POR CARLOS SALCEDO

El Estado constitucional no es una entelequia de declaraciones retóricas; se sostiene y demuestra en la custodia tangible de sus bienes más sagrados. La reciente y plausible entrega de títulos de propiedad al Estado dominicano sobre áreas protegidas emblemáticas —como los Parques Nacionales Loma Novillero y Montaña La Humeadora— pone sobre la mesa de debate institucional un tema tan crucial como históricamente desatendido: la garantía del dominio público, el saneamiento de la propiedad inmobiliaria estatal y la función socioambiental del derecho de propiedad.

El rescate del patrimonio ecológico

Durante décadas, la desidia administrativa y las sombras de la ocupación informal o la titulación irregular convirtieron a nuestros parques nacionales en tierra de nadie —o, peor aún, en tierra de algunos—. El patrimonio ecológico de la Nación, llamado a ser tutelado por mandato constitucional bajo una estricta condición de inalienabilidad e imprescriptibilidad, sufrió los embates de la desatención institucional.

Que hoy el propio Estado recupere y formalice la titularidad de estas reservas hídricas y forestales constituye, sin duda, un paso relevante hacia el ordenamiento territorial y la seguridad jurídica.

El necesario equilibrio constitucional

Sin embargo, el análisis no puede agotarse en el aplauso del acto protocolar. La verdadera prueba de fuego para la Administración pública reside en el equilibrio dogmático entre dos exigencias constitucionales de igual jerarquía: de un lado, la defensa irrenunciable de los bienes de dominio público y del medio ambiente como derechos colectivos; del otro, el respeto irrestricto al debido proceso y a la garantía de la propiedad privada de aquellos particulares de buena fe que pudieran verse afectados dentro o en las franjas de amortiguamiento de estos espacios.

El saneamiento del patrimonio ambiental del Estado no se logra mediante decretos sumarios ni despojos mecánicos que desconozcan la tutela judicial efectiva. El mandato de seguridad jurídica impone que cada delimitación territorial se acompañe del estricto cumplimiento de los procedimientos legales, los levantamientos catastrales rigurosos y, cuando corresponda conforme a la Constitución, de los justiprecios e indemnizaciones previas. Pretender proteger el interés público sobre las ruinas de las garantías individuales es la negación misma del principio de legalidad.

De la solemnidad inmobiliaria a la gestión efectiva

Por otra parte, la obtención de títulos es solo el primer peldaño. El título sin gestión es un mero papel timbrado; la soberanía ecológica requiere un régimen de consecuencias real, dotado de recursos y fiscalización frente a las talas ilegales, el avance de la frontera agrícola y la minería no autorizada. De nada sirve la solemnidad del registro inmobiliario si la custodia efectiva en el terreno cede frente a la complicidad o la incapacidad burocrática.

El patrimonio ambiental no es una concesión del poder de turno; es el legado intergeneracional que articula nuestra identidad y supervivencia. Al afianzar la titularidad pública de nuestros recursos naturales, el Estado no solo reafirma su soberanía sobre el territorio, sino que contrae la obligación ineludible de actuar con absoluta transparencia, rigor técnico y apego constitucional.

Solo así demostraremos que el dominio público es, en verdad, la garantía suprema del interés general y la prueba inequívoca de un Estado de instituciones fuertes.

JPM

Las recientes intervenciones viales ejecutadas en puntos neurálgicos de alta densidad, como la emblemática rotonda de la Plaza de la Bandera y la zona de Pintura, han constituido, en una apreciación justa y objetiva, un alivio perceptible para la agobiante fluidez del tránsito que estrangula cotidianamente al Distrito Nacional y a la provincia de Santo Domingo Oeste.

Desconocer el impacto benéfico que estas obras públicas imprimen a la movilidad urbana sería incurrir en la mezquindad o en la ceguera analítica; empero, pretender ocultar las profundas deficiencias operativas y de diseño bajo una narrativa edulcorada de perfección ficticia resulta, además de una burla a la ciudadanía, un ejercicio de extrema irresponsabilidad institucional.

El ejemplo más diáfano y preocupante de esta desconexión entre la propaganda oficial y la cruda y porfiada realidad cotidiana se manifiesta en la propia rotonda de la Plaza de la Bandera.

En un empeño burocrático por proyectar ante la opinión pública una circulación artificialmente continua —una entelequia de fluidez idílica confinada al papel y a las gacetillas de prensa—, se ha tomado la desacertada decisión de anular por completo el funcionamiento de los semáforos. Esta supresión antojadiza ha convertido un espacio llamado a ordenar el flujo vehicular en un complejo laberinto de riesgos incalculables.

Una disección minuciosa de la dinámica del lugar expone una falla estructural de control y planificación sumamente evidente. Quienes transitan de sur a norte por la avenida Luperón con el firme propósito de incorporarse a la autopista 6 de Noviembre se ven forzados a una maniobra de alta complejidad: atravesar transversalmente los carriles de la rotonda.

En el sentido opuesto, los conductores que fluyen desde la referida autopista se desplazan inicialmente por el carril de la extrema derecha; sin embargo, aquellos que deben empalmar con la avenida 27 de Febrero bordeando la rotonda se topan e intersecan inevitablemente con el torrente crítico de los vehículos que, avanzando por la propia avenida Luperón, procuran girar hacia el oeste para buscar la autopista 6 de Noviembre.

Al adentrarnos en el crisol de las horas pico, este nudo gordiano degenera en un cuello de botella caótico y exasperante. Mientras los vehículos que circulan de manera continua por la rotonda en dirección a la avenida 27 de Febrero prolongan su marcha sin detenerse —o reduciendo la velocidad de manera imperceptible—, los conductores que ascienden de sur a norte por la avenida Luperón con destino a la autopista 6 de Noviembre se ven en la obligación imperativa de cortar los carriles de circulación.

Riesgos

En esa arriesgada empresa, quedan literalmente a merced del azar y de la pericia individual, completamente desamparados ante la ausencia absoluta de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y frente a la estéril e imponente presencia de semáforos apagados que guardan un silencio cómplice.

En contraparte, la contra evaluación de la ruta muestra matices diferenciados: los automovilistas que circulan de norte a sur por la avenida

Luperón al arribar a la rotonda se encuentran con los flujos que provienen de la avenida 27 de Febrero rumbo a la autopista 6 de Noviembre; no obstante, al tratarse de una dinámica donde los giros se limitan orgánicamente a bordear la rotonda sin la necesidad de cruzar de lado a lado los carriles centrales, la aglomeración y el factor de riesgo relativo disminuyen, aunque sin desaparecer del todo.

Pretender erigir la supresión ciega de los dispositivos electrónicos de control de tráfico como un sinónimo de modernidad y eficiencia responde con creces a una medida de corte politiquero e irreal, antes que a una solución de ingeniería vial sostenible. La ciencia del tránsito y la vialidad moderna no persiguen la quimera de eliminar la necesidad de regulación y autoridad en las intersecciones complejas, sino de administrar con rigor científico, equidad y fluidez los tiempos de cruce.

Prescindir del semáforo bajo el argumento simplista de que «el tráfico no debe detenerse» constituye una flagrante violación a la física elemental del cruce de trayectorias. Bastaría con restablecer la operatividad de estos aparatos —inclusive diseñando y programando ciclos de luz breves, inteligentes y dinámicos, meticulosamente adaptados a los momentos de saturación volumétrica— para devolver la certidumbre al ordenamiento urbano y garantizar el derecho elemental a la vida de los transeúntes y conductores.

Mantener el statu quo actual, caracterizado por la ausencia de semáforos funcionales y la carencia de fiscalización activa, equivale a jugar a la ruleta rusa con la seguridad ciudadana. De persistir este panorama de anarquía institucionalizada, las colisiones múltiples y los accidentes de fatales consecuencias no constituirán una eventualidad lejana, sino una consecuencia lógica y anunciada.

Las autoridades competentes aún disponen del margen temporal indispensable para corregir este impasse técnico antes de que una estadística luctuosa e irreparable tenga que recordarnos, con la crudeza del dolor humano, que la verdadera modernidad y la auténtica fluidez vial jamás deben construirse sobre el pavimiento de las vidas humanas.

JPM