Lo ocurrido en Venezuela a inicios de 2026 dejó una señal clara, y hoy ese patrón no es una hipótesis… Es parte visible de una guerra en desarrollo, y el epicentro es Irán.

A diferencia de escenarios anteriores, el conflicto con Irán ya no es latente: está en una fase avanzada y profundamente disruptiva.

Decapitación del liderazgo iraní

La muerte del líder supremo Ali Khamenei, ocurrida el 28 de febrero de 2026 en un ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel, marcó un punto de quiebre histórico.

No se trató de un hecho aislado. La operación incluyó la eliminación de múltiples figuras clave del aparato militar y político iraní, incluyendo altos mandos de la Guardia Revolucionaria.

En días recientes, incluso comandantes estratégicos como el jefe naval de la Guardia Revolucionaria han sido abatidos en ataques selectivos, confirmando que la campaña de “decapitación” continúa activa.

El patrón: la misma lógica aplicada en Venezuela

Lo que hoy ocurre en Irán guarda similitudes con el precedente venezolano: golpes rápidos y altamente selectivos, eliminación de liderazgos clave, uso intensivo de inteligencia y precisión quirúrgica, ausencia de invasión terrestre masiva.

En esencia, se trata de una evolución de la guerra moderna: destruir la cabeza del sistema para desarticular el cuerpo sin necesidad de ocupación.

Lo que en Caracas fue una operación puntual, en Teherán se ha convertido en una campaña sostenida.

Irán responde: resiliencia y radicalización

Sin embargo, a diferencia de Venezuela, Irán no ha colapsado. Tras la muerte de Khamenei, el poder ha sido reconfigurado rápidamente, con estructuras internas que han permitido continuidad operativa del Estado y del aparato militar.

Lejos de debilitarse completamente, sectores duros dentro del régimen han intensificado su postura, incluso planteando abiertamente avanzar hacia el desarrollo de armas nucleares como respuesta a los ataques.

Esto introduce un elemento nuevo y altamente peligroso: la posibilidad de que la presión militar acelere, en lugar de frenar.

¿La sorpresa ya ocurrió?

Aquí surge la clave interpretativa:
lo que algunos analistas veían como una “posible sorpresa” del Pentágono… podría ya haber ocurrido.

La eliminación de la cúpula iraní, ejecutada con precisión y rapidez, encaja perfectamente en la lógica de operaciones tipo “shock quirúrgico”: ataques simultáneos sobre nodos de poder, uso de inteligencia avanzada (CIA–Mossad), coordinación binacional EE.UU.–Israel, impacto político inmediato

En otras palabras, el “modelo Caracas” no se está preparando para Irán, ya se está aplicando.

El riesgo de una escalada sin retorno

Pero hay una diferencia crucial: Irán no es Venezuela.

El país posee: capacidad de represalia regional, influencia a través de milicias aliadas, posición estratégica en el mercado energético global y redes militares descentralizadas.

Esto implica que, aunque la estrategia de decapitación haya sido efectiva tácticamente, no garantiza una victoria estratégica.

De hecho, podría abrir la puerta a un conflicto más amplio y prolongado.

Y es que la doctrina de la sorpresa ya no es teoría. Es práctica.

Desde Caracas hasta Teherán, Estados Unidos ha demostrado una capacidad creciente para ejecutar operaciones de alto impacto sin recurrir a guerras tradicionales. Sin embargo, mientras en Venezuela el resultado fue un reordenamiento relativamente controlado, en Irán el desenlace sigue siendo incierto y potencialmente explosivo.

Porque cuando la cabeza cae… no siempre el cuerpo muere. A veces, lucha con más fuerza.

En un contexto regional marcado por la digitalización acelerada de los servicios públicos, la eficiencia fiscal y la facilitación del cumplimiento tributario, la República Dominicana exhibe una contradicción difícil de justificar: mientras exige cada vez más formalidad, trazabilidad y puntualidad al contribuyente, su principal órgano recaudador, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), mantiene rezagos operativos que ya han sido superados por la mayoría de los países de América Latina.

Uno de los ejemplos más ilustrativos de este atraso institucional es la negativa histórica de la DGII a admitir el pago de impuestos mediante tarjetas de crédito, un instrumento financiero ampliamente utilizado, regulado y aceptado en múltiples administraciones tributarias de la región.

En países como México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite pagar impuestos federales, estatales y municipales con tarjetas de crédito directamente a través de portales oficiales o bancos autorizados. Chile, aunque prioriza el débito y la transferencia, admite pagos con tarjetas mediante pasarelas financieras. Colombia ha incorporado esquemas de pago electrónico que incluyen tarjetas y líneas de crédito bancario asociadas al cumplimiento fiscal.

Estas administraciones entendieron algo esencial: facilitar el pago no debilita la recaudación, la fortalece. Cuanto más opciones formales y seguras se ofrecen al contribuyente, mayor es la probabilidad de cumplimiento voluntario, reducción de mora y disminución de la evasión.

Resulta paradójico que un Estado que promueve la bancarización, la economía digital y los pagos electrónicos rechace uno de los medios más bancarizados y fiscalizados del sistema financiero: la tarjeta de crédito.

Los argumentos tradicionales —comisiones financieras, tiempos de acreditación o complejidad operativa— han sido resueltos en otros países mediante acuerdos con adquirentes, bancos centrales y entidades financieras. No se trata de un problema técnico, sino de voluntad administrativa y visión estratégica.

La República Dominicana enfrenta una presión fiscal creciente: gasto público elevado, necesidad de financiamiento, demandas sociales acumuladas y una base tributaria limitada. En ese escenario, cada barrera al pago es una contradicción con la urgencia recaudatoria.

Aceptar tarjetas de crédito no implica debilidad fiscal ni concesión populista. Implica alinear la DGII con el siglo XXI, con las prácticas regionales y con la realidad financiera de los contribuyentes.

jpm-am

En los últimos días ha estado muy en boga el tema de la racionalización del gasto de parte del gobierno como parte de las medidas para enfrentar la situación de crisis que se nos avecina. Sin embargo, un tema de vital importancia que no puede dejar de tratarse, dentro de esa temática, lo constituye las nóminas públicas.

Aunque los discursos oficiales destacan avances en transparencia y rendición de cuentas, cuando se lleva a cabo un análisis riguroso de las nóminas de la administración pública, la realidad resulta mucho menos alentadora: la transparencia sigue siendo, en gran medida, una retórica, más que una práctica real y efectiva.

Las instituciones públicas están obligadas a publicar sus nóminas en virtud de la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, que consagra el derecho ciudadano a conocer cómo se administran los recursos del Estado.

A esto se suma la Ley No. 41-08 de Función Pública, que establece los principios de organización, mérito, profesionalización y transparencia del empleo público.

En teoría, el marco normativo es robusto. En la práctica, su cumplimiento es estéril.

Muchas instituciones publican sus nóminas únicamente para cumplir con el requisito formal. Pero se trata, en la mayoría de los casos, de documentos incompletos, desactualizados o presentados en formatos poco accesibles que dificultan el análisis y la fiscalización ciudadana.

Con frecuencia no se especifican las funciones reales de los empleados, y en la mayoría de los casos, no se transparentan los incentivos, compensaciones o beneficios adicionales que acompañan el salario base.

Esta falta de claridad no es un problema menor. Es el terreno fértil donde históricamente han proliferado prácticas nocivas para la administración pública, como los llamados “sobre sueldos”, o salarios ocultos, los nombramientos sin funciones definidas, la duplicidad de cargos y el crecimiento desproporcionado de estructuras burocráticas financiadas con fondos públicos.

Pero más preocupante aún es el retroceso en el uso de herramientas tecnológicas que en el pasado permitían un mayor control y transparencia sobre el empleo público.

El Estado dominicano llegó a contar con una plataforma clave: el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), desarrollado bajo la rectoría de la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), ahora MAP, en el año 2005.

Este sistema representó un avance significativo, al centralizar la información sobre los servidores públicos y permitir conocer con precisión cuántos empleados tiene el Estado, dónde trabajan, qué funciones desempeñan y las remuneraciones reales que perciben.

Además, el SASP constituía un mecanismo eficaz para prevenir irregularidades estructurales, como la duplicidad de empleos en distintas instituciones, una práctica que ha significado históricamente una carga pesada para el erario.

Sin embargo, en la actualidad, este sistema parece haber perdido protagonismo o no se utiliza con el rigor que demanda la transparencia moderna.

Como consecuencia, la información sobre el personal público se encuentra nuevamente dispersa, fragmentada y, en muchos casos, desarticulada. Esto debilita los mecanismos de control institucional y limita la capacidad de la ciudadanía para ejercer una vigilancia efectiva sobre el uso de los recursos públicos.

A esta problemática se suma un elemento aún más sensible: la necesidad urgente de racionalizar el gasto público. En un contexto de presiones fiscales, endeudamiento y demandas sociales crecientes, el gobierno está obligado a demostrarle a la población que administra con eficiencia cada peso del presupuesto nacional.

Y no hay forma creíble de hablar de racionalización del gasto sin transparencia plena en las nóminas públicas.

La nómina estatal representa uno de los principales renglones del gasto público. Por tanto, cualquier política seria de contención, reorganización o eficiencia del gasto debe comenzar por ahí: saber exactamente cuántos empleados tiene el Estado, qué funciones desempeñan, cuánto cuestan y si su labor responde a necesidades reales de la administración.

Sin información clara, integrada y verificable, la racionalización del gasto se convierte en un discurso vacío. Peor aún, abre la puerta a decisiones discrecionales que pueden terminar afectando a los sectores más vulnerables, mientras se mantienen intactas estructuras ineficientes o clientelares.

Mientras la información continúe siendo incompleta, dispersa o difícil de interpretar, la ciudadanía seguirá enfrentando barreras para ejercer su derecho a la fiscalización. Y en ese escenario, la opacidad encuentra espacio para persistir.

La calidad del liderazgo no se mide en tiempos de bonanza, sino en la capacidad de gestionar la incertidumbre sin perder el rumbo. La actual crisis derivada de las tensiones en el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial, ha vuelto a poner a prueba la solidez de las economías abiertas.

En este contexto, el reciente mensaje del presidente Luis Abinader trasciende la rendición de cuentas: constituye una hoja de ruta basada en disciplina fiscal y sensibilidad social; dando una lección de realismo estratégico.

Para la República Dominicana, altamente dependiente de la importación de hidrocarburos, el impacto de este escenario es inmediato: presión inflacionaria, aumento en los costos logísticos y riesgos sobre el poder adquisitivo de los hogares. Ignorar esta realidad sería irresponsable; trasladarla íntegramente al ciudadano, socialmente insostenible. La respuesta del Gobierno, basada en la gradualidad, revela una comprensión clara del delicado equilibrio entre estabilidad macroeconómica y protección social.

La opción elegida es la firma de una gestión que prioriza ese equilibrio como el activo más sagrado para la inversión. El país enfrenta esta coyuntura desde una posición de fortaleza relativa. Este blindaje no es retórico: es el resultado de una política económica preventiva que permite amortiguar la volatilidad externa sin comprometer la estabilidad cambiaria ni la confianza de los mercados.

El contraste internacional refuerza esta lectura. Economías avanzadas como Singapur han experimentado incrementos superiores al 20 % en sus costos energéticos, afectando directamente su competitividad logística. En España, los precios de los combustibles han superado el 18 % de aumento en marzo de 2026, presionando al sector transporte y al consumo. Frente a este escenario, la República Dominicana ha logrado contener los ajustes en un rango significativamente menor, actuando como amortiguador ante la volatilidad global.

Uno de los elementos más destacables de la estrategia gubernamental es la implementación de medidas de protección social sin caer en el populismo fiscal. La asignación de recursos a programas sociales y subsidios agrícolas, así como la decisión de mantener congelado el precio del GLP, evidencian una intervención focalizada que busca preservar el bienestar de los sectores más vulnerables sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

A esto se suma un factor estructural clave: la diversificación de la matriz energética. La apuesta por el gas natural, junto con la expansión de energías renovables no son solo metas ecológicas; son seguros de vida económicos. Esta infraestructura es lo que permite que hoy hablemos de ajustes controlados, en un contexto donde el crudo supera los USD 100 por barril, contar con fuentes más estables no es solo una ventaja técnica, sino un activo estratégico.

Desde mi perspectiva como inversionista, esta gestión del riesgo es lo que define a un «Unicornio del Caribe». Los capitales globales no buscan países sin problemas, sino países con seguridad jurídica, ROI predecible y capacidad de respuesta técnica ante las crisis externas. Lo que durante años fue objeto de debate, hoy se traduce en capacidad de respuesta.

La decisión de aplicar ajustes de manera gradual constituye, probablemente, el eje más complejo y a la vez más acertado de la política económica actual. Absorber el impacto total sería fiscalmente inviable; transferirlo de forma abrupta generaría un choque inflacionario difícil de contener. La gradualidad, en cambio, permite distribuir los costos en el tiempo, preservar la credibilidad institucional y evitar disrupciones económicas mayores.

Sin embargo, este equilibrio no recae únicamente en el Estado. La coyuntura exige también una corresponsabilidad ciudadana. El consumo eficiente, el ahorro energético y la comprensión del contexto global son componentes esenciales para sostener la estabilidad alcanzada. Como advirtió Juan Pablo Duarte: «Sed justos lo primero, si queréis ser felices». La justicia, hoy traducida en equidad económica, es condición indispensable para el bienestar colectivo.

Desde una perspectiva estratégica, la República Dominicana no solo está resistiendo el impacto de esta crisis, sino que está consolidando una ventaja competitiva. En un entorno global donde el capital busca certidumbre, previsibilidad y capacidad de respuesta, el país se posiciona como un destino confiable para la inversión extranjera.

La crisis es, por definición, transitoria. Lo que perdura son las decisiones. Y en este momento, la respuesta del gobierno dominicano apunta en la dirección correcta: equilibrio sin improvisación, protección sin desorden fiscal y liderazgo con visión de largo plazo. En tiempos de incertidumbre global, gobernar es, ante todo, saber equilibrar.

La República Dominicana no solo está resistiendo; está demostrando que tiene el temple de un Estado avanzado y eficiente, en condiciones para seguir liderando la captación de Inversión Extranjera Directa (IED) en toda la región y la confianza de toda una nación.