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Por Luis M. Guzmán
La República Dominicana lleva años celebrando a su diáspora con palabras bonitas. Le dice heroica, patriótica, trabajadora, orgullo nacional. Pero en la práctica, demasiadas veces la trata como una alcancía con pasaporte. Sirve para mandar remesas, para llenar actos políticos, para votar en el exterior y para aplaudir discursos. Pero cuando reclama respeto, trámites decentes o servicios que funcionen, el Estado aparece lento, lejano y muchas veces indiferente.
La diáspora no se fue porque dejó de querer al país. Muchos se fueron porque el país no les dejó espacio para respirar. Salarios que no alcanzaban, oportunidades cerradas, inseguridad, servicios deficientes, favoritismo, burocracia y esa vieja costumbre de que sin cuña todo se vuelve más difícil. Nadie abandona su tierra alegremente cuando en ella puede vivir con dignidad. La gente se va cuando entiende que quedarse es resignarse.
Por eso resulta muy cómodo reducir la relación de los dominicanos del exterior a la nostalgia. La nostalgia alcanza para comprar un vuelo, abrazar la familia, comer lo que uno extraña y sacarse fotos durante quince días. Pero no alcanza para organizar la vejez, proteger los ahorros, educar a los hijos ni decidir dónde vivir los próximos veinte años. Para visitar basta el cariño. Para volver hace falta confianza. Y esa confianza el Estado dominicano no la ha sabido construir.
El dominicano que vive fuera compara, aunque no lo diga. Compara el trato que recibe en una oficina pública de allá con el mal humor que muchas veces encuentra aquí. Compara un sistema donde un reclamo deja rastro con otro donde todo parece perderse en una gaveta. Compara el 911 que responde con el que a veces no llega. Compara la regla clara con el “vuelva mañana”. Y en esas comparaciones silenciosas, muchos van descartando la idea de regresar.
El Estado ha sido muy rápido para celebrar las remesas, pero muy lento para respetar a quienes las envían. Cada dólar que llega trae detrás horas extras, frío, soledad, trabajos duros, cansancio y sacrificios familiares. Sin embargo, desde el poder se habla de cifras, de crecimiento y de récords, como si ese dinero cayera del cielo. Las remesas no son un regalo al gobierno. Son, en muchos sentidos, la factura moral de un país que no pudo retener a su gente.
Un ejemplo pequeño, pero muy revelador, es el famoso impuesto de los diez dólares. No es que esa suma arruine a nadie. El problema es la burla. El Estado lo cobra fácil, automático y moderno; pero cuando toca devolverlo, lo convierte en un viacrucis. A veces el aviso llega cuando el viajero ya regresó al exterior, y encima debe retirarlo en BanReservas. No son diez dólares, es el mensaje. Para cobrar, tecnología; para devolver, atraso.
Otro calvario aparece cuando el dominicano intenta enviar un vehículo, herramientas o una mudanza al país. Ahí descubre un laberinto donde el desconocimiento se paga caro y donde demasiadas veces otros se aprovechan de quien no domina los trámites. Lo que debería ser una facilidad para quien piensa regresar se convierte en otro infierno, navieras, papeles, impuestos, esperas, costos inesperados y, al final, la pesadilla de sacar sus pertenencias de aduana. Así no se estimula el retorno; se castiga.
Ese tipo de detalles va cansando. Porque a la diáspora se le pide patria, pero muchas veces se le responde con consulados lentos, documentos eternos, oficinas confusas y funcionarios que parecen olvidar que están tratando con ciudadanos. No hay mayor contradicción que llamar héroe al dominicano ausente y tratarlo como extraño cuando intenta resolver una herencia, proteger una propiedad, reclamar un derecho o invertir los ahorros de toda su vida.
La diáspora no pide privilegios. Pide cosas básicas, seguridad jurídica, trámites digitales, consulados eficientes, protección contra fraudes inmobiliarios, reglas claras para invertir, títulos confiables, servicios públicos decentes y un sistema de salud que no convierta una emergencia en una apuesta. Eso no es trato especial. Eso es lo mínimo que cualquier Estado serio debería garantizarle a sus ciudadanos, vivan dentro o fuera del territorio nacional.
También hay una realidad familiar que la política dominicana prefiere no mirar. Muchos dominicanos no vuelven porque sus hijos ya hicieron vida fuera. Estudian allá, trabajan allá, sueñan allá, tienen amistades, pareja, idioma y futuro allá. Pedirles que regresen sin ofrecerles oportunidades reales es pedirles que paguen con su porvenir la nostalgia de sus padres. Y ningún padre responsable sacrifica a sus hijos para complacer un discurso bonito sobre la patria.
Si República Dominicana quiere que parte de su diáspora regrese, tendrá que competir por ella. No con canciones ni banderas, sino con un país que funcione. Competir significa que el dominicano pueda volver sin sentir que todo dependerá de una llamada, una recomendación, una cuña o una resignación.
Significa justicia que responda, hospitales que atiendan, calles más seguras, empleos dignos y oficinas públicas donde el ciudadano no se sienta mendigando lo que le corresponde.
La clase política debe dejar de ver a la diáspora como una reserva electoral que se visita en campaña y se olvida después. Los dominicanos del exterior no son decoración patriótica ni público cautivo para actos partidarios en Nueva York, Madrid, Boston o Providence. Son ciudadanos con memoria, con derechos y con capacidad de comparar. Y cada elección, cada promesa incumplida y cada trámite humillante les recuerda que el discurso oficial rara vez coincide con el trato real.
La deuda pendiente del Estado con la diáspora no se paga con placas, reconocimientos ni discursos de diciembre. Se paga con respeto, protección, servicios, seguridad y confianza. Un país que vive de los que se fueron tiene la obligación moral de preguntarse por qué tantos no vuelven.
Porque cuando una nación convierte a sus hijos ausentes en remesadores permanentes, pero no en ciudadanos plenamente atendidos, no solo pierde población. Pierde talento, inversión, arraigo y futuro.
JPM
