La corrupción no es un flagelo más. Es el más grande de los retos que enfrentan los partidos y el liderazgo político nacional. Se trata de un desafío tener que enfrentar un monstruo que engulle una parte importante de la economía y que representa el azote de los sectores más empobrecidos del país.

Informes recientes estiman que la corrupción causa pérdidas millonarias cada año, equivalente al 0.8% del Producto Interno Bruto (PIB). “Fondos que deberían destinarse a vivienda, salud o educación se pierden en gastos no prioritarios o en el bolsillo de algunos”, explican.

“La corrupción en República Dominicana causa enormes daños económicos al desviar fondos públicos de servicios esenciales (salud, educación, infraestructura) hacia el enriquecimiento privado, aumentar costos, distorsionar la competencia y la inversión”. Detallan que esta práctica contribuye, asimismo, a “erosionar la confianza, representando pérdidas significativas del PIB, como un 0.8% anual o gastos innecesarios en duplicidad de instituciones y nóminas infladas, impactando directamente en la pobreza y desigualdad social”.

No nos engañemos. El mal de la corrupción no es solo local, tiene carácter mundial. Pero resulta que esta práctica tiene efectos devastadores  en un país pobre como el nuestro. El flagelo global afecta a cientos de países del mundo, incluyendo a grandes potencias económicas, como Estados Unidos, China, Rusia, Brasil y países europeos.

Desde el 2020 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  ha venido señalando que la corrupción ya registra niveles de “pandemia” en América Latina y el Caribe. Parece desbordada y sin freno. Cada día brota en los medios locales y en las páginas de Internet un nuevo escándalo de corrupción, aquí y en un país de la región.

Nosotros no nos escapamos del aquelarre. El más reciente ha sido el caso del Servicio Nacional de Salud (SENASA). Este hecho que se ha destapado en esta institución de servicios del Estado ha venido a revelar, una vez más, la participación explícita de empresarios en la realización de estos hechos deleznables.

En el caso específico referente al país, la Cámara de Cuentas ha advertido que el fenómeno de la “corrupción es un obstáculo principal para el crecimiento económico, reduce la competitividad y puede ahuyentar la inversión extranjera”.

Igualmente, en otros sectores se ha alertado en el sentido de que la corrupción exacerba la pobreza y la desigualdad, en razón de que los recursos que se desvían con esta práctica dañina “afectan directamente a los más vulnerables, aumentando la brecha social”. Explicaron que esta descomposición causa erosión en la confianza, lo cual, a su vez, debilita la democracia, la empatía en las instituciones públicas, empresariales y la clase política.

La organización Participación Ciudadana ha señalado también que la corrupción tiene un impacto moral e institucional, afectando “la autoestima nacional y la imagen internacional del país”.

Los sectores y entidades que se enfocan en los análisis y tratamiento de estos temas, entre los que está la Cámara de Cuentas, han afirmado que la corrupción en República Dominicana “no solo implica pérdidas financieras directas, sino que compromete el desarrollo sostenible, la equidad social y la credibilidad del Estado, siendo un lastre significativo para la nación”.

Asimismo, plantean que a nivel regional la corrupción constituye un mal  patético, perturbador, el cual se ha erigido como un drama latente que frena el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI) se destacan naciones como Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras y Guatemala, entre las más afectadas por esta podredura. En este Índice se advierte que persisten los desafíos en los ámbitos políticos y empresariales en toda la región, “incluyendo corrupción en partidos políticos y flujos financieros ilícitos en países como México, Brasil, Argentina y República Dominicana”.

Por su lado, un blog brasileño que se caracteriza por su lucha contra la corrupción, ha advertido que este mal perjudica la región en todos los sentidos porque, además, “disuade la inversión extranjera, en razón de que las empresas son reacias a operar en entornos en los que predominan las prácticas opacas y los tratos pocos éticos”.

“La corrupción afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, ya que distorsiona el acceso a los servicios básicos y a las oportunidades, perpetuando los ciclos de pobreza y desigualdad”, afirma.

Los partidos políticos

El hecho de que observadores internacionales mencionan a partidos políticos dominicanos, entre otros de la región, resulta muy preocupante, ya que se trata de la persistencia de los desafíos de la corrupción. Y no solo debe ser motivo de preocupación, sino también de alarma, dado que las estructuras partidarias son las bases del desarrollo socioeconómico de las naciones y si están corrompidas, sus efectos se reflejarán en toda la sociedad.

¿Están conscientes nuestros líderes políticos de esta lacerante realidad? ¿Qué hacen los partidos para superar esta situación?

Los escándalos ocurridos en los últimos años por la incidencia y penetración en las estructuras partidarias, de algunos personeros ligados a las mafias de las bancas de apuestas y el narcotráfico, llegando en algunos casos a prácticamente controlar el Congreso de la República, en el caso de la República Dominicana, debe ser motivo de reflexión.  Si no se toman acciones drásticas al respecto, cabría preguntarse ¿en qué manos está el pandero? ¿Hacia dónde nos llevan estos vientos?

Hemos escuchado sobre corrupción y narcotráfico en el Estado dominicano desde los gobiernos del fenecido presidente Joaquín Balaguer (recordemos aquella emblemática expresión: “la corrupción se para en la puerta de mi despacho”). Lo mismo ha ocurrido en los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y en el actual del presidente Luis Abinader.

Esa situación que ensombrece nuestro proceso histórico debe preocupar a todos los dominicanos conscientes. Nos enfrentamos a un nubarrón falaz que no solo nos arropa, sino que nos hace cada vez más vulnerables de frente a intereses extranjeros que podrán, con mucha facilidad, aprovecharse de nuestra debilidad para controlar nuestro Estado y esquilmar nuestras riquezas.

De frente a esta realidad, consideramos que los partidos políticos tienen que abocarse a realizar introspecciones internas, cavilar en torno a esta situación y desde sus órganos de dirección y de base crear condiciones que prevengan la corrupción.

La enseñanza de conciencia ética colectiva no solo debe impactar en las estructuras de dirección de los partidos y organizaciones gremiales, sino también en la formación de cuadros que serán quienes en el mañana asumirán el poder y dirigirán desde el Estado y los gobiernos, los destinos de la nación.

Sugerencias

En ese sentido, sugerimos específicamente a los partidos políticos (PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, PRSC), etc.:

1) Poner en sus agendas, como tema fundamental de su dirigencia y militancia, el debate interno del problema de la corrupción, con miras a crear conciencia sobre lo dañino que resulta este flagelo para el país.

2)  Formar unidades o comisiones de cuadros especializados que se encargará de incentivar y promover entre sus militantes y dirigencias una cultura preventiva anticorrupción.

3)  Constituir unidades de vigilancia para prevenir la penetración de personas ligadas a la práctica del narcotráfico, a los juegos de azar, trata de blanca, contrabandista de ilegales para dar la voz de alerta a sus dirigentes y recomendar medidas al respecto.

4)  Promover y realizar a lo interno de los partidos y en la población, programas masivos de conferencias, charlas, talleres y cursos que tengan como tema esencial la prevención de la corrupción en los partidos políticos y en la administración del Estado.

5) Propiciar una oleada de becas o entrenamientos en universidades para que sus estudiantes realicen de manera gratuita, conjuntamente con sus carreras, diplomados, cursos, talleres y conferencias sobre ética en la administración pública. Igualmente, capacitar sobre la prevención de la corrupción y los males que causan a la sociedad las prácticas malignas del narcotráfico y los juegos ilegales.

6) Auspiciar una campaña masiva anticorrupción dirigida a la población, auspiciada por el gobierno, los empresarios, las universidades y los gremios profesionales y de trabajadores.

Con las indicadas iniciativas, según nuestro humilde parecer, los partidos políticos y los empresarios podrán comenzar a deshacer la imagen que le imputa la mayor responsabilidad en los males socioeconómicos que afectan al pueblo dominicano.

Y si tienen dudas de la  magnitud de esta plaga, le dejamos esta cita:

“Según el Banco Mundial, se calcula que cada año se pagan 1 billón de dólares en sobornos, una cifra que pone de relieve la asombrosa magnitud de este problema”.

jpm-am

SANTO DOMINGO.- El Frente Nacional de Seguridad Social del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo esperar que el Ministerio Público, en el marco del estado de derecho y el debido proceso, aplique “un efectivo régimen de consecuencias, y disponga la recuperación de los activos que fueron sustraídos en el Servicio Nacional de Salud (SENASA).

A través de un documento que firman su presidente Roberto Sánchez y su secretaria general María Vargas, la entidad reafirmó este martes su “apoyo y compromiso en la lucha para prevenir y sancionar la corrupción en todas sus formas” .

Expresó u “más enérgica condena” a lo que definió como “conspiración de grandes proporciones dirigida desde el contra la salud de los trabajadores, la población subsidiada y el propio Estado.

Reconoció lo que-a su juicio- ha sido el esfuerzo del presidente Luis Abinader de afrontar con decisión el caso SENASA y “cumplir su compromiso de campaña de lucha contra la impunidad, la corrupción y asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones de la seguridad social y del gobierno”.

RECOMIENDA FORTALECER ROL REGULADOR DEL ESTADO

Sin embargo, recomendó al Mandatario fortalecer el rol regulador y supervisor del Estado en el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)  y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) para proteger a los afiliados de futuras prácticas corruptas, oligopólicas y monopólicas, tanto por parte del asegurador público como privado, prestadores de servicios, sector farmacéutico, y de las imperfecciones del mercado”.

sp-am