POR HECTOR COLOMBINO PERELLO

POR LUISANNA LORA PERELLO

Hay un punto de quiebre en toda sociedad: cuando una persona en peligro acude a la autoridad, advierte con claridad lo que está ocurriendo y, aún así, no obtiene respuesta efectiva.

Ese punto no es teórico. Se vivió recientemente en Santiago.

Lo que comenzó como un incidente de tránsito uno de tantos que ocurren a diario en el país derivó en una persecución que escaló con rapidez y terminó en un desenlace fatal. En medio de esa cadena de hechos, hay un elemento que obliga a detenerse: la víctima buscó auxilio de manera directa ante agentes del orden, alertando sobre el riesgo inminente que enfrentaba.

No bastó.

Minutos después, fue alcanzado por quienes lo perseguían y agredido de forma violenta, en un entorno que, por su naturaleza, debería ofrecer garantías de seguridad. El resultado es conocido.

Este caso no puede analizarse únicamente desde la responsabilidad penal de los involucrados, que corresponde a la justicia determinar. Hay una dimensión más amplia que interpela tanto a la sociedad como a las instituciones.

Por un lado, preocupa la facilidad con la que conflictos cotidianos escalan hacia la violencia extrema. Un desacuerdo o un accidente dejan de ser gestionados dentro de los canales legales y pasan a resolverse mediante la fuerza, en un patrón que se repite con inquietante frecuencia.

Por otro, surgen cuestionamientos inevitables sobre la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia que se presentan en tiempo real. Cuando una advertencia explícita no activa mecanismos inmediatos de protección, se abre un espacio de vulnerabilidad que puede resultar irreversible.

A esto se suma un elemento cada vez más visible: la transformación de los ciudadanos en espectadores de la violencia. En múltiples escenarios, la reacción predominante no es intervenir, disuadir o canalizar ayuda, sino observar y registrar. Esa pasividad también forma parte del problema.

Las cifras oficiales han advertido que una proporción significativa de los hechos violentos en el país tiene su origen en conflictos sociales. No se trata, por tanto, de episodios aislados, sino de una tendencia que evidencia debilidades en la gestión de conflictos, en la cultura ciudadana y en la capacidad de respuesta institucional.

Lo ocurrido obliga a una reflexión más profunda: ¿qué garantías reales tiene un ciudadano cuando su integridad está en riesgo inmediato y decide acudir a quienes deben protegerlo?

Si esa pregunta no encuentra una respuesta clara y efectiva, la preocupación deja de ser coyuntural.

Se convierte en estructural. Porque cuando pedir ayuda no garantiza protección, lo que está en juego no es solo la seguridad individual, sino la confianza en todo el sistema.

La democracia dominicana se presenta hoy como un laberinto de indulgencia donde prevalece la ley del más fuerte y el pez grande devora sin piedad al pequeño en un escenario de profunda desigualdad política y social aupadas por estructuras de poder que se blindan para evitar cualquier tipo de fisura que permita la entrada de voces frescas y alternativas ciudadanas reales que huelan a transparencia en la administración pública.

En este contexto, República Dominicana se desenvuelve entre el oportunismo de los poderosos y la aparente pasividad de una sociedad votante que cada cuatro años acude a las urnas simulando una búsqueda de cambio, cuando en realidad subyace bajo el influjo de un hechizo mediático diseñado por conglomerados que prometen transformar el país sin intención alguna de cumplir sus promesas ocultas.

Este panorama de desencanto fue el que dio origen a un anteproyecto de reforma a la ley electoral que buscaba abrir las puertas a las candidaturas independientes, una propuesta ciudadana que inicialmente fue recibida con optimismo y aprobada por el Congreso Nacional en primera y segunda lectura bajo la mirada atenta de una población que exige con urgencia una mayor apertura democrática y sostenible de la política participativa.

Los legisladores justificaron el rechazo a estas candidaturas alegando el peligro de una supuesta infiltración del narcotráfico en la política independiente, un argumento hipócrita, descabellado y cínico, cuando es de conocimiento público que el dinero sucio camina libremente por los pasillos del congreso y el Palacio Nacional a través de figuras que hoy ostentan cargos bajo el sello de los partidos tradicionales (PLD, FUPU, PRM, PRSC y PRD), quienes siempre se han nutrido del narcotráfico para manejar el poder por encima de los derechos ciudadanos y las leyes.

Resulta evidente que a los partidos mayoritarios y muy especialmente al poder ejecutivo no les conviene bajo ninguna circunstancia permitir las candidaturas independientes, pues tienen la certeza absoluta de que perderían cuotas de poder significativas si los ciudadanos pudieran postularse sin tener que rendir pleitesía a las cúpulas partidarias que hoy controlan el destino de todo el Estado.

El rechazo a esta reforma solo beneficia a una clase política tildada por la sociedad dominicana de corrupta y que se perpetúa en los cargos públicos para enriquecerse a costa del sudor del pueblo dominicano, utilizando las instituciones como feudos personales, mientras se cierran las puertas a cualquier intento de renovación que no provenga de sus propias filas internas y amañadas, muchas veces por la propia Junta Central Electoral (JCE) en complicidad con el congreso y el propio gobierno.

La sociedad dominicana ha recibido una estocada de tajo que cercena sus derechos constitucionales básicos al permitir al ciudadano votante, únicamente la acción de elegir pero negándole sistemáticamente la posibilidad real de ser elegido, a menos que acepte someterse a las reglas de juego impuestas por los partidos que han secuestrado la representación popular y la soberanía nacional por décadas.

Esta partidocracia de aposentos se escuda detrás de una retórica construida sobre cimientos de mentiras y promesas vacías, manteniendo un control férreo sobre la voluntad popular a través de mecanismos de persuasión que anulan la capacidad crítica de un electorado que se ve forzado a elegir siempre entre las mismas opciones sin la esperanza de que la real democracia sea para beneficio de la mayoría. Los partidos tradicionales tienen el país secuestrado, manejado al libre albedrío de una ínfima “minoría” que siempre se alza con el santo y la limosna.

Ante este secuestro institucional surge la imperiosa necesidad de que la ciudadanía consciente se levante y abandone la pasividad para reclamar sus derechos mediante una protesta permanente y estratégicamente sectorizada frente al Palacio Nacional, los Ministerios y el Congreso Nacional. Sí, así se lo dejo bien claro y evidenciado, ¿por qué? porque “el silencio cómplice solo sirve para alimentar la ambición de quienes se creen los dueños absolutos de nuestra nación” (MB).

La presión social debe ser constante y directa contra el Congreso y las oficinas públicas para exigir que se respete el derecho pleno a la participación política sin intermediarios corruptos. De lo contrario, la población seguirá siendo arriada como animales hacia un matadero electoral donde los únicos que ganan son los conocidos y perversos impostores de la política dominicana.

Es hora de romper las cadenas del clientelismo y la dependencia que los políticos utilizan para domesticar la indignación ciudadana. Mientras el estómago dependa de una tarjeta solidaria o un favor político, la libertad será solo una ilusión diseñada para mantener el orden establecido por aquellos que se benefician del caos y de la falta de educación cívica y participativa.

Solo a través de una resistencia civil organizada y valiente se podría desmantelar el blindaje de un sistema que prefiere la sumisión al mérito. Los dominicanos estamos en la obligatoriedad de lograr que la democracia deje de ser un laberinto de privilegios para convertirse en un espacio de oportunidades, donde cualquier ciudadano con integridad pueda servir a su patria sin pedir permiso a los verdugos y oportunistas que hoy manejan el poder para beneficio propio.

En el ámbito de las Relaciones Internacionales las alianzas son fundamentales para el logro de ciertos objetivos. El objetivo puede ser defensivo como económico, en fin, se pueden hacer tantos acuerdos en tantos ámbitos, siempre y cuando signifique un beneficio para ambas partes.

Según Robert Greene en su obra “Las 33 estrategias de la guerra”, sobre la estrategia de las alianzas señala que los aliados perfectos son aquellos que nos dan algo que solos no lograríamos obtener. El hecho es que las alianzas nos pueden fortalecer sí sabemos  muy bien lo que estamos haciendo.

Así lo entendió el político prusiano Otto Von Bismarck (1815-1898), quien logró la unificación del imperio alemán y venció, entre otras guerras, la conocida guerra Franco Prusiana contra Francia.  Bismarck era un hombre práctico, no creía en sentimentalismos sino en los resultados concretos para el Estado, en la importancia del poder militar y  las negociaciones claras.

Era un hombre que había estudiado la historia de Europa, de las sangrientas guerras que la habían azotado  y  sus luchas hegemónicas.  Sabía muy bien que el poder adquirido por la unificación del imperio alemán podía suscitar temor en los otros países europeos, quienes temían la hegemonía de un Estado sobre los otros.

Según señala Henry Kissinger en su obra “Orden Mundial”,  el Canciller de hierro  conocía las consecuencias de no limitar sus pretensiones, “las coaliciones de países europeos que se habían formado en el siglo XVII en contra de Luis XIV y en contra de Napoleón al inicio del siglo XIX”, terminando siempre vencedoras , lección que al parecer los nazistas no comprendieron. Así fue que la estrategia adoptada por Bismarck fue la de realizar una serie de alianzas que a veces se contraponen, pero que lograron el objetivo buscado, el equilibrio.

“En un mundo de 5, recomendaba, era mejor estar siempre con la parte donde hay tres”. Para aislar a Francia, su enemiga, creó una red de alianzas con Rusia, el imperio Austro Hùngarico e Italia.

El objetivo era mantener la paz en Europa y así mantener sus logros.

Sin embargo, limitar las ambiciones no es fácil. En la guerra de Crimea, en la cual Rusia aprovechándose de la debilidad del Imperio Otomano pretendió expandirse al mediterráneo; Francia e Inglaterra, temiendo el control ruso en aquella zona, apoyaron al imperio.  Rusia era parte de la santa alianza con Austria y Prusia, en defensa de las monarquías absolutas contra el liberalismo.

Cuando estalló la guerra  la aliada Prusia permaneció neutral mientras Austria traicionó a Rusia, teniendo intereses territoriales, movilizó tropas en la región para mejorar la propia posición en los Balcanes. Austria al aliarse contra sus aliados perdió el apoyo de Rusia y quedó aislada diplomáticamente.

Este aislamiento provocó que Austria no tuviera ningún apoyo cuando las tropas francesas atacaron sus territorios en Italia, secundando la unificación de los Estados Italianos.  Sucesivamente Prusia, aliada con el neonato Reino de Italia, también le hizo la guerra al imperio austriaco aprovechando un conflicto surgido por la administración de unos terrenos daneses, para lograr quitarle poder al imperio austriaco sobre pequeños  Estados Alemanes.  Todo esto como parte de su estrategia para lograr la unificación del imperio alemán bajo la guía Prusiana.

El poderoso imperio Austro Hùngarico seguía perdiendo poder y territorio.  Ya a las vísperas de la primera guerra mundial, no cumplió acuerdos hechos con el Reino de Italia en la triple alianza sobre repartición de territorios, lo que terminó con la alianza de parte de Italia quien se alió, posteriormente,  con Francia e Inglaterra en la Primera Guerra Mundial.

Visto en su momento histórico hay que analizar hasta qué punto los conflictos de intereses pueden destruir saldas alianzas y como el incumplimiento en tratados pueden perjudicar a aquellos que creen que están ganando con esto. Aunque a veces la suerte y los contextos históricos  también juegan su rol.

Como indica Henry Kissinguer en su obra “El orden Mundial”,  después de las consecuencias de la ruptura de su alianza con Rusia “Austria comprendió muy tarde que la reputación de ser confiable era un recurso más importante que las demostraciones de habilidades tácticas”.

Bismarck si bien cumplió su objetivo, sabía que necesitaba la paz para continuar a desarrollar su imperio. Como se sabe, sus sucesores no tuvieron esa inteligencia. Las alianzas son positivas si sirven para mantener la paz y el crecimiento y el beneficio recíproco. Hasta las asistenciales pueden ser usadas con inteligencia.

En el presente los conflictos de intereses todavía existen, y tal vez existirán siempre, pero para eso está la diplomacia. Las mutaciones históricas no pueden ser detenidas, los intereses ciegos no pueden controlar el mundo, todo debe obedecer a negociaciones objetivas y compartidas. En mi opinión siempre respetando  los derechos humanos y, cuando sea posible, abogando siempre por principios democráticos.

Ante sociedades cada vez más competitivas, si realmente estamos en un mundo cada vez más civilizado, los mecanismos para lograr ese objetivo deben seguir mejorando.

                                          .