San Juan habló.

El Presidente entendió.

Ahora el Estado debe actuar.

El proyecto minero Romero ya no es un simple expediente ambiental: es una prueba de soberanía, autoridad institucional y respeto a la Constitución.

San Juan no se levantó contra la inversión ni contra el progreso. San Juan se levantó por el agua. Y cuando un pueblo se levanta por el agua, defiende la vida.

En un Estado Social y Democrático de Derecho, la inversión es bienvenida, pero subordinada a la dignidad humana, al interés general, al agua, al ambiente sano y a la soberanía popular.

El presidente Luis Abinader acertó al paralizar las actividades vinculadas al proyecto. Respondió a una realidad inocultable: una provincia agrícola, hídrica y movilizada rechazó un proyecto extractivo que percibe como amenaza a sus ríos y agricultura.

Las declaraciones de la empresa, afirmando que no se da por vencida y que buscará diálogo, pueden sonar diplomáticas; pero después de una decisión presidencial, pueden leerse como desafío elegante, presión calculada y gesto improcedente ante una comunidad que ya habló.

La empresa tiene derecho al debido proceso y a una respuesta formal. Pero no tiene derecho a desconocer la voluntad social ni a tratar el rechazo popular como obstáculo vencible con comunicación estratégica.

En República Dominicana la inversión no está por encima de la Constitución. Una concesión no es soberanía. Un permiso no es carta blanca. Una exploración no es derecho adquirido a explotar. Y un estudio de impacto ambiental no puede convertirse en antesala inevitable de una mina rechazada por el territorio.

El artículo 8 ordena al Estado proteger los derechos de las personas y crear condiciones para el desarrollo humano. La Constitución reconoce el agua como patrimonio nacional estratégico, esencial para la vida, y ordena proteger el ambiente sano para presentes y futuras generaciones.

Si una permisología de exploración o evaluación ambiental avanza ignorando la vocación agrícola, la fragilidad hídrica, la ausencia de licencia social y el rechazo masivo, contradice la Ley General de Medio Ambiente y el mandato superior de la Constitución.

La Ley Ambiental nació para prevenir, informar, consultar, restaurar y aplicar el principio de precaución. Cuando existe riesgo grave para el agua, la salud y la vida comunitaria, la falta de certeza absoluta no puede usarse como excusa para avanzar.

San Juan ya respondió la pregunta de fondo: agua sí, oro no.

A quienes defienden con ligereza la explotación industrial de oro habría que pedirles algo más que entusiasmo económico y frases sobre “minería responsable”: que citen, en cualquier lugar del mundo, con nombre, país, fecha y evidencia independiente, un caso de explotación aurífera industrial que no haya provocado daño ambiental significativo o irreversible, afectación hídrica comprobada, relaves peligrosos no remediados, deterioro neto de ecosistemas o pasivos pagados por comunidades; y que además haya dejado a su pueblo mejor, más seguro y más próspero, descontados los costos ambientales, sociales, hídricos y de remediación.

En República Dominicana la prudencia debe ser mayor: somos parte de una isla, con ríos cortos, acuíferos frágiles y montañas interconectadas. Aquí un error ambiental no queda aislado: baja al valle, afecta la agricultura y compromete agua sin sustituto. El oro se exporta y se agota; el agua y los suelos fértiles no se recuperan con discursos.

Si existe en el mundo un ejemplo incuestionable de explotación industrial de oro sin daño ambiental significativo, afectación hídrica, relaves peligrosos, deterioro neto del territorio ni pasivos comunitarios, que lo presenten. Y si no existe, que no nos pidan fe donde corresponde aplicar prudencia constitucional.

República Dominicana necesita una nueva Ley de Minería nacida de la Constitución, no extractivista: una ley que ponga el agua por encima del oro, la cuenca por encima del polígono minero y la comunidad por encima del contrato. Debe declarar zonas incompatibles con minería metálica y exigir garantías reales, cierre, post-cierre, monitoreo independiente, transparencia y participación ciudadana efectiva.

Que nadie confunda la paralización anunciada con victoria definitiva. El pueblo debe mantenerse vigilante hasta que las aguas se aclaren; hasta que la decisión sea formalizada y blindada; hasta que se legisle una Ley de Minería armónica con la Constitución; y hasta que ninguna empresa use la permisología como escalera hacia una explotación que el territorio ya rechazó.

Desde el Foro y Frente Cívico y Social impulsaremos una ruta cívica, jurídica e institucional: solicitudes para que ningún expediente avance sin transparencia, motivación legal y control ciudadano; estudio de una acción constitucional contra normas mineras incompatibles con el Estado Social y Democrático de Derecho; y convocatoria a una vigilancia nacional por el agua. Esta no es causa de un grupo: es causa de país.

En un país donde la partidocracia tantas veces ha abandonado al pueblo, la vigilancia ciudadana no es desconfianza gratuita: es deber patriótico. Hoy resuena aquella advertencia: “Nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”.

En el Foro y Frente Cívico y Social entendemos que la mayor riqueza de una nación no está debajo de la tierra. Está en su gente, en su agua, en sus alimentos, en su educación, en su soberanía alimentaria y energética, y en su ciudadanía despierta.

San Juan habló.

El Presidente entendió.

La Constitución manda.

El pueblo debe vigilar.

Agua sí, oro no.

Ya basta de improvisar. Es tiempo de gobernar.

POR E. MARGARITA EVE

En la República Dominicana no solo están aumentando los feminicidios. También está creciendo una generación marcada por el miedo, la violencia y el trauma. Detrás de cada mujer asesinada queda una profunda estela de dolor familiar, descomposición social y niños emocionalmente heridos que pocas veces reciben la atención necesaria.

Durante el primer trimestre de 2026, la República Dominicana registró 22 feminicidios, según informes de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género. Organizaciones sociales y entidades oficiales advierten además un aumento preocupante respecto al mismo período del año anterior. La situación evidencia que el problema sigue lejos de ser controlado.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reportó que en 2023 al menos 3,897 mujeres fueron víctimas de feminicidio en la región. Esto equivale a más de 11 asesinatos diarios por razones de género. La República Dominicana figura entre los países con tasas más preocupantes del Caribe y América Latina.

Las estadísticas muestran que el feminicidio rara vez ocurre de manera repentina. En la mayoría de los casos existían antecedentes de amenazas, violencia física y control psicológico. Muchas víctimas incluso habían presentado denuncias previas. Sin embargo, las medidas de protección no lograron evitar el fatal desenlace.

En muchos casos, los agresores habían sido denunciados previamente

sin que las víctimas recibieran protección efectiva. A esta realidad se suma una cultura machista todavía arraigada en amplios sectores de la sociedad dominicana. Persisten patrones donde los celos y el control sobre la mujer son vistos como conductas “normales”.

Cada vez es más frecuente observar feminicidios en parejas jóvenes de la República Dominicana como si ciertas conductas agresivas comenzaran a normalizarse. En muchas escuelas públicas ya se reportan situaciones preocupantes entre niños de apenas nueve y diez años. Especialistas advierten que la violencia aprendida durante la niñez suele reproducirse posteriormente en relaciones adultas.

En algunos casos, la respuesta inmediata ante el rechazo es un empujón, una bofetada o incluso un puñetazo. Estas conductas reflejan patrones de intolerancia y necesidad de control que más adelante pueden transformarse en violencia de género. La falta de educación emocional y orientación familiar continúa agravando un problema que ya comienza a manifestarse desde la infancia.

Sin embargo, las víctimas no son únicamente las mujeres asesinadas. Miles de niños y adolescentes quedan marcados por estos crímenes. Algunos pierden a su madre y también a su padre, encarcelado o suicidado tras cometer el asesinato. Otros presencian directamente la tragedia y quedan atrapados en secuelas emocionales de por vida.

Hace algunos meses abordamos en el artículo ‘Los huérfanos que RD sigue ignorando⁠’ el impacto devastador que estos crímenes dejan sobre los hijos de las víctimas. Una dimensión del feminicidio que continúa recibiendo escasa atención pública. Muchos de esos menores enfrentan ansiedad, depresión y abandono escolar.

A estas secuelas se suma, en numerosos casos, la violencia hacia otros niños. Especialistas advierten que muchos menores expuestos a feminicidios o violencia intrafamiliar desarrollan conductas agresivas. Esto ocurre como reflejo del trauma, el miedo y la violencia aprendida dentro de sus propios hogares. El feminicidio no termina con la muerte de la mujer.

El trauma que deja el feminicidio puede ser tan profundo que algunos niños terminan repitiendo expresiones estremecedoras sobre las mujeres, como reflejo directo de la violencia vivida dentro de sus propios hogares.

La República Dominicana necesita pasar de las reacciones momentáneas a políticas preventivas permanentes. Se requiere educación emocional desde las escuelas, protección efectiva para víctimas en riesgo y mayor orientación emocional y familiar para menores afectados. El feminicidio no solo mata mujeres; también puede destruir emocionalmente el futuro de un país.

emargaritaeve@gmail.com

JPM