La reciente decisión de un juez de declarar inimputable a un acusado de homicidio, bajo el argumento de que padece Esquizofrenia paranoide crónica, ha reabierto un debate profundo en la sociedad dominicana. Su impacto no se limita al ámbito clínico; también plantea dilemas complejos en el sistema judicial, donde la línea entre enfermedad y responsabilidad penal puede volverse difusa.

¿Hasta qué punto el sistema judicial está preparado para manejar adecuadamente la intersección entre salud mental y responsabilidad penal?

Desde el punto de vista jurídico, la figura de la inimputabilidad no es nueva. Se sustenta en el principio de que una persona no puede ser considerada penalmente responsable si, al momento del hecho, carecía de la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos o de actuar conforme a esa comprensión.

En casos de Esquizofrenia, que es un trastorno crónico y grave que afecta la forma en que una persona piensa, percibe la realidad, siente y se comporta. En sus formas más severas, pueden presentarse delirios, alucinaciones y una ruptura con la realidad que justifican este criterio.

El problema no radica únicamente en la decisión judicial, sino en lo que ocurre después de ella.

Declarar inimputable a un individuo no puede equivaler, en la práctica, a su liberación sin garantías claras de tratamiento, seguimiento y control. La esquizofrenia paranoide es una condición grave que, sin tratamiento adecuado, puede implicar riesgos tanto para el propio paciente como para terceros. Por ello, la respuesta del sistema no debería limitarse a excluir la sanción penal, sino a activar mecanismos efectivos de atención psiquiátrica institucional.

Preocupación

Aquí surge una preocupación legítima: ¿cuenta la República Dominicana con una red suficiente de salud mental forense que permita manejar estos casos con el rigor que requieren? La realidad indica que no.

La debilidad estructural en los servicios de salud mental, la falta de centros especializados y la escasa articulación entre el sistema judicial y el sistema sanitario generan un vacío peligroso.

En este contexto, la inimputabilidad corre el riesgo de convertirse en una figura incompleta: correcta en lo jurídico, pero insuficiente en lo práctico.

Por otro lado, también es necesario evitar simplificaciones peligrosas. No toda persona con esquizofrenia es violenta ni representa una amenaza. De hecho, la mayoría de quienes padecen este trastorno no comete actos delictivos y puede llevar una vida funcional con tratamiento adecuado. Vincular automáticamente enfermedad mental con criminalidad no solo es incorrecto, sino que contribuye al estigma y la discriminación.

Sin embargo, en casos extremos como el analizado, donde se ha producido una pérdida de vida, el Estado tiene la obligación de garantizar dos cosas simultáneamente: justicia para la víctima y protección para la sociedad.

Esto implica un enfoque más integral. La decisión judicial debe ir acompañada de medidas como el internamiento en centros especializados, evaluaciones periódicas, tratamiento obligatorio y supervisión continua. De lo contrario, se envía un mensaje de debilidad institucional que erosiona la confianza pública en el sistema de justicia.

El verdadero debate, entonces, no es si la inimputabilidad fue correcta o no desde el punto de vista legal. El debate es si el Estado dominicano está en capacidad de responder adecuadamente a las consecuencias de esa decisión.

Porque cuando la justicia declara inimputable a una persona, no puede desentenderse de su destino. Debe asumir la responsabilidad de garantizar que reciba tratamiento, que no represente un peligro y que su condición sea atendida con la seriedad que merece.

De lo contrario, la línea entre justicia y omisión institucional se vuelve tan difusa como la realidad que experimenta quien padece la enfermedad.

jpm-am

SANTO DOMINGO. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, garantizó que los hospitales de la Red Pública están preparados para atender las emergencias que puedan presentarse durante el asueto de Semana Santa.

Durante una rueda de prensa realizada en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, el funcionario aseguró que más de 200 hospitales están listos para brindar atención oportuna y digna a la población.

Landrón informó que, de las 9,000 camas disponibles en la red, se habilitará el 50 %, incluyendo más de 500 camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), para responder a posibles eventualidades.

Asimismo, destacó que un personal médico superior a los 30,000 profesionales reforzará la Red Pública de Salud.

PRIORIZADOS 32 HOSPITALES ESTRATÉGICOS

Explicó que se priorizaron 32 hospitales, donde históricamente se registra una mayor afluencia de pacientes por intoxicaciones, accidentes y otras eventualidades, y apuntó que los centros cuentan con suficientes medicamentos e insumos.

Asimismo, Landrón señaló que se fortaleció la capacidad operativa con más personal en áreas críticas como urgencias, cuidados intensivos y cirugía.

Además, fueron habilitadas otras áreas en los centros de salud priorizados, con el objetivo de contar con espacios adicionales para la atención de pacientes en caso de que la demanda lo requiera.

En cuanto a la gestión hospitalaria, anunció la activación de un equipo central que dará seguimiento en tiempo real a la disponibilidad de camas, incluidas las unidades de cuidados intensivos, con el fin de facilitar el traslado oportuno de pacientes entre centros de la red.

El directivo detalló que la Red Pública cuenta con 28 bancos de sangre a nivel nacional.

agl/of-am

SANTO DOMINGO.- El Servicio Nacional de Salud (SNS) dispuso de su máxima capacidad hospitalaria para dar respuesta sanitaria durante el operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026”, informó su director, doctor Julio Landrón.

Indicó que más de 200 hospitales a nivel nacional se encuentran en alerta, con un significativo reforzamiento en áreas críticas como emergencias, unidades de cuidados intensivos y quirófanos así como el incremento de personal para garantizar una respuesta eficiente.

Landrón destacó que, como parte de las medidas preventivas, triplicaron los insumos, medicamentos y suministros médicos con más de 15 días de antelación, incluyendo tratamientos para intoxicaciones por metanol, distribuidos en todas las regionales de salud.

ASISTENCIA OPORTUNA, DIGNA Y HUMANA

Asimismo, aseguró que la Red Pública está completamente preparada para brindar atención oportuna, digna y humanizada durante el asueto de la Semana Mayor, en cumplimiento de las directrices del presidente de la República, Luis Abinader.

“Desde el SNS nos hemos preparado en todos los centros para, en caso necesario, brindar una asistencia oportuna, digna y humanizada. Ojalá no haya necesidad de utilizar nuestros servicios, pero estamos listos para responder”, expresó.

MAS DE 30 MIL COLABORADORES DEL SECTOS

Landrón dijo también que más de 30,000 colaboradores del sector salud estarán disponibles para garantizar atención medica a la población.

De igual forma, resaltó la disponibilidad de más de dos mil camas hospitalarias, incluyendo más de 165 camas UCI, así como 34 tomógrafos operativos en la Red Pública, lo que fortalece la capacidad diagnóstica en tiempo real.

En materia de banco de sangre, el funcionario detalló que el SNS cuenta con una reserva superior a 1,732 unidades disponibles a nivel nacional, garantizando la cobertura ante posibles emergencias sin necesidad de requerimientos externos.

an/am