente Duarte terminó convirtiéndose en una victoria militar, política y moral de los constitucionalistas, y del pueblo en arma, que frenaron y derrotaron la ofensiva de las fuerzas vinculadas al general Elías Wessin y Wessin, con lo que la correlación interna cambió de manera sorprendente, y dejó al descubierto que el pueblo armado, junto a militares dignos, pudo derrotar al aparato militar que pretendía aplastarlo.

La intervención yanquis ante la victoria del pueblo en arma

La intervención militar estadounidense del 28 de abril de 1965, se produce ante la derrota de las fuerzas locales que enfrentaban a los constitucionalistas, porque la llegada de los marines cambió súbitamente la correlación de fuerzas después de la victoria del pueblo y de las tropas comandadas por Caamaño, con lo que la llamada “mediación” imperial terminó revelándose como lo que era: una operación para impedir que la Revolución de Abril consolidara su triunfo.

Aquel día, Caamaño salió de la Embajada de Estados Unidos convertido en  el coronel de Abril, y como símbolo de una dignidad nacional que no se negocia en el despacho de ningún embajador, porque cuando Bennett pretendió tratar la guerra patria como simple “desorden”, Caamaño respondió con la única credencial que sostiene a los pueblos cuando la patria les llama: la decisión de morir con dignidad antes que vivir de rodillas.

Esa es la escena que interpela a la República Dominicana y a América Latina, porque el Coronel de Abril no marchó  hacia el principal escenario de combate en busca de gloria personal, sino empujado por una ética de patria que no aceptaba humillaciones imperiales, y por eso su figura cruzó aquel día la frontera de los acontecimientos militares para entrar en la memoria histórica como uno de esos hombres que

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