Con el expreso propósito de “engatusar,  amagar y no dar”, la Contraloría General de la República (CGR) anunció, con “bombos y platillos”, la publicación de los “resultados de 28 auditorías” que realizó a diferentes instituciones gubernamentales, en este año 2026, que arrojaron resultados con múltiples y millonarios indicadores de “supuestos actos de corrupción”.

 Preguntas

Ante tantas “indelicadezas” encontradas en la administración del presupuesto nacional, después de un mes de esas publicaciones, nos preguntamos:

a) ¿Qué hizo la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)?  b) ¿A cuáles de los funcionarios responsables de dichas instituciones llamaron “para entrevistas” en el Ministerio Público o la PEPCA?

c) ¿Qué acciones implementó la Consultoría Jurídica de la Presidencia?

d) ¿Cuáles de esas instituciones y sus  funcionarios han sido apresados o allanados?

Contra esos funcionarios y las supuestas acciones dolosas no se ha hecho ni se hará nada. ¡Los errores de esas auditorías, no importan los montos de los supuestos faltantes o fraudes. Tampoco importan las supuestas  pruebas de la CGR;  para la DIGEIG ¡son acciones subsanables!  ¡Por esas instituciones no pasó nada, todo marcha bien, con transparencia y sin máculas!

Recordemos, a través de las promesas de dos elecciones, la principal marca del  gobierno del PRM-Abinader sería “el cambio, la transparencia, la  lucha contra la corrupción y la impunidad”. “Un presidente con amigos, pero sin cómplices”.

No obstante, aunque sea un “grito en el desierto”,  o simples complementos a los “conocidos escándalos de SENASA, INSTRANT, INABIE, Ministerio de Agricultura, las EDEE, etc., consideramos  justo y necesario presentar un leve resumen de algunos de los resultados de las recientes auditorías realizadas y publicadas  por la CGR.

A propósito de los susodichos resultados de las auditorías de la CGR,  el periódico Panorama publicó, el pasado 7 de octubre, estas informaciones:

“Auditorías de Contraloría revelan millonarias fallas en el manejo de recursos públicos: Auditorías realizadas por la CGR a distintas instituciones estatales han dejado al descubierto una serie de debilidades e inconsistencias en el manejo de bienes, recursos financieros, contrataciones, inventarios y personal, con montos que alcanzan cientos y hasta miles de millones de pesos.

“Los informes revisados por la CGR muestran patrones que se repiten en varias entidades: vehículos registrados oficialmente que no pudieron ser localizados, recursos mantenidos fuera de la Cuenta Única del Tesoro, compras ejecutadas al margen de la planificación, diferencias millonarias entre registros contables y bienes físicos, pagos sin documentación suficiente y deudas con proveedores acumuladas durante años.”

Ocho botones

De ese paquete de auditorías con resultados de supuestos actos dolosos, de acuerdo a la CGR, se destacan estos 8 botones como simples muestras de instituciones gubernamentales:

1.- Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) con graves y diferentes casos millonarios.

2.- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MESCyT), con varios e importantes rubros faltantes.

3.- Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), con múltiples indicios de supuestos fraudes millonarios.

4.- Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), la revisión encontró varios y cotosos actos no registrados debidamente.

5.- Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) con hallazgos relevantes relacionados con más de 450 millones de pesos.

6.- Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), situación financiera con expedientes presentando acciones indelicadas por cientos de millones de pesos.

7.- Ministerio de Cultura (MINC), presentó varias diferencias millonarias entre inventarios y activos.

8.- Ministerio de la Juventud (MJ), entre otros faltantes, en los almacenes se registraron más de 538 millones de pesos en tan solo 5 activos.

También valoramos como pertinente y válidos contestar estas preguntas: 1.- ¿Por qué, en estos momentos,  la CGR se afanó, precipitó y ufanó por la publicación de los susodichos resultados de sus auditorías? 2.- Además de la publicación, ¿qué más ha hecho la CGR con esos resultados? 3.- ¿Qué consecuencias judiciales, penales, administrativas, etc., se han implementado que demandan los datos e informaciones fraudulentas contenidas en los resultados que, supuestamente, arrojan dichas auditorias?

A propósito de esas auditorías, ¿en qué está la Cámara de Cuentas de la República, cuyas funciones parece que el Poder Ejecutivo las “tranfirió” a la CGR?

Al respecto es menester recordar que nuestra Constitución (Art. 247) asigna a la CGR, en calidad de  órgano del Poder Ejecutivo, “el control interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley.”, lo cual significa que la CGR es cómplice por acción u omisión de las indelicadezas o supuestos fraudes contra el presupuesto nacional cometidos por las instituciones y funcionarios auditados.

También que, antes de publicar los supuestos resultados de las auditorías, la CGR debió obtener, previamente, la opinión o réplica de los funcionarios vinculados directa e indirectamente con dichos resultados, antes de darlos a conocer o tramitarlos a las instituciones correspondientes. ¿Esos resultados contienen dichas observaciones de los incumbentes?

Sí asi fuere, entonces, ¿por qué no se conoce ninguna consecuencia, después de un mes de publicadas? ¿Qué  pasa con las acciones que se esperan del Ministerio Público, de la DIGEIG, de la PEPCA, del Poder Ejecutivo, etc. ante estos escándalos?

Será que esas auditorías de la CGR tienen el deliberado propósito de distraer, allantar con la supuesta transparencia, lucha contra la corrupción y la impunidad con la que se pretende engatusar al pueblo dominicano ¿al amagar y no dar?  Los actos de verdadera corrupción de un gobierno se empiezan a conocer cuando termina. ¡Los gobiernos pasan!

POR ALEJANDRO SANTOS

Lo que le está pasando a los arroceros dominicanos no puede sorprender a nadie. Desde que se firmó el DR-CAFTA se sabía que la protección arancelaria del arroz tenía fecha de vencimiento, y que llegado ese día el arroz estadounidense entraría sin aranceles y sin los límites del contingente negociado.

El origen del problema está, a mi juicio, en cómo entró el país a esa negociación. República Dominicana se sumó a un proceso que Centroamérica y Estados Unidos ya habían adelantado bastante, y eso redujo nuestro margen para conseguir mejores condiciones para los sectores productivos.

Se asumieron compromisos de apertura que pedían una preparación mucho mayor que la que se logró, y actividades esenciales para nuestra economía agropecuaria e industrial quedaron expuestas a una competencia cuyas desventajas se conocían de sobra.

Las advertencias del sector agropecuario han sido reiteradas. Con el arroz el asunto pesa más, porque es base de la alimentación y de su cultivo dependen muchas familias.

Los productores dominicanos están en desventaja, y siempre lo estuvieron.

Del otro lado hay subsidios, programas que protegen el ingreso, seguros agrícolas, más mecanización y una estructura tecnológica y comercial que les permite enfrentar los riesgos en mejores condiciones.

Quitar el arancel no iguala a nadie. El productor dominicano quedó más expuesto al mercado, y persisten las dificultades que le impiden producir y vender de manera competitiva y rentable.

El país se comprometió, por medio de su equipo negociador, a eliminar los aranceles de forma progresiva. Así quedó en el artículo 3.3 del DR-CAFTA y en el Anexo 3.3, correspondiente a la Lista de República Dominicana. Para el arroz descascarillado y el arroz blanco, esa eliminación se detalla en los párrafos 18 y 19 del Apéndice I de las Notas Generales de República Dominicana al Anexo 3.3.

El calendario fijaba el acceso libre de aranceles del arroz estadounidense desde enero de 2025. Ahí estaba el plazo fatal, y ahora vienen las lamentaciones, con el temor de que la apertura ponga en riesgo la subsistencia del sector.

Lo sabían

Las autoridades y los participantes del sector sabían con años de anticipación cuándo terminaba la protección.

Los veinte años fueron un período de transición, y para eso servían: mejorar los rendimientos, facilitar el financiamiento, incorporar tecnología, reducir costos y lograr economías de escala.

Se hicieron algunas cosas. Obviamente que hubo avances, pero no fueron suficientes.

La producción nacional abastece una parte fundamental del consumo y ha mejorado, es cierto. Eso no quiere decir que todos los productores estén listos para la apertura, sobre todo los de pequeñas extensiones, los que arriendan sus terrenos y los que dependen de un préstamo para cada cosecha.

Abastecer al país no es lo mismo que poder competir con un arroz importado más barato, y esa diferencia debió estar en el centro de las políticas de estos años.

Hoy la realidad y la urgencia obligan a revisar el alcance y la efectividad de los programas de apoyo.

Con la derogación del Decreto 693-24, mediante el cual el Gobierno había mantenido restricciones a las importaciones de arroz, la preocupación se hizo más inmediata. Retirada esa protección, la pregunta vuelve a plantearse: ¿en qué condiciones reales van a competir los productores?

La responsabilidad política es de quienes negociaron los compromisos y de los gobiernos que tuvieron a su cargo preparar al sector.

Al Gobierno actual le toca responder por las consecuencias inmediatas, pero sería incompleto discutir solo la última decisión y dejar fuera el proceso que nos trajo hasta aquí.

Tampoco hay que perder de vista a los demás actores del negocio, porque los intereses de productores, factorías, importadores y distribuidores no siempre coinciden.

De ahora en adelante cualquier empresa puede comercializar arroz importado de Estados Unidos y reducir sus compras a los agricultores nacionales. Una importación masiva pone en zozobra la continuidad del suministro de la producción local.

Hay que tenerlo presente cuando se definan los apoyos y se evalúe quiénes reciben sus beneficios.

Por otro lado, el consumidor tiene derecho a comprar alimentos a precios más accesibles. Defender la producción nacional obliga a pensar también en las familias que destinan buena parte de sus ingresos a la comida.

Habrá que ver qué pasa al final, si la baja en el costo de importación llega completa al precio de venta. Habrá que observar cuánto recibe el agricultor y cuánto paga el consumidor. Sería preocupante que el campo perdiera ingresos sin que las familias sintieran un alivio equivalente.

Los productores, además, tienen que decidir cuánto sembrar y cuánto invertir. Si temen no recuperar lo invertido, pueden sembrar menos, posponer mejoras o endeudarse más.

golpe será fuerte

El golpe a las comunidades arroceras será fuerte y alcanzará a jornaleros, transportistas, talleres, comercios y proveedores. Menos producción puede apagar la actividad económica de territorios que viven en buena medida de cada cosecha.

Los arroceros no deberían cargar solos con las consecuencias de unos compromisos cuya preparación le correspondía al Estado y a toda la cadena productiva. El plazo se venció y las desventajas siguen ahí. Toca explicar cuánto se hizo para reducirlas y actuar sobre lo que falta, antes de que más productores tengan que dejar de sembrar.

jpm-am

Cuando un conductor de taxis de plataformas realiza esta pregunta, inmediatamente ese cliente debería estar en alerta de peligro ante una posibilidad de ser atracado o ante un conductor desorganizado a nivel administrativo que no entiende que las plataformas de servicios de taxis tienen éxito siempre que el conductor tenga organización, además de lograr un servicio cálido para lograr buena calificación del cliente.

Los clientes deben estar atentos a cualquier situación que pueda comprometer su integridad, seguridad o simplemente represente malestar por conductores que lamentablemente no deberían pertenecer a las diferentes compañías de taxis en la modalidad de plataformas digitales porque representan esa relación tóxica entre el cliente y la marca, dañando gravemente la confianza, que es un factor fundamental.

Las compañías de taxis deben garantizar a sus clientes respuestas rápidas, eficientes y justas para lograr fidelidad de sus usuarios ante comportamientos inadecuados o altamente peligrosos de sus miembros o asociados conductores, que deben estar ajustados a los requisitos y valores de la compañía que conecta al cliente y al conductor vía la plataforma digital, gracias a ese gran invento como lo es el Internet.

Los deberes y derechos siempre están presentes en esas letras pequeñas de los contratos que muchas veces pasamos por alto, en algunas ocasiones por no querer leer o por la rapidez que nos juega en contra cuando surgen los problemas. Entonces, lo recomendable es guardar copias de todo lo que firmas, sea de manera digital o física, pero lo más importante es leer y analizar cada contrato.

Toda conducta que tenga un grado de alerta debe ser denunciada por los clientes o los conductores porque las plataformas digitales son intermediarios o muchas veces podemos observar cómo se convierten en un canal directo, también por lo que supone mayores niveles de fiscalización para garantizar servicios eficientes, logrando comentarios positivos en las redes sociales y medios de comunicación.

jpm-am