POR CARLOS SALCEDO

La promulgación del nuevo Código Procesal Penal (CPP), ley 97-25, este fin de semana ha sido apresurada y ha reactivado un debate sobre el rumbo de la justicia penal dominicana. Más allá del discurso político que enfatiza eficiencia y modernización, la pregunta de fondo es si la reforma fortalece o debilita el Estado democrático de derecho, la estructura de garantías del debido proceso y el equilibrio constitucional entre persecución penal y control judicial.

Una primera cuestión es la relativa a la aplicación en el tiempo de dicha nueva norma. La Constitución consagra el principio de retroactividad de la ley. En efecto, es el artículo 110 constitucional que lo establece: “La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté sub júdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.

Derivado de la norma suprema dicho nuevo digesto procesal será aplicable retroactivamente a aquellos que estén siendo procesados y cumpliendo condena en la actualidad.

De igual forma, en su sentencia TC/0428/22, el Tribunal Constitucional ha establecido excepciones específicas que condicionan la aplicación temporal de las normas procesales, como el nuevo referido Código Procesal Penal. De acuerdo con esa decisión, la ley procesal posterior no debe aplicarse cuando:

(1) el régimen anterior reconoce un derecho adquirido o establece una situación jurídica más favorable para el justiciable;

(2) la normativa previa garantiza una tutela judicial efectiva en mejores condiciones que la nueva;

(3) la disposición posterior tiene efectos materiales desfavorables para la persona sub judice; o

(4) el legislador dispone expresamente que los casos iniciados bajo la ley anterior deben continuar bajo ese mismo régimen.

Esta doctrina constitucional interactúa directamente con el artículo 7 de la recién promulgada Ley 97-25, que ordena la aplicación inmediata de la norma procesal siempre que no desfavorezca al imputado. Esto implica que la retroactividad no es automática ni general: depende de si la nueva regla procesal aumenta o reduce garantías. La evaluación, por tanto, no se hace en abstracto; se hace disposición por disposición y caso por caso.

Desde esta perspectiva técnico-constitucional, el nuevo CPP contiene disposiciones que no pueden aplicarse retroactivamente porque reducen garantías o afectan la tutela judicial efectiva. El ejemplo más controvertido es la extinción automática del proceso al cumplirse cuatro años sin declaratoria de complejidad, o cinco si el caso es complejo. Este mecanismo sustituye el estándar constitucional del “plazo razonable” -flexible, casuístico y dependiente de factores como complejidad, conducta de las partes y diligencia del Ministerio Público- por un régimen rígido de caducidad.

El diseño contradice el sentido del artículo 110 y de la jurisprudencia comparada, pues convierte la negligencia estatal en un factor que puede beneficiar al imputado y perjudicar a las víctimas. Bajo los criterios de TC/0428/22, esta disposición no puede aplicarse retroactivamente cuando su efecto sea reducir la tutela judicial efectiva de la víctima o sustituir un examen judicial por una extinción automática. Allí donde favorezca al imputado, se podría reclamar su aplicación inmediata; pero donde genere perjuicio a la víctima o distorsione el equilibrio constitucional, la aplicación retroactiva sería incompatible con el debido proceso.

Otro aspecto crítico del nuevo CPP es la ampliación de la discrecionalidad del Ministerio Público para pactar soluciones alternas -criterio de oportunidad, acuerdos, conciliaciones, archivos condicionados- en cualquier etapa del proceso, incluso en fases avanzadas. Aunque las salidas alternas forman parte del sistema acusatorio, su utilización requiere límites claros, parámetros de proporcionalidad y control judicial estricto. De lo contrario, se corre el riesgo de generar tratos desiguales, selectividad penal o decisiones basadas en factores extraprocesales. Conforme al artículo 7 y a la doctrina constitucional, cualquier norma que amplíe la discreción estatal en detrimento del imputado o de la víctima tampoco puede aplicarse retroactivamente.

El desafío constitucional es evidente: el proceso penal es un límite al poder punitivo del Estado. Cuando una reforma otorga al Ministerio Público mayor margen de actuación sin reforzar los contrapesos judiciales, se altera el modelo acusatorio y se erosiona la igualdad procesal. El juez no debe convertirse en un validador automático de acuerdos, sino en un garante activo de legalidad y proporcionalidad.

El examen técnico también exige considerar la afectación a las víctimas. La extinción automática de procesos puede producir impunidad normativa, especialmente en delitos económicos, corrupción, violencia de género o criminalidad compleja, donde las investigaciones requieren tiempo y recursos especializados. La tutela judicial efectiva no se satisface con cerrar expedientes por caducidad, sino con decisiones de fondo adoptadas bajo un sistema equilibrado de garantías.

Nos enfrentamos, por tanto, a una reforma que combina avances operativos con retrocesos constitucionales. Es cierto que puede aumentar la velocidad y descongestionar órganos del sistema, pero lo hace mediante mecanismos que comprometen el núcleo garantista del proceso penal. La verdadera eficiencia no consiste en que los casos “mueran” por agotamiento del tiempo, sino en que se resuelvan con respeto al debido proceso, a la Constitución y a la protección integral de víctimas e imputados.

¿Avanzamos o retrocedemos? Si medimos por rapidez, avanzamos. Si medimos por garantías, retrocedemos. Un Estado democrático de derecho no puede sacrificar su arquitectura garantista para ganar velocidad procesal. El reto inmediato es interpretar la nueva ley conforme a la Constitución, evitando aplicaciones retroactivas inconstitucionales y preservando la esencia del proceso penal como un instrumento de justicia, no de precipitación institucional.

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Diciembre abre sus puertas como un umbral de luces y nostalgias. La ciudad se enciende en destellos intermitentes que palpitan en ventanas y árboles, como si la urbe respirara un aire distinto, festivo y efímero. La música alegre que brota de las radios se convierte en telón de fondo de un escenario donde el “sueldo trece” otorga a muchos un respiro, un instante de abundancia que les permite sumarse al júbilo colectivo.

El Estado, consciente de las carencias, procura alivio en los barrios con jornadas de alimentos a bajo precio, y por unos días la pobreza parece suavizarse, como si la esperanza se vistiera de pan y de arroz.

Pero la vida, implacable, no se detiene ante el brillo de las guirnaldas. Los hospitales siguen colmados de cuerpos frágiles, la muerte no concede tregua y los accidentes de tránsito multiplican las ausencias. Para quienes enfrentan la enfermedad, la prisión o la pérdida de un ser amado, la Navidad no es canto ni celebración: es ruido que hiere, música que se vuelve estruendo, invitaciones que pesan como cargas imposibles.

El dolor no se mezcla con la algarabía. Mientras unos se visten de colores vivos, otros recurren a la sobriedad del luto, esa tradición que durante generaciones fue signo de respeto y memoria. El negro riguroso, llevado por las mujeres durante un año tras la muerte de un familiar cercano, se transformaba luego en el “medio luto”, con tonos sobrios de blanco y gris. No faltaban mujeres que, tras la pérdida violenta de un esposo o un hijo, permanecían vestidas de negro hasta el último día de su vida, como si el duelo se hubiera tatuado en su piel.

Hoy, las nuevas generaciones han relajado esas costumbres. La migración, las culturas extranjeras y el influjo de lo digital han diluido la rigurosidad del luto, sustituyendo la memoria por tendencias y modas.

Sin embargo, más allá de las transformaciones, quienes gozan de prosperidad en estas fechas tienen un deber moral: ser solidarios con los que sufren. Moderar la música, contener las risas, compartir la cena con quienes carecen de recursos y ofrecer un abrazo sincero son gestos que ennoblecen. La empatía exige reconocer que no todos poseen el ánimo para preparar banquetes ni la fuerza para participar del bullicio festivo.

La verdadera grandeza humana se revela en la solidaridad, en comprender que la vida es un río que nos arrastra a todos, y que tarde o temprano seremos parte de los que lloran. Prepararse para ese momento con respeto y compasión hacia los demás es, en esencia, un acto de sabiduría y humanidad.

JPM

Por RAFAEL PASIAN

La República Dominicana no sufre una corrupción ocasional: vive bajo una dictadura silenciosa de ladrones de cuello blanco, una cleptocracia de apellidos ruidosos que se autoproclaman “gente seria” mientras succionan el Estado como una sanguijuela histórica. El asqueroso desfalco del SENASA no es un escándalo; es una radiografía cruda del país real: una élite parasitaria que vive del presupuesto público con la naturalidad con que respira. Lo terrible no es que roben; lo terrible es que están convencidos de que es su derecho natural.

El profesor Juan Bosch advirtió esta tragedia décadas antes de que tuviera nombre contemporáneo. Dijo, con valentía profética, que nuestra clase dominante jamás construyó nación; solo construyó mecanismos de sacar tajada. Desde los encomenderos coloniales hasta los modernos empresarios “respetables”, el saqueo ha sido la columna vertebral del poder. No se organizan para producir riqueza, sino para apropiarse del trabajo ajeno. El Estado—esa obra sagrada que pertenece a todos—ha sido convertido en una pulpería privada donde entran, toman, y salen sin pagar.

El PRM, que llegó al poder con la Biblia de la transparencia bajo el brazo, ha terminado revelando lo que Bosch sabía: los partidos cambian de color, pero las élites no cambian de conducta. Hoy vemos narcotraficantes con gafetes oficiales, legisladores convertidos en operadores del crimen organizado y funcionarios que viajan a reuniones diplomáticas y regresan extraditados. Han logrado lo que parecía imposible: competir con las peores mafias latinoamericanas y superarlas en descaro.

Pero el insulto mayor no es el robo; es el teatro. Cuando los ricos roban, los periódicos lo llaman “manejo irregular”; cuando roban los pobres, lo llaman “crimen”. Cuando los ricos son atrapados, hablan de “errores administrativos”; cuando es un ciudadano común, hablan de “falta de valores”. La doble moral es la religión oficial de la élite dominicana.

América Latina conoce bien este libreto. En Brasil, los mismos que gritaban contra la corrupción privatizaron medio país a precio de saldo mientras llenaban sus cuentas en Suiza. En México, la élite empresarial hizo pactos con narcos mientras publicaba columnas moralistas. En Perú, presidentes caían uno por uno, pero los que financiaban el saqueo seguían intocables. En todos los países, los ricos son los primeros en robar y los últimos en pagar consecuencias.

La corrupción estructural no es accidente: es el modelo económico de la élite. Es su profesión, su legado familiar, su cultura política. No saben gobernar sin robar porque jamás han concebido el poder como servicio público. Para ellos, el Estado es un buffet abierto: se sirve el que llega primero y se respeta al que come más rápido. De ahí que les indigne tanto cuando el pueblo exige justicia. ¿Cómo se atreven los ciudadanos—piensan ellos—a reclamar cuentas a sus “superiores”?

La República Dominicana no está en crisis de corrupción; está en crisis de poder, atrapada por una minoría que heredó privilegios y ahora los administra como si fueran títulos nobiliarios. No estamos ante ladrones comunes: estamos ante un sistema criminal con oficinas, chóferes, trajes finos y conferencias de prensa.

Y, sin embargo, como diría Bosch, todo sistema injusto contiene dentro de sí mismo la semilla de su derrota: el despertar del pueblo. No un despertar violento, sino un despertar moral, intelectual y político que rompa con la cultura de la resignación. Ninguna élite puede gobernar eternamente un pueblo que decide abrir los ojos. Ningún “rico respetable” puede tapar un mar de indignación organizada. Ningún partido puede esconder lo que ya es evidente: se han convertido en la caricatura grotesca de la honestidad que prometieron.

La patria no se rescata con discursos; se rescata señalando a los culpables, desmontando los privilegios y construyendo instituciones que no se dobleguen ante los saqueadores elegantes. El futuro no pertenece a los ladrones de corbata, sino a los ciudadanos que se cansen de ser espectadores de su propio despojo.

La República Dominicana merece un país donde el éxito provenga del trabajo, no del robo; donde los ricos dejen de vivir del Estado y el Estado empiece, por fin, a vivir para el pueblo.

jpm-am