SAN SALVADOR 18 Feb.- El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, ha justificado que el presidente Nayib Bukele rompiera el «candado constitucional» para poder presentarse a cuantas elecciones considerara, ya que dispone de la mayoría del respaldo del país. «No es que se esté reeligiendo, es que sigue gozando del apoyo popular», ha excusado.

«El 91,9% de los salvadoreños está apoyando su gestión», ha defendido este miércoles en una conversación con la prensa organizada por la agencia EFE en Casa América, en Madrid. Así, ha incidido en que Bukele actúa en base al respaldo de la ciudadanía, que primero le dio la Presidencia y luego el control de la Asamblea.

«El pueblo dice, ‘tú me estás dando lo que yo quiero’, entonces te voy a dar otra oportunidad’ (…) Entonces decidimos hacer estas modificaciones constitucionales» que responden, según Ulloa, a «dinámicas de la sociedad democrática donde los pueblos toman decisiones de manera libre, directa y segura».

Ulloa ha minimizado las críticas acerca de estos cambios en la Constitución para permitir la figura de la reelección indefinida y ha adelantado que Bukele seguirá presentándose, a un año de nuevas elecciones. «Si no, defraudaría al pueblo», ha afirmado en un acto en el que no ha escatimado en ataques a la prensa.

«Decidimos hacer estas modificaciones constitucionales para abrir las puertas de que se pudiera hacer primero un segundo periodo y ahora todas las veces que el pueblo lo diga, se puede presentar, pero si la gente no lo vota, ¿cuántos se han presentado en varios países de América Latina y no salen electos?», ha excusado.

Ulloa ha explicado que este respaldo del que goza Bukele se refleja en el mayoritario grado de aceptación que tiene el régimen de excepción, que está a punto de cumplir cuatro años, en los cuales se han detenido a cerca de 100.000 personas por supuestos vínculos con las pandillas, de las cuales 8.000 fueron liberadas.

«El 96% quiere que continúe. Entonces, ¿por qué quitarlo?», se ha preguntado Ulloa acerca de un periodo durante el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha registrado 7.000 casos de denuncias sobre diversas violaciones, incluidas detenciones ilegales, torturas y la muerte de más de 400 personas bajo custodia. «La gente se muere en las cárceles, en todos los sitios», ha desestimado.

Con respecto a esta cuestión, ha defendido que si bien pueden existir casos de funcionarios particulares que han cometido violaciones contra los Derechos Humanos –los cuales se persiguen, asegura–, no se trata de una política de Estado, como las ONG, organizaciones internacionales o la prensa quiere hacer creer.

«Jamás, desde que se decretó el 27 de marzo del 2022, ha afectado a una sola libertad pública», ha asegurado Ulloa sobre un régimen de excepción que afecta, ha explicado, a dos garantías constitucionales, la detención sin acusación –que pasa de 72 horas a quince días– y la privacidad de la correspondencia.

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GUYANA 18 Feb.- El Gobierno de Guyana ha instado este miércoles a Venezuela a «abstenerse» de llevar a cabo o realizar acciones que puedan «socavar la paz y la estabilidad en la región», mientras que ha vuelto a defender su soberanía sobre la disputada región del Esequibo.

«El Gobierno de Guyana reafirma su compromiso inquebrantable con la coexistencia pacífica, el respeto mutuo entre las naciones y la resolución judicial definitiva de esta controversia por la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Acuerdo de Ginebra de 1966 y la Carta de Naciones Unidas», ha indicado el Ministerio de Exteriores de Guyana en un comunicado.

En este sentido, ha resaltado que «durante casi seis decenios ha actuado de buena fe, respetando tanto la letra como el espíritu del Acuerdo de Ginebra y manteniendo al mismo tiempo el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales».

«Guyana seguirá defendiendo su soberanía e integridad territorial por medios lícitos y pacíficos y con plena confianza en la imparcialidad del fallo de la Corte Internacional de Justicia», ha expresado con motivo del 60° aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966.

El país ha defendido nuevamente que el acuerdo «no extingue el Laudo Arbitral de 1899 ni confiere a Venezuela el derecho de determinar unilateralmente el estatus de la región guyanesa del Esequibo», sino que «proporciona un camino claro» para que el tribunal de La Haya llegue a una resolución definitiva de la controversia.

«Guyana rechaza firmemente las aseveraciones y tergiversaciones procedentes de funcionarios venezolanos que buscan distorsionar el propósito y los efectos jurídicos del Acuerdo de Ginebra, niegan la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, o hacer valer reclamaciones infundadas sobre el territorio soberano de Guyana», ha zanjado.

Esto se produce después de que el Gobierno venezolano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez propusiera una «negociación de buena fe» con Guyana sobre el Esequibo, si bien afirmó que Caracas «jamás renunciará a sus derechos y títulos históricos» con respecto al disputado territorio.

El territorio está administrado por Guyana conforme a un laudo arbitral de 1899. Georgetown considera que la zona fue adquirida por Reino Unido a través de un acuerdo con Países Bajos en 1814 y que Venezuela tiene que aceptar las fronteras marcadas por el citado laudo.

Por su parte, Caracas defiende que el vigente Acuerdo de Ginebra reconoce las demandas venezolanas de que el laudo fue un supuesto arreglo político entre los británicos y el jurista ruso Friedrich Martens, que formaba parte del tribunal y cuyo voto fue decisivo para el fallo.

Para Venezuela, que se independizó de la Gran Colombia en 1830, es el curso del río Esequibo el que delimita la frontera. Durante el mandato del presidente Nicolás Maduro, las autoridades eligieron a un gobernador para el territorio disputado tras celebrar elecciones legislativas en mayo de 2025.

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