El histórico juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, a quien la Fiscalía acusa de liderar una organización criminal armada para intentar subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, en las que ganó el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y dar un golpe de Estado para permanecer en el poder, ha arrancado este martes entre fuertes medidas de seguridad y con la ausencia de su principal acusado.
Con la lectura del informe del proceso, por parte del magistrado Alexandre de Moraes, instructor de la causa, la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil ha iniciado la fase final del juicio contra Bolsonaro y otros siete acusados de orquestar el complot golpista tras perder las elecciones de 2022 ante Lula.
De Moraes ha afirmado en la apertura del proceso que los acusados buscaron imponer «una verdadera dictadura» en el país.
«Solo queda lamentar que en la historia republicana brasileña haya habido un nuevo intento de golpe, atentando contra las instituciones y contra la propia democracia para instalar un Estado de excepción y una verdadera dictadura», ha dicho el juez en la primera de las sesiones de la fase final del juicio, que se extenderá hasta la próxima semana, en Brasilia.
De Moraes ha comenzado la lectura del informe del caso afirmando que una «verdadera organización criminal» intentó romper el orden democrático en momentos en que el país atravesaba «una nociva y violenta radicalización política».
El magistrado ha recordado que desde el grave asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro vandalizaron las sedes de los tres poderes para incentivar una intervención militar contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, el Supremo ha dictado 683 condenas, 11 absoluciones, 554 acuerdos de no persecución penal y aún quedan 382 acciones pendientes de resolución relacionadas con ese episodio.
En este sentido, ha pedido no confundir la pacificación del país con la impunidad.
«La historia enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la pacificación porque el camino más fácil, el de la impunidad, deja cicatrices traumáticas y corroe la democracia», ha añadido.
El fiscal pide condenas por golpismo
Por su parte, el fiscal general, Paulo Gonet, ha pedido a la Corte Suprema que Bolsonaro y los otros siete acusados sean declarados culpables de cinco delitos contra el orden democrático, aunque no ha llegado a sugerir una pena, que podría llegar a 40 años de cárcel.
La Fiscalía General «espera que el juicio acepte la procedencia de la acusación producida», ha dicho Gonet tras presentar los cargos por golpismo frente a los cinco jueces de la Sala.
Gonet ha presentado un pormenorizado relato sobre la actividad de lo que ha calificado como «organización criminal», que tenía el objetivo de «desconocer la voluntad popular» e impedir que Lula da Silva asumiera el poder tras derrotar a Bolsonaro en las elecciones.
«Las pruebas de la acusación resultan de testimonios y documentos que bastan para afirmar la convicción segura de prácticas repudiadas por la legislación penal», ha defendido Gonet, para agregar que «el golpe no se consumó porque no tuvo la adhesión de los jefes del Ejército y la Aeronáutica», que se negaron a respaldar la ruptura democrática.
Según el fiscal, «el grupo liderado por el presidente Bolsonaro y compuesto por figuras claves del Gobierno, las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia, desarrolló e implementó un plan progresivo y sistemático de ataque a las instituciones democráticas con la finalidad de impedir la alternancia legítima del poder».
Asimismo, ha afirmado que «desde 2021 se adoptó la táctica de generar un clima de desconfianza en las instituciones democráticas» y en favor de un «proyecto autoritario de poder» y «con fines de golpe», en alusión a una dura campaña contra el sistema electoral del país que Bolsonaro encabezó desde el Gobierno.
En su relato, ha citado manifestaciones convocadas por el líder de la ultraderecha contra las autoridades judiciales y electorales, que pretendían «incitar a una rebelión popular» frente a las elecciones y tomaron forma tras la victoria de Lula en octubre de 2022.
El fiscal ha responsabilizado a Bolsonaro por las protestas tras las elecciones y por los campamentos frente a cuarteles del Ejército en los que se exigía un golpe para impedir la investidura de Lula.
Sostuvo que, además, la investigación desveló un intercambio de mensajes «constante» entre algunos acusados, todos del entorno más íntimo de Bolsonaro, y los «líderes» de esas protestas, en los que los revoltosos eran animados a «mantenerse firmes y no ceder».
Según Gonet, eso condujo a los sucesos del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el propio Supremo en Brasilia, exigiendo una «intervención militar» para derrocar al Gobierno elegido en las urnas.
Injerencia de Trump
El proceso, uno de los más importantes de la historia reciente de Brasil, ha estado además marcado por las injerencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha sancionado a varios jueces del Supremo brasileño, entre ellos De Moraes, e impuesto aranceles del 50% a Brasil en represalia por el juicio a Bolsonaro, que ha descrito como una «caza de brujas» contra su aliado político.
Sin embargo, De Moraes ha asegurado que «ese intento de obstrucción no afectará a la imparcialidad de los jueces del tribunal».
El magistrado ha defendido la competencia del Supremo para juzgar el caso y ha resaltado que se ha desarrollado con transparencia. Ha precisado que durante la fase de instrucción fueron escuchados 54 testigos, 50 de los cuales fueron propuestos por las defensas, todo en el marco del «debido proceso legal».
Ha citado además que, en paralelo, se ha ordenado una investigación sobre la gestión que el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, ha hecho en Estados Unidos para que Brasil y algunos magistrados del Supremo sean sancionados por el Gobierno de Trump como represalia por este proceso penal.
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