La administración presidencial de Luis Abinader Corona ha sido blanco de críticas por los casos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos; además, de los señalamientos sobre dineros recibidos por la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que, según reseñas de prensa, fueron utilizados para financiar candidaturas.

Su lema principal fue precisamente “El cambio va”, con el que apeló a una transformación del sistema político, la lucha contra la corrupción y una administración pública más eficiente y transparente.

Parece que el cambio es de una transmisión mecánica, porque la palanca se dislocó y no ha podido cambiar la marcha por el camino que prometió transitar. A medida que avanzaba el tren administrativo, la transmisión se desvió hacia la ruta de la indelicadeza administrativa de algunos funcionarios, provocando el riesgo de descarrilamiento del gobierno.

De acuerdo con las informaciones reseñadas por los medios de comunicación, los mecánicos —los funcionarios— no han tenido la capacidad de reparar los daños que Abinader recibió al sentarse en el timón del vehículo que debía llevar al país por rumbos seguros. El vehículo anda por caminos equivocados, llenos de hoyos y baches fangosos, y algunos funcionarios se han quedado varados en el lodo.

Luis reparó la transmisión

Después de sincronizar los ejes y piñones de la transmisión, el tren al parecer, está logrando correr por la vía prometida. El presidente ha respondido con la deportación inmediata de individuos vinculados a carteles internacionales. Una medida que proyecta firmeza en el rumbo trazado, pero que también puede interpretarse como reacción más que prevención.

Abinader al cambiar los piñones dañados y lograr sincronizar la palanca del cambio, ha permitido que la justicia actúe contra miembros de su propio gobierno, rompiendo con la tradición de blindaje partidario. Sin embargo, esto expone la fragilidad de su equipo y la falta de filtros en la selección de quienes lo acompañan.

Los señalamientos sobre financiamiento irregular de campañas colocan al PRM en una encrucijada: sostener la narrativa del cambio mientras se enfrenta a prácticas que reproducen el viejo esquema clientelar. Cada caso de corrupción o narcotráfico que toca al gobierno erosiona la credibilidad presidencial y alimenta la narrativa de que el cambio fue más un eslogan que una transformación estructural.

Someter a sus funcionarios por indelicadez, es un acto de reacción, no de prevención. Es como apagar incendios sin revisar el cableado eléctrico que los provoca; como es el caso de SENSA que, está siendo sometido a la justicia a los supuestos culpables de desfalcar esa institución, encargada de administrar cobertura médica para miles de personas bajo el régimen subsidiado y contribuyente. Y es que, el cambio no puede depender solo de la voluntad presidencial; requiere de instituciones sólidas, partidos que se depuren y una ciudadanía vigilante.

A veces el rumbo se corrige al dar espacio a la introspección, aceptar cambios o pedir ayuda. Si el presidente no logra sincronizar la transmisión administrativa por la ruta prometida, el tren del cambio corre el riesgo de convertirse en un vagón descarrilado, arrastrando consigo la esperanza de una democracia más transparente. No se trata de tener el rumbo perfecto, sino de navegar con intención.

JPM

Caminar o transitar de noche por el Gran Santo Domingo equivale a navegar en penumbra por calles, avenidas, parques y sectores enteros donde las luminarias no funcionan, nunca se instalaron o quedaron abandonadas a la suerte del tiempo.

La capital de un país que como el nuestro aspira al desarrollo, no puede mantenerse bajo un modelo de alumbrado intermitente, disperso y, en muchos casos, inexistente.

La iluminación pública debería ser una de las funciones más básicas de cualquier administración, pues las deficiencias de ese servicio público tienen consecuencias múltiples y profundas.

La más inmediata es la sensación de inseguridad que experimentan los ciudadanos al desplazarse entre sombras, percepción que no es del todo subjetiva debido a que en zonas mal iluminadas se incrementan los puntos ciegos, disminuye la visibilidad y se facilita la acción de la delincuencia.

La oscuridad, históricamente, ha sido aliada del crimen y cuando la luz falla, también falla la protección que debería brindar el Estado.

La ausencia de luminarias en tramos críticos del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Oeste y Norte no solo aumenta el riesgo de accidentes, sino que convierte arterias viales en espacios de incertidumbre.

En avenidas emblemáticas como el Malecón, sectores densamente poblados y zonas residenciales de clase media es común encontrar postes con bombillas fundidas, lámparas rotas y sistemas que no reciben mantenimiento oportuno.

Estas deficiencias revelan un problema estructural que evidencia descoordinación entre ayuntamientos, distribuidoras eléctricas y el Ministerio de Energía y Minas.

Ninguna ciudad puede aspirar a modernizarse si cada institución opera con lógicas distintas y sin un plan integral.

Por su lado, el ciudadano no distingue entre responsabilidades administrativas y lo que percibe es que la luz no funciona, y nadie la arregla.

Es justo reconocer que se han anunciado planes de modernización del alumbrado público con tecnología LED y proyectos para mejorar la seguridad urbana a través de la iluminación.

Pero la realidad cotidiana sigue siendo tozuda ya que muchos barrios permanecen a oscuras, las luminarias instaladas no siempre son mantenidas, y las intervenciones parecen más reactivas que estratégicas, por lo que se puede decir que se avanza, pero no al ritmo que exige una ciudad de más de tres millones de habitantes.

La oscuridad es un síntoma, pero también un mensaje que expresa abandono, falta de mantenimiento, debilidades institucionales y una desconexión entre las necesidades reales de la población y las prioridades programadas.

El Gran Santo Domingo merece algo más que luces dispersas, merece claridad, seguridad y planificación, porque una ciudad que no se ilumina correctamente tampoco ilumina su futuro.

POR LUISANNA LORA PERELLO

Frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la indignación ciudadana volvió a ocupar las calles. La denominada Marcha Negra no fue un arrebato momentáneo ni una puesta en escena simbólica; fue una advertencia clara y directa: el país estaba observando, con lupa y memoria, el desarrollo del caso SENASA.

El proceso judicial, descrito por el Ministerio Público como un entramado de corrupción que habría provocado un desfalco superior a los 15 mil millones de pesos, toca el corazón mismo del sistema de salud pública y, por extensión, a millones de dominicanos. Por eso la protesta no fue protocolar ni decorativa: fue visceral, cargada de desconfianza acumulada y de un hartazgo que ya no se disimula.

Las consignas fueron claras y reiteradas: este no puede ser otro expediente destinado a diluirse con el paso del tiempo. Para muchos de los manifestantes, se trata de uno de los fraudes más grandes y  graves que ha conocido el país, y el mayor temor era que el proceso terminara suavizado por el ya recurrente argumento de los problemas de salud, ese comodín judicial que suele aparecer cuando los expedientes pesan y las responsabilidades se acercan.

En ese contexto, el tribunal dispuso 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim, señalado por el Ministerio Público como el principal imputado y presunto cabecilla de la estructura que habría operado el desfalco en SENASA. La decisión fue leída en la calle como un mensaje directo: al menos en esta etapa, la enfermedad no funcionó como escudo.

Sin embargo, el fallo también dejó grietas abiertas. El juez ordenó prisión domiciliaria e impedimento de salida del país contra la encartada Cinthy Acosta, así como prisión domiciliaria contra Eduardo Read Estrella, medidas que reavivan un debate inevitable: ¿qué criterios pesan realmente cuando se decide quién va a prisión y quién cumple la coerción desde casa en casos de corrupción de alto perfil?

Aquí cobra vigencia una reflexión planteada recientemente y llamo mi atención por la periodista Altagracia Salazar: aunque el país ha avanzado hacia un Ministerio Público con mayor independencia, el sistema de justicia sigue siendo esencialmente el mismo y la política continúa incidiendo en sus engranajes. Esa realidad ayuda a explicar por qué decisiones judiciales como esta, aun cuando representan avances concretos, generan lecturas encontradas y mantienen a la ciudadanía en estado de alerta permanente.

La indignación que hoy se expresa no nace del deseo de castigo, sino del cansancio. Del agotamiento frente a un patrón que la procuradora general de la República, Jenny Berenice Reynoso, ha señalado en reflexiones previas: durante la planificación y ejecución de grandes fraudes no hubo problemas de salud; estos aparecen, con sospechosa frecuencia, cuando la justicia toca la puerta.

Aunque la magistrada no se ha referido a este expediente en particular, su planteamiento volvió a circular en redes sociales como un espejo incómodo de la realidad nacional. El mensaje es simple y contundente: si hubo salud para cometer el fraude, debe haberla para responder ante la justicia.

La Marcha Negra no concluye con la lectura del fallo ni se agota en una jornada de protesta. Continúa en la vigilancia ciudadana, en el seguimiento riguroso del proceso y en la exigencia constante de que este expediente no sea archivado en la memoria colectiva como otro escándalo más.

Hoy la justicia dio un paso. Pero en un país de memoria frágil y presiones persistentes, el verdadero desafío será que no camine sola cuando la política intente marcarle el rumbo.

jpm-am